LA PRENSA "OBJETIVO MILITAR"Los grupos armados contra la libertad de prensa

Después de llevar a cabo una misión de investigación sobre el terreno, del 22 al 30 de octubre de 2001, RSF y la organización peruana IPYS, miembro de la Red RSF, publican un informe sobre las violaciones a la libertad de prensa cometidas por los grupos armados colombianos. Investigación : "Red RSF"
Régis Bourgeat, Reporteros sin Fronteras,
e Iván García, Instituto Prensa y Sociedad Informe de misión en Colombia - 22 al 30 de octubre de 2001 Los nuevos enemigos declarados de la libertad de prensa El proceso de paz emprendido por el gobierno con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) va acompañado de una radicalización de la actitud de los grupos armados, en relación con la prensa. En primer lugar, los paramilitares, deseosos de verse invitados a la mesa de negociaciones. Después, la guerrilla, que acusa a los medios de comunicación de sabotear el proceso de paz, con la forma en que están informando de las negociaciones. Aunque, desde siempre, los grupos armados han atacado a la prensa, la situación se ha degradado todavía más. Son los nuevos enemigos declarados de la libertad de prensa, después de los narcotraficantes en los años 1980 y 1990. La guerra que enfrenta a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares) con las guerrillas de las FARC y del ELN (Ejército de Liberación Nacional), también es una guerra de información. "No puedo aceptar que el periodismo se convierta en un arma al servicio de uno de los actores del conflicto", ha explicado Carlos Castaño, el jefe de las AUC, para justificar los asesinatos de periodistas. Aunque este grupo armado es hoy el más peligroso para los profesionales de la información, los grupos de Manuel Marulanda, líder de las FARC, y de Nicolás Rodríguez Bautista, jefe militar del ELN, también han declarado a periodistas como "objetivos militares". Los ejemplos de los departamentos de Nariño, o de Caqueta, ponen de manifiesto que en las regiones disputadas o controladas por esos grupos, prácticamente no existe prensa independiente. Una situación mucho más trágica porque los narcotraficantes, políticos, funcionarios corruptos y miembros de las fuerzas del orden hostiles contra la prensa, continúan persiguiendo a los profesionales de la información. El balance hoy es muy fuerte: una cuarentena de periodistas asesinados durante los diez últimos años, medio centenar secuestrados desde 1999 y cerca de otros treinta obligados al exilio. Una delegación del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y de Reporteros Sin Fronteras (RSF), ambas organizaciones miembros de la "Red RSF" , viajó a Colombia, del 22 al 30 de octubre de 2001, para investigar sobre las condiciones de trabajo de los periodistas y sobre la impunidad que disfrutan los autores de los asesinatos de los profesionales de la información. Esta delegación se ha entrevistado con una cincuentena de periodistas, director de medios de comunicación y defensores de la libertad de prensa. También ha podido entrevistarse con representantes del gobierno para hacer balance sobre las iniciativas adoptadas, así como con el presidente Andrés Pastrana, para trasmitirle unas primeras observaciones. "Ten mucho cuidado con lo que escribes porque leemos lo que publicas" En un comunicado, publicado el 9 de noviembre de 2001, el grupo de las AUC del departamento de Nariño, acusa a Germán Arcos, camarógrafo de Caracol Televisión, Oscar Torres, jefe de redacción del periódico Diario del Sur, Cristina Castro, corresponsal del "Noticiero RCN", y Alfonso Pardo, antiguo corresponsal del semanario comunista Voz y comisionado para la paz, de cubrir el conflicto "de manera deshonesta". El grupo armado exhorta a los periodistas abandonar la profesión en menos de cuarenta y ocho horas, de lo contrario serán "ajusticiados". Tres semanas antes, la guerrilla de las FARC había acusado al diario El Tiempo, y a los grupos RCN y Caracol, de ser "enemigos del proceso de paz", porque supuestamente criticaban la actitud del grupo armado sin explicar los problemas de fondo del país. Sospechosos de apoyar "al otro campo", los periodistas se encuentran permanentemente en medio del fuego cruzado de los grupos armados, alguno de los cuales no ha renunciado a su poder para sembrar el terror. Aparte de las AUC y las FARC, la guerrilla del ELN, el tercer grupo armado del país en cuanto a sus efectivos (5.000 hombres), en marzo de 1999 declaró "objetivo militar permanente" los medios de comunicación masivos que "(facilitan) sus recursos