Hong Kong: con la nueva Ley de Seguridad Nacional, ningún periodista del mundo podrá escapar de la venganza china

El régimen de Pekín aprobó la ley de seguridad nacional el 30 de junio, desafiando sus compromisos internacionales, que hace que las "actividades terroristas", la "secesión", la "subversión" y la "confabulación con una potencia extranjera" vinculada a Hong Kong puedan ser castigadas con cadena perpetua o incluso con la pena de muerte si los casos se juzgan en China. La ley podría ser invocada contra los periodistas en cualquier parte del mundo. La gran mayoría de los 114 periodistas y activistas de la libertad de prensa actualmente detenidos en China han sido arrestados o condenados por delitos similares.
 
"Esta ridícula reglamentación, que abre la puerta a toda arbitrariedad, no sólo da al régimen de Pekín los medios para acosar y castigar con apariencia de legalidad a los periodistas que le desagradan en Hong Kong, sino también para intimidar a los comentaristas en el extranjero, amenazándolos con la cárcel”, denuncia Cédric Alviani, jefe de la oficina de Asia Oriental de Reporteros Sin Fronteras (RSF), quien ha pedido a las democracias que "presionen a China para evitar que sofoque la libertad de prensa en Hong Kong e impida que establezca el 'nuevo orden mundial de los medios de comunicación' al que aspira”.
 
La nueva ley es tan ambigua y confusa en su versión original china como en su traducción al inglés. Ha entrado en vigor nada más promulgarse y parece aplicarse a cualquier periodista que informe sobre Hong Kong, sea o no residente en el territorio (artículo 38). Establece una pena máxima de cadena perpetua en el caso normal de un juicio en Hong Kong pero, aunque nunca utiliza la palabra "extradición", se reserva la posibilidad de un juicio en la República Popular China (artículo 55), donde los delitos contra la seguridad nacional se castigan con la pena de muerte. La ley también prevé que ciertos juicios se celebren a puerta cerrada, sin público ni medios de comunicación (artículo 41).
 
En virtud de esta ley llena de trampas, los productores del satírico programa de televisión Headliner, que recientemente fue retirado de la red estatal RTHK después de burlarse de la policía, se arriesgaron a ser acusados de "subversión". Victor Mallet, editor para Asia del Financial Times, que fue expulsado de Hong Kong en 2018 tras moderar un debate del Club de Corresponsales Extranjeros en el que se le dio la palabra a un activista independentista, podría haber sido acusado de promover la "secesión". En cuanto a los periodistas Ma Kai-chung y Wong Ka-ho, que están siendo procesados por "participar en un motín" después de cubrir la ocupación de los locales del Consejo Legislativo el año pasado, podrían haber sido acusados de "actividades terroristas".
 
Para hacer cumplir la nueva ley, el régimen de Pekín tiene previsto crear una Oficina de Salvaguardias de la Seguridad Nacional en Hong Kong (Artículo 48) con la facultad de supervisar las actividades de los medios de comunicación y los corresponsales extranjeros (Artículo 54). También tiene previsto establecer un Comité de Salvaguarda de la Seguridad Nacional (artículo 12), con facultades policiales, que no estará sujeto a la jurisdicción local (artículo 14) y que, por lo tanto, podrá llevar a cabo una intimidación y vigilancia sin restricciones de los periodistas y sus fuentes.
 
La Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), que en su día fue un bastión de la libertad de prensa, ha experimentado un drástico descenso desde su traspaso a China, pasando del 18º lugar en la creación de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de la RAEHK en 2002 al puesto 80 de la presente edición. La República Popular China se ha estancado en la posición 177 de los 180 países y territorios evaluados.