La información, coto privado del Estado

Investigación : Christian Lionet Informe de misión en Cuba La información, coto privado del Estado En Cuba, las autoridades mantienen a la población en un bloqueo, prácticamente hermético, de cualquier información independiente de la de los medios de comunicación oficiales, con excepción de una prensa católica que se acantona en la marginalidad de las parroquias, con una gran prudencia editorial. En cambio, parece que el poder se ha resignado a la actividad, ilegal a sus ojos, de un centenar de periodistas independientes que ejercen en el territorio nacional, y cuyos artículos resultan inaccesibles para los cubanos. Esos artículos se difunden exclusivamente fuera de la isla, en sitios de Internet imposibles de consultar desde Cuba, en publicaciones de la comunidad cubana en el exilio y en algunas cabeceras de la prensa internacional prohibidas en la isla, o en las ondas de la emisora federal norteamericana Radio Martí, cuyas emisiones se interfieren en el territorio. Equiparados con "contrarrevolucionarios", muchos de ellos padecen un acoso constante de la policía y todos pueden, sin preaviso, caer bajo la férula de una legislación liberticida, que les amenaza con graves condenas de cárcel. Sin embargo, en la actualidad parece menos insistente la coerción que se ejerce contra los periodistas independientes. Ello no ha hecho que se modifique el arsenal de la represión: detenciones que van desde algunas horas a unos días, secuestro de material, residencia vigilada, presiones sobre las familias y conocidos, intentos de desacreditar, insultos y difamaciones públicas, negativa de visados para la salida del país. Cuatro periodistas se encuentran actualmente encarcelados. Uno de ellos está terminando de purgar una condena de seis años de cárcel, mientras que los otros tres fueron detenidos en este año y se encuentran oficialmente condenados por actos de militancia cívica en favor de los derechos humanos, y no directamente por sus actividades al servicio de la información. Naturalmente, desde la cárcel sólo pueden seguir informando con dificultades. Por otra parte, todos ellos habían recibido presiones o fueron detenidos, anteriormente, por sus actividades periodísticas. Actualmente, para dos de ellos existen peticiones de cinco y seis años de cárcel. Al tercero, que se encuentra tras las rejas desde hace diez meses, no se le ha notificado ninguna inculpación. Los propios periodistas independientes creen que actualmente "disfrutan" de un periodo de represión llamada "de baja intensidad", mientras que el régimen del presidente Castro mantiene su presión habitual sobre algunos militantes políticos de la oposición, y defensores de los derechos humanos. Sin embargo, los periodistas que trabajan en las provincias se ven más amenazados que sus colegas de la capital, donde la presencia policial está relativamente más diluida y las condiciones materiales son menos problemáticas. En este contexto, la actividad de las agencias independientes de prensa, que hoy son una veintena, no cesa de aumentar en cantidad, en credibilidad y en profesionalismo, como lo refleja la producción que se difunde por Internet. El centenar de periodistas "libres" que en la actualidad ejercen en Cuba, y que no eran más que un puñado a mediados de los años 90, ahora ofrece una auténtica información alternativa, que se ha convertido en fuente indispensable para los observadores de la actualidad en el país, pero que está prohibida a sus conciudadanos. La cárcel: "reeducar" a los contrarrevolucionarios Los cuatro periodistas independientes que actualmente se encuentran encarcelados son Bernardo Arévalo Padrón, director de la agencia Línea Sur Press; Lester Téllez Castro, director de la Agencia de Prensa Libre Avileña (Agencia de Prensa Libre de Ciego de Ávila, APLA); Carlos Brizuela Yera, colaborador del Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey (CPIC), y Carlos Alberto Domínguez, de la agencia Cuba Verdad. Un quinto se encuentra inmerso en una denuncia, que podría costarle de tres a ocho años de cárcel. Se trata de Jesús Alvarez Castillo, corresponsal en Morón (provincia de Camagüey, Centro) de la agencia Cuba Press, que podría acabar en la cárcel por haber relatado los sucesos que, el 4 de marzo de 2002, terminaron en Ciego de Ávila con la detención de una decena de militantes de los derechos humanos, entre los que se encontraban Lester Téllez Castro y Carlos Brizuela Yera. Aquel día, la Fundación Cubana de Derechos Humanos (FCDH), una asociación ilegal, había convocado una reunión. Jesús Alvárez Castillo y Lester Téllez Castro, encargados de cubrir la manifestación para sus respectivas agencias, fueron detenidos por dos policías, cuando se dirigían al lugar. Al primero le detuvo un agente que le dio un golpe en la nuca. Perdió el conocimiento. Inmediatamente, los dos policías le condujeron al hospital, donde le diagnosticaron una fisura cervical. Una decena de militantes de la FCDH, avisados por Lester Téllez Castro, se dirigieron en manifestación hacia el hospital, distante un kilómetro, y luego se manifestaron en el vestíbulo del establecimiento, gritando slogans contra el régimen. Enseguida fueron detenidos por algunos policías de la Seguridad del Estado (Departamento de la Seguridad del Estado, DSE). Según Jesús Alvárez Castillo, se trató de un montaje para detener al grupo en flagrante delito de desacato y rebelión. El periodista está convencido de que le agredieron intencionadamente, para atraer a los militantes a un lugar público, en el que pudieran ser filmados y detenidos. Quiere destacar la gran cortesía y la compasión de los policías, que fueron a verle tras los incidentes. Afirma que dos altos responsables de la Seguridad del Estado le acompañaron a su domicilio y que uno de ellos era un tal "coronel Aramis", llegado desde La Habana. Según el periodista, éste último, conocido en la capital por ser el encargado de la represión contra la prensa independiente, fue quien montó todo el asunto. El