La reforma del FBI amenaza la confidencialidad del trabajo de los periodistas

La reforma del FBI (Federal Bureau of Investigation), iniciada por el gobierno norteamericano, preocupa seriamente a Reporteros Sin Fronteras. Concede, a los agentes federales que lleven a cabo investigaciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo, todo el poder para escuchar conversaciones telefónicas e interceptar correos electrónicos, y cualquier intercambio de informaciones a través de Internet. "La emoción provocada por los atentados del 11 de septiembre de 2001, y la legítima voluntad de luchar contra el terrorismo, no deben llevar a la amputación de las libertades colectivas e individuales, ni especialmente a un retroceso de la libertad de expresión que, en Estados Unidos, está consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución", declaró Robert Ménard, secretario general de la organización, en una carta dirigida al Ministro de Justicia, John Ashcroft. "Esta reforma cuestiona los principios fundamentales del secreto de las fuentes de los periodistas, y de la confidencialidad de sus informaciones", añadió Robert Ménard. Reporteros Sin Fronteras ha pedido a John Ashcroft que reafirme el principio del secreto de las fuentes, y de la confidencialidad de las informaciones, sometiendo cualquier acto de vigilancia a la autorización previa de un magistrado. El Ministro de Justicia y el director del FBI, Robert Mueller, presentaron su plan de reforma de la policía federal, el 30 de mayo de 2002. Según ese plan, el FBI centra ahora sus actividades en la lucha antiterrorista, y no en la lucha contra la criminalidad. Una de las principales novedades es la autorización que se da a los agentes federales para que puedan controlar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de cualquier persona que pueda poseer informaciones relacionadas con asuntos terroristas, sin necesidad de un mandato judicial. El FBI también puede entrar en las bases de datos informáticos que contengan informaciones de orden comercial, económico o científico. Finalmente, los agentes podrán infiltrarse en reuniones políticas y públicas, así como en los lugares de culto. Estas investigaciones pueden efectuarse a título "preventivo", incluso en el caso de que no exista ninguna prueba contra las personas u organizaciones vigiladas. Las principales organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de los derechos cívicos han protestado contra esta reforma "que recuerda las horas sombrías del maccarthismo". Sobre todo, porque algunos recientes deslices ponen de manifiesto los límites de una vigilancia poco enmarcada. Así, la organización no gubernamental norteamericana EPIC (Electronic Privacy Information Center) ha conseguido hacerse con documentos oficiales del FBI que prueban cómo una insuficiencia de su programa de interceptación de e-mails "Carnivore" llevó, por error, al espionaje de correos electrónicos de ciudadanos que no tienen nada que ver con asuntos de terrorismo.