tecnológicos a la propagandización de la política paramilitar". Lo mismo que los periodistas, las redacciones también son objeto de ataques: siete atentados, o intentos a de atentados con bombas, contabilizados desde 1995. Dos de ellos tuvieron lugar en 2001: un intento, reivindicado por las AUC, dirigido contra el órgano del Partido Comunista; un atentado, atribuido al ELN, que destruyó los locales de Radio Caracol en Medellín. Los testimonios recogidos por IPYS y RSF dan cuenta de la intolerancia de los grupos armados en relación con la información publicada. "Ten mucho cuidado con lo que escribes porque leemos lo que publicas", se le ha advertido al corresponsal de un diario. Desde el 1 de enero de 2001, veinte periodistas han sido declarados "objetivos militares", o se han visto acusados de "apoyar a la guerrilla". A veces, la confusión es tal que los periodistas no pueden identificar a los autores de las amenazas. A veces también, los grupos armados desmienten ser los autores de los atentados en comunicados que, sin embargo, llevan el emblema de su frente local. El 29 de mayo de 2001, cinco periodistas de Cali fueron así declarados "objetivos militares" en un comunicado firmado por el "Frente Farallones", el grupo local de las AUC. "De acuerdo a nuestras averiguaciones hemos establecido que en le departamento del Valle, hay medios de comunicación y periodistas al servicio de la guerrilla", decía el comunicado. Los jefes del grupo armado, contactados por la dirección de los medios concernidos, negaron la autenticidad del comunicado. Un conflicto que llega hasta las salas de redacción. En un contexto tan complejo como hostil, a menudo los periodistas prefieren autocensurarse. Sobre todo porque, al carecer de una organización fuerte de defensa de la libertad de prensa y de solidaridad profesional, se sienten aun más vulnerables. Los medios de comunicación se movilizan muy raramente para defender a un colega, o seguir las investigaciones sobre asesinatos de periodistas. Hay que decir que, como lamentaba el director de un periódico, "el conflicto ha llegado hasta las salas de redacción". Por ejemplo, algunos reporteros que están cubriendo el proceso de paz con la guerrilla se han visto calificados, con dudoso humor, por sus compañeros que cubren las fuentes militares de "jefes de prensa de la guerrilla". Sea como sea, la falta de movilización sólo puede servir para animar a los autores de la violencia. Por otra parte, actualmente, sólo la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se dedica exclusivamente a la defensa de la libertad de prensa. Pero la mayor parte de sus esfuerzos están dedicados a un programa de protección de periodistas, cuya eficacia se basa en la discreción. Por eso, la FLIP es todavía poco conocida. Sin embargo, esta asociación colombiana de defensa de la libertad de prensa, confió a los representantes de RSF y el IPYS que esperaba poder reforzar muy pronto su actividad de denuncia pública de los ataques contra la prensa. Para María Teresa Ronderos, presidenta de la FLIP, la prioridad está en "que los que amenazan sepan que no les saldrá gratis amedrentar". Según la asociación Medios para la Paz, que organiza talleres de formación, las prácticas y las actitudes de los periodistas también ponen en peligro su vida. Algunos de ellos no respetan las más elementales reglas de la deontología en las relaciones con sus fuentes, habiendo llegado a la situación de ir a pasar sus vacaciones con los miembros de algún grupo armado. "Por eso, el espíritu de Medios para la Paz es considerar la profesionalidad como la primera medida de protección", explica Gloria Moreno, directora de la organización que también denuncia la responsabilidad de las redacciones que, ávidas de exclusivas, harían que sus reporteros corran riesgos desconsiderados. Y cita el ejemplo de la corresponsal de un noticiero de televisión en Barrancabermeja a la que, después de despedirla, le propusieron volver a la redacción si conseguía encontrar los primeros rastros de un avión secuestrado por el ELN. La periodista lo consiguió después de atravesar dos localidades en las que se enfrentaban el ejército y la guerrilla... Aunque fundadas, las denuncias de falta de profesionalidad de los periodistas, o la irresponsabilidad de algunos director de medios de comunicación no deben, sin embargo, hacer olvidar que el uso de la violencia contra la prensa es injustificable e inaceptable. Lo mismo que estas autocríticas sólo podrían desalentar la movilización del gremio en favor de sus representantes. Los