La violencia contra el gremio aumenta de forma preocupante; la polarización se acentúa

Reporteros sin Fronteras constata con pesar y preocupación la recrudescencia de las agresiones a periodistas, así como de la obstaculización a la libertad de informar, en particular en provincia. A esta situación se añade un creciente clima de polarización entre el gremio, en tanto que se acerca el plazo del 7 de diciembre, fecha en que expiran los recursos legales presentados por el grupo Clarín –en conflicto abierto con el gobierno federal– contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA). Nuestra organización, que apoya el principio de esta ley, volverá a pronunciarse sobre este caso antes de esa fecha. “Argentina registraba a finales del año 2011 un balance más bien envidiable en materia de libertad de información y seguridad de los periodistas, en comparación con muchos otros países de la región. En lo que respecta a la seguridad, la situación se deterioró en 2012, sobre todo en provincia, ante la falta de una movilización suficiente de los poderes públicos contra las agresiones cometidas con gran frecuencia por políticos locales. Esta impunidad debe cesar, al igual que los ataques de los que son víctimas los periodistas de medios de comunicación nacionales, estigmatizados por la línea editorial del medio para el que trabajan, lo que provoca una elevada polarización. Las fuerzas políticas de todas las tendencias y las autoridades judiciales deben comprometerse unidas a favor de las libertades constitucionales, entre ellas la de informar, y de un debate sereno”, declaró Reporteros sin Fronteras. El 23 de noviembre de 2012 en Bariloche, provincia de Río Negro, cuando apenas comenzaba el programa de noticias de Radio Horizonte (AM 94.5), a las 9:00 horas, el periodista Marcelo Parra vio entrar en los estudios a tres personas enviadas por el alcalde de la ciudad, Omar Goye: un oficial de justicia, un abogado y un policía. “Llegaron con una orden judicial de allanamiento firmada por el juez Jorge Serra con el fin de efectuar una confiscación preventiva de nuestras grabaciones. Querían ver si encontraban algo que pudiera perjudicar a Omar Goye para emprender acciones judiciales en nuestra contra”, explicó Marcelo Parra a Reporteros sin Fronteras. El periodista no recibió ninguna notificación previa de parte del juez Jorge Serra. “Se trata claramente de un ataque a la libertad de expresión, es una forma de amedrentar a quienes criticamos la gestión del alcalde. Este allanamiento sorpresa de un medio de comunicación es una nueva medida”. Los tres visitantes permanecieron dos horas en los estudios, revisando los ordenadores de la emisora en busca de grabaciones originales de los programas de Marcelo Parra, lo que obligó a la radio a interrumpir su transmisión. El alcalde fue claro respecto a sus intenciones, pues más tarde señaló: “hay que hacerlos callar de una manera o de otra”. Omar Goye, miembro del Frente para la Victoria (FpV), es conocido por sus conflictos con los medio de comunicación de la provincia de Río Negro. Veinte días antes había efectuado la misma operación contra Radio KMFM. Entonces, provistos de la firma del juez civil Carlos Cuéllar, los funcionarios fueron dos veces a las oficinas de Radio KMFM para realizar un allanamiento y confiscar grabaciones del programa del periodista Santiago Rey, quien también es responsable del portal informativo en línea Agencia de Noticias de Bariloche (ANB). Omar Goye ya había demandado a ANB por “daño moral”, por la publicación de un texto crítico sobre el manejo municipal de la publicidad callejera. Otras cartas fueron enviadas a los diarios El Mensajero Digital y El Cordillerano por haber reproducido esa nota. El político perdió recientemente un proceso en apelación contra Río Negro, el principal periódico de la provincia, que el 16 de junio de 2012 publicó en sus páginas una columna del periodista Daniel Marzal que denunciaba que el intendente era deudor de tasas en la misma ciudad que gobernaba. Amenazas en directo, cierra una radio Tres días antes, el 20 de noviembre de 2012, en la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, el periodista Javier Rivarola, de la radio FM Radio 21, fue