Entre el autoritarismo del Presidente y la intolerancia de los medios de comunicación
Organización:
- Descargar el informe en .pdf :
La libertad de prensa enfrentada a un "dictador" y a algunos "golpistas"
En enero de 2003, la situación de la libertad de prensa en Venezuela era de lo más confusa. Desde hacía un mes, una parte importante de la prensa privada apoyaba un paro de actividades decretado por la oposición, para conseguir la dimisión del presidente Chávez. Difusión de propagandas incitando a la desobediencia civil, retransmisión de llamadas a la sublevación armada, difusión de informaciones falsas...en realidad, los principales medios de comunicación privados hacían algo más que apoyar la huelga; a su manera participaban en ella, al precio de trampear con los más elementales principios de la deontología. Ocho meses antes ya habían aprobado un golpe de Estado que llevó al derrocamiento del presidente Chávez, durante cuarenta y ocho horas. En el curso del paro nacional de diciembre de 2002 y enero de 2003 se multiplicaron los atentados contra la libertad de prensa. Explotó el ya elevado número de agresiones contra los periodistas, atribuidas a los simpatizantes del Presidente. Se asediaron las sedes de varios medios de comunicación privados, y se quemaron algunos vehículos de los canales de televisión. En cuanto a la prensa pública, transformada en herramienta al servicio del Presidente, y a los medios comunitarios, a los que la oposición considera pro-gubernamentales, fueron puntualmente blancos de agresiones. A finales de enero, la amenaza aumentó. Hugo Chávez, presentando los primeros signos de que el paro se estaba desinflando, utilizó los excesos cometidos por los medios de comunicación para emprender represalias contra ellos: un proyecto de ley, sobre su "responsabilidad social", conseguía una primera aprobación en la Asamblea Nacional, se emprendieron procedimientos administrativos contra los canales de televisión, se ejercieron presiones fiscales sobre varios medios de comunicación de la oposición, y el restablecimiento del control de cambios amenazaba el aprovisionamiento de papel de la prensa escrita... La polarización alcanzó la cima. Mientras la oposición y los principales medios de comunicación privados acusan a Hugo Chávez de ser un "dictador" y querer censurar la prensa, este último les acusa a ellos de "golpistas" y "traidores". En este tenso contexto, dos representantes de Reporteros sin Fronteras viajaron a Caracas, del 11 al 18 de febrero de 2003. Pudieron entrevistarse con periodistas, con las direcciones y los servicios jurídicos de los medios de comunicación privados, con periodistas de la prensa pública, periodistas de medios comunitarios, corresponsales de la prensa extranjera, el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel, entidad pública encargada de regular las licencias concedidas por el Estado), y miembros de la oposición. Reporteros sin Fronteras lamenta que no respondieran a sus peticiones de entrevista, ni el Presidente, ni ningún miembro del gobierno. En ese contexto de fuerte polarización, la misión tenía como objetivo establecer un balance de los atentados a la libertad de prensa denunciados por la prensa privada, aunque prestando la debida atención a los excesos de los medios de comunicación, denunciados por los partidarios del jefe del Estado. Una polarización nefasta para la libertad de prensa Venezuela ha pasado por dos crisis muy graves en los últimos doce meses: el intento de golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y el paro nacional convocado por la oposición, en diciembre de 2002 y enero de 2003. Estas dos crisis han puesto de manifiesto la extremada polarización de la sociedad venezolana, y sus graves consecuencias para la libertad de prensa: se ha multiplicado la violencia contra los periodistas, se han cerrado medios de comunicación, ha habido restricciones en el acceso a la información pública...En paralelo, jamás fueron tan intolerantes los respectivos discursos del gobierno y de la oposición, tras la que se alinean la mayoría de los medios de comunicación, hasta el punto de recurrir a la censura, o de avalarla. El intento de golpe de Estado de abril de 2002 El 11 de abril de 2002, la oposición se encontraba en su tercer día de paro nacional. Cientos de miles de personas desfilaban por las calles. Cuando la marcha decidió dirigirse al palacio presidencial, en medio de la mayor confusión se escucharon unos disparos, que provocaron la muerte de veinte personas e hirieron a más de veinticuatro personas. Entonces, una fracción del ejército anunció que se unía a la oposición y, por la noche, derrocaron al Presidente. Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras, la asociación de empresarios, fue nombrado para presidir el gobierno de facto, y enseguida anunció la disolución de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia. Pero, en la noche del 13 al 14 de abril, gracias al apoyo de las fuerzas leales, y tras algunas manifestaciones reclamando su vuelta, Hugo Chávez regresó al palacio presidencial. Los tres días del intento de golpe de Estado continúan siendo los más negros del año para la libertad de prensa. Desde los días 8 y 9 de abril, la información se convirtió en un reto. El gobierno aplicó, en más de treinta ocasiones, el artículo 192 de la Ley de Telecomunicaciones, que le da derecho a embargar la antena del conjunto de las televisiones y radios. Según un informe de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas, titulado "La crisis de abril y el derecho a la libertad de expresión e información", se trataba realmente de "contrarrestar" las informaciones difundidas por los canales privados, que entonces cubrían ampliamente la movilización de la oposición. El 11 de abril, en el mismo momento en que los disturbios comenzaban en la calle, los canales de televisión fueron obligados a difundir un nuevo discurso del Presidente. Intentaron entonces retransmitir simultáneamente la alocución presidencial y la manifestación de la oposición, dividiendo la pantalla en dos partes. Inmediatamente, Hugo Chávez anunció que se cortaba la señal hertziana de los principales canales, acusados de "incitar a la violencia". Entonces prosiguieron con sus transmisiones por satélite. Durante ese tiempo, el fotógrafo Jorge Tortoza, del Diario 2001, resultó mortalmente alcanzado por una bala en la calle, y otra decena de fotógrafos y camarógrafos resultaron heridos, en medios de la mayor confusión. Por la noche se restableció la señal hertziana de los canales privados, después de que una parte del ejército se uniera a la oposición. En cambio, se prohibió el canal público Venezolana de Televisión (VTV), llamado también Canal 8. Unos funcionarios, enviados por el gobernador del Estado de Miranda, Enrique Mendoza (oposición), dejaron fuera de juego el sistema de transmisión y luego prohibieron a los empleados el acceso al edificio, durante dos días. Poco antes, Enrique Mendoza había dicho: "Esa basura del Canal 8 va fuera del aire en las próximas horas". Aunque efímero, el gobierno de facto, instalado en la noche del 11 al 12 de abril, puso inmediatamente en marcha la represión contra los medios de comunicación considerados como próximos a Hugo Chávez. El 12 de abril, la agencia pública Venpres fue objeto de un intento de registro. También fueron registrados tres medios comunitarios (Radio Perola, TV Caricuao y Radio Catia Libre), y un cuarto (Catia TV) estuvo rodeado durante varias horas, con el acceso bloqueado. Nicolás Rivera, de Radio Perola, sospechoso de haber disparado sobre la multitud, fue detenido el 12 de abril, y registraron su domicilio. Quedó en libertad dos días más tarde, tras haber sido torturado. El 13 de abril, mientras los partidarios de Hugo Chávez salían a la calle y circulaban rumores sobre la vuelta del Presidente, los canales privados de televisión emitieron dibujos animados y telenovelas. Posteriormente, sus directores explicaron que no disponían de imágenes y que, por razones de seguridad, sus reporteros no podían salir a hacer reportajes. Ese mutismo provocó la cólera de quienes apoyaban al gobierno. Al final de la tarde, decenas de ellos se manifestaron ante las sedes de los canales RCTV, Globovisión y Venevisión, llegando incluso a lanzar piedras contra la fachada de RCTV. Según Andrés Izarra, ese silencio fue voluntario. Productor de RCTV, declara haber recibido instrucciones de la dirección para silenciar las manifestaciones de los partidarios del presidente Chávez. "Me dijeron cero chavismo en pantalla", resume el periodista. Por otra parte, las emisoras tenían la posibilidad de retomar tanto las imágenes de los canales internacionales, como la CNN, como las informaciones de las agencias de prensa internacionales y de los corresponsales extranjeros, que en ningún momento dejaron de informar sobre los acontecimientos. Más grave aun, la retransmisión en Venezuela de la emisora colombiana Radio Caracol fue suspendida por su socio venezolano, una compañía de televisión por suscricpción, mientras cubría la salida de Pedro Carmona, el presidente de facto. Finalmente, en una carta abierta con fecha del 23 de mayo de 2002, José Gregorio Vásquez, vice-ministro de la Secretaría de la Presidencia del efímero gobierno de facto, afirmó haber organizado una reunión entre varios patrones de la prensa y Pedro Carmona, en la mañana del 13 de abril. Según José Gregorio Vásquez, se trató de los errores cometidos por el nuevo gobierno. "Gustavo Cisneros (presidente del grupo Cisneros, segundo grupo de comunicación latinoamericano, que controla el canal Venevisión en Venezuela) tomó luego la palabra, para pedirle al Presidente que dejara en manos de todos ellos la gestión comunicacional del gobierno", escribió. El contenido de ese documento nunca ha sido desmentido por los interesados. Sin embargo, en ningún momento, y en contra de lo que afirma el presidente Chávez, la carta de José Gregorio Vásquez da a entender que los directores de los medios de comunicación participaran en la preparación del golpe de Estado. Lo paradójico es que, de esa forma, avalaron un gobierno que, en apenas cuarenta y ocho horas, llevó a cabo una represión mucho más severa contra la prensa considerada próxima a Hugo Chávez, que las emprendidas por éste contra la prensa privada. El paro nacional de diciembre 2002 - enero 2003
El 2 de diciembre de 2002, la oposición convocó un nuevo paro nacional. Contaba con el cese de la actividad en Petróleos de Venezuela (PDVSA), empresa pública de producción de petróleo que proporciona al Estado el 80% de sus divisas, para conseguir la salida de Hugo Chávez. Teniendo en cuenta las lecciones sacadas del intento de golpe de Estado, ni el gobierno ni la oposición quisieron recurrir a los mismos extremos. Sin embargo, una vez más, en los medios de comunicación dominó un discurso de confrontación y se multiplicaron los atentados a la libertad de prensa. Como los precedentes, ese nuevo paro tuvo una cobertura común en los canales privados de televisión. Trabajando en cartel, intercambiaban sus imágenes para cubrir mejor el acontecimiento. Para muchos, esa cobertura adquirió tintes machacones, durante dos meses. Todas las tardes, los canales emitían información sobre la movilización, de manera continuada. Daban, sobre todo, la palabra a la oposición, difundiendo simultáneamente cada día, al final de la tarde, la conferencia de prensa que ofrecían los líderes de la oposición: Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la confederación sindical más importante; Carlos Fernández, el nuevo patrón de Fedecámaras (Pedro Carmona abandonó el país tras el fracaso del golpe de Estado), y los responsables de la Coordinadora Democrática, la coalición de la oposición que agrupa a partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Algunas figuras de la oposición no dudaron en llamar a la sublevación militar. De las pantallas desaparecieron los spots publicitarios. Según Televén, se trató de una decisión de las propias empresas que, de esa forma, querían aportar su apoyo a un paro que, de todas maneras, provocó el cierre de los almacenes que podían vender los productos. Fueron reemplazados por los de la Coordinadora Democrática (CD), llamando a la población a participar en manifestaciones bautizadas como "Marcha por la democracia" o "La gran batalla", para conseguir la salida del Presidente. La propaganda "Ni un bolívar más" animó a la población a no pagar los impuestos. Un miembro de la Coordinadora Democrática, que quiere permanecer en el anonimato, confió a Reporteros sin Fronteras que los canales llegaron a hacer una "selección" entre los anuncios propuestos por la oposición, descartando los que les parecían menos virulentos. Tampoco el canal público VTV se destacó por su moderación, a la hora de contrarrestar la propaganda de los canales privados. Según la agencia Associated Press, primero intentó ignorar la huelga, antes de emitir algunos spots en los que se presentaba a la oposición como desorganizada y al borde de la histeria, y calificando a los líderes de la huelga de "idiotas" y "niños". Entre otros, el canal emitió uno presentados a algunos individuos armados, presuntos miembros de la oposición, con los siguientes comentarios: "Lo que esconden los canales conspiradores", "Fascistas en acción". Los dos meses de paro nacional estuvieron acompañados de un recrudecimiento de los actos de violencia contra la prensa, tanto privada como pública. Según un informe, presentado a finales de febrero por una delegación de la prensa privada, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unos cincuenta periodistas fueron agredidos y amenazados durante ese período, y resultaron dañados seis vehículos de la prensa. En total, una veintena de medios de comunicación fueron blanco de manifestaciones de protesta. Muy organizadas, a veces esas manifestaciones recibieron expresamente el visto bueno del gobierno. Los días 9 y 10 de diciembre, diecinueve medios de comunicación de la oposición fueron simultáneamente blancos de manifestaciones de protesta, a veces muy violentas, tanto en Caracas como en las provincias. Diosdado Cabello, que entonces era Ministro de Interior y de Justicia, denuncia las presuntas intenciones subversivas de la oposición, y comenta: "Esta noche, el pueblo está en la calle para defender sus valores y su Constitución". La prensa privada no fue la única afectada. El 9 de diciembre tuvo lugar una manifestación similar delante de VTV, durante la cual se efectuaron disparos contra la fachada del edificio. El 4 de enero, un desconocido que circulaba en automóvil abrió fuego sobre un grupo de personas, reunidas delante de la radio pública Radio Nacional de Venezuela (RNV) para manifestar su apoyo, causando un herido grave. Al menos siete periodistas de medios de comunicación públicos y comunitarios fueron agredidos y amenazados, entre el 2 de diciembre y el 2 de febrero. Otra consecuencia inmediata del paro para la libertad de prensa: la adopción de medidas restringiendo el acceso de los periodistas a la información pública. El 11 de enero se cerró la sala de prensa de la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicos Penales y Criminalísticas (CIPC, policía judicial), después de que algunos periodistas asistieran a la rueda de prensa de un militar que se proclamó "en desobediencia legítima". Durante varios días, Hugo Chávez prohibió el acceso al palacio presidencial de los periodistas de los medios de comunicación privados. Por otra parte, varios fotógrafos y reporteros de televisión fueron detenidos, en las inmediaciones del palacio presidencia, y obligados a destruir sus imágenes, por "razones de seguridad".