paramilitares: primera amenaza contra la libertad de prensa Desde 1999, veintisiete periodistas emprendieron el camino del exilio. La mitad de ellos, las atribuyen a los paramilitares. "Las Autodefensas ejecutan más fácilmente sus amenazas", explica un reportero de la prensa escrita. Entre los catorce casos de periodistas asesinados por razones profesionales desde 1999, ocho son imputables a ese grupo armado. Uno de los casos de exilio más conocidos es el de Ignacio Gómez. Entre febrero y mayo de 2000, el periodista de El Espectador recibió, al menos, cincuenta y seis cartas amenazadoras. En un artículo, había revelado que una masacre de cuarenta y nueve campesinos fue cometida por paramilitares, con el apoyo de miembros del ejército. Después de escapar, el 24 de mayo, a un intento de secuestro en las calles de Bogotá, Ignacio Gómez se refugió en Estados Unidos, el 1 de junio de 2000. Regresó a su país un año más tarde. También han regresado otros tres profesionales de la información, otros efectúan regularmente viajes de ida y vuelta, entre el país de acogida y su tierra natal. A diferencia de los regímenes dictatoriales que persiguen a sus opositores y pueden obligarles a un exilio durante largos años, la situación en Colombia, donde la amenaza no proviene del Estado, no prohibe a los periodista un regreso puntual al territorio. Muchos profesionales de los medios de comunicación, preguntados por RSF e IPYS, coinciden en decir que la violencia de las AUC se ha convertido en el principal impedimento para la libertad de prensa. Carlos Castaño, buen comunicador, se prodiga desde hace dos años en entrevistas en la prensa nacional e internacional. De esta forma intenta convencer de que las masacres cometidas por sus hombres están justificadas por su objetivo: defender a la clase media contra la guerrilla. En una entrevista concedida al diario francés Le Monde, en la primavera de 2001, reconocía que las AUC habían ejecutado "a dos periodistas locales que eran, de hecho, guerrilleros". "No puedo aceptar que el periodismo se convierta en un arma al servicio de uno de los actores del conflicto", explicaba. Pocos días después de la publicación de este artículo, la policía conseguía neutralizar una bomba de 250 kilos de TNT (Trinitrotolueno), colocada ante el local del semanario comunista Voz, en Bogotá. Una acción reivindicada, poco después, por Carlos Castaño. En sus relaciones con la prensa, la guerrilla está muy lejos de demostrar la misma voluntad para convencer. Como respuesta a las preguntas de enviados especiales, llegados para preguntar sobre la presencia de su grupo armado en el Putumayo, un subcomandante de la guerrilla se limitó a exhibir un comunicado oficial e invitó a los periodistas a que lo copiaran. Encerrada en su retórica, la guerrilla desconfía de los patrones de la prensa "al servicio de los grandes monopolios", y acusa a los medios de comunicación de ser "los principales causantes de gran parte de los males de Colombia". El comunicado del 18 de octubre, en el que las FARC acusan a El Tiempo, y a los grupos RCN y Caracol, de ser "enemigos del proceso de paz", es también testimonio de que el grupo armado se siente maltratado por los medios de comunicación. En febrero de 2001, Nicolás Rodríguez Bautista, jefe del ELN, justificaba los secuestros de periodistas por la discriminación de que, afirma, es víctima su grupo en los medios. Varios observadores, preguntados por IPYS y RSF, cuentan que, en efecto, la prensa nacional denuncia con más interés las exacciones cometidas por la guerrilla que las de los grupos paramilitares. Aunque menos grave que el de los paramilitares, el balance de las FARC y del ELN en materia de represión de la libertad de prensa, no resulta menos elocuente: tres periodistas asesinados desde 1999 y otros seis amenazados, obligados a exilarse. En total, las FARC y el ELN han secuestrado, a veces solamente durante algunas horas, a cincuenta y seis periodistas desde 1998. Normalmente con el objetivo de obligar a los medios de comunicación a difundir un comunicado de prensa, o a denunciar las exacciones cometidas por el ejército o los paramilitares. En el caso de Henry Romero, secuestrado por el ELN en octubre de 1999, el grupo armado lo que quería era juzgar al fotógrafo de la agencia Reuters, por haber publicado imágenes en las que aparecían los guerrilleros con la cara descubierta. Fue liberado después de siete días de detención. Los reporteros que cubren el conflicto cuentan que, en ocasiones, las fuerzas del orden son igual de intolerantes que los grupos armados