pasado 30 de julio, a Jesús Alvárez Castillo le comunicaron que tenía una denuncia por haberse negado a ser citado como testigo en el proceso de los militantes detenidos el 4 de marzo. Las autoridades invocaron el artículo 155 del Código Penal, relativo a la "declaración falsa" y a la negativa a testificar. Podría caerle una multa de 300 a 3.000 pesos (de 15 a 150 euros), o una pena de tres a ocho años de cárcel, dependiendo de que el tribunal considere el delito como "simple" o "agravado". Lester Téllez Castro: "elemento antisocial" Así pues, los periodistas Lester Téllez Castro y Carlos Brizuela Yera fueron detenidos en calidad de militantes de los derechos humanos. El 27 de agosto de 2002, en su petición fiscal, el Tribunal Muncipal Popular de Ciego de Ávila solicitó para ellos seis y cinco años de cárcel, respectivamente, por "desacato", "desorden público", "resistencia a la autoridad" y "desobediencia". A sus compañeros les podrían caer condenas que van de dos años y medio a siete años de cárcel, y a las dos mujeres del grupo cuatro años de trabajo correccional sin internamiento. Su proceso debería celebrarse antes del final del año. Lester Téllez Castro (foto), de 27 años de edad, se encuentra actualmente encarcelado en la prisión Canaleta, de Ciego de Ávila, en el bloque 7. Su madre, Hidelisa Castro Campo (foto), y su cuñada, Mirley Delgado Bombino, enfermera y también periodista de APLA, pueden visitarle regularmente. Lester, que perdió la visión del ojo derecho cuando era un niño, desde hace dos meses se queja de una opacidad en el otro ojo y sufre de hipertensión arterial. "Ve todas letras rojas, explica, porque vive en una celda de aislamiento totalmente pintada de blanco, sin ninguna abertura, y permanente iluminada por una única bombilla de 40 vatios. Está muy afectado fisicamente". A petición propia, Lester Téllez Castro, vive desde julio en esta "celda de aislamiento", la única del establecimiento que, paradójicamente, dispone de un relativo confort: una tabla de madera (sin almohada) como colchón, water con agua corriente y un grifo de agua potable, abierto durante algunas horas al día. De hecho, desde que un interno, Alberto Delgado Mursuli, le aseguró que un responsable del establecimiento le había propuesto que le eliminara, a cambio de algunos favores, tiene miedo de que otros presos le asesinen. Desde el mes de mayo, Lester Téllez Castro se niega a probar la comida de la cárcel, que considera infecta, limitándose a los paquetes que, cada tres semanas, le lleva su familia. Según su madre, no disfruta de ningún cuidado médico particular. Solamente le dan, de vez en cuando, una tableta de vitamina A, para sus problemas de la vista. El periodista, y militante de los derechos humanos ha denunciado, en varias cartas, las condiciones en que se encuentran los detenidos de la cárcel Canaleta. Ha iniciado varias huelgas de hambre, para exigir mejoras. Alimentado a la fuerza, con inyecciones intravenosas de suero, a mediados de julio aceptó finalmente poner fin al último de sus intentos para, a cambio, poder recibir una visita extraordinaria de su padre, residente en Miami, que se encontraba en Cuba de paso. Lester Téllez Castro se dedica al periodismo y a la defensa de los derechos humanos, desde hace dos años y medio. Entonces salió de la cárcel, tras una condena de seis años, por robo con fuerza. En el momento en que tuvieron lugar los hechos era un adolescente frágil y estaba muy influido por dudosas amistades pero, según sus familiares y amigos, ha llevado una conducta ejemplar desde que terminó la condena. Pero esa condena figura en su ficha, lo que le valió una petición fiscal especialmente dura. Por otra parte, las autoridades cubanas no cesan de recordar ahora esos antecedentes, para desacreditar su actuación e intentar justificar su encarcelamiento, ante la comunidad internacional. Preguntadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, explicaron que Lester Téllez Castro no era más que un "simple delincuente (...), un elemento antisocial, impulsivo, irrespetuoso, provocativo en su actitud hacia las autoridades" y que, en varias ocasiones, había intentado abandonar ilegalmente el país. Actualmente, ni la madre del periodista, que vive en un suburbio de Ciego de Ávila, ni su cuñada, se quejan de molestias particulares. En cambio, la compañera de Lester Téllez Castro, Daymarelis Pérez, ha perdido su puesto de directora de programas de Radio Surco, una emisora oficial local. La joven, que ha ingresado en las filas del APLA, está viviendo una relación familiar muy tensa en la casa de sus padres, militantes comunistas. Carlos Brizuela Yera: "estoy dispuesto a seguir privado de mis derechos" Como su amigo Lester, Carlos Brizuela Yera (foto), de 30 años de edad, también tiene antecedentes judiciales. Ya había sido detenido por enarbolar, en una manifestación callejera, un cartel proclamando "Abajo Fidel". En su respuesta a Naciones Unidas, el gobierno cubano recuerda que ya cumplió una condena de cuatro años de cárcel (entre 1994 y 1998), por haber, según afirma, intentado atentar contra la vida de un policía. Así que también a él se le acusa de ser un delincuente, "disfrazado como defensor de los derechos humanos", que actúa como un "mercenario" al servicio de Estados Unidos. Carlos Brizuela Yera se encuentra encarcelado en el Provisional Provincial de Holguín (Este). Su esposa, Ana Peláez García , reside en Florida, en la provincia de Camagüey (a unos 80 km. al sudeste de Ciego de Ávila), y como él militaba en la FCDH. Tras una visita a la cárcel, el pasado 16 de octubre, disfrutó de una "visita colectiva extraordinaria" el 27 de octubre, un privilegio concedido cada mes por los guardias, de forma discrecional, a grupos de tres detenidos, por buena conducta. Al periodista le negaron la del mes siguiente por no haber tomado parte en la comida que la cárcel organiza una vez al mes, y en la que se sirve pollo. El periodista se negó a asistir por estimar que ese menú debía ser la regla, y no una