La justicia avanza en el caso de Julio Castro, procesan a un ex policía

El ex policía Juan Ricardo Zabala fue juzgado el 6 de marzo de 2012 en Montevideo, en un proceso abierto que significa una esperanza para los cercanos de víctimas de la dictadura (1973-1985), en particular para los familiares del periodista Julio Castro, desaparecido y asesinado en esa época. La investigación ya había avanzado con el descubrimiento de restos humanos –hallados en octubre pasado en un predio militar– que después fueron identificados como los de Julio Castro, quien fue cofundador de la revista Marcha (publicación que reapareció tras la dictadura bajo el nombre de Brecha). “Cualquiera que sea la pena pronunciada de forma definitiva, este proceso marca ya en sí una victoria del derecho y de la memoria. Pero la esperanza debe ir más allá de este acto judicial. Como lo expresó el nieto del periodista, Ariel Castro, en una entrevista que nos concedió, es claramente un cambio de actitud al servicio de la verdad sobre este periodo negro, que se reclama a los organismos públicos, en especial la institución militar. El acceso a la información sigue siendo un reto esencial, en espera de la abrogación de la Ley de Caducidad”, declaró Reporteros sin Fronteras. Juan Ricardo Zabala admitió haber llevado a cabo la detención y el secuestro de Julio Castro la mañana del 1 de agosto de 1977. Frente a la rápida agravación del estado de salud del periodista –que entonces tenía 69 años de edad–, víctima de la tortura, sus carceleros habrían decidió ejecutarlo con un balazo en la cabeza, según el juez encargado del caso, citado por la Agence France Presse (AFP). Aún no se esclarece la identidad del autor del tiro de gracia. Juan Ricardo Zabala es acusado de “complicidad de un homicidio muy especialmente agravado”, cargo por el que corre el riesgo de purgar una pena de entre quince y treinta años de prisión. Si bien el juez rechazó la petición de prescripción presentada por la defensa, éste se negó a citar a comparecer, por “falta de pruebas”, al ex coronel José Nino Gavazzo, responsable operativo del Servicio de Información y Defensa en la época en que ocurrieron los hechos. Éste, se encuentra actualmente en prisión por otros casos de violaciones de los derechos humanos. Foto: La Jornada (archivo) _______________ 21.12.11 - Ariel Castro : "El último servicio de mi abuelo para el país"
El 1ro de diciembre de 2011, el gobierno confirmó que los restos humanos hallados cinco semanas antes en el Batallón 14 eran de Julio Castro, desaparecido en agosto de 1977 y asesinado bajo la dictadura (1973-1985). Político, profesor y periodista, Julio Castro fue cofundador en 1939 de la revista semanal Marcha, cerrada por el régimen civico-militar en 1974. La publicación renacería en 1985 bajo el nombre de Brecha, con la participación de firmas prestigiosas como Juan Carlos Onetti o Eduardo Galeano. La obtención, aunque tardía, de la verdad en el caso Julio Castro nos anima hoy a creer que algún día se rendirá justicia a todas las víctimas de las dictaduras del Plan Cóndor, entre las cuales figuran numerosos periodistas y escritores. Todavía hoy, particularmente en Uruguay, el trabajo de investigación adelantado sobre este período se enfrenta a menudo al silencio o a la hostilidad. Nieto de Julio Castro, el agrónomo Ariel Castro, quien sigue luchando por la memoria y la verdad, respondió a nuestras preguntas. ¿Qué sentiste el pasado 15 de diciembre en el homenaje a tu abuelo en el Parlamento?
No sentí nada demasiado marcado. Incluso en un primer momento no pensaba ir, pero mi hermano quería ir y al final fuimos. Por un lado me pareció un homenaje razonable, lógico, fue un acto bastante sobrio. Las cosas que se dijeron, absolutamente compartibles. Desde ese punto de vista bien, pero no dejan de ser discursos. Ahora el punto es si esto implica un cambio de actitud, si se traducirá en hechos o si es un “saludo a la bandera”. Es importante que gente de todos los partidos diga lo que dijeron. Está en ellos dar las herramientas para que estas cosas se concreten. ¿Sientes que simbólicamente la aparición de los restos de tu abuelo puede abrir las puertas para que ahora sí se sepa sobre los restos de los otros desaparecidos?
