La delación al servicio de la revolución

Por Gladis Núñez El gobierno cubano pretende hacer revivir los hoy casi moribundos Comités de Defensa de la Revolución cuya presencia activa hasta mediados de los ochenta garantizó la supervivencia del régimen. La explosión de dos bombas colocadas por "personas desafectas a la Revolución" en el acto masivo organizado para recibir a Fidel Castro a su regreso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 28 de septiembre de 1960, fue pretexto para que Castro anunciara la creación de un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria basado en Comités de Defensa de la Revolución (CDR), que se convirtieron muy pronto en uno de los principales puntales del régimen. En la práctica cada comité tenía a su cargo la vigilancia de un área de una a dos cuadras de extensión (cien a doscientos metros) con la obligación de informar a la policía de todo movimiento sospechoso en su sector y de llevar un control estricto de los residentes de cada vivienda, dejando constancia de ello en un libro llamado "Registro de Direcciones y Viviendas". Desde el inicio se estableció un sistema de guardias que las mujeres cumplían de once de la noche a una de la madrugada y los hombres en dos turnos de una a tres y de tres a cinco de la madrugada. La gente aceptaba los cargos de dirección en los comités por temor al que dirán y no por convicción. Este sistema de vigilancia acarreó engorrosos procedimientos burocráticos. Así, por ejemplo, si una persona llegaba de visita a casa de un familiar o amigo desde otra provincia debía traer consigo un permiso especial (Modelo R.D.*5), de lo contrario el propietario de la vivienda era multado y el visitante debía regresar a su lugar de origen. Pero la consecuencia más grave fue el clima de temor y delación que instauró. Bastaba que una persona hiciera la más mínima crítica o comentario sobre el régimen para que se la considerara sospechosa y quedara privada de toda recomendación o apoyo para trabajar o seguir estudios universitarios. Si alguien aspiraba a un trabajo que requería cierta "confiabilidad" revolucionaria, deseaba estudiar en una escuela con el mismo requerimiento o simplemente tenía un problema judicial, su destino dependía de los informes que se establecieran sobre su conducta al cabo de una investigación secreta realizada con la participación del presidente del CDR y del encargado de la vigilancia del sector en que residía. Para atraer a la población, en particular a los menores, se organizaban actividades recreativas, como por ejemplo los "Planes de la Calle" (se cerraba una cuadra al tráfico y se proponían juegos y golosinas a los niños). Al cumplir 14 años, los niños recibían una especie de "Bautizo Revolucionario" (que reemplazaba el bautizo religioso, pues el "Verdadero Revolucionario" no podía tener creencia religiosa alguna) y se convertían en miembros de los CDR, pagando como todos una cuota mensual de $0,50. Se crearon también dentro de los comités círculos de estudio político donde se adoctrinaba a los miembros y se analizaban los discursos o declaraciones del Presidente Fidel Castro. Al finalizar las reuniones, los miembros se comprometían a cumplir con las orientaciones o las demandas del gobierno. En 1980 cuando se produjo un éxodo masivo hacia Estados Unidos por el puerto del Mariel, las actividades de los CDR tomaron un cariz más agresivo. Se organizaron actos de repudio público contra aquellos que manifestaban su deseo de partir del país. Esas personas eran víctimas de agresiones físicas (se las apedreaba con lo que se tuviera más a mano) o de ofensas verbales, y sus viviendas se convertían en blanco de pedradas o de pintadas con injurias obscenas. Es necesario dejar constancia de que todos los actos organizados por los CDR, como por todas las demás organizaciones, han respondido siempre a directivas del gobierno, y de que aquellos que se negaban a participar en esos actos de repudio eran excluidos del CDR y de toda otra organización política en la que militaran, así como de los centros de trabajo y de estudio. Pero esas mismas circunstancias hicieron que la gente se fuera apartando de los comités. El éxodo del Mariel marcó de hecho el inicio de la decadencia de los CDR. En 1985 sólo se seguía cobrando a los miembros la cuota de $0,50, pero ya nadie hacía guardia ni cumplía actividad alguna. Sin embargo, en 1999, a raíz del caso del niño Elián González, el gobierno comenzó a recurrir, entre otras organizaciones, a los CDR para organizar las movilizaciones de las llamadas "Tribunas abiertas de la juventud y los estudiantes". En el Congreso de los CDR de septiembre pasado se hizo un llamamiento a fin de hacer revivir todas las actividades y funciones de los comités. Aunque en la actualidad nadie quiere aceptar cargos de dirección y quienes se pliegan a ello lo hacen obligados por las circunstancias, porque no quieren perder su trabajo o por el temor a comprometer el futuro de sus hijos, el sistema de vigilancia y delación de los CDR que dejó como secuelas el odio y la desunión vuelve a erigirse como una amenaza contra el pueblo cubano.