excepción. Sin embargo, Ana Peláez García (foto) pudo verle a finales de noviembre, durante la visita tradicional, y debería volver a visitarle el 16 de diciembre, y después el 18 de diciembre, fecha de la visita conyugal. "Carlos está un poco flaco pero tiene moral, asegura, y tiene buena salud. Comparte una celda con cinco procesados comunes, denunciados por robos y crímenes, pero no tiene ningún problema en su relación con ellos. Sin embargo, las condiciones de higiene son deplorables, y la alimentación infecta. La visita del médico solo está prevista en casos de urgencia, no existe un seguimiento rutinario". Quiere creer que la visita extraordinaria, concedida a su marido en octubre, significa el comienzo de un relajamiento de las presiones ejercidas hasta ahora sobre él, aunque después de que ha conseguido sacar de la cárcel algunas cartas, denunciando las condiciones de vida impuestas a los detenidos, la pareja es el blanco de la hostilidad de los guardias: "Ambos tenemos que desnudarnos totalmente antes de cada encuentro, y soportar una investigación corporal a empujones. Incluso descosen los dobladillos de nuestra ropa, buscando mensajes. El reeducador no me dirige la palabra". El 29 de mayo les privaron del "pabellón conyugal" (visita íntima de tres horas, concedida una vez al mes a las parejas casadas), porque Radio Martí y la prensa de Internet habían difundido esas cartas. Ana Peláez García no trabaja. Explica que actualmente no sufre presiones en su existencia diaria, ni tampoco su hermana Jacqueline, ni la madre de Carlos, empleada como guardiana en una central azucarera. Confirma que su marido participaba en la reunión del 4 de marzo en tanto que militante de la FCDH, y no como periodista, ya que quien tenía que cumplir esa función aquel día era Lester Téllez Castro. Sin embargo, manifiesta que todas las cartas que Carlos ha sacado de la cárcel, desde que se encuentra internado, son auténticos reportajes sobre el establecimiento penitenciario. En ellas da pruebas de una moral excepcional, lo mismo que su esposa. El detenido escribía el 12 de junio: "Estoy dispuesto a seguir privado de mis derechos por denunciar las injusticias que se cometen aquí cada día. Y si es un delito hacer que el mundo las conozca, entonces aceptaré la sanción con alegría". Ana Peláez García fue arrestada el 4 de marzo, y luego estuvo detenida durante tres días en la sede de las operaciones judiciales de la Seguridad del Estado, en Ciego de Ávila, y posteriormente durante nueve días en una cárcel de Camagüey. En libertad a la espera de proceso, podría ser condenada a cuatro años de trabajo correccional sin internamiento, por "resistencia" y "desobediencia", pero el tribunal podría dictar una sanción mayor, condenándola a prisión incondicional. "En la cárcel o fuera, no hay una gran diferencia" El tercer periodista que actualmente se encuentra encarcelado en Cuba es también, a la vez, reportero y militante. Carlos Alberto Domínguez (foto) es director del Instituto del Derecho y miembro del Partido Democrático 30 de Noviembre, grupúsculos de oposición. De 46 años de edad, fue detenido en su domicilio de Arroyo Naranjo, un suburbio de La Habana, el 23 de febrero de 2002, por agentes de la Seguridad del Estado. Periodista de la agencia Cuba Verdad, frecuentemente asistía las misas que se celebran los días 11 y 24 de cada mes, en la iglesia de la parroquia de San Mariano, para conmemorar los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, y la muerte de cuatro pilotos de la asociación humanitaria cubano-norteamericana Hermanos al Rescate, dos de cuyos aparatos civiles fueron abatidos el 24 de febrero de 1996, por cazas del ejército del aire cubano. En las dos misas que precedieron a su detención, los manifestantes habían repetido slogans como "Libertad para los presos políticos" o "Vivan los derechos humanos". En vísperas de una nueva misa le detuvieron en su domicilio. En el documento enviado a Naciones Unidas, las autoridades cubanas explican que "su detención no estuvo asociada con el ejercicio de la libertad de religión o la de expresión y opinión", sino con el hecho de que actuaba "con el claro y premeditado objetivo de violentar el orden público e interrumpir el normal desarrollo de actividades de interés social". También afirman que no es periodista y que oficialmente solo dispone "de una licencia de trabajador por cuenta propia como relojero". Después de dos días de interrogatorios en Villa Marista, la sede de la Seguridad del Estado en La Habana, y de diez días de detención en una comisaría del DTI (Departamento Técnico de Investigaciones) de La Habana, Carlos Alberto Domínguez fue hospitalizado, el 8 de marzo, en el hospital militar Carlos J. Finlay de Marianao, de La Habana. Padece hipertensión arterial. Entonces, "teniendo en cuenta su estado", se le aplazaron todas las visitas. Desde el 29 de marzo se encuentra detenido en la cárcel de "máximo rigor" de Valle Grande, a sesenta kilómetros de la capital. Su militancia política ya le valió múltiples detenciones y una prohibición de abandonar el país a pesar de que es titular, lo mismo que su mujer y sus tres hijos, de un visado norteamericano, desde junio de 2000. Según su hermano Armando (foto), de 38 años de edad y también militante de los derechos humanos y ex detenido, Carlos Alberto Domínguez llevó a cabo, en septiembre, un ayuno de dos días, para protestar contra la detención de los presos políticos. El periodista y militante político vive en una barraca, que alberga a 130 detenidos aunque solo tiene capacidad para 80, con literas superpuestas en tres niveles. Los que no disponen de una tienen que dormir sobre el suelo de cemento. Hay cuatro WC "a la turca", y un único grifo, que mana durante una hora diaria. La comida es infecta: pastas y cereales fríos, sin sal, carne picada de menudillos en descomposición. La salud del detenido es mediocre, pero estable. Sufre de migrañas, hipertensión arterial y gastritis. Por su parte, el gobierno pretende que "el señor Domínguez