Esa es la gran pregunta… uno espera que sí. Quizás sea el último servicio que le haga mi abuelo a la República Oriental del Uruguay: generar una formidable alarma que definitivamente rompa esa barrera de mentiras, o sea, generar un hecho tan insoportablemente cruel, intolerable y vergonzoso que definitivamente se traduzca en que esto no da para más. Basta de mentiras. ¿Ustedes tenían idea de que había sido ejecutado?
No, yo creo que todos nos atamos a la hipótesis o a la versión de que había muerto durante el interrogatorio porque cerraba. Mi abuelo tenía problemas de salud, por lo que era probable que muriera si era sometido a apremios físicos y se ajustaba mucho a las declaraciones de Flavio Tabares (ciudadano brasileño que estaba junto a Julio Castro durante su detención) que fue la última persona amiga que mi abuelo tuvo cerca. Como él me aclara siempre: ‘yo no puedo decir que lo vi, porque estuve todo el tiempo encapuchado’.
En realidad, esa versión surge de las declaraciones de Tabares y de una investigación periodística que hicieron Mónica Bottero y Ernesto González Bermejo en 1985. En la Comisión para la Paz (CPLP) (1) no hubo ninguna investigación, ni siquiera un contacto con Tabares. En el Parlamento, no me acuerdo cuál de los parlamentarios que habló dijo que el hecho de que haya muerto en la tortura o ejecutado no cambiaba, era de todas formas una manera terrible, brutal, de asesinar a una persona. Refuerza nuestra convicción de que es un crimen, y que los crímenes se resuelven en la Justicia. En eso no nos cambia nada. Ustedes como familia no se integraron al grupo de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. ¿Por qué?
No hubo ninguna razón. Siempre hemos apoyado la movilización de Familiares. Lo que ocurre es que uno elige el lugar donde puede, tiene lugar y tiene tiempo. Yo he ido todas las veces que he podido a las convocatorias. En la década de los 80s iba todos los viernes a las concentraciones en la Plaza Libertad. Simplemente no era mi lugar de militancia. Yo militaba a nivel universitario, milité mucho en la campaña por el voto verde (a favor de la abrogación de la Ley de Caducidad – ndlr). No participamos en el grupo militante. En todo caso fue un asunto generacional. Cuando finalizó la dictadura quienes asumieron la investigación y las denuncias fueron mi padre y mi tía. Yo le di la derecha a ellos y yo militaba a nivel universitario, a nivel político.
Después nosotros optamos por un camino diferente, que mucha gente no compartió, que fue el juicio civil. Este nos permitió seguir investigando, pero además conocer algunas cosas muy fuertes. Desde el fallo de la CPLP, la fiscalía plantea, a partir de la publicación del libro coordinado por Alvaro Rico (2), que hay nuevas evidencias que ameritan reabrir el caso que estaba archivado desde el año 1986 cuando se votó la Ley de Caducidad (3). La fiscal Mirtha Guianze lo envía al Poder Ejecutivo y en agosto de 2010 el presidente José Mujica lo retira de la Ley de Caducidad y se reinicia el juicio penal en torno al cual nosotros hemos estado trabajando más, apoyando a la fiscal y consiguiendo pruebas. Yo diría que algunos de los testigos claves los conseguimos nosotros, la familia. ¿En qué punto está el juicio en este momento?
El juicio continúa. Con todos estos nuevos datos aportados a partir de la aparición de los restos de mi abuelo, supongo que ahora la fiscal pedirá nuevas pruebas o nuevas declaraciones o hará su alegato o su primer planteo solicitando más procesamientos. Pero claro, la fiscal trabaja sola entonces nosotros, con el abogado, con mi hermano y con mi prima, nos hemos convertido en una especie de detectives en nuestro tiempo libre buscando la información. ¿Qué se necesita para llegar a la verdad? ¿Tú en alguna oportunidad sugeriste que sería útil la conformación de un equipo de investigadores multidisciplinario?
Yo estoy convencido de que si se forma un equipo multidisciplinario, full time, de gente que sepa de inteligencia, de gente que sepa de archivos, de historiadores, de forenses (no hablo de un equipo de más de ocho personas full time) y se juntan todas las piezas en menos de un año se resuelven la mayoría de los casos. Con ciertas facultades, con apoyo político fuerte, coordinado o al mando de los fiscales. Acá no precisamos otra comisión política que piense políticamente sino una comisión que piense criminalmente. Los fiscales piensan criminalmente. Este es un crimen político. La prueba de que mi abuelo fue ejecutado a sangre fría hizo mucho más en este país que todas las comisiones. ¿Estás descartando entonces lo que pueden aportar los militares?