insultado y amenazado en directo por el diputado y jefe del FpV, Rubén Contreras. Éste llamó a la radio en plena transmisión del programa para acusar al periodista de “instigar a la violencia” y lo responsabilizó de un acto vandálico que un grupo de vecinos, enojados por la falta de agua en la ciudad, realizó frente a su residencia. El diputado espetó: “Son unos hijos de puta, vos sos un hijo de puta, esto no va a quedar así. ¿Qué pasa si mañana pasa algo con tu casa? Aguántatela”. El periodista denunció al diputado por el delito de amenaza. Rubén Contreras minimizó el incidente y aseguró que se disculparía públicamente. Al noreste del país, en el municipio de Aristóbulo del Valle, provincia de Misiones, el propietario de Radio U, Daniel Polaczinski, se vio obligado a cerrar su radio y a suspender por un tiempo sus actividades periodísticas debido a amenazas del Presidente del Concejo Deliberante local, Luis David Kochen. El periodista había informado sobre un accidente de tránsito protagonizado por el político. Kochen, presuntamente ebrio, habría bajado de su auto y amenazado con un machete al conductor del otro vehículo. “Es bien conocido que Kochen es un tipo violento. Las presiones comenzaron cuando difundí información sobre este caso de violencia callejera en el que él estaba implicado. Quiso atacar a un sujeto con su machete. Desde que relatamos la historia al aire comencé a recibir mensajes de texto a mi móvil en los que me insultaban y amenazaban, pero no les di demasiada importancia”, explicó el periodista a Reporteros sin Fronteras. Más tarde, las amenazas se recrudecieron. El miércoles 18 de noviembre de 2012 el periodista recibió el siguiente mensaje: “Si seguís con el tema del choque, te voy a hacer boleta (asesinar)”. Si bien la mayor parte de estos mensajes eran anónimos, se pudo identificar que uno de los números pertenecía a Kochen. Daniel Polaczinski fue de inmediato a la comisaría a presentar una denuncia por amenazas. Ese mismo día Kochen se presentó personalmente en la casa del periodista. “Me pidió que retirara la demanda, que podía perjudicarlo políticamente. Pero no lo hice”. La investigación se encuentra en curso, mientras tanto, el periodista, joven padre de dos niños, teme por su familia y decidió cerrar la radio de la que es propietario desde hace seis años. Estos últimos casos se suman a una larga lista de acciones violentas cometidas últimamente contra periodistas y medios de comunicación. El 10 de noviembre de 2012, en la provincia de Misiones, el periodista Mario Fedorischak fue atacado violentamente por la policía local mientras cubría la llegada a una comisaría de detenidos por un robo. El fotógrafo del diario Primera Edición y cronista del canal Misiones Cuatro se había subido a un portón, al exterior de la comisaría, para captar imágenes, cuando tres policías se abalanzaron sobre él y lo llevaron arrastrando unos 15 metros al interior de la comisaría, donde varios agentes lo golpearon y uno de ellos lo sofocó apretándole la garganta hasta casi asfixiarlo. Lo obligaron a entregar su material fotográfico y a desnudarse, lo amenazaron de muerte. La policía presentó una denuncia judicial contra Fedorischak por desacato y por supuestas agresiones a un oficial. Por su parte, Mario Fedorischak efectuó una contradenuncia. Desafortunadamente, esta violencia no se limita a la provincia. El 8 de noviembre pasado, día de la manifestación contra el gobierno de Cristina Kirchner, estuvo plagado de ataques a periodistas. El más grosero y espectacular fue el cometido contra Néstor Dib, de la cadena televisiva Canal 5 Noticias (C5N), a quien golpearon por detrás mientras hacía un comentario al aire: El agresor, identificado después como Nicolás Ayuso, fue inmediatamente detenido y despedido por su empleador. Este ataque habría sido consecuencia de un altercado entre un grupo de manifestantes y empleados de C5N que había comenzado hacía algunos minutos. Finalmente, en Argentina aún hay un periodista encarcelado: Néstor Pasquini, víctima de un verdadero encarnizamiento judicial desde hace seis años, en la provincia de Córdoba. Reporteros sin Fronteras aún no ha recibido una respuesta a la carta abierta que envió al Ministerio de Justicia.