recibe un tratamiento privilegiado, en materia de alimentación y cuidados médicos". El pasado 2 de diciembre se supo, de fuentes cercanas a la familia, que al periodista y militante político se le había trasladado al hospital Salvador Allende de la ciudad, a la sección reservada para los detenidos. Desde hacía algún tiempo sufría de violentos dolores de cabeza. Su esposa, María González, está siendo ayudada materialmente por la familia. Pero, el 25 de junio fue amenazada por unos policías, que la acusaban de haber sacado cartas de la cárcel en las que Carlos Alberto Domínguez denunciaba las condiciones de detención, particularmente severas, de Villa Grande. Su hijo, de 14 años de edad, dice que nadie le discrimina en la escuela, donde es un buen alumno. Armando Domínguez afirma que tanto su hermano, como él mismo, están decididos a continuar con su combate: "Para nosotros, no existe la cárcel. Estamos en la cárcel fuera. Fuera o dentro, no hay una gran diferencia". Bernardo Arévalo Padrón, contagiado de leptospirosis, una enfermedad de los roedores De los cuatro periodistas que actualmente se encuentran encarcelados en Cuba, Bernardo Arévalo Padrón (photo), de 37 años, es el que lleva más tiempo en prisión. Detenido el 18 de noviembre de 1997, Bernardo Arévalo Padrón fue condenado en apelación, diez días más tarde, a seis años de cárcel por haber calificado de "mentirosos" al presidente Fidel Castro, y al vicepresidente cubano Carlos Lage, en las ondas de Radio Martí (una emisora financiada por el gobierno norteamericano, que emite en la isla). El periodista acusó al Presidente de no respetar la declaración final de la Cumbre Iberoamericana (que reúne a los jefes de Estado latinoamericanos y a sus homólogos español y portugués) de 1996, en la que los firmantes se comprometieron a promover, en sus respectivos países, la democracia parlamentaria, las libertades fundamentales y los derechos humanos. A finales de 1998, tras la visita del Papa, a Bernardo le redujeron la condena "por buena conducta" en un mes, de los que se pueden conceder, por ese motivo y por cada año de detención, a todos los detenidos. Pero, después, la administración penitenciaria no le ha concedido la puesta en libertad anticipada, ni ninguna nueva reducción de condena, "por su falta de cooperación en el programa de reeducación". Por tanto, Bernardo no saldrá en libertad hasta el 17 de octubre de 2003. Por otra parte, antes de ser detenido, el periodista escribió, para la agencia Línea Sur Press, de la que es fundador, un artículo revelando la supuesta participación de algunos militares en una matanza clandestina de ganado, en la región de Aguada de Pasajeros (provincia de Santa Clara, Centro), donde reside. Según sus colegas periodistas, quizá esta información sea la verdadera causa de sus problemas judiciales. La matanza clandestina es un delito que puede ser castigado hasta con diez años de cárcel. A la edad de 23 años, Bernardo Arévalo Padrón se enroló como policía de la Seguridad del Estado, con la misión de vigilar a quienes militaban en favor de los derechos humanos. Pero, a mediados de los años 90, tras la muerte de su hermano que, según él, falleció por falta de la atención médica necesaria, juró sobre su tumba que ahora iba a luchar contra el comunismo y se unió a uno de los movimientos que estaba encargado de denunciar. Entonces trabajó como operador ferroviario en los ferrocarriles. Hoy, Bernardo se encuentra encerrado en la cárcel de Ariza (Centro), bloque 2, celda 25. Sus amigos temen que su salud mental se haya degradado, a juzgar por sus escritos. "Ha cambiado mucho y sus amistades tendrán dificultades para reconocerle cuando salga", confía una persona cercana. En efecto, sus relaciones con los demás detenidos son muy difíciles. Algunos le hacen la vida imposible para conseguir pequeños privilegios de la administración penitenciaria. Con la esperanza de una remisión de condena, recientemente algunos presos comunes le robaron efectos personales y cartas, para entregárselos a la policía. Igualmente, los guardias empujan a los demás detenidos a acosar al "contrarrevolucionario", argumentando que perjudica a la buena reputación del establecimiento, y a su calificación colectiva. Bernardo podría estar disfrutando, desde octubre de 2000, de una libertad anticipada, por haber cumplido la mitad de la condena. Sin embargo, en 2002 el periodista se negó a plantear una nueva petición, porque ya no cree en ella y no quiere sufrir más desilusiones. Sin embargo, según su esposa, Libertad Acosta Díaz, la administración penitencia presenta la demanda automáticamente cada seis meses, conforme al reglamento. Aunque, en este gesto no ve más que un simple medio de presión psicológica. ¿Una chispa de esperanza? Por primera vez desde su detención, el 18 de octubre pasado Bernardo pudo hablar por teléfono con su mujer en su lugar de trabajo, a las 10h30 de la mañana, utilizando una tarjeta telefónica de veinte minutos, que había cambiado por cigarrillos. El coordinador le dio autorización (indispensable para acceder a la cabina), lo que Libertad interpreta como un signo de esperanza. Preguntó por su madre y sus suegros. Libertad puede visitar a su marido cada tres semanas. "Llegamos a las 8 de la mañana. Aguardamos hasta las 8h30 en un refectorio, en espera de que finalice el meticuloso registro de los paquetes. Un militar conduce entonces a los visitantes a la sala del locutorio, una especie de refectorio que en medio tiene una larga mesa y bancos de cemento. Los detenidos aparecen a las 9 horas, por una puerta de acero. El techo tiene agujeros, hay que encontrar un lugar al abrigo de las infiltraciones de la lluvia. Las personas se agrupan por familias, hay mucho ruido, casi hay que gritar para hablar". El periodista tiene un hijo de diez años de otra unión, que vive en Camagüey y que también le visita dos veces al año. Los paquetes que le lleva Libertad se componen de alimentos que pueden conservarse: queso, azúcar, bebidas en polvo, pan. Y muchos