en relación con la prensa. "¿Y este? ¿Está con nosotros o con los otros?", preguntó un oficial refiriéndose a un periodista. La organización Human Rights Watch, en varias ocasiones ha acusado a determinadas brigadas del Ejército, de colusión con los grupos paramilitares. Un coronel acusó a Carlos Pulgarín, corresponsal del diario El Tiempo en Montería, de ser un "vocero de la guerrilla", antes de verse agredido por presuntos miembros de las AUC. El periodista había publicado informaciones sobre las pérdidas sufridas por ese grupo, en los combates. Además del ejército, a veces se cuestiona a la policía y a los guardias de las cárceles. El 25 de mayo de 2000, Jineth Bedoya, de El Espectador, fue secuestrada en la misma entrada de la cárcel La Modelo, de Bogotá, ante los ojos de los vigilantes. Un año y medio después, todavía no se conocen las conclusiones de la investigación efectuada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). La periodista quedó en libertad unas diez horas más tarde, después de haber sido golpeada, drogada y después violada. Algunos días antes, había publicado un artículo sobre asesinatos cometidos en la cárcel por miembros de las AUC, detenidos en ese establecimiento. Regiones particularmente peligrosas Los ataques contra los periodistas de El Espectador en 2000, y los recientes atentados con bomba contra Voz y Radio Caracol, demuestran que la violencia de los grupos armados también va dirigida contra los medios de comunicación de las grandes ciudades. Sin embargo, es sin duda mucho más difícil la situación en las provincias, por tres razones fundamentales. Ante todo, porque los periodistas de los medios pequeños están más aislados. Después, porque los grupos armados están mucho más presentes. Algunas regiones se encuentran completamente bajo su control, como es el caso de la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba (Noroeste), feudo de las AUC, o de la zona desmilitarizada concedida a las FARC, en el departamento de Caqueta (Sur). Finalmente porque, en numerosos lugares, los grupos armados se disputan el control de la región: departamentos de Nariño (Suroeste), de César (Noreste), de Magdalena (Norte), del Putumayo (Sur), de Norte de Santander (Norte), de Arauca (Este), etc. Dos regiones se han distinguido tristemente, durante los últimos meses, por sus múltiples atentados contra la libertad de prensa: el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, y el de Caqueta. En el interior de éste último, hay que distinguir entre la zona de distensión y la región de Florencia, capital del departamento. De ésta última hablaremos en el capítulo dedicado a la impunidad. El departamento de Nariño, situado en la frontera con Ecuador, con una larga costa en el océano Pacífico, es estratégico para el tráfico de armas y de droga. Grupos paramilitares, guerrillas y narcotraficantes se disputan el control de esta provincia y, en particular, del puerto de la región, Tumaco. En septiembre de 2000, los paramilitares llegaron a la ciudad portuaria y emprendieron "limpiarla". Un artículo publicado en El Espectador, cuenta que, después de haber asesinado a los delincuentes y los mendigos, los paramilitares se dedicaron a perseguir a los líderes obreros y a las voces independientes. Carlos Lozano, director del semanario Voz y miembro del Partido Comunista, revela que entonces recibieron amenazas los militantes de izquierda de la región. Varios de ellos abandonaron la región a comienzos del año 2001. El 27 de abril, Flavio Bedoya, corresponsal de Voz en Tumaco, fue asesinado después de haber publicado un artículo denunciando las exacciones de ese grupo armado. También había recibido amenazas. Colaboraba igualmente en una publicación local, El Faro, en la que denunciaba asuntos de corrupción. El responsable de esta publicación también se vio obligado a abandonar la región. Un programa de radio, "La Caja de Pandora", conocido por su independencia, ha desaparecido de la parrilla de programación. En ocho meses, en la ciudad se han cometido treinta y nueve asesinatos políticos. Las fuerzas de La Marina, presentes en la región, están acusadas de encubrir esos atropellos. Los periodistas que intentan investigar se exponen a recibir amenazas. En el aeropuerto, un militar filma a los recién llegados cuando bajan del avión. La prensa de Pasto, la capital del departamento, también ha sido atacada. El 19 de abril, fue objeto de un atentado el semanario El Otro. Dos granadas, lanzadas contra sus locales, destruyeron una parte de las instalaciones. El director de la