La responsabilidad del Estado En 2002, aumentó netamente el recurso a la violencia contra la prensa, y adquirió nuevas formas. Animadas por el virulento discurso del presidente Chávez contra los medios de comunicación, las agresiones también lo son por la impunidad que disfrutan sus autores. Su carácter sistemático y, en ciertos casos, premeditado, lleva a preguntarse acerca del grado de responsabilidad de las autoridades en su ejecución. Los partidarios del presidente Chávez multiplican las agresiones La violencia contra la prensa iba dirigida, en primer lugar, contra los periodistas de los medios de comunicación privados. Los actos de violencia contra la prensa, ejecutados por partidarios del jefe del Estado, son muy anteriores al intento de golpe de Estado de abril de 2002. La primera agresión de la que tiene noticia Reporteros sin Fronteras se remonta al 1 de mayo de 2000. Por primera vez, cuatro periodistas, que trabajaban para tres medios de comunicación privados, fueron atacados por partidarios de Hugo Chávez, durante una manifestación de apoyo al Presidente. Desde esa fecha, se han ido multiplicando las agresiones de simpatizantes del gobierno contra la prensa, hasta alcanzar proporciones alarmantes. Reporteros sin Fronteras ha dado cuenta de más de un centenar de actos de violencia, intimidación y amenazas, en 2002, una cifra sin precedente. El informe presentado ante la CIDH por representantes de la prensa privada, a finales de febrero de 2002, hace un balance de 215 agresiones censadas desde 1999, y casi la totalidad de ellas se produjeron en 2002 y principios de 2003. Frecuentemente, algunos simpatizantes del gobierno abuchean, amenazan y agreden a los periodistas, o les roban el material, mientras cubren manifestaciones en las que se enfrentan partidarios y opositores del Presidente. En 2002, las sedes de los medios de comunicación se convirtieron en blancos. En total, a lo largo del año se perpetraron siete atentados con explosivos, contra medios de comunicación de la oposición, de los que tres fueron contra el canal Globovisión. En todas las ocasiones se trató de artefactos de escasa potencia. En el mismo año, se multiplicaron las manifestaciones ante las oficinas de los medios de comunicación, al grito de "Digan la verdad". Ese tipo de operaciones empezó el 7 de enero de 2002, en la sede del diario El Nacional. Varias de esas manifestaciones se convirtieron en auténticos actos de intimidación, cuando los manifestantes bloquearon voluntariamente el acceso a los medios, o recurrieron al uso de la violencia. La prensa de Caracas no es el único objetivo. En provincias, el diario El Siglo (Estado de Aragua) afirma haber sido asediado por "chavistas" en cuatro ocasiones, entre abril y diciembre de 2002. Según la dirección del periódico, el 5 de diciembre, tras haber lanzado piedras contra los cristales de las oficinas, los asaltantes quemaron neumáticos en la calle, y usaron armas de fuego, hiriendo a dos empleados del periódico. Inmediatamente después, unos agentes de la DISIP (policía política) registraron sin mandato los locales, llevándose material y confiscando las armas de los vigilantes que, sin embargo, eran legales. Por otra parte, en los últimos meses han destrozado a pedradas doce de sus vehículos, o los han dejado fuera de uso. En efecto, se ha convertido en una práctica normal el ataque a los vehículos de los medios de comunicación. Los repetidos ataques del presidente Chávez contra la prensa Para muchos observadores, el primer responsable de estas agresiones es Hugo Chávez, y su violento discurso contra la prensa. "Traidores", "golpistas", "oligarcas", "saboteadores", "fascistas", "terroristas", son algunos de los términos que utiliza para designar a la prensa de la oposición. Pero, esta actitud no es nueva. Desde 1999, el jefe del Estado venía criticando los titulares de los periódicos que consideraba inexactos, o injustos en relación con su gobierno. Su objetivo principal han sido siempre los directores de los medios de comunicación, acusados de "enemigos del pueblo" y de orquestar una "conspiración mediática" contra su gobierno. Unos ataques que a veces han adquirido sesgos personales. El 23 de octubre de 2001, el presidente Chávez no dudó en afirmar que Miguel Henrique Otero, director del diario El Nacional, era indigno de su padre, Miguel Otero Silva, que hizo del diario un periódico de izquierda de referencia, y que "daba lástimas" lo que había hecho "con los restos de El Nacional". Para lanzar sus ataques Hugo Chávez dispone de una tribuna privilegiada: su programa "Aló Presidente", emitido todos los domingos en los medios públicos VTV y RNV. A finales de enero de 2003, según un estudio de la empresa de comunicación Nelson Rivera & Asociados, de un total de 136 programas, el Presidente criticó a la prensa en 133 de ellos. Igualmente, recurre con frecuencia a las "cadenas", el embargo de las antenas de los medios audiovisuales, autorizado por el artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Así, puede aparecer cuando quiera en la antena de los canales privados de televisión que, sin embargo, le son hostiles. Según una investigación de la empresa AGB Panamericana, que mide la audiencia de los canales, el Presidente utilizó este sistema 357 veces, entre el 2 de febrero de 1999 y el 12 de febrero de 2002. Finalmente, la retórica presidencial contra la prensa la reproducen ampliamente los medios de comunicación públicos. A principios de febrero de 2003, pocos días después del final del paro nacional, una propaganda emitida por el canal estatal VTV preguntaba: "¿Piensan ustedes que los saboteadores merecen castigo?", mientras otro denunciaba "la irresponsabilidad de la Coordinadora democrática y sus medios de comunicación". Aun más que a la prensa privada, al canal público se le acusa de dar solamente la palabra al sector que defiende: el gobierno. Para muchos, nunca hasta ahora el gobierno de turno había convertido este canal en una herramienta de propaganda como esta. Por su parte, Venpres, la agencia de prensa pública, se hizo celebre el 13 de marzo de 2002, con la publicación de un artículo, en el que se acusaba de "narcoperiodistas" a Ibéyise Pacheco, directora del diario Así es la Noticia, a Patricia Poleo, directora del periódico El Nuevo País, y a José Domingo Blanco, de Globovisión, los tres conocidos por ser críticos con el gobierno. El artículo insinuaba que los carteles de la droga les pagaban para manchar la reputación del gobierno. Al margen de los medios de comunicación públicos, también se han llevado a cabo campañas de difamación y de denigración contra periodistas en la prensa cercana al Movimiento Quinta república (MVR), el partido del Presidente, tanto en Internet como en la calle. El periódico Fuerza-Punto 4, que se vende en un stand del MVR delante de la Asamblea Nacional, reproduce las declaraciones de la diputada Iris Varela (MVR) acusando a Gustavo Cisneros, el patrón del grupo que controla el canal Venevisión, de estar relacionado con narcotraficantes. Otra cabecera denuncia que "la CIA penetró los medios de comunicación". En la Plaza Bolívar, el lugar preferido de reunión de los partidarios del Presidente en Caracas, un cartel muestra las fotos de cinco directores de medios de comunicación, invitando al "pueblo" a reconocer a los "enemigos de la patria". Por su parte, en Internet, un sitio([http://geocities.com/contragobernanza/individualidades2.htm)] pide a los "enemigos públicos" del gobierno que abandonen el país, dado que existen contra ellos "resentimientos populares que salen del alcance y control de las autoridades". Sigue una larga lista, en la que figuran varias decenas de periodistas y de medios de comunicación. Este tipo de campañas también circulan por e-mail. Agresiones animadas por la impunidad "Los agresiones contra periodistas se ven animadas por la total impunidad que disfrutan sus autores", constata Andrés Cañizales, representante en Caracas del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), una asociación latinoamericana de defensa de la libertad de prensa, con sede en Lima (Perú). Para Andrés Cañizales, Hugo Chávez es el primer responsable de la situación, al dejar que actúen los agresores. Sobre el terreno, ellos saben que pueden contar la benévola pasividad de las fuerzas del orden. Una complicidad que puede llegar a ser activa. El fotógrafo Angel Véliz, del diario Impacto, publicado en Anaco (estado de Anzoategui), cuenta que un miembro de la Guardia Nacional le sujetaba mientras unos presuntos partidarios del gobierno le golpeaban. Para la organización venezolana de defensa de los derechos humanos Provea, algunos agentes del Estado fueron los autores de veinte agresiones contra la prensa, de las sesenta y dos censadas por la organización, entre octubre de 2001 y septiembre de 2002. Varios periodistas resultaron así heridos de bala, en la dispersión de manifestaciones. A fecha 7 de abril de 2003, todavía no ha sido condenado ningún responsable de agresión contra un periodista. La investigación sobre la muerte de Jorge Tortoza, al que mataron el 11 de abril de 2002, se encuentra todavía en la fase preliminar. No se ha detenido a ningún sospechoso, a pesar de que existen imágenes de los supuestos autores de los disparos, presuntos simpatizantes del gobierno. Para los defensores del gobierno, la falta de investigación no es imputable a Hugo Chávez porque, en realidad, la policía y la justicia estarían controladas por la oposición. Una tesis que no comparten Carlos Correa, de la asociación Provea, y Liliana Ortega, directora de Cofavic, otra asociación de defensa de los derechos humanos. Para ésta última, las autoridades no muestran ninguna voluntad de investigar sobre las agresiones. Incluidos los treinta casos de periodistas y directores de periódicos, para los que la CIDH ha pedido al gobierno que investigue, y adopte medidas de protección. Una situación denunciada el 10 de marzo de 2003 por el organismo interamericano, que lamenta el "ambiente de amedrentamiento" creado por la impunidad. Las redacciones se han visto obligadas a hacerse cargo de su seguridad, y de la de sus reporteros, a los que se proporcionan chalecos anti-balas y máscaras antigases, cuando van a cubrir manifestaciones. Marta Colomina, la muy polémica presentadora del canal Televén, está protegida por un guardaespaldas, pagado por la emisora. Afirma que, a veces, le siguen vehículos sospechosos, sin placas de matrícula. En Globovisión, se ha adoptado un importante dispositivo de seguridad para evitar la repetición de los daños provocados por las manifestaciones celebradas delante del canal, y los atentados con explosivos, dirigidos contra él. En Barquisimeto (Estado de Lara), Promar TV, un canal subcontratado con Globovisión, ha optado por retirar los logotipos de sus vehículos. Los reporteros recurren también a la astucia. Hay quien no duda en ponerse la gorra roja de los paracaidistas, un signo de reconocimiento de los partidarios de Hugo Chávez, ex paracaidista, para poder cubrir las manifestaciones de apoyo al Presidente, o para infiltrarse en las filas de los grupúsculos violentos. Un fotógrafo confesó a Reporteros sin Fronteras que dispone de un carnet de prensa con una identidad falsa, para que no le reconozcan como trabajador de un medio de comunicación identificado con la oposición.