cigarrillos: "Bernardo no fuma, pero son una moneda de cambio". Las visitas matrimoniales se han aplazado, a partir del 16 de julio de 2002, por un tiempo indeterminado, a causa de las obras en el local. Además del derecho a la visita normal, la esposa tiene ese derecho una vez al mes. Tiene que pasar por un registro corporal muy minucioso, que lleva a cabo una mujer militar que después la introduce en el "pabellón conyugal", y cierra la puerta desde el exterior. Luego llega el detenido, a su vez. La visita dura tres horas. La guardiana golpea la puerta, una vez, para avisar, un cuarto de hora antes del final. Como mobiliario disponen de una cama, una mesa y una silla, y un lavabo con un cubo como depósito, porque solo hay agua durante una hora al día. Su estado de salud se ha visto gravemente afectado por las penosas condiciones de su detención. "Bernardo sufre migrañas e hipertensión arterial", afirma su esposa, Libertad Acosta Díaz. A principios de diciembre de 2002 se vio atacado por unas fiebres violentas, que le hacían temblar y delirar. Le diagnosticaron una leptospirosis. Se trata de una enfermedad infecciosa provocada por una bacteria que es parásita de muchos animales, y en particular de los roedores. Normalmente el contagio se produce por vía cutánea, o por contacto con el agua contaminada. Al periodista le administraron antibióticos. Sin embargo, Libertad está preocupada. El tratamiento con antibióticos solo es eficaz si se administra de manera precoz. Y en el 5% de los casos, la enfermedad puede llegar a ser mortal. Libertad es ingeniero de transporte marítimo y trabajó durante nueve años en el puerto de Cienfuegos. Fue despedida en 1992, en el momento más duro del "período especial" (un período de restricciones, provocadas por la desaparición del gran hermano soviético), con el pretexto de que estaba domiciliada en Aguada de Pasajeros, y que no se le podía garantizar el transporte. Se le asignaron un estatuto y un salario inferiores, como agente de estadísticas en la compañía de autobuses de Aguada de Pasajeros. Piensa que, en realidad, fue sancionada por ser católica practicante. Solo trabaja cuando funcionan los autobuses. Pero, por falta de gasolina, a veces la compañía se paraliza durante más de un mes. Y entonces no recibe ningún salario. O, en ocasiones, la mandan a su domicilio cuando el trabajo no es urgente, y entonces solo cobra el 65% de su salario mensual de 140 pesos (7 euros). Su tarea consiste en contabilizar el número de pasajeros. La represión cotidiana: un acoso constante Desde la emergencia de la prensa independiente, a comienzos de los años 90, las autoridades cubanas siempre han emparejado los encarcelamientos de larga duración con una política de acoso constante a los periodistas independientes, para que no tengan otra elección que la cárcel, el silencio o el exilio. Incluso aunque ahora se haya atenuado el acoso, y ninguno de ellos ha sido encarcelado desde el 4 de marzo pasado, continúan las maniobras de intimidación, las presiones y las amenazas, especialmente en las provincias. Criticó al gobierno en voz alta, en su casa... El arsenal de las molestias comienza con una vigilancia puntillosa de los interesados. Los periodistas, espiados por los confidentes de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR, organizaciones oficiales de barrio), insultados en público, controlados por la policía, frecuentemente amenazados con represalias, padecen presiones casi diarias, que intentan aislarles en el seno de la sociedad cubana. Y así, el pasado 12 de junio, Marvín Hernández Monsón, corresponsal de la agencia Cuba Press en Palmira (Cienfuegos), fue el blanco de una sesión pública de insultos de sus vecinos ("acto de repudio"), convocados por el CDR situado enfrente de su casa.La lluvia interrumpió la manifestación. La periodista dice que un confidente la espía frecuentemente, apostado en la calle,y que lainsulta regularmente. Jesús Alvárez Castillo también se queja de estar constantemente observado y difamado.Cuenta que un policíale dijo a su compañera que él era homosexual. Otro le dijo a un amigo canadiense que trabajaba para la CIA, mientras que a un vecino le encargaron que escribiera a la Sección de Intereses Norteamericanos de La Habana, diciendo que era un informador de la Seguridad del Estado, infiltrado en la oposición. "Esos chismes me crean un vacío alrededor, se lamenta. He renunciado a cualquier relación sentimental para no comprometer a nadie, y para no darles los medios para presionarme", explica. En cuanto a Mario Enrique Mayo, director de la agencia Félix Varela de Camagüey, la policía le citó el pasado 2 de octubre después de que una vecina contara al CDR que en su casa, y en voz alta, pronunció palabras de crítica al gobierno. Por otra parte, los periodistas independientes padecen repetidas detenciones o regularmente son citados por la policía. En total, en 2001 se contabilizaron 29 detenciones, y ya van cerca de cuarenta desde el 1 de enero de 2002. Aunque no terminen en encarcelamientos, esas estancias de corta duración en las comisarías de la policía sirven para mantener la presión psicológica. Y así, Mario Enrique Mayo fue detenido el 28 de septiembre, por unos agentes de la Seguridad del Estado que le interrogaron durante seis horas, amenazando con encarcelarle, acerca de una información que publicó sobre uno de ellos. En tres ocasiones en lo que va de año, a Pablo Pacheco, de la agencia Cooperativa Avileña de Periodistas Independientes (CAPI, Ciego de Ávila), le detuvieron durante varias horas por el supuesto delito de "asociación ilícita". Las detenciones sirven también para impedir que los periodistas hagan su trabajo. El 17 de enero de 2002, Omar Rodríguez Saludes, de la agencia Nueva Prensa Cubana, fue detenido en La Habana cuando se disponía a cubrir una reunión entre algunos disidentes y un oficial español. Por su parte, Isabel Rey Rodríguez, corresponsal de Cuba Press en Villa Clara (Centro-Oeste), fue citada por la policía el 30 de septiembre. Durante