Los militares responden al mando. Yo creo en la sinceridad del General Pedro Aguerre, Comandante en Jefe del Ejército, que declaró a los medios que "el Ejército no encubrirá a homicidas y delincuentes en sus filas". Pero son por ahora palabras, ahora vienen los hechos. Hay una lista de cosas que el Gral. Aguerre puede aportar. Nosotros estamos trabajando con nuestra abogada, armando todos los documentos para obtener toda la documentación que el Estado nos ha negado. Ese es un problema que ha tenido toda esta historia. No hay que inventar herramientas, hay que usar las herramientas que ya tenemos. Tenemos un Poder Judicial que tiene defectos, pero que cuando se le dan apoyos y recursos, trabaja. El único que nos ha dado garantías hasta ahora ha sido el Poder Judicial. ¿Ustedes no marcan diferencia entre los gobiernos anteriores y los dos gobiernos de izquierda en cuanto a la actitud para llegar a la verdad?
El primer gobierno que separamos es el gobierno de Jorge Batlle (Partido Colorado, 2000-2004). El presidente Batlle hizo un cambio en el tema. Planteó la necesidad de resolver el tema y creó la CPLP que a nuestro juicio equivocó el camino. Para nosotros básicamente no investigó. La CPLP avaló cosas que a la larga dilataron el proceso. Ellos dicen que están haciendo cosas, pero hasta ahora no hemos obtenido nada. Aparentemente hay un cambio de actitud pero es lo mismo que con el Gral. Pedro Aguerre o que con el Parlamento, en la parte de hablar, todos dijeron las palabras claves, ahora si lo hacen…veremos.
Los cambios de los gobiernos de Tabaré Vázquez y de José Mujica fueron importantes, pero que esos cambios hayan permeado el Estado es otra cosa. La actitud que encontramos en cualquier oficina pública a la que nosotros vamos a buscar información es primero buscar la excusa para no darnos la información. Para mí es al revés, tienen que buscar la forma de darnos la información si realmente quieren ayudar. ¿Cómo continua la vida de la familia Castro a partir de estos hechos que han salido a la luz?
Como siempre. Para mí, esto fue cerrar un capítulo. Cuando corresponda –porque ahora está bajo custodia policial- enterrar a mi abuelo junto a toda la familia y después continuar con nuestra vida como siempre. Y seguir remando en el juicio penal y en lo que se pueda ayudar. Creo que hay algunos mecanismos que se desgastan. Nosotros los Uruguayos a veces somos soberbios, no hemos valorado la forma en que los Argentinos llevaron adelante algunas líneas de acción en relación a los desaparecidos. Creo que hay muchas cosas que tenemos que aprender de los Argentinos. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que tenemos que asumir es que la gente de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo han mantenido algunas líneas de acción como la presencia de los casos en la Justicia. Hoy son referencia a nivel mundial y yo creo que eso no es por casualidad. Entrevista realizada en Montevideo para Reporteros Sin Fronteras por Mirtha Villa. 1- Creada en el 2000 durante el gobierno de Jorge Batlle y bajo la autoridad de la Presidencia de la República, la CPLP tiene por función la centralización de la información, las denuncias y los testimonios relativos a los crímenes y las desapariciones forzadas que tuvieron lugar durante la dictadura. En el 2003, la CPLP confirmó 170 de los 300 casos que le fueron presentados. Fue entonces cuando la familia de Julio Castro abrió un proceso civil que se finalizó en el 2009. 2- Alvaro Rico, Detenidos-Desparecidos; Sistematización parcial de datos a partir de la investigación histórica de la Presidencia de la República (Octubre 2008) 3- Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, votada en 1986 y muy criticada, esta ley libraba de persecución judicial a los autores de crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos antes del 1ro de marzo de 1985, fecha de restauración de la democracia. Una nueva ley votada en octubre de 2011 aportó derogaciones importantes a la Ley de Caducidad y clasifica las exacciones y los delitos cometidos en nombre del terrorismo de Estado como crímenes contra la humanidad.