La cobertura de las manifestaciones bajo tensión

En un clima de descontento general por los desequilibrios económicos y los problemas de inseguridad, en el mes de febrero de 2014 estallaron múltiples movimientos de protesta en Venezuela. Manifestantes y organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian, entre otras cosas, el control que ejerce el gobierno sobre los medios de comunicación. Las tensiones políticas también tienen repercusiones en la seguridad de los actores de la información, como lo demuestra la agresión que sufrió la corresponsal del diario digital peruano El Comercio, Karen Méndez, quien fue atacada a balazos cuando cubría las manifestaciones. María Iginia Silva, que realizaba un reportaje sobre este tema para Globovisión, fue agredida a pedradas por un grupo de manifestantes. Los periodistas que trabajan para los medios de comunicación públicos no está exentos de ataques: Jilfredo Alejandro Barradas, camarógrafo de la Oficina de Comunicación e Información del Gobierno del Estado fue herido de bala cuando cubría las manifestaciones en motocicleta. Un grupo violento ataquó la sede de VTV con bomba molotov y otros explosivos. Rafael Hernández, de la revista Exceso, y el bloguero Ángel Matute, fueron detenidos cuando cubrían los acontecimientos del 12 de febrero de 2014. Estuvieron detenidos tres días; fueron puestos en libertad por orden de un juez el 15 de febrero, pero se les prohibió cubrir las manifestaciones. Frente a la magnitud que han adquirido las manifestaciones, las autoridades tomaron medidas de censura. El director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) señaló en un comunicado con fecha del 11 de febrero que “la cobertura mediática que están recibiendo los hechos de violencia” podría ser sancionada por violación a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios de Comunicación Electrónicos (Resortemec), que prohíbe la difusión de mensajes que hagan apología de la violencia o el odio. Esta amenaza se hizo efectiva al día siguiente, cuando las manifestaciones cayeron en la violencia. Las protestas dejaron como saldo tres muertos y numerosos heridos por ataques con arma de fuego; hubo víctimas en ambos bandos: manifestantes y policías. Mientras tanto, el canal de noticias colombiano NTN24 fue sacado del aire para evitar su difusión entre los telespectadores venezolanos. NTN24 transmitía las reivindicaciones de la oposición. Incluso las redes sociales, que por lo general resisten la censura, se ven afectadas. La empresa nacional de telecomunicaciones Cantv bloqueó el servicio de albergue de imágenes de Twitter, como lo confirmó el portavoz de la empresa, Nu Wexler. Éste propuso a los usuarios una alternativa, seguir recibiendo información a través de mensajes de texto: “Para los usuarios bloqueados en Venezuela: siga recibiendo notificaciones vía SMS de cualquier cuenta de Twitter. Envíe SEGUIR (usuario) a 89338”. “Reporteros sin Fronteras condena estos actos de censura arbitraria efectuados fuera de todo proceso administrativo o jurídico. Estos son aún más preocupantes puesto que se inscriben en un contexto de acoso a los actores de la información locales e internacionales por parte del gobierno venezolano. Unimos nuestra voz a la de las organizaciones locales de defensa de la libertad de expresión para recordar que el control de la información no hará sino emponzoñar la situación actual y atizar la extrema polarización mediática que sufre actualmente el país”, señaló Christophe Deloire, Secretario General de Reporteros sin Fronteras. “También estamos muy preocupados por la amenaza que puede representar la asfixia económica de los diarios para el pluralismo de la información” agregó. Además de ser acusados por el gobierno de hacer “propaganda de guerra”, los medios de comunicación venezolanos también se ven amenazados por un factor estructural: la carestía de productos básicos, que llega hasta el papel empleado para imprimir los periódicos. La escasez de papel ha obligado a numerosos periódicos a reducir su número de ejemplares e, incluso, a suspender su tiraje hasta nueva orden. La lista de periódicos que restringen su tiraje crece cotidianamente; más de veinte redacciones se encuentran en peligro. Colmo de la ironía, los medios de comunicación son reprimidos sistemáticamente por las autoridades cuando mencionan las penurias. En el marco de las políticas proteccionistas adoptadas bajo la presidencia de Hugo Chávez, y dado que Venezuela no es productor de papel, los medios de comunicación necesitan adquirir dólares para poder comprar la materia prima indispensable para su actividad. El proceso habitual para obtener el papel que se requiere para la impresión de periódicos se ha vuelto progresivamente más complejo, con la obligación de recurrir sistemáticamente al gobierno para adquirir divisas extranjeras. Así, las autoridades tienen derecho a controlar directamente el volumen de impresión y de difusión de los periódicos. El gobierno venezolano utiliza otra vez la teoría del complot para refutar las acusaciones en su contra. El diputado Julio Chávez, miembro de la comisión de Medios de la Asamblea Nacional de Venezuela, incluso llegó a afirmar que eran los mismos medios de comunicación quienes bloqueaban deliberadamente el stock de papel para presionar al gobierno. Según las autoridades, en el año 2013 se registró un aumento de más de 30% en la importación de papel periódico; esto, mientras que los medios de comunicación locales continúan reduciendo su circulación cada día un poco más. Múltiples factores hacen de Venezuela uno de los países del continente americano en los que la situación de la libertad de información es más preocupante: el uso abusivo de cadenas, la creación de un organismo de inteligencia que pone en riesgo el libre acceso a la información, acoso a los medios de comunicación y a los periodistas… Tantas razones que explican que Venezuela se encuentre en el lugar 116, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2014. Fotos: Mariana Vincenti