el interrogatorio le amenazaron con una multa de 600 pesos (30 euros), por "violación del secreto de instrucción". En un artículo, recogió una acusación de "corrupción" presentada contra un oficial militar retirado... por las instancias locales del Partido Comunista. "Buenos consejos" y presiones sobre las personas cercanas Parece que se está propagando una variante de la detención: la visita al domicilio. Algunos policías van a casa de los periodistas independientes y, en un registro que va del interrogatorio informal a la "conversación cortés", les amenazan con denuncias penales por sus actividades, o les prodigan "amistosamente" buenos consejos que deben seguir "por su propio interés". Este género de contactos pretende alimentar la sospecha de que existe un compromiso entre los periodistas objeto de tanta solicitud y la policía. Raúl Rivero, fundador y director de la agencia Cuba Press, recibe frecuentemente estas visitas, generalmente en su versión cortés. Se le recomienda, por ejemplo, que no exponga a tal o cual periodista de su agencia, para "evitarle problemas" en el contexto del momento. En Ciego de Ávila, Pedro Argüelles Morán, de la agencia CAPI, recibe la visita frecuente de dos oficiales de la policía, que van a "conversar" sobre la situación en la ciudad y se declaran interesados en conocer su punto de vista. Con alusiones, le previenen sobre el riesgo que corre asegurando que no se trata, en absoluto, de "amenazas". Frecuentemente, a los periodistas independientes les ponen multas, o intentan cargarles con acusaciones que pueden desembocar en graves condenas. Pedro Argüelles Morán (foto) esta acusado, desde hace cinco años, de "desacato". Se le imputa haber intentado sacar informaciones sobre violaciones de los derechos humanos en el establecimiento en que entonces se encontraba detenido por su actividad como opositor. Nunca se ha celebrado el proceso, pero al periodista podrían condenarle a dos años de cárcel "de un día para otro", como le ocurrió a su colega Jesús Joel Díaz Hernández, que fue detenido el 18 de enero de 1999 y condenado, al día siguiente, a cuatro años de cárcel por "peligrosidad social". Finalmente quedó en libertad dos años más tarde, sin explicaciones. Las personas cercanas y las familias de los periodistas independientes no escapan a las molestias de todo tipo, tanto en su vida privada como profesional, como lo demuestra el caso de la esposa de Víctor Rolando Arroyo, corresponsal de la agencia Unión de Periodistas y Escritores de Cuba Independientes (UPECI), en Pinar del Río (a 150 kilómetros al sudoeste de La Habana). Perdió su empleo de profesora en la ciudad y fue destinada, como maestra, a un pueblo de difícil acceso y con el salario reducido en dos tercios. En 2001, al hijo de Pablo Pacheco no le aceptaron en la guardería "por falta de sitio", a pesar de que era prioritario en la lista porque la mujer del periodista es médico. La prohibición de organizarse Los periodistas independientes intentan organizarse, a pesar de la represión. Tarea difícil. Desde 1995, sus agencias caen sistemáticamente en la ilegalidad porque las autoridades se niegan a reconocerlas, a pesar de las demandas presentadas en el Ministerio del Interior. En lugar de responder con una negativa, las autoridades prefieren dejar sus peticiones sin respuesta. Lo que les permite pretender, en la carta dirigida a Naciones Unidas, que las agencias para las que trabajan los periodistas encarcelados "no existen" o "no aparecen registradas ante las autoridades competentes". Desde hace dieciocho meses, la prensa independiente cubana, constituida por un centenar de miembros agrupados en una veintena de pequeñas agencias, intenta federarse. Actualmente existen tres organizaciones de periodistas independientes: la Federación de Periodistas Cubanos (FEPEC), la Federación de Periodistas Asociados (FPA) y la Sociedad Manuel Márquez Sterling. Esta última es sin duda la más dinámica, a juzgar por la represión de que es víctima. Entre sus actividades está el intento de denunciar la represión de que es objeto el conjunto de periodistas independientes. Sus comunicados, ignorados por la prensa oficial, los reproducen las oficinas de las agencias internacionales, presentes en La Habana. La organización intenta promover la profesionalización de los periodistas independientes. En primer lugar, porque la mayoría de ellos no tienen ninguna formación periodística; después, porque el gobierno utiliza esa falta de formación para desacreditar su trabajo. Pero ese mismo gobierno es el que ahora reprime los intentos de formación. Ultimo ejemplo en el tiempo: el 21 de marzo de 2002, unos agentes de la Seguridad del Estado interceptaron a tres periodistas que acudían a unos cursos de periodismo que se impartían en el domicilio de Ricardo González (foto), presidente de la asociación, en La Habana. Otros dos periodistas que se encontraban en su casa fueron interceptados al salir. Un sexto fue interrogado por la policía, por la noche, sobre sus actividades en la asociación. En octubre de 2001, una operación de policía similar impidió la celebración de las clases. Ricardo González recuerda que, sin embargo, ningún artículo del código penal impide enseñar libremente en Cuba. Para salir, el chantaje En el capítulo del acoso hay que mencionar también la "política del visado". Desde 1995, forzados al máximo por este acoso constante, un total de cincuenta y seis periodistas independientes emprendieron el camino del exilio. Y cerca de una decena más son actualmente candidatos a marcharse. Pero, para abandonar el país, cualquier ciudadano cubano tiene que conseguir previamente el visado del país de destino y luego, en el departamento de inmigración del Ministerio del Interior cubano, una autorización de salida (la "carta blanca"), así como una autorización de regreso al territorio cubano, en el caso de que el interesado quiera volver al final de su viaje. El primer obstáculo es el coste. El del pasaporte cubano y el de esas autorizaciones se eleva