Las autoridades prohíben el PC

En Cuba, un decreto aprobado por el Ministerio del Comercio Interior prohíbe, desde el 16 de enero de 2002, la venta de ordenadores personales (personal computers, PC) a los particulares. Según un artículo publicado el 25 de marzo en el periódico digital wired.com, el decreto n' 383/2001 prohíbe "la venta de ordenadores, impresoras, máquinas de policopiar, fotocopiadoras y cualquier otro instrumento de impresión masiva" a cualquier asociación, fundación, organización civil sin interés de lucro y a los particulares. En el caso de que se considere indispensable la compra del equipo, o de sus piezas sueltas o accesorios, deberá solicitarse una autorización al Ministerio del Comercio Interior. En efecto, según una fuente local consultada por RSF, en un centro comercial del barrio de La Playa, en La Habana, un cartel publicitario indica que "a partir del 16 de enero de 2002, se suspende la venta de piezas sueltas, o de accesorios informáticos, a personas privadas". Otros establecimientos, consultados por teléfono, han confirmado esta información. Sin embargo, un establecimiento de La Playa no ha aplicado todavía esta medida cuya adopción, según wired.com, provocó una polémica en el seno del gobierno. La medida se extendió a toda la provincia el 1 de febrero de 2002. Se ignoran las razones que han llevado a adoptar tal decisión. Aunque siempre ha estado estrictamente controlada la venta de cualquier material de reprografía, para impedir la aparición de publicaciones independientes, la de ordenadores personales y faxes se había liberalizado en los últimos meses, siempre que se pagaran en dólares. La prohibición se ha producido después del lanzamiento de una página web del Instituto Cubano de Economistas Independientes –ilegal- (www.cubaicei.org), dirigido por la célebre economista disidente Marta Beatriz Roque. El acceso a la página desde Cuba fue bloqueado el 7 de diciembre, cuando aun no se había cumplido una semana de su lanzamiento. Elaborada en Miami, se trata del primer sitio que ofrece informaciones sobre la disidencia, únicamente procedentes de la oposición interna. Luis Fernández, portavoz del gobierno cubano en Washington, respondió con evasivas a las preguntas de wired.com sobre la realidad de la prohibición de los PC: "Si no tuviéramos que hacer frente a un embargo, habría ordenadores para todos". "¿Cómo no se va a restringir el acceso a Internet en un país que se enfrenta a un embargo, y en el que faltan los medicamentos?", explicaba el 7 de febrero de 2001 Sergio Pérez, entonces director de la empresa pública Teledatos, en un artículo en el diario oficial Granma. Pero en Cuba, las dificultades para el acceso a Internet no tienen solamente causas económicas. El acceso a la red se encuentra estrictamente regulado. Su utilización está sometida al respeto "a los principios morales de la sociedad cubana y a las leyes del país". Solo pueden acceder las empresas extranjeras y las instituciones gubernamentales. Aunque existen dos cibercafés, el primero de ellos está reservado para los turistas, y al segundo solo pueden acceder los miembros de la asociación oficial de escritores y artistas cubanos, la UNEAC. Desde septiembre de 2001, cuatro oficinas postales de La Habana ofrecen a los cubanos la posibilidad de crearse una dirección electrónica y de acceder a la red. Sin embargo, la navegación está limitada a las páginas aprobadas por las autoridades, denominadas "la Intranet". En cuanto al precio, es disuasorio: 4,5 dólares norteamericanos (5 euros), cuando el salario medio mensual es de 12 dólares. Algunas organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos publican frecuentemente artículos en sitios de Internet con base en Miami, enviándolos por fax o dictándolos por teléfono. En Cuba, donde la Constitución establece que "la libertad de palabra y de prensa está sometida a los objetivos de la sociedad socialista", solo está autorizada la prensa oficial. Un centenar de periodistas independientes, agrupados en una veintena de agencias de prensa y de asociaciones, no reconocidas por el Estado, son objeto de un constante hostigamiento. Medio centenar de periodistas han tenido que abandonar la isla, desde 1995.