publicación, Ricardo Romero, ha declarado que ni él, ni los periodistas del semanario, habían recibido amenazas. Sin embargo, piensa que el atentado está relacionado con las denuncias publicadas en el periódico. Poco después, Ricardo Romero, ex miembro de la guerrilla M19 (Movimiento del 19 de Abril), y cuatro periodistas de El Otro, se vieron obligados a esconderse. Según dos periodistas de Pasto, ese atentado se inscribe también en una política sistemática destinada a amordazar a los medios de comunicación independientes. La publicación, el 9 de noviembre, de un comunicado del frente local de las AUC, amenazando con atacar a cuatro periodistas acusados de cobertura "deshonesta", es el último ataque contra la libertad de prensa. En la zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados, concedida a las FARC, la problemática es diferente. Paradójicamente, los periodistas que han trabajado en San Vicente del Caguán, principal localidad de la "zona de distensión", fueron amenazados antes por las AUC que por las FARC. Estas últimas, responsables de la zona, se han mostrado relativamente respetuosas con la libertad de prensa, en el interior de su territorio. En cambio, varios periodistas llegados para cubrir el proceso de paz, han sido señalados como sospechosos de hacer el juego a la guerrilla. Amenazados, al menos tres ellos se han visto obligados a abandonar el país: Martín Movilla y William Parra, del canal Caracol Televisión, y Eduardo Luque Díaz, de RCN Radio. Los dos primeros fueron acusados, en llamadas anónimas, de ser "amigos de la guerrilla". El último, cubría el conjunto del departamento de Caqueta. También recibió amenazas Hollman Felipe Morris, por sus reportajes en el canal de televisión RCN TV. A su vez, en septiembre de 2000 se vio obligado a exiliarse después de haber publicado, en el diario El Espectador, artículos sobre el proceso de paz y sobre las exacciones cometidas por los paramilitares. Actualmente, los periodistas más amenazados son los originarios del departamento de Caqueta que están cubriendo el proceso de paz desde sus inicios. Definitivamente, han sido equiparados con "portavoces de la guerrilla" por las AUC. María Luisa Murillo, corresponsal de El Tiempo, Luis Alfonso Altamar Gaitán, colaborador de varios medios y director de su propia estación de televisión, y Efraín Jiménez, corresponsal de RCN Radio y periodista de la radio comunitaria Ecos del Caguán, no pudieron acudir a una entrevista concertada con los representantes de RSF e IPYS porque los paramilitares controlan las carreteras que unen San Vicente con Bogotá. Cuando está en cuestión la existencia de la zona de distensión, los tres periodistas quieren hacer patente su temor a que los paramilitares invadan el territorio. El asesinato de "Lelo", el 10 de octubre de 2001, fue considerado como una advertencia. Era el chófer habitual de los corresponsales de la prensa internacional, llegados para informar de las negociaciones. Su cadáver se encontró, con una bala en la boca, junto a su taxi carbonizado. Fue asesinado por cuatro presuntos paramilitares, que se presentaron como periodistas. En el interior de la zona de distensión, las FARC no han cometido ningún atentado grave contra la libertad de prensa. Ex corresponsales en la región cuentan que las negociaciones han sido la primera oportunidad para que aprendieran a conocerse la prensa y el grupo armado, salido de la clandestinidad. Los ataques de los guerrilleros contra la prensa han sido sobre todo verbales, y dirigidos contra los grandes medios de comunicación o los patronos de la prensa. Regularmente les acusan, como en el comunicado del 18 de octubre, he hacer fracasar las negociaciones con la cobertura que le están dando. Aunque parece que el grupo armado no se ha molestado nunca en formular reproches, o comentarios directamente sobre los periodistas, faltan los casos de amenazas o problemas. "He podido escribir todo lo que quería sobre las FARC, e incluso denunciar, sin exponerme a represalias, la masacre de una veintena de personas, acusadas de ser paramilitares, por parte de este grupo armado", cuenta un ex corresponsal. Sin embargo, un reportero ha confiado a RSF que ha sido puntualmente víctima de actos de intimidación, por parte del grupo armado. La respuesta de las autoridades: el Programa de Protección a Periodistas Para responder a las situaciones de inseguridad a las que tienen que enfrentarse los periodistas, el gobierno adoptó, el 10 de agosto de 2000, el decreto 1592 que instauró el Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales. Este