Acciones premeditadas El aspecto organizado y premeditado de las agresiones y manifestaciones dirigidas contra la prensa privada invita a preguntarse sobre la responsabilidad del Estado, en su realización. Según Teodoro Petkoff, director del diario Tal Cual, una cosa es segura: no se puede hablar de simples desbordamientos de individuos activos. Las manifestaciones delante de las sedes de los medios de comunicación están preparadas. Según un responsable del diario El Nacional, las personas que el 7 de enero de 2002 fueron a manifestarse ante el periódico, llegaron en autobuses y procedían del municipio de Libertador, en Caracas, dirigido por Freddy Bernal, del MVR (el partido en el poder). La dirección del diario El Siglo, de Maracay, señala que en tres ocasiones los manifestantes que acudieron a protestar delante de su local, también llegaron en autobuses. De hecho, algunos barrios están prohibidos a la oposición, y a los profesionales de la prensa privada. Citada por la revista colombiana Gatopardo, Lina Ron, una figura de los medios populares y notoria simpatizante del presidente Chávez, explica: "Yo no puedo dejar pasar a nadie (al Centro). Los contrarrevolucionarios sólo tienen derecho a marchar en el este (de la ciudad), y nada más. Esto es terreno nuestro". "Sistemáticamente me siguen y me vigilan, desde que estoy en las filas de los chavistas", afirma un fotógrafo, que quiere guardar el anonimato. Con un colega, afirma que los agresores fichan a los reporteros, y así conocen perfectamente la identidad de sus víctimas. El 20 de junio de 2002, durante una manifestación de opositores al gobierno, Marcos Rosales, un agente de los servicios de inteligencia militar (DIM), fue identificado por una periodista cuando se introducía en las filas de los periodistas, para sacar fotografías, de ellos y de algunos manifestantes. La prensa privada: ¿qué responsabilidad tiene?
El dramático aumento de agresiones contra los periodistas en 2002 coincide con una radicalización del discurso de la mayor parte de la prensa privada, contra el Presidente. Una constatación que lleva a preguntarse sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la situación actual de la libertad de prensa, aunque está claro que no hay nada que justifique el recurso a la violencia contra los medios de comunicación. La prensa privada optó por la oposición El 4 de diciembre de 2001, el Bloque de Prensa Venezolano (BPV), una organización que reúne a los directores de treinta y ocho periódicos, anunció que iba a participar en el primera paro nacional, suspendiendo la publicación de sus cabeceras. El paro estaba previsto para el 10 de diciembre por la oposición, entonces encarnada en Fedecámaras, la asociación de empresarios, y la Confederación General de Trabajadores de Venezuela (CTV). Después, la mayoría de las cabeceras del BPV suspendieron de nuevo su publicación, los días 9 de abril, 21 de octubre y 1 y 2 de diciembre de 2002, con motivo de nuevas huelgas. En un comunicado publicado en febrero de 2003, esta organización asume sin complejos el papel de opositora, haciendo un llamamiento a los ciudadanos, para que se unan a su "cruzada" por la defensa de las libertades. Hay dos grandes excepciones en ese compromiso contra el Presidente: los diarios Ultimas Noticias y Panorama, que están entre los de mayor tirada. Los principales canales privados de televisión también se han comprometido con la oposición. María Inés Loscher, del servicio jurídico del canal Venevisión, explica que, legalmente, el canal no podía suspender su programación y que, por tanto, optó por apoyar el paro de los meses de diciembre de 2002 y enero de 2003, dándole una amplia cobertura. Sin embargo, las relaciones entre la prensa y el presidente Chávez no siempre fueron malas. En principio, fue un personaje atractivo para los medios de comunicación, después de su intento de golpe de Estado, en febrero de 1992, cuando el gobierno de la época intentaba censurar las informaciones que se referían a él. Hugo Chávez llegó al poder con el apoyo del diario El Nacional y, en menor medida, de Venevisión, el canal privado más importante. Por otra parte, la participación de varios periodistas en su gobierno, en 1999, y después en el grupo parlamentario que le apoyaba en la Asamblea Constituyente, pareció sellar una alianza con varios medios de comunicación. Entre ellos, Alfredo Peña, ex director del diario El Nacional, que fue nombrado ministro de la Secretaría de la Presidencia, y Carmen Ramia Otero, la esposa del director del mismo diario, quien se convirtió en directora de la Oficina Central de Información, encargada de las relaciones del jefe del Estado con la prensa. El primero, convertido en el primer alcalde "metropolitano" de Caracas en julio de 2000, una función creada por el Presidente, después se ha mudado en uno de sus más feroces opositores. La segunda apenas permaneció unas semanas en el puesto. La ruptura entre Hugo Chávez y la prensa se consumó tras la adopción, en noviembre de 2001, de cuarenta y nueve decretos con fuerza de ley, que refuerzan la intervención del Estado en la economía, cuestionando la propiedad privada de la tierra y la anunciada privatización de petróleos de Venezuela (PDVSA). El BPV califica esa legislación de "totalitaria" mientras que, para los partidarios del gobierno, los propietarios de los medios de comunicación reaccionaron sobre todo como una "oligarquía", que veía amenazados sus intereses. Los directores de la prensa están igualmente exasperados por la repetición de las agresiones contra los reporteros, y el abusivo recurso a las "cadenas". A mediados de 2002, las pérdidas que habían provocado a los medios audiovisuales se estimaban en 450 millones de dólares. La prensa no se fía de un militar que, después de haber sido el autor de un golpe de Estado fallido en 1992, no duda en proclamar que permanecerá en el poder hasta el 2021...Está escaldada por decisiones tales como el nombramiento a la cabeza de la Fiscalía General de la República, y en condiciones contestadas, en diciembre de 2000, de Isaías Rodríguez, hasta entonces vicepresidente de la República. Una decisión susceptible de cuestionar la independencia del poder judicial. Finalmente, la prensa se ha visto tentada a entrar en la oposición por la casi desaparición de los partidos políticos tradicionales, desacreditados después de cuarenta años de repartirse el poder, y barridos durante las elecciones que llevaron a Chávez a la presidencia, a finales de 1998. La Coordinadora Democrática, coalición de partidos de la oposición y de organizaciones de la sociedad civil, no nació hasta julio de 2002. Junto con Fedecámaras y la CTV, la prensa encarna de hecho la oposición. Y así ha entrado en una lógica de confrontación con un Presidente que ya desde el comienzo de su mandato la trataba como a un adversario y, de repente, ha encontrado más motivos para hacerlo. Más aun porque esos medios de comunicación, en su retórica, han caído en unos excesos y una intolerancia, similares a los del gobierno. Los excesos del "antichavismo" En la prisa por desacreditar al gobierno, algunos medios de comunicación privados han llegado a lanzar informaciones falsas, por no verificarlas. El 9 de enero de 2003, Juan Fernández, presidente de la organización Gente del Petróleo, que participó en el paro, anunció que un empleado de PDVSA había muerto en un incendio, ocurrido dos días antes, en una refinería que el gobierno quería poner en marcha, a pesar de la huelga. Varios medios reprodujeron esa información. El 12 de enero, Alirio Carresquero, el empleado en cuestión, aparecía junto al presidente Chávez, en su programa "Aló Presidente". Ya en marzo de 2002, el diario El Nacional reprodujo, del sitio analitica.com, una supuesta entrevista con el periodista francés Ignacio Ramonet en la que éste, considerado como cercano a Hugo Chávez, criticaba de manera fuerte el Presidente. Al día siguiente de la publicación, en un mensaje dirigido al director de analitica.com, el autor de la entrevista, un tal Emiliano Payares Guzmán, estudiante mexicano, revelaba que se había inventado completamente la entrevista, en el marco de un "estudio sobre la falta de rigurosidad de la prensa caribe". El Nacional publicó inmediatamente una rectificación. A los principales medios de comunicación privados se les acusa de dar esencialmente la palabra a la oposición. "Desde hace tiempo, ya no se discute la lista de personas a entrevistar, nos la proporciona la dirección de la redacción", lamenta un periodista de una radio privada que, sin embargo, precisa que consigue arreglárselas para abrir su micrófono a quien quiere. Para Phil Gunson, corresponsal de los semanarios The Economist y Newsweek, y del diario Miami Herald, los entrevistas con los líderes de la oposición se parecen a "sesiones de masaje mutuo. Donde todo el mundo está de acuerdo (…)" "El debate público ha caído al nivel cero, el del insulto", comenta Emilio Arrojo, de la agencia española EFE. Según Nora Uribe, Ministro de Información y Comunicación, frecuentemente al Presidente se le trata de "loco", "incompetente", "asesino", "criminal y "ladrón". Los partidarios de Chávez son calificados de "hordas chavistas" y los "círculos bolivarianos", las organizaciones de base favorables al Presidente, son rebautizados como "círculos del terror", a causa de las violencias cometidas por los más extremistas de ellos. El 12 de febrero de 2003, en su programa "La Noticia" (Televén), en el que comenta la actualidad, Marta Colomina calificó de "ridículos" a los diputados de la mayoría, y al gobierno de "farsante", y denunció la "revolución de pacotilla" emprendida por él. Pero, según el universitario Pablo Antillano, lo más grave no está ahí, está en la práctica de la "cartelización"; en claro, la decisión de los canales de cubrir todos juntos un acontecimiento. "Esta práctica cuestiona gravemente la pluralidad de la información", afirma este especialista en medios de comunicación. Los canales se reparten los lugares que hay que cubrir, para estar presentes en todas partes, y luego se intercambian las imágenes. Ofrecen una programación común, al emitir las mismas imágenes y adoptar el mismo planning. Una vez más, en Internet se encuentra el discurso más radical de la oposición. Allí, la lógica es la misma que en los sitios pro-gubernamentales: la satanización y la criminalización del "enemigo". Un sitio([http://mx.msnusers.com/ESCUALIDOSNIUNPASOATRAS)] publicó así un fotomontaje, representando a Chávez como el diablo. Otro, reconocelos.com, pidió a la población que dejaran al margen de la sociedad a las personalidades consideradas como cercanas al gobierno. Entre ellas, a once periodistas "que han avergonzado a su gremio, al convertirse en voceros del dictador". Los internautas están invitados a enviar sus comentarios. Uno de ellos invita, a quienes lo deseen, a protestar en un concierto de cacerolas, los famosos "cacerolazos", bajo las ventanas de Eleazar Díaz Rangel, director del diario Ultimas Noticias, y facilita su dirección. Un respeto selectivo de la libertad de prensa La intolerancia contenida en el discurso de la prensa privada iba a prolongarse en agresiones contra algunos periodistas de la prensa pro-gubernamental, o considerados como tales. Esos actos, que pueden considerarse como desbordamientos, no tienen el carácter sistemático y organizado de las agresiones contra la prensa privada. Jesús Romero Anselmi, director de VTV, que se encuentra también entre los denunciados en reconocelos.com, fue víctima, a finales de enero de 2003, en su domicilio, de un concierto de cacerolas ejecutado por militantes de la oposición. Varios periodistas de VTV y de RNV también fueron agredidos durante algunas manifestaciones. El 19 de noviembre de 2002, Zaida Pereira y Eduardo Escalona, periodista y reportero de VTV respectivamente, fueron agredidos en la Plaza de Francia de Altamira, ocupada por algunos militares que se declararon "en desobediencia legítima". En tres ocasiones en 2002, partidarios de la oposición se manifestaron delante del local del canal público de televisión, al que acusan de hacer el juego al Presidente. Algunos periodistas de medios de comunicación comunitarios, gestionados por las comunidades de habitantes, frecuentemente a escala de barrio, también fueron víctimas de la violencia, como Maite Moreno y Narka Moreno, dos reporteras del canal Catia TV, agredidas el 2 de febrero de 2003, en una recogida de firmas organizada por la oposición. Esos medios de comunicación se han desarrollado netamente desde la llegada de Chávez al poder y la aprobación, en agosto de 2000, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que abre la puerta a su legalización. Además, según Ricardo Márquez, responsable de Catia TV, su emisora también recibió una subvención del gobierno, para ayudar a su lanzamiento. En un encuentro con los representantes de Reporteros sin Fronteras, varios directores de medios de comunicación privados no escondieron su hostilidad, en relación con esta prensa, a la que consideran enfeudada con el presidente Chávez. Una hostilidad compartida. Para Thierry Deronne, de la televisión comunitaria Teletambores, los medios de comunicación privados son "medios criminales, engullidos en la propaganda política y en las campañas de odio social y racial". Lo paradójico es que la prensa privada, que