a varios cientos de dólares, sin contar el coste del visado del país de acogida. Por otra parte, la obtención de las autorizaciones de salida y regreso está sometida a la arbitrariedad de las autoridades. El gobierno hace uso de este procedimiento para jugar "al ratón y al gato" con los periodistas independientes que quieren o bien emigrar definitivamente, o bien viajar al extranjero. Y así es como, tras haber conseguido un visado de emigración de Estados Unidos, se les niega la autorización para salir del territorio. Generalmente, los interesados terminan por conseguir la autorización, pero la espera impuesta equivale a un acoso psicológico. Cuando no es éste el caso, el postulante pierde casi automáticamente su empleo en el momento que es titular de un visado de emigración. Le pueden quitar la vivienda, y vive en una situación de no derecho, en la que cualquier actividad legal le está prácticamente prohibida. Sobre todo se le desestabiliza en relación con su entorno, al transformarse en "persona non grata" en su medio social. Incluso sus amigos sienten la tentación de desconfiar, haciéndole inevitablemente sospechoso de poder sucumbir a un chantaje de las autoridades, para conseguir la autorización que desea. Varios periodistas se encuentran actualmente en esta situación. Es el caso, entre otros, de Milagros Beatón Betancourt, de la Agencia de Prensa Libre Oriental (APLO), José Luis García Paneque de la agencia Libertad, Jorge Dante Abad Herrera, de APLO, y Jorge Oliveira Castillo y Dorka de Céspedes, director y reportero respectivamente de la agencia Habana Press. En cambio, parece que es inminente la partida de Manuel Vázquez Portal, de la agencia Grupo de Trabajo Decoro. Después de dos años de espera, acaba de conseguir una autorización para salir del territorio. Normando Hernández González, director de la agencia Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey (CPIC), está en la misma situación. En cuanto a Edel José García Díaz, de la agencia Centro Norte Press (CNP), le han prometido la autorización para enero de 2003. Como variante de este acoso, a otros reporteros que simplemente quieren viajar, se les autoriza a salir del país pero se les niega la autorización para regresar, imprimiendo en su pasaporte la siguiente mención: "permiso en calidad de salida definitiva, por un término de definitivo". Abandonar el país en esas condiciones equivale, por tanto a condenarse al exilio. Raúl Rivero (foto) está acostumbrado a esta sutil invitación a marcharse definitivamente, que le han propuesto cada vez que ha sido invitado a recibir en el extranjero alguno de los numerosos premios que ha conseguido, como recompensa por su obra literaria o por su actividad de periodista independiente. El pasado 28 de octubre, las autoridades volvieron a negarle un visado para viajar a México, donde estaba invitado por una revista literaria para presentar su último libro de poesía. La "línea roja" A pesar de estas maniobras intimidatorias, los periodistas independientes piensan que actualmente disfrutan de una relativa tolerancia para sus actividades. Destacan especialmente que, hasta el día de hoy, no se ha aplicado nunca la ley 88, llamada "ley mordaza", aprobada en marzo de 1999, y que establece hasta veinte años de cárcel para los periodistas cuyas actividades hagan el juego a los Estados Unidos. Por otra parte, y garantizando su absoluta solidaridad con los cuatro colegas encarcelados, manifiestan que los tres últimos detenidos de este año lo han sido por su militancia cívica o política, y no directamente por su trabajo de periodistas. Atribuyen esta tolerancia a cuatro factores. El primero se refiere al hecho de que los periodistas independientes no consiguen transgredir la prohibición de editar publicaciones, o de difundir emisiones audiovisuales en el territorio nacional. Privados de cualquier medio de edición o de difusión allí, de hecho se ven impotentes para eludir el monopolio informativo impuesto por el gobierno, que controla los medios de comunicación oficiales y domina totalmente la comunicación pública en el interior del país. Los periodistas independientes están convencidos de que franquear esa "línea roja" de la información interna les expondría a las peores represalias, y en especial a la aplicación de la ley 88. Después estiman que la solidaridad de las organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa, que sistemáticamente hacen público, en el panorama internacional, cualquier atentado contra sus actividades, les protege de las represalias: el gobierno evita ennegrecer su "balance", por consideraciones de política exterior. En efecto, el régimen comunista se encuentra en un particular contexto diplomático y económico. Los periodistas citan, entre otros, los intentos de seducción de Fidel Castro, dirigidos a Estados Unidos para consolidar los intercambios comerciales, tras la reciente autorización concedida a Cuba para comprar productos agro-alimentarios en aquel país. Por ejemplo, el presidente cubano está evitando debilitar, mediante represalias demasiado ostentosas, la posición de Jimmy Carter, que recientemente pidió que se levante el embargo económico norteamericano. Los periodistas citan también la feria comercial norteamericana, que se celebró en La Habana en el pasado septiembre; o la Conferencia Internacional sobre la crisis de los misiles, organizada en octubre en La Habana. Por otra parte, a principios de diciembre, Fidel Castro anunció que su país iba a solicitar entrar a formar parte de los acuerdos de Cotonu, que permiten a 77 países de Africa, Caribe y Pacífico (Grupo ACP) disfrutar de una ayuda económica, y de un régimen de preferencia comercial de la Unión Europea. Finalmente, mencionan el desarrollo de los medios de telecomunicaciones, que las autoridades no consiguen controlar al 100%. A pesar de su coste, el teléfono nacional e internacional es cada vez más accesible. Es muy difícil, pero no imposible, navegar por Internet con conexiones clandestinas. Piensan que es ineluctable