programa está pilotado por el Comité de Reglementación y Evaluación de Riesgos, dependiente del viceministro del Interior. Representantes de diversas instituciones del Estado, entre otras la policía y el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, servicios de seguridad colombianos), se sientan junto a un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y organizaciones de la prensa. Entre ellas, la FLIP tiene un papel destacado: el de realizar una investigación preliminar para determinar si el periodista, que acude en busca de ayuda, ha sido amenazado por razones profesionales. Los servicios de seguridad, policía nacional o DAS, efectúan después un estudio de seguridad. Sobre esta base, se le hacen propuestas al periodista afectado, para reforzar su seguridad: desde la entrega de un teléfono móvil, para contactar en caso de emergencia con el Comité, hasta el pago de un billete de avión, para irse a la capital o salir del país. En el caso de que el periodista decida refugiarse en Bogotá, puede recibir una ayuda mensual de 850.000 pesos (435 euros, 385 dólares) durante tres meses, renovable excepcionalmente por un período de la misma duración. La FLIP intenta establecer colaboración con embajadas u otros organismos, para facilitar la salida hacia el extranjero o la integración de los periodistas en Bogotá. Ha llegado a un acuerdo con un instituto para permitirles seguir unos cursos de periodismo, acuerdo que es muy loable porque, a veces, los periodistas de provincias son autodidactas. Por otra parte, y en coordinación con el IPYS, se ha creado en Lima una Casa de Refugio, para acoger a los que están más amenazados. Esta iniciativa, apoyada por varias organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa, parte del principio de que el exilio, en un país cultural y geográficamente cercano, puede resultar menos difícil de sobrellevar que la expatriación a Estados Unidos o a Europa. Desde su creación, el Programa de Protección a Periodistas ha examinado setenta peticiones de ayuda. En cuarenta y uno de los casos, se llevó a cabo un estudio de seguridad. Diecinueve profesionales han recibido ayuda, seis de ellos para abandonar el país. El Ministerio del Interior juzga "preocupante" el aumento del número de periodistas amenazados. Los que se benefician del programa son, esencialmente, periodistas de las provincias en las que imperan los grupos armados, narcotraficantes y autoridades corruptas. Entre marzo y octubre de 2001, el Comité registró veintiocho amenazas contra medios de comunicación y periodistas. Amenazas a periodistas que acudieron al Programa (por autores)
(marzo-octubre 2001)

AUTOR DE LA AMENAZA	NÚMERO DE AMENAZAS
Paramilitares (AUC)	12
Autoridades/funcionarios locales	5
Fuerzas del Orden	3
Grupos guerrilleros (Farc, ELN)	2
Desconocidos	6

Fuente: Programa de Protección a Periodistas, del Ministerio del Interior. El programa se topa con dificultades. Ante todo, está limitado por su presupuesto, que se eleva a 300 millones de pesos (alrededor de 150.000 euros, 135.000 dólares), mientras que el costo de una protección de las llamadas "dura" (adjudicación de un automóvil blindado con dos guardaespaldas) está estimada en 120 millones de pesos al año. Por tanto, el Programa no está en condiciones de proponer al periodista protección en su lugar habitual. Cuando la amenaza es muy seria, el profesional de la información es trasladado a la capital regional, o a Bogotá. Una solución insatisfactoria incluso para algunas de las organizaciones que integran el Comité. Estiman que "desembarazarles del periodista es seguir el juego de los autores de las amenazas"". Y más aun porque los periodistas prefieren pasar desapercibidos y piden que no se haga pública su situación. Una decisión que el Comité respeta siempre, pero que le priva de un medio de presión sobre los autores de las amenazas. Porque, aunque los beneficiarios del programa tienen que presentar una denuncia en la Fiscalía General de la Nación contra ellos, normalmente se niegan a llevarla adelante por temor a represalias, o porque están convencidos de la inutilidad de la gestión. Otro problema: la participación de la policía y el DAS en el programa. Probablemente inevitable genera, sin embargo, la desconfianza de quienes se ven amenazados precisamente por miembros de las fuerzas del orden. Finalmente, si hoy el Programa sólo se ocupa de una ínfima parte de los casos de periodistas amenazados, es también porque, iniciado hace solamente un año, todavía es poco conocido por los periodistas. Segunda parte