al mismo tiempo se erige en defensora de la libertad de prensa frente al Presidente, vería con agrado el cierre de esos medios de comunicación. Un artículo publicado en septiembre de 2002 por el diario El Nacional subraya que la mayor parte de las radios comunitarias son ilegales, y recuerda que, en este caso, la ley "establece el cierre de la emisora, incautar los equipos y encarcelar al dueño". En menor medida, la prensa internacional también se ha convertido en una víctima del clima de intolerancia. Desde que los canales internacionales cubrieron el regreso del Presidente al poder, el 13 de abril de 2002, la prensa extranjera está mal vista por los sectores más radicales de la oposición. Sus relaciones con varios medios de comunicación privados se degradaron aun más cuando el paro nacional de los meses de diciembre de 2002 y enero de 2003. De manera general, la prensa de oposición reprocha a la prensa internacional no entender la situación venezolana, y presentar a Chávez como el representante de los pobres, expuesto a los sectores conservadores. Varios corresponsales extranjeros se sienten interpelados por la oposición, que desearía verles apoyar su causa. Una impresión que se transforma en malestar cuando algunos periodistas de los medios de comunicación privados critican la cobertura que hace la prensa internacional de los acontecimientos. Un periodista que trabaja para CNN confía que tapó el logotipo del canal en su vehículo, para evitar problemas. Emilio Arrojo, responsable de la agencia EFE, explica que fue víctima de dos avisos de bomba, a principios de enero de 2003, después de que Leopoldo Castillo, presentador del programa "Aló Ciudadano", que se emite en Globovisión, declarara que un despacho de su agencia afirmaba que las manifestaciones de la oposición estaban dirigidas por sus "jerarcas". "EFE nunca dijo eso", precisa Emilio Arrojo. El 21 de febrero de 2003, retomando un método de los partidarios del gobierno, cerca de sesenta militantes de la oposición interceptaron un vehículo de la Agencia France-Presse. Al grito de "Ustedes son franceses, ustedes son (del diario francés) Le Monde, ustedes están con Chávez", sacudieron el vehículo e impidieron salir a sus dos ocupantes. A finales de diciembre de 2002, Le Monde publicó un editorial, según el cual los partidarios de la oposición "nunca han soportado que un pequeño oficial, salido del pueblo y mestizo de indio, venga a perturbar el juego de una clase dirigente, de tradición oligárquica". Nueva ofensiva del gobierno contra la prensa
El 20 de enero de 2003, cuando el paro nacional empezaba a agotarse, tres canales de televisión fueron informados de que Ministerio de Infraestructura (Minfra), que gestiona la concesión de frecuencias, había abierto procedimientos administrativos contra ellos, por haber difundido imágenes "incitando a la rebelión" e informaciones "falsas, engañosas y tendenciosas". Al día siguiente, el gobierno instauró el control de cambios que, de hecho, le da la posibilidad de impedir que la prensa escrita se provea de papel en el extranjero. Quince días más tarde, se aprobó, en primera lectura, un proyecto de ley sobre "la responsabilidad social" de los medios de comunicación audiovisuales. Permite retirar la licencia a los canales que no respeten determinados criterios de programación, en los programas destinados a los niños. Hugo Chávez, una vez que estuvo convencido del fracaso de la huelga, lanzó una gran ofensiva contra la prensa. Como había cambiado la relación de fuerzas, el jefe del Estado se apoyó en algunos excesos de la prensa privada, para justificar varias actuaciones contra ella. El 23 de enero, marcó la pauta ante sus partidarios: "Si tuvieramos que tomar la medida más grave, lo haremos, (a los canales de televisión) les vamos a quitar la concesión para que dejen de transmitir lo que transmiten". Procedimientos administrativos contra los "cuatro jinetes del apocalipsis" Muchos antes del final del paro nacional, las autoridades buscaron el medio de presionar a la prensa privada. El 6 de enero de 2003, el Fiscal General de la República anunció que se había presentado una acción de protección contra los canales que no habían respetado los horarios dedicados a la programación infantil, a causa de su especial cobertura de la huelga. Por otra parte, entre el 12 de diciembre de 2002 y el 8 de enero de 2003, algunos simples particulares presentaron, a título personal o en calidad de representantes de asociaciones, al menos doce denuncias contra esas mismas emisoras, por motivos similares. Muy pronto se endureció el tono contra Globovisión, RCTV, Televén y Venevisión, los principales cuatro canales comerciales, apodados los "cuatro jinetes del apocalipsis" por el Presidente. El 20 de diciembre, Globovisión, RCTV y el canal regional Televisión Regional de Táchira (TRT); después Televén, el 30 de enero y, finalmente Venevisión, el 5 de febrero, fueron informados de que se les habían abierto procedimientos administrativos. Se acusó a los canales televisivos de incitar "a la rebelión o al irrespeto de las instituciones y autoridades legítimas", transmitir "informaciones falsas, engañosas y tendenciosas", atentar contra "la reputación y buen nombre de las personas o instituciones", y "subvertir el orden público o social"...También están acusados de no respetar los horarios de la programación infantil y de incitar a cometer delitos, tales como no pagar los impuestos, o manifestarse en zonas declaradas prohibidas. Los canales de televisión habrían violado el Reglamento de Radiocomunicaciones, el Reglamento Parcial sobre Transmisiones de Televisión y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Una legislación considerada por Eduardo Bertoni, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, como "contraria al libre ejercicio de la libertad de expresión". Frecuentemente, los cargos se basan en el contenido de los spots políticos de la oposición. Algunos están incriminados por haber acusado al Presidente de realizar "viajes inecesarios y ataques a la Iglesia", y de ser "el solo responsable" de "tanta impunidad, anarquía e ingobernabilidad". También se acusa a los canales de emitir declaraciones de miembros de la oposición, como las del jurista Hermann Escara, quien afirmaba: "El pueblo tiene que salir a las calles mañana (...) El llamado es al pueblo. El llamado también es a los militares (…)." Tras la presentación de esos recursos, el Ministro de Infraestructura es quien debe decidir, antes de finales de junio. Puede pedir una multa o la suspensión de los canales, e incluso que se revoquen sus licencias. Los defensores de la libertad de prensa están muy preocupados. El Ministro de Infraestructura, Diosdado Cabello Rondón es una persona cercana al Presidente, quien sería partidario de una línea "dura" en el seno del gobierno. Andrés Cañizales, del IPYS, subraya que le nombraron para el cargo de Ministro de Infraestructura el 14 de enero de 2003, justo antes del anuncio de las denuncias administrativas. Podría haber sido designado para encabezar la represión. Los canales de televisión disponían de quince días laborables para presentar su defensa. Para Televén, el Ministro de Infraestructura no tiene competencias ni para emprender tales acciones, ni para imponer sanciones a los medios de comunicación. Según el canal, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones no le da ese poder. El servicio jurídico del canal ha pedido que se anulen los procedimientos. Igualmente, hace constar que las imágenes incriminadas eran "hechos noticiosos". Finalmente, Televén subraya que el canal no retransmitió algunas imágenes, de cuya difusión se les acusa. En Venevisión se afirma que las leyes que se pretende aplicar a la emisora fueron derogadas, y que al canal solamente se le puede denunciar en base a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, aprobada en agosto de 2000. Venevisión también pide que se reconozca la nulidad de las diligencias. La prensa escrita amenazada por el restablecimiento del control de cambios El 21 de enero de 2003, el gobierno venezolano suspendió la venta de divisas y el 5 de febrero instituyó un control de cambios. A partir de entonces, todas las operaciones de cambios tienen que ser autorizadas por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), creada por las autoridades. A su cabeza, el presidente Chávez ha nombrado a un capitán jubilado, que participó junto a él en el fallido golpe de Estado de febrero de 1992. El 4 de febrero, el jefe del Estado advirtió que no habría "ni un dólar más para los golpistas". Por su parte, el Ministro de Comercio, Ramón Rosales, afirmó que participar en un golpe de Estado y pedir divisas, "es un contrasentido". La mayor parte de los periódicos y revistas, que importan el papel, se sienten amenazados. Sobre todo porque, durante la presidencia de Jaime Lusinchi (1984-1989), el gobierno utilizó el control de cambios para controlar a la prensa. Más recientemente, Rafael Caldera, presidente de la República entre 1994 y 1999, también lo utilizó contra el diario El Impulso. Durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en Washington el 26 de febrero, Nora Uribe, Ministro de Comunicación, intentó tranquilizar afirmando que "el gobierno no negará divisas a los medios de comunicación". Sin embargo, a principios de abril, ningún periódico había recibido todavía la autorización para comprar dólares. Y el papel no figura en las listas de productos que pueden ser objeto de venta de divisas, hechas públicas por el Cadivi. Según Miguel Henrique Otero, director del diario El Nacional, teniendo en cuenta sus reservas de papel, algunos periódicos podrían verse forzados a cesar su publicación a partir del mes de mayo de 2003. La prensa escrita no es la única amenazada. Los medios audiovisuales que compran programas y material en el extranjero, también podrían verse afectados. ¿No existe nada por encima del derecho de los niños? Una semana después del establecimiento del control de cambios, la Asamblea Nacional aprobó, en primera lectura, por una corta mayoría, la Ley sobre la Responsabilidad Social en Radio y Televisión. El objetivo que persigue la ley es adaptar la programación audiovisual al público infantíl. La ley, inicialmente llamada Ley de Contenidos, estaba en estudio desde junio de 2001. Conatel, una entidad encargada de regular las licencias, que se encuentra bajo la tutela del Ministerio de Infraestructura (Minfra), elaboró una primera versión, después de consultar con la "sociedad civil". Pero el texto, sometido a aprobación en la Asamblea Nacional, sufrió varias modificaciones que parecen otras tantas respuestas al comportamiento de los medios de comunicación durante el paro nacional. En su editorial del 12 de febrero, Teodoro Petkoff, director del diario Tal Cual, denunció la aprobación de una ley "sin los necesarios grados de consenso social y político que exige un tema que atañe a tan importante derecho humano, como es el de la libertad de expresión". Como él, muchos observadores denuncian un texto que constituye una medida de represalia contra los canales de televisión que, más que la prensa escrita, se mostraron parciales en la cobertura del paro. La ley cataloga el lenguaje y las imágenes de carácter violento y sexual, en varias categorías. Diferencia así las imágenes de contenido sexual "educativo", de las imágenes de carácter sexual "moderado", "fuerte" o "pornográfico". Según la clasificación, esas imágenes se emitirán en una u otra de las tres franjas horarias definidas por la ley: un horario "protegido" (entre las 6 horas y las 20 horas), durante el cual los niños deben poder mirar solos la televisión; un horario "supervisado" (entre las 5 y las 6 horas y entre las 20 y las 23 horas), durante el cual los niños están vigilados por sus padres; y un horario adulto (entre las 23 horas y las 5 de la mañana). No respetar las franjas horarias está castigado con multas, cuya importancia varía según que las infracciones sean "leves", "medianas", "graves" o "muy graves". Para Jesse Chacón, director general de la Conatel, no existe nada por encima del derecho de los niños. Entre las infracciones que se consideran "muy graves" figuran algunos elementos sin relación aparente con el objeto de la ley, tales como la difusión de imágenes que "promuevan, apologicen o inciten al incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente", o "impidan u obstaculicen la acción de los órganos de seguridad y del Poder Judicial, que sea necesaria para garantizar el derecho a la vida, la salud o la integridad de las personas". A la versión original se le añadió una disposición que prohibe la difusión de "contenidos que promuevan, apologicen o inciten al irrespeto de las instituciones y autoridades legítimas, tales como : Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional, Presidente o Presidenta de la República (...)". Esta infracción está considerada como "muy grave". Fue introducida "a petición de la sociedad civil", precisa Jesse Chacón. Este ex teniente del ejército estaba encargado de hacerse con el control del canal público VTV durante el fallido golpe de Estado militar de 1992, el segundo del año tras el de febrero, en el que participó Hugo Chávez. La ley establece multas para los medios de comunicación falibles, la suspensión de las concesiones, e incluso su