que se introduzcan, cada vez más ampliamente, los portales de la web y del correo electrónico. La actividad de los periodistas independientes se desarrolla en Cuba en este estrecho margen de relativa tolerancia. En el extranjero, su producción, cada vez más profesional y más creíble se ha convertido, para los medios de comunicación internacionales, en una fuente ineludible de informaciones sobre la realidad cubana. En la propia isla, los periodistas independientes ocupan una franja cada vez más sólida en el bosquejo de una sociedad civil, que escapa a la empresa totalitaria del régimen. Participan, a ese título, en las primicias indispensables para la transición pacífica hacia una sociedad democrática y liberal. Conclusiones y recomendaciones En la primavera de 1999, un año después de la visita del Papa a La Habana y la relativa calma que le siguió, el régimen se endureció contra la oposición y la prensa independiente, provocando que 32 periodistas independientes se fueran al exilio, en 1999 y 2000. Dos años más tarde, el "endurecimiento" se ha convertido en "represión de baja intensidad" y, según piensan los propios periodistas independientes, hoy disfrutan de un margen de tolerancia para sus actividades. Una tolerancia que, sin embargo, es muy relativa. En primer lugar, porque a tres de ellos los han detenido este año. Incluso aunque estén encarcelados sobre todo por actos de militancia política o de defensa de los derechos humanos, los tres eran conocidos por las autoridades también por sus actividades periodísticas, que ya les habían llevado a ser detenidos o citados por la policía. Por otra parte, desde la cárcel continúan ejerciendo su derecho a informar. Después, porque continua el acoso cotidiano contra la prensa independiente, para recordar a los periodistas que en cualquier momento pueden ser detenidos, y condenados a una grave pena de cárcel. Finalmente, parece sobre todo que el régimen ha logrado conservar su monopolio sobre la información que llega a los cubanos, un verdadero santuario. En realidad, no existe tolerancia. La política de represión ha cumplido sus objetivos: mantener a los periodistas independientes a este lado de la "línea roja", que representa la difusión a la población de informaciones no controladas por el Estado. En una entrevista concedida en 1997, Raúl Rivero afirmaba que estaba dispuesto a abandonar todas sus actividades en la prensa independiente a cambio de cinco minutos de antena en los canales públicos de televisión. Eso es precisamente lo que no quieren las autoridades. En ese contexto, el conjunto de la prensa oficial no publica mas que artículos o reportajes de propaganda, elegidos, revisados y corregidos en función de los intereses ideológicos del régimen. El Departamento de Orientación Revolucionaria, que depende directamente del Comité Central del Partido Comunista, es el artífice de esta censura. Y el código "ético" de los periodistas oficiales establece claramente que "con su trabajo, (el periodista) contribuye a promover el perfeccionamiento constante de nuestra sociedad comunista". De hecho, la prensa oficial no difunde prácticamente ninguna información sobre el proyecto Varela. Por el contrario, esa iniciativa de la oposición para que los cubanos puedan pronunciarse sobre una revisión de su Constitución en un sentido más democrático, llevó al gobierno a organizar un amplio referendum que ha consagrado el carácter "irrevocable" de la Constitución. El proyecto incluía, entre otras cosas, el reconocimiento de la libertad de expresión. Reporteros Sin Fronteras pide: A las autoridades de La Habana: - El reconocimiento de la libertad de prensa y de palabra sin restricciones, así como la legalización de las agencias de prensa, por el Ministerio de Justicia. - La liberación de los cuatro periodistas encarcelados, la desestimación de las denuncias contra los periodistas y que se ponga término a las detenciones. - La abrogación de los artículos de la ley 88 que atentan contra las libertades. La organización recuerda que, en un documento del 18 de enero de 2000, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, afirmó que "la pena de prisión por la expresión pacífica de una opinión vulnera gravemente los derechos humanos". - El fin del acoso y los intentos de intimidación de los periodistas independientes. - El sometimiento a referendum del proyecto Varela - La firma y la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 19 garantiza la libertad de prensa. A los países miembros de la Unión Europea: - Que la adhesión de Cuba a los acuerdos de Cotonu esté sometida a la abolición del monopolio estatal sobre la información, la legislación de las agencias de prensa, la liberación de los cuatro periodistas que actualmente se encuentran encarcelados y la firma y la ratificación del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Reporteros Sin Fronteras subraya que las violaciones masivas de los derechos humanos en Cuba supondría inmediatamente sanciones para el país, en virtud del artículo 96 de los acuerdos de Cotonu. - Que se proporcione un apoyo concreto efectivo a las agencias independientes de prensa. A las autoridades de Washington: - Que levanten el embargo impuesto a Cuba desde hace más de cuarenta años. En el plano de la defensa de los derechos humanos, esta medida resulta contraproducente porque sirve de pretexto a las autoridades cubanas para reprimir cualquier oposición, y burlar las libertades fundamentales. Al despertar simpatía en el seno de la comunidad internacional, su carácter unilateral da legitimidad a un régimen, en el que las violaciones de los derechos humanos forman parte de una política deliberada. Reporteros Sin Fronteras recomienda igualmente a la prensa de los países democráticos: - Que colabore con los periodistas independientes, entre otras cosas publicando sus crónicas y artículos. Esa colaboración, aparte de una ayuda económica, significaría un reconocimiento de su trabajo y permitiría romper el aislamiento en que se encuentran confinados.