revocatoria. Para vigilar su aplicación se creó un Instituto Nacional de Radio y Televisión (INRT). A la cabeza, el "Consejo Directivo" puede establecer multas, pero sigue siendo prerrogativa del Ministro de Infraestructura la suspensión o la revocatoria de la concesión a un medio de comunicación. La suspensión se produce después de tres condenas por "infracción grave" en menos de cinco años. Después de dos suspensiones, en menos de tres años, el medio arriesga la revocatoria de su concesión. En su primera versión, la mayoría de los miembros del Consejo Directivo del INRT tenía que ser designada por algunos organismos, representantes de la sociedad civil. En la versión sometida a la aprobación de la Asamblea Nacional, de once miembros, cinco son nombrados por el Presidente y el gobierno, tres por la Asamblea Nacional, y los tres últimos miembros por "comités de usuarios de radio y televisión" y "productores nacionales independientes", dos instituciones que deberían representar a la sociedad civil pero que, hasta ahora, no existían. Para los medios de comunicación, el cambio hace claramente del INRT una institución política, y ya no técnica. Tras la adopción, en primera lectura, de la Ley sobre la Responsabilidad Social en Radio y Televisión, el 13 de febrero, ahora debe ser objeto de una segunda lectura, con la aprobación de artículo por artículo. Una muestra de que los ánimos todavía no se han calmado es que Iris Valera, una diputada del MVR considerada radical, propuso a mediados a marzo que las sesiones parlamentarias sobre la cuestión se celebren en el barrio 23 de enero, un bastión de los partidarios del Presidente, situado al noroeste de Caracas. Presiones administrativas y fiscales En enero y febrero de 2003 las autoridadesadoptaron,o anunciaron,otrosactosymedidascontra los medios de comunicación. El23 de enero, fue detenido un técnico de las oficinas de Venevisión en la Isla Margarita, por haber interferido la retransmisión de una "cadena" del Presidente, durante 90 segundos. El empleado del canal, Igor Aránzazu, explicó que un error de manipulación le llevó a emitir el sonido de una manifestación de la oposición sobre las imágenes de la alocución presidencial. Amenazado con cuatro años de cárcel por haber interrumpido, "con dolo", la prestación de un servicio de comunicación, finalmente quedó en libertad un mes más tarde. El 10 de febrero, en una carta firmada por Jesse Chacón, Globovisión recibía una conminación de la Conatel, pidiéndole que se adecuara a "la obligación (para los canales de televisión) de mantener un mínimo de tres horas diarias de programación especialmente dirigida a niños, niñas y adolescentes entre las 3.00 pm y las 8.00 pm". Hasta entonces, Globovisión, canal de información continua, nunca había emitido programas para niños, sin que las autoridades le hubieran hecho ninguna observación. Posteriormente, y después de un control fiscal iniciado en noviembre de 2001, la Conatel exigió del canal el pago de más de 150 millones de bolívares (alrededor de 96.000 euros), supuestamente por no haber regulado cerca de 51,6 millones de bolívares (32.000 euros) de impuestos. A esta suma se añaden 48,9 millones de bolívares (30.000 euros) de intereses, y una multa de 55,2 millones de bolívares (34.000 euros). "No le debemos ni un bolívar a este gobiernito", declaró, como reacción, Alberto Federico Ravell, director de Globovisión. Para él, se trata de una decisión política. Antes del inicio de la huelga, Hugo Chávez anunció que varios medios de comunicación, de los que no precisó el nombre, tenían importantes deudas tributarias. El 13 de febrero, el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat) pidió al Colegio Nacional de Periodistas (CNP) que le proporcionara el nombre, número de registro y dirección de la organización, así como algunas informaciones (nombre, número de la cédula de identidad, dirección) del conjunto de sus miembros. Era la primera vez que el CNP, que frecuentemente ha denunciado atentados a la libertad de prensa por los partidarios del gobierno, era objeto de una petición como esa. A principios de marzo, el Seniat anunció la apertura de una investigación sobre los impuestos que deberían pagar los canales, por la difusión de propagandas políticas durante el paro. Las investigaciones deberán establecer si la difusión fue gratuita. En ese caso, los canales deberán satisfacer algunos impuestos sobre las donaciones. En una conferencia de prensa, Trino Alcides Díaz negó cualquier "politización" de esta decisión, y precisó que debería ampliarse después a los periódicos y a las radios. Conclusión
La situación de la libertad de prensa se ha vuelto de lo más delicada, desde que la mayor parte de la prensa privada tomó abiertamente partido contra el gobierno. Aunque sea un derecho indiscutible, los excesos en que ha incurrido debilitan la libertad de prensa. Porque, a los ojos del Presidente y de sus partidarios, eso sirve para justificar un poco más las agresiones, sin embargo inaceptables, contra periodistas. Porque, desde el final del paro, el Presidente se apoya en el descrédito de la prensa para encabezar contra ella una ofensiva, que cuestiona gravemente la libertad de prensa. Porque ha llegado un momento en que el propio discurso de esta prensa provoca, puntualmente, agresiones contra algunos representantes de la prensa pro-gubernamental e internacional. Los legítimos llamamientos de los principales medios de comunicación al respeto de la libertad de expresión se ven desacreditados por posturas intolerantes contra algunos medios de comunicación, que no comparten sus opciones políticas, hasta el punto de que ha llegado a avalar el cierre de algunos de ellos. Hay que destacar que el canal público cayó en los mismos excesos, incluso peores. ¿Son más excusables sus derivas porque se escucha menos, y es una especie de David frente al Goliat que representan los canales privados? Su estatuto de canal público no le proporciona menos, sino al contrario más, obligaciones frente a los venezolanos. Pero la principal responsabilidad en la degradación de la situación de la libertad de prensa, corresponde al presidente Hugo Chávez, y a su gobierno. No es sólo que las declaraciones del jefe del Estado hayan podido animar las numerosas agresiones a periodistas de la prensa privada, sino que su carácter organizado viene a demostrar que se trataría incluso de una política deliberada y planificada, y no de simples desbordamientos. Hugo Chávez, en tanto que Presidente, tiene el deber de asegurar que los medios de comunicación disfrutan de protección, de vigilar que se lleven a cabo investigaciones sobre las agresiones a periodistas y que se juzgue a sus autores, sea cual sea el campo político al que pertenezcan. En realidad, el jefe del Estado se comporta como un jefe de clan. El frecuente recurso a las "cadenas" ha transformado ese procedimiento- completamente legítimo, que permite a un Presidente dirigirse a la Nación, en caso de circunstancias excepcionales- en una herramienta de comunicación en manos de un político. La adopción de un proyecto de ley sobre la responsabilidad social de los medios de comunicación debe ser objeto de un amplio consenso. Al hacer del gobierno el juez de su aplicación, el proyecto propuesto puede transformarse en un medio para controlar a la prensa, sobre todo si establece el cierre de los medios de comunicación, en caso de infracción. Condenables en sí mismas, tales disposiciones parecen tanto más peligrosas en un contexto de extremada polarización, entre medios de comunicación y gobierno. Recomendaciones
Reporteros sin Fronteras recomienda al Estado venezolano: Respecto a las agresiones a periodistas:
que condene, sin equívoco, cualquier agresión a periodistas,
- que haga todo lo que esté en su mano para que se efectúen investigaciones sobre esas agresiones, con el fin de identificar y juzgar a sus autores. Sólo la condena de los agresores de periodistas demostrará la voluntad política del gobierno, de no tolerar tales actuaciones,
- que aplique las medidas solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de una treintena de periodistas y directores de los medios de comunicación; a saber, investigar sobre las agresiones de que fueron víctimas y/o darles protección. Respecto a la Ley sobre la Responsabilidad Social en Radio y Televisión :
que dé marcha atrás en la posibilidad revocar de forma temporal, o definitiva, la concesión a los medios de comunicación, salvo en caso de apelación al asesinato,
- que reequilibre la composición del Instituto Nacional de Radio y televisión (INRT), de forma que sean minoritarios los miembros nombrados por el poder ejecutivo y legislativo,
- que elimine el artículo sobre el desacato al jefe del Estado y a las instituciones del Estado, contrario al artículo 11 de la Declaración de principios sobre la libertad de expresión, adoptada por la CIDH, que establece que "las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.",
- que continue las consultas con los diferentes protagonistas de la sociedad concernidos, con el fin de llegar al consenso que requiere la adopción de una ley que proteja los derechos de los niños, sin cuestionar la libertad de prensa. Respecto al control de cambios:
- que garantice el acceso de los medios de comunicación a las divisas, de acuerdo con sus necesidades, de conformidad con el artículo 13 de la Declaración de principios sobre la libertad de expresión adoptada por la CIDH, que establece que "la utilización del poder del Estado (...) con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley." Respecto a los procedimientos administrativos y las denuncias fiscales:
- que abandone las denuncias contra los cinco canales de televisión porque la institución encargada de pronunciarse sobre sus faltas, a saber el Ministro de Infraestructura, es juez y parte ya que debe pronunciarse sobre declaraciones referidas al gobierno, al que pertenece,
- que efectúe los controles fiscales con la mayor trasparencia, y que no los instrumentalice con fines partidarios. Respecto a la utilización de las "cadenas":
- que utilice de forma responsable ese sistema de embargo de antena, limitando su recurso a las circunstancias excepcionales que justifican que el Presidente, o un miembro del gobierno, se dirija a la Nación. Reporteros sin Fronteras recomienda a los responsables de los medios de comunicación: - que condenen, sin equívoco, cualquier agresión a periodistas, incluso naturalmente cuando las víctimas trabajen para medios de comunicación favorables al presidente Chávez,
- que respeten la deontología profesional. La carta de Munich (un texto elaborado en 1971, por organizaciones internacionales de periodistas), establece que el periodista debe: "respetar la verdad, cualesquiera que puedan ser las consecuencias para él, en razón del derecho - que tiene el público a estar informado" (artículo 1); "publicar solamente las informaciones cuyo origen se conozca y acompañarlas, si fuera necesario, de las reservas que se imponen; no suprimir las informaciones esenciales y no alterar los textos y documentos" (artículo 3); "no confundir jamás el oficio de periodista con el publicitario o propagandista" (artículo 9). - Descargar el informe en .pdf :
En enero de 2003, la situación de la libertad de prensa en Venezuela era de lo más confusa. Desde hacía un mes, una parte importante de la prensa privada apoyaba un paro de actividades decretado por la oposición, para conseguir la dimisión del presidente Chávez. Difusión de propagandas incitando a la desobediencia civil, retransmisión de llamadas a la sublevación armada, difusión de informaciones falsas...en realidad, los principales medios de comunicación privados hacían algo más que apoyar la huelga; a su manera participaban en ella, al precio de trampear con los más elementales principios de la deontología. Ocho meses antes ya habían aprobado un golpe de Estado que llevó al derrocamiento del presidente Chávez, durante cuarenta y ocho horas. En el curso del paro nacional de diciembre de 2002 y enero de 2003 se multiplicaron los atentados contra la libertad de prensa. Explotó el ya elevado número de agresiones contra los periodistas, atribuidas a los simpatizantes del Presidente. Se asediaron las sedes de varios medios de comunicación privados, y se quemaron algunos vehículos de los canales de televisión. En cuanto a la prensa pública, transformada en herramienta al servicio del Presidente, y a los medios comunitarios, a los que la oposición considera pro-gubernamentales, fueron puntualmente blancos de agresiones. A finales de enero, la amenaza aumentó. Hugo Chávez, presentando los primeros signos de que el paro se estaba desinflando, utilizó los excesos cometidos por los medios de comunicación para emprender represalias contra ellos: un proyecto de ley, sobre su "responsabilidad social", conseguía una primera aprobación en la Asamblea Nacional, se emprendieron procedimientos administrativos contra los canales de televisión, se ejercieron presiones fiscales sobre varios medios de comunicación de la oposición, y el restablecimiento del control de cambios amenazaba el aprovisionamiento de papel de la prensa escrita... La polarización alcanzó la cima. Mientras la oposición y los principales medios de comunicación privados acusan a Hugo Chávez de ser un "dictador" y querer censurar la prensa, este último les acusa a ellos de "golpistas" y "traidores". En este tenso contexto, dos representantes de Reporteros sin Fronteras viajaron a Caracas, del 11 al 18 de febrero de 2003. Pudieron entrevistarse con periodistas, con las direcciones y los servicios jurídicos de los medios de comunicación privados, con periodistas de la prensa pública, periodistas de medios comunitarios, corresponsales de la prensa extranjera, el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel, entidad pública encargada de regular las licencias concedidas por el Estado), y miembros de la oposición. Reporteros sin Fronteras lamenta que no respondieran a sus peticiones de entrevista, ni el Presidente, ni ningún miembro del gobierno. En ese contexto de fuerte polarización, la misión tenía como objetivo establecer un balance de los atentados a la libertad de prensa denunciados por la prensa privada, aunque prestando la debida atención a los excesos de los medios de comunicación, denunciados por los partidarios del jefe del Estado. Una polarización nefasta para la libertad de prensa Venezuela ha pasado por dos crisis muy graves en los últimos doce meses: el intento de golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y el paro nacional convocado por la oposición, en diciembre de 2002 y enero de 2003. Estas dos crisis han puesto de manifiesto la extremada polarización de la sociedad venezolana, y sus graves consecuencias para la libertad de prensa: se ha multiplicado la violencia contra los periodistas, se han cerrado medios de comunicación, ha habido restricciones en el acceso a la información pública...En paralelo, jamás fueron tan intolerantes los respectivos discursos del gobierno y de la oposición, tras la que se alinean la mayoría de los medios de comunicación, hasta el punto de recurrir a la censura, o de avalarla. El intento de golpe de Estado de abril de 2002 El 11 de abril de 2002, la oposición se encontraba en su tercer día de paro nacional. Cientos de miles de personas desfilaban por las calles. Cuando la marcha decidió dirigirse al palacio presidencial, en medio de la mayor confusión se escucharon unos disparos, que provocaron la muerte de veinte personas e hirieron a más de veinticuatro personas. Entonces, una fracción del ejército anunció que se unía a la oposición y, por la noche, derrocaron al Presidente. Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras, la asociación de empresarios, fue nombrado para presidir el gobierno de facto, y enseguida anunció la disolución de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia. Pero, en la noche del 13 al 14 de abril, gracias al apoyo de las fuerzas leales, y tras algunas manifestaciones reclamando su vuelta, Hugo Chávez regresó al palacio presidencial. Los tres días del intento de golpe de Estado continúan siendo los más negros del año para la libertad de prensa. Desde los días 8 y 9 de abril, la información se convirtió en un reto. El gobierno aplicó, en más de treinta ocasiones, el artículo 192 de la Ley de Telecomunicaciones, que le da derecho a embargar la antena del conjunto de las televisiones y radios. Según un informe de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas, titulado "La crisis de abril y el derecho a la libertad de expresión e información", se trataba realmente de "contrarrestar" las informaciones difundidas por los canales privados, que entonces cubrían ampliamente la movilización de la oposición. El 11 de abril, en el mismo momento en que los disturbios comenzaban en la calle, los canales de televisión fueron obligados a difundir un nuevo discurso del Presidente. Intentaron entonces retransmitir simultáneamente la alocución presidencial y la manifestación de la oposición, dividiendo la pantalla en dos partes. Inmediatamente, Hugo Chávez anunció que se cortaba la señal hertziana de los principales canales, acusados de "incitar a la violencia". Entonces prosiguieron con sus transmisiones por satélite. Durante ese tiempo, el fotógrafo Jorge Tortoza, del Diario 2001, resultó mortalmente alcanzado por una bala en la calle, y otra decena de fotógrafos y camarógrafos resultaron heridos, en medios de la mayor confusión. Por la noche se restableció la señal hertziana de los canales privados, después de que una parte del ejército se uniera a la oposición. En cambio, se prohibió el canal público Venezolana de Televisión (VTV), llamado también Canal 8. Unos funcionarios, enviados por el gobernador del Estado de Miranda, Enrique Mendoza (oposición), dejaron fuera de juego el sistema de transmisión y luego prohibieron a los empleados el acceso al edificio, durante dos días. Poco antes, Enrique Mendoza había dicho: "Esa basura del Canal 8 va fuera del aire en las próximas horas". Aunque efímero, el gobierno de facto, instalado en la noche del 11 al 12 de abril, puso inmediatamente en marcha la represión contra los medios de comunicación considerados como próximos a Hugo Chávez. El 12 de abril, la agencia pública Venpres fue objeto de un intento de registro. También fueron registrados tres medios comunitarios (Radio Perola, TV Caricuao y Radio Catia Libre), y un cuarto (Catia TV) estuvo rodeado durante varias horas, con el acceso bloqueado. Nicolás Rivera, de Radio Perola, sospechoso de haber disparado sobre la multitud, fue detenido el 12 de abril, y registraron su domicilio. Quedó en libertad dos días más tarde, tras haber sido torturado. El 13 de abril, mientras los partidarios de Hugo Chávez salían a la calle y circulaban rumores sobre la vuelta del Presidente, los canales privados de televisión emitieron dibujos animados y telenovelas. Posteriormente, sus directores explicaron que no disponían de imágenes y que, por razones de seguridad, sus reporteros no podían salir a hacer reportajes. Ese mutismo provocó la cólera de quienes apoyaban al gobierno. Al final de la tarde, decenas de ellos se manifestaron ante las sedes de los canales RCTV, Globovisión y Venevisión, llegando incluso a lanzar piedras contra la fachada de RCTV. Según Andrés Izarra, ese silencio fue voluntario. Productor de RCTV, declara haber recibido instrucciones de la dirección para silenciar las manifestaciones de los partidarios del presidente Chávez. "Me dijeron cero chavismo en pantalla", resume el periodista. Por otra parte, las emisoras tenían la posibilidad de retomar tanto las imágenes de los canales internacionales, como la CNN, como las informaciones de las agencias de prensa internacionales y de los corresponsales extranjeros, que en ningún momento dejaron de informar sobre los acontecimientos. Más grave aun, la retransmisión en Venezuela de la emisora colombiana Radio Caracol fue suspendida por su socio venezolano, una compañía de televisión por suscricpción, mientras cubría la salida de Pedro Carmona, el presidente de facto. Finalmente, en una carta abierta con fecha del 23 de mayo de 2002, José Gregorio Vásquez, vice-ministro de la Secretaría de la Presidencia del efímero gobierno de facto, afirmó haber organizado una reunión entre varios patrones de la prensa y Pedro Carmona, en la mañana del 13 de abril. Según José Gregorio Vásquez, se trató de los errores cometidos por el nuevo gobierno. "Gustavo Cisneros (presidente del grupo Cisneros, segundo grupo de comunicación latinoamericano, que controla el canal Venevisión en Venezuela) tomó luego la palabra, para pedirle al Presidente que dejara en manos de todos ellos la gestión comunicacional del gobierno", escribió. El contenido de ese documento nunca ha sido desmentido por los interesados. Sin embargo, en ningún momento, y en contra de lo que afirma el presidente Chávez, la carta de José Gregorio Vásquez da a entender que los directores de los medios de comunicación participaran en la preparación del golpe de Estado. Lo paradójico es que, de esa forma, avalaron un gobierno que, en apenas cuarenta y ocho horas, llevó a cabo una represión mucho más severa contra la prensa considerada próxima a Hugo Chávez, que las emprendidas por éste contra la prensa privada. El paro nacional de diciembre 2002 - enero 2003
El 2 de diciembre de 2002, la oposición convocó un nuevo paro nacional. Contaba con el cese de la actividad en Petróleos de Venezuela (PDVSA), empresa pública de producción de petróleo que proporciona al Estado el 80% de sus divisas, para conseguir la salida de Hugo Chávez. Teniendo en cuenta las lecciones sacadas del intento de golpe de Estado, ni el gobierno ni la oposición quisieron recurrir a los mismos extremos. Sin embargo, una vez más, en los medios de comunicación dominó un discurso de confrontación y se multiplicaron los atentados a la libertad de prensa. Como los precedentes, ese nuevo paro tuvo una cobertura común en los canales privados de televisión. Trabajando en cartel, intercambiaban sus imágenes para cubrir mejor el acontecimiento. Para muchos, esa cobertura adquirió tintes machacones, durante dos meses. Todas las tardes, los canales emitían información sobre la movilización, de manera continuada. Daban, sobre todo, la palabra a la oposición, difundiendo simultáneamente cada día, al final de la tarde, la conferencia de prensa que ofrecían los líderes de la oposición: Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la confederación sindical más importante; Carlos Fernández, el nuevo patrón de Fedecámaras (Pedro Carmona abandonó el país tras el fracaso del golpe de Estado), y los responsables de la Coordinadora Democrática, la coalición de la oposición que agrupa a partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Algunas figuras de la oposición no dudaron en llamar a la sublevación militar. De las pantallas desaparecieron los spots publicitarios. Según Televén, se trató de una decisión de las propias empresas que, de esa forma, querían aportar su apoyo a un paro que, de todas maneras, provocó el cierre de los almacenes que podían vender los productos. Fueron reemplazados por los de la Coordinadora Democrática (CD), llamando a la población a participar en manifestaciones bautizadas como "Marcha por la democracia" o "La gran batalla", para conseguir la salida del Presidente. La propaganda "Ni un bolívar más" animó a la población a no pagar los impuestos. Un miembro de la Coordinadora Democrática, que quiere permanecer en el anonimato, confió a Reporteros sin Fronteras que los canales llegaron a hacer una "selección" entre los anuncios propuestos por la oposición, descartando los que les parecían menos virulentos. Tampoco el canal público VTV se destacó por su moderación, a la hora de contrarrestar la propaganda de los canales privados. Según la agencia Associated Press, primero intentó ignorar la huelga, antes de emitir algunos spots en los que se presentaba a la oposición como desorganizada y al borde de la histeria, y calificando a los líderes de la huelga de "idiotas" y "niños". Entre otros, el canal emitió uno presentados a algunos individuos armados, presuntos miembros de la oposición, con los siguientes comentarios: "Lo que esconden los canales conspiradores", "Fascistas en acción". Los dos meses de paro nacional estuvieron acompañados de un recrudecimiento de los actos de violencia contra la prensa, tanto privada como pública. Según un informe, presentado a finales de febrero por una delegación de la prensa privada, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unos cincuenta periodistas fueron agredidos y amenazados durante ese período, y resultaron dañados seis vehículos de la prensa. En total, una veintena de medios de comunicación fueron blanco de manifestaciones de protesta. Muy organizadas, a veces esas manifestaciones recibieron expresamente el visto bueno del gobierno. Los días 9 y 10 de diciembre, diecinueve medios de comunicación de la oposición fueron simultáneamente blancos de manifestaciones de protesta, a veces muy violentas, tanto en Caracas como en las provincias. Diosdado Cabello, que entonces era Ministro de Interior y de Justicia, denuncia las presuntas intenciones subversivas de la oposición, y comenta: "Esta noche, el pueblo está en la calle para defender sus valores y su Constitución". La prensa privada no fue la única afectada. El 9 de diciembre tuvo lugar una manifestación similar delante de VTV, durante la cual se efectuaron disparos contra la fachada del edificio. El 4 de enero, un desconocido que circulaba en automóvil abrió fuego sobre un grupo de personas, reunidas delante de la radio pública Radio Nacional de Venezuela (RNV) para manifestar su apoyo, causando un herido grave. Al menos siete periodistas de medios de comunicación públicos y comunitarios fueron agredidos y amenazados, entre el 2 de diciembre y el 2 de febrero. Otra consecuencia inmediata del paro para la libertad de prensa: la adopción de medidas restringiendo el acceso de los periodistas a la información pública. El 11 de enero se cerró la sala de prensa de la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicos Penales y Criminalísticas (CIPC, policía judicial), después de que algunos periodistas asistieran a la rueda de prensa de un militar que se proclamó "en desobediencia legítima". Durante varios días, Hugo Chávez prohibió el acceso al palacio presidencial de los periodistas de los medios de comunicación privados. Por otra parte, varios fotógrafos y reporteros de televisión fueron detenidos, en las inmediaciones del palacio presidencia, y obligados a destruir sus imágenes, por "razones de seguridad".
La responsabilidad del Estado En 2002, aumentó netamente el recurso a la violencia contra la prensa, y adquirió nuevas formas. Animadas por el virulento discurso del presidente Chávez contra los medios de comunicación, las agresiones también lo son por la impunidad que disfrutan sus autores. Su carácter sistemático y, en ciertos casos, premeditado, lleva a preguntarse acerca del grado de responsabilidad de las autoridades en su ejecución. Los partidarios del presidente Chávez multiplican las agresiones La violencia contra la prensa iba dirigida, en primer lugar, contra los periodistas de los medios de comunicación privados. Los actos de violencia contra la prensa, ejecutados por partidarios del jefe del Estado, son muy anteriores al intento de golpe de Estado de abril de 2002. La primera agresión de la que tiene noticia Reporteros sin Fronteras se remonta al 1 de mayo de 2000. Por primera vez, cuatro periodistas, que trabajaban para tres medios de comunicación privados, fueron atacados por partidarios de Hugo Chávez, durante una manifestación de apoyo al Presidente. Desde esa fecha, se han ido multiplicando las agresiones de simpatizantes del gobierno contra la prensa, hasta alcanzar proporciones alarmantes. Reporteros sin Fronteras ha dado cuenta de más de un centenar de actos de violencia, intimidación y amenazas, en 2002, una cifra sin precedente. El informe presentado ante la CIDH por representantes de la prensa privada, a finales de febrero de 2002, hace un balance de 215 agresiones censadas desde 1999, y casi la totalidad de ellas se produjeron en 2002 y principios de 2003. Frecuentemente, algunos simpatizantes del gobierno abuchean, amenazan y agreden a los periodistas, o les roban el material, mientras cubren manifestaciones en las que se enfrentan partidarios y opositores del Presidente. En 2002, las sedes de los medios de comunicación se convirtieron en blancos. En total, a lo largo del año se perpetraron siete atentados con explosivos, contra medios de comunicación de la oposición, de los que tres fueron contra el canal Globovisión. En todas las ocasiones se trató de artefactos de escasa potencia. En el mismo año, se multiplicaron las manifestaciones ante las oficinas de los medios de comunicación, al grito de "Digan la verdad". Ese tipo de operaciones empezó el 7 de enero de 2002, en la sede del diario El Nacional. Varias de esas manifestaciones se convirtieron en auténticos actos de intimidación, cuando los manifestantes bloquearon voluntariamente el acceso a los medios, o recurrieron al uso de la violencia. La prensa de Caracas no es el único objetivo. En provincias, el diario El Siglo (Estado de Aragua) afirma haber sido asediado por "chavistas" en cuatro ocasiones, entre abril y diciembre de 2002. Según la dirección del periódico, el 5 de diciembre, tras haber lanzado piedras contra los cristales de las oficinas, los asaltantes quemaron neumáticos en la calle, y usaron armas de fuego, hiriendo a dos empleados del periódico. Inmediatamente después, unos agentes de la DISIP (policía política) registraron sin mandato los locales, llevándose material y confiscando las armas de los vigilantes que, sin embargo, eran legales. Por otra parte, en los últimos meses han destrozado a pedradas doce de sus vehículos, o los han dejado fuera de uso. En efecto, se ha convertido en una práctica normal el ataque a los vehículos de los medios de comunicación. Los repetidos ataques del presidente Chávez contra la prensa Para muchos observadores, el primer responsable de estas agresiones es Hugo Chávez, y su violento discurso contra la prensa. "Traidores", "golpistas", "oligarcas", "saboteadores", "fascistas", "terroristas", son algunos de los términos que utiliza para designar a la prensa de la oposición. Pero, esta actitud no es nueva. Desde 1999, el jefe del Estado venía criticando los titulares de los periódicos que consideraba inexactos, o injustos en relación con su gobierno. Su objetivo principal han sido siempre los directores de los medios de comunicación, acusados de "enemigos del pueblo" y de orquestar una "conspiración mediática" contra su gobierno. Unos ataques que a veces han adquirido sesgos personales. El 23 de octubre de 2001, el presidente Chávez no dudó en afirmar que Miguel Henrique Otero, director del diario El Nacional, era indigno de su padre, Miguel Otero Silva, que hizo del diario un periódico de izquierda de referencia, y que "daba lástimas" lo que había hecho "con los restos de El Nacional". Para lanzar sus ataques Hugo Chávez dispone de una tribuna privilegiada: su programa "Aló Presidente", emitido todos los domingos en los medios públicos VTV y RNV. A finales de enero de 2003, según un estudio de la empresa de comunicación Nelson Rivera & Asociados, de un total de 136 programas, el Presidente criticó a la prensa en 133 de ellos. Igualmente, recurre con frecuencia a las "cadenas", el embargo de las antenas de los medios audiovisuales, autorizado por el artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Así, puede aparecer cuando quiera en la antena de los canales privados de televisión que, sin embargo, le son hostiles. Según una investigación de la empresa AGB Panamericana, que mide la audiencia de los canales, el Presidente utilizó este sistema 357 veces, entre el 2 de febrero de 1999 y el 12 de febrero de 2002. Finalmente, la retórica presidencial contra la prensa la reproducen ampliamente los medios de comunicación públicos. A principios de febrero de 2003, pocos días después del final del paro nacional, una propaganda emitida por el canal estatal VTV preguntaba: "¿Piensan ustedes que los saboteadores merecen castigo?", mientras otro denunciaba "la irresponsabilidad de la Coordinadora democrática y sus medios de comunicación". Aun más que a la prensa privada, al canal público se le acusa de dar solamente la palabra al sector que defiende: el gobierno. Para muchos, nunca hasta ahora el gobierno de turno había convertido este canal en una herramienta de propaganda como esta. Por su parte, Venpres, la agencia de prensa pública, se hizo celebre el 13 de marzo de 2002, con la publicación de un artículo, en el que se acusaba de "narcoperiodistas" a Ibéyise Pacheco, directora del diario Así es la Noticia, a Patricia Poleo, directora del periódico El Nuevo País, y a José Domingo Blanco, de Globovisión, los tres conocidos por ser críticos con el gobierno. El artículo insinuaba que los carteles de la droga les pagaban para manchar la reputación del gobierno. Al margen de los medios de comunicación públicos, también se han llevado a cabo campañas de difamación y de denigración contra periodistas en la prensa cercana al Movimiento Quinta república (MVR), el partido del Presidente, tanto en Internet como en la calle. El periódico Fuerza-Punto 4, que se vende en un stand del MVR delante de la Asamblea Nacional, reproduce las declaraciones de la diputada Iris Varela (MVR) acusando a Gustavo Cisneros, el patrón del grupo que controla el canal Venevisión, de estar relacionado con narcotraficantes. Otra cabecera denuncia que "la CIA penetró los medios de comunicación". En la Plaza Bolívar, el lugar preferido de reunión de los partidarios del Presidente en Caracas, un cartel muestra las fotos de cinco directores de medios de comunicación, invitando al "pueblo" a reconocer a los "enemigos de la patria". Por su parte, en Internet, un sitio([http://geocities.com/contragobernanza/individualidades2.htm)] pide a los "enemigos públicos" del gobierno que abandonen el país, dado que existen contra ellos "resentimientos populares que salen del alcance y control de las autoridades". Sigue una larga lista, en la que figuran varias decenas de periodistas y de medios de comunicación. Este tipo de campañas también circulan por e-mail. Agresiones animadas por la impunidad "Los agresiones contra periodistas se ven animadas por la total impunidad que disfrutan sus autores", constata Andrés Cañizales, representante en Caracas del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), una asociación latinoamericana de defensa de la libertad de prensa, con sede en Lima (Perú). Para Andrés Cañizales, Hugo Chávez es el primer responsable de la situación, al dejar que actúen los agresores. Sobre el terreno, ellos saben que pueden contar la benévola pasividad de las fuerzas del orden. Una complicidad que puede llegar a ser activa. El fotógrafo Angel Véliz, del diario Impacto, publicado en Anaco (estado de Anzoategui), cuenta que un miembro de la Guardia Nacional le sujetaba mientras unos presuntos partidarios del gobierno le golpeaban. Para la organización venezolana de defensa de los derechos humanos Provea, algunos agentes del Estado fueron los autores de veinte agresiones contra la prensa, de las sesenta y dos censadas por la organización, entre octubre de 2001 y septiembre de 2002. Varios periodistas resultaron así heridos de bala, en la dispersión de manifestaciones. A fecha 7 de abril de 2003, todavía no ha sido condenado ningún responsable de agresión contra un periodista. La investigación sobre la muerte de Jorge Tortoza, al que mataron el 11 de abril de 2002, se encuentra todavía en la fase preliminar. No se ha detenido a ningún sospechoso, a pesar de que existen imágenes de los supuestos autores de los disparos, presuntos simpatizantes del gobierno. Para los defensores del gobierno, la falta de investigación no es imputable a Hugo Chávez porque, en realidad, la policía y la justicia estarían controladas por la oposición. Una tesis que no comparten Carlos Correa, de la asociación Provea, y Liliana Ortega, directora de Cofavic, otra asociación de defensa de los derechos humanos. Para ésta última, las autoridades no muestran ninguna voluntad de investigar sobre las agresiones. Incluidos los treinta casos de periodistas y directores de periódicos, para los que la CIDH ha pedido al gobierno que investigue, y adopte medidas de protección. Una situación denunciada el 10 de marzo de 2003 por el organismo interamericano, que lamenta el "ambiente de amedrentamiento" creado por la impunidad. Las redacciones se han visto obligadas a hacerse cargo de su seguridad, y de la de sus reporteros, a los que se proporcionan chalecos anti-balas y máscaras antigases, cuando van a cubrir manifestaciones. Marta Colomina, la muy polémica presentadora del canal Televén, está protegida por un guardaespaldas, pagado por la emisora. Afirma que, a veces, le siguen vehículos sospechosos, sin placas de matrícula. En Globovisión, se ha adoptado un importante dispositivo de seguridad para evitar la repetición de los daños provocados por las manifestaciones celebradas delante del canal, y los atentados con explosivos, dirigidos contra él. En Barquisimeto (Estado de Lara), Promar TV, un canal subcontratado con Globovisión, ha optado por retirar los logotipos de sus vehículos. Los reporteros recurren también a la astucia. Hay quien no duda en ponerse la gorra roja de los paracaidistas, un signo de reconocimiento de los partidarios de Hugo Chávez, ex paracaidista, para poder cubrir las manifestaciones de apoyo al Presidente, o para infiltrarse en las filas de los grupúsculos violentos. Un fotógrafo confesó a Reporteros sin Fronteras que dispone de un carnet de prensa con una identidad falsa, para que no le reconozcan como trabajador de un medio de comunicación identificado con la oposición.
Acciones premeditadas El aspecto organizado y premeditado de las agresiones y manifestaciones dirigidas contra la prensa privada invita a preguntarse sobre la responsabilidad del Estado, en su realización. Según Teodoro Petkoff, director del diario Tal Cual, una cosa es segura: no se puede hablar de simples desbordamientos de individuos activos. Las manifestaciones delante de las sedes de los medios de comunicación están preparadas. Según un responsable del diario El Nacional, las personas que el 7 de enero de 2002 fueron a manifestarse ante el periódico, llegaron en autobuses y procedían del municipio de Libertador, en Caracas, dirigido por Freddy Bernal, del MVR (el partido en el poder). La dirección del diario El Siglo, de Maracay, señala que en tres ocasiones los manifestantes que acudieron a protestar delante de su local, también llegaron en autobuses. De hecho, algunos barrios están prohibidos a la oposición, y a los profesionales de la prensa privada. Citada por la revista colombiana Gatopardo, Lina Ron, una figura de los medios populares y notoria simpatizante del presidente Chávez, explica: "Yo no puedo dejar pasar a nadie (al Centro). Los contrarrevolucionarios sólo tienen derecho a marchar en el este (de la ciudad), y nada más. Esto es terreno nuestro". "Sistemáticamente me siguen y me vigilan, desde que estoy en las filas de los chavistas", afirma un fotógrafo, que quiere guardar el anonimato. Con un colega, afirma que los agresores fichan a los reporteros, y así conocen perfectamente la identidad de sus víctimas. El 20 de junio de 2002, durante una manifestación de opositores al gobierno, Marcos Rosales, un agente de los servicios de inteligencia militar (DIM), fue identificado por una periodista cuando se introducía en las filas de los periodistas, para sacar fotografías, de ellos y de algunos manifestantes. La prensa privada: ¿qué responsabilidad tiene?
El dramático aumento de agresiones contra los periodistas en 2002 coincide con una radicalización del discurso de la mayor parte de la prensa privada, contra el Presidente. Una constatación que lleva a preguntarse sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la situación actual de la libertad de prensa, aunque está claro que no hay nada que justifique el recurso a la violencia contra los medios de comunicación. La prensa privada optó por la oposición El 4 de diciembre de 2001, el Bloque de Prensa Venezolano (BPV), una organización que reúne a los directores de treinta y ocho periódicos, anunció que iba a participar en el primera paro nacional, suspendiendo la publicación de sus cabeceras. El paro estaba previsto para el 10 de diciembre por la oposición, entonces encarnada en Fedecámaras, la asociación de empresarios, y la Confederación General de Trabajadores de Venezuela (CTV). Después, la mayoría de las cabeceras del BPV suspendieron de nuevo su publicación, los días 9 de abril, 21 de octubre y 1 y 2 de diciembre de 2002, con motivo de nuevas huelgas. En un comunicado publicado en febrero de 2003, esta organización asume sin complejos el papel de opositora, haciendo un llamamiento a los ciudadanos, para que se unan a su "cruzada" por la defensa de las libertades. Hay dos grandes excepciones en ese compromiso contra el Presidente: los diarios Ultimas Noticias y Panorama, que están entre los de mayor tirada. Los principales canales privados de televisión también se han comprometido con la oposición. María Inés Loscher, del servicio jurídico del canal Venevisión, explica que, legalmente, el canal no podía suspender su programación y que, por tanto, optó por apoyar el paro de los meses de diciembre de 2002 y enero de 2003, dándole una amplia cobertura. Sin embargo, las relaciones entre la prensa y el presidente Chávez no siempre fueron malas. En principio, fue un personaje atractivo para los medios de comunicación, después de su intento de golpe de Estado, en febrero de 1992, cuando el gobierno de la época intentaba censurar las informaciones que se referían a él. Hugo Chávez llegó al poder con el apoyo del diario El Nacional y, en menor medida, de Venevisión, el canal privado más importante. Por otra parte, la participación de varios periodistas en su gobierno, en 1999, y después en el grupo parlamentario que le apoyaba en la Asamblea Constituyente, pareció sellar una alianza con varios medios de comunicación. Entre ellos, Alfredo Peña, ex director del diario El Nacional, que fue nombrado ministro de la Secretaría de la Presidencia, y Carmen Ramia Otero, la esposa del director del mismo diario, quien se convirtió en directora de la Oficina Central de Información, encargada de las relaciones del jefe del Estado con la prensa. El primero, convertido en el primer alcalde "metropolitano" de Caracas en julio de 2000, una función creada por el Presidente, después se ha mudado en uno de sus más feroces opositores. La segunda apenas permaneció unas semanas en el puesto. La ruptura entre Hugo Chávez y la prensa se consumó tras la adopción, en noviembre de 2001, de cuarenta y nueve decretos con fuerza de ley, que refuerzan la intervención del Estado en la economía, cuestionando la propiedad privada de la tierra y la anunciada privatización de petróleos de Venezuela (PDVSA). El BPV califica esa legislación de "totalitaria" mientras que, para los partidarios del gobierno, los propietarios de los medios de comunicación reaccionaron sobre todo como una "oligarquía", que veía amenazados sus intereses. Los directores de la prensa están igualmente exasperados por la repetición de las agresiones contra los reporteros, y el abusivo recurso a las "cadenas". A mediados de 2002, las pérdidas que habían provocado a los medios audiovisuales se estimaban en 450 millones de dólares. La prensa no se fía de un militar que, después de haber sido el autor de un golpe de Estado fallido en 1992, no duda en proclamar que permanecerá en el poder hasta el 2021...Está escaldada por decisiones tales como el nombramiento a la cabeza de la Fiscalía General de la República, y en condiciones contestadas, en diciembre de 2000, de Isaías Rodríguez, hasta entonces vicepresidente de la República. Una decisión susceptible de cuestionar la independencia del poder judicial. Finalmente, la prensa se ha visto tentada a entrar en la oposición por la casi desaparición de los partidos políticos tradicionales, desacreditados después de cuarenta años de repartirse el poder, y barridos durante las elecciones que llevaron a Chávez a la presidencia, a finales de 1998. La Coordinadora Democrática, coalición de partidos de la oposición y de organizaciones de la sociedad civil, no nació hasta julio de 2002. Junto con Fedecámaras y la CTV, la prensa encarna de hecho la oposición. Y así ha entrado en una lógica de confrontación con un Presidente que ya desde el comienzo de su mandato la trataba como a un adversario y, de repente, ha encontrado más motivos para hacerlo. Más aun porque esos medios de comunicación, en su retórica, han caído en unos excesos y una intolerancia, similares a los del gobierno. Los excesos del "antichavismo" En la prisa por desacreditar al gobierno, algunos medios de comunicación privados han llegado a lanzar informaciones falsas, por no verificarlas. El 9 de enero de 2003, Juan Fernández, presidente de la organización Gente del Petróleo, que participó en el paro, anunció que un empleado de PDVSA había muerto en un incendio, ocurrido dos días antes, en una refinería que el gobierno quería poner en marcha, a pesar de la huelga. Varios medios reprodujeron esa información. El 12 de enero, Alirio Carresquero, el empleado en cuestión, aparecía junto al presidente Chávez, en su programa "Aló Presidente". Ya en marzo de 2002, el diario El Nacional reprodujo, del sitio analitica.com, una supuesta entrevista con el periodista francés Ignacio Ramonet en la que éste, considerado como cercano a Hugo Chávez, criticaba de manera fuerte el Presidente. Al día siguiente de la publicación, en un mensaje dirigido al director de analitica.com, el autor de la entrevista, un tal Emiliano Payares Guzmán, estudiante mexicano, revelaba que se había inventado completamente la entrevista, en el marco de un "estudio sobre la falta de rigurosidad de la prensa caribe". El Nacional publicó inmediatamente una rectificación. A los principales medios de comunicación privados se les acusa de dar esencialmente la palabra a la oposición. "Desde hace tiempo, ya no se discute la lista de personas a entrevistar, nos la proporciona la dirección de la redacción", lamenta un periodista de una radio privada que, sin embargo, precisa que consigue arreglárselas para abrir su micrófono a quien quiere. Para Phil Gunson, corresponsal de los semanarios The Economist y Newsweek, y del diario Miami Herald, los entrevistas con los líderes de la oposición se parecen a "sesiones de masaje mutuo. Donde todo el mundo está de acuerdo (…)" "El debate público ha caído al nivel cero, el del insulto", comenta Emilio Arrojo, de la agencia española EFE. Según Nora Uribe, Ministro de Información y Comunicación, frecuentemente al Presidente se le trata de "loco", "incompetente", "asesino", "criminal y "ladrón". Los partidarios de Chávez son calificados de "hordas chavistas" y los "círculos bolivarianos", las organizaciones de base favorables al Presidente, son rebautizados como "círculos del terror", a causa de las violencias cometidas por los más extremistas de ellos. El 12 de febrero de 2003, en su programa "La Noticia" (Televén), en el que comenta la actualidad, Marta Colomina calificó de "ridículos" a los diputados de la mayoría, y al gobierno de "farsante", y denunció la "revolución de pacotilla" emprendida por él. Pero, según el universitario Pablo Antillano, lo más grave no está ahí, está en la práctica de la "cartelización"; en claro, la decisión de los canales de cubrir todos juntos un acontecimiento. "Esta práctica cuestiona gravemente la pluralidad de la información", afirma este especialista en medios de comunicación. Los canales se reparten los lugares que hay que cubrir, para estar presentes en todas partes, y luego se intercambian las imágenes. Ofrecen una programación común, al emitir las mismas imágenes y adoptar el mismo planning. Una vez más, en Internet se encuentra el discurso más radical de la oposición. Allí, la lógica es la misma que en los sitios pro-gubernamentales: la satanización y la criminalización del "enemigo". Un sitio([http://mx.msnusers.com/ESCUALIDOSNIUNPASOATRAS)] publicó así un fotomontaje, representando a Chávez como el diablo. Otro, reconocelos.com, pidió a la población que dejaran al margen de la sociedad a las personalidades consideradas como cercanas al gobierno. Entre ellas, a once periodistas "que han avergonzado a su gremio, al convertirse en voceros del dictador". Los internautas están invitados a enviar sus comentarios. Uno de ellos invita, a quienes lo deseen, a protestar en un concierto de cacerolas, los famosos "cacerolazos", bajo las ventanas de Eleazar Díaz Rangel, director del diario Ultimas Noticias, y facilita su dirección. Un respeto selectivo de la libertad de prensa La intolerancia contenida en el discurso de la prensa privada iba a prolongarse en agresiones contra algunos periodistas de la prensa pro-gubernamental, o considerados como tales. Esos actos, que pueden considerarse como desbordamientos, no tienen el carácter sistemático y organizado de las agresiones contra la prensa privada. Jesús Romero Anselmi, director de VTV, que se encuentra también entre los denunciados en reconocelos.com, fue víctima, a finales de enero de 2003, en su domicilio, de un concierto de cacerolas ejecutado por militantes de la oposición. Varios periodistas de VTV y de RNV también fueron agredidos durante algunas manifestaciones. El 19 de noviembre de 2002, Zaida Pereira y Eduardo Escalona, periodista y reportero de VTV respectivamente, fueron agredidos en la Plaza de Francia de Altamira, ocupada por algunos militares que se declararon "en desobediencia legítima". En tres ocasiones en 2002, partidarios de la oposición se manifestaron delante del local del canal público de televisión, al que acusan de hacer el juego al Presidente. Algunos periodistas de medios de comunicación comunitarios, gestionados por las comunidades de habitantes, frecuentemente a escala de barrio, también fueron víctimas de la violencia, como Maite Moreno y Narka Moreno, dos reporteras del canal Catia TV, agredidas el 2 de febrero de 2003, en una recogida de firmas organizada por la oposición. Esos medios de comunicación se han desarrollado netamente desde la llegada de Chávez al poder y la aprobación, en agosto de 2000, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que abre la puerta a su legalización. Además, según Ricardo Márquez, responsable de Catia TV, su emisora también recibió una subvención del gobierno, para ayudar a su lanzamiento. En un encuentro con los representantes de Reporteros sin Fronteras, varios directores de medios de comunicación privados no escondieron su hostilidad, en relación con esta prensa, a la que consideran enfeudada con el presidente Chávez. Una hostilidad compartida. Para Thierry Deronne, de la televisión comunitaria Teletambores, los medios de comunicación privados son "medios criminales, engullidos en la propaganda política y en las campañas de odio social y racial". Lo paradójico es que la prensa privada, que al mismo tiempo se erige en defensora de la libertad de prensa frente al Presidente, vería con agrado el cierre de esos medios de comunicación. Un artículo publicado en septiembre de 2002 por el diario El Nacional subraya que la mayor parte de las radios comunitarias son ilegales, y recuerda que, en este caso, la ley "establece el cierre de la emisora, incautar los equipos y encarcelar al dueño". En menor medida, la prensa internacional también se ha convertido en una víctima del clima de intolerancia. Desde que los canales internacionales cubrieron el regreso del Presidente al poder, el 13 de abril de 2002, la prensa extranjera está mal vista por los sectores más radicales de la oposición. Sus relaciones con varios medios de comunicación privados se degradaron aun más cuando el paro nacional de los meses de diciembre de 2002 y enero de 2003. De manera general, la prensa de oposición reprocha a la prensa internacional no entender la situación venezolana, y presentar a Chávez como el representante de los pobres, expuesto a los sectores conservadores. Varios corresponsales extranjeros se sienten interpelados por la oposición, que desearía verles apoyar su causa. Una impresión que se transforma en malestar cuando algunos periodistas de los medios de comunicación privados critican la cobertura que hace la prensa internacional de los acontecimientos. Un periodista que trabaja para CNN confía que tapó el logotipo del canal en su vehículo, para evitar problemas. Emilio Arrojo, responsable de la agencia EFE, explica que fue víctima de dos avisos de bomba, a principios de enero de 2003, después de que Leopoldo Castillo, presentador del programa "Aló Ciudadano", que se emite en Globovisión, declarara que un despacho de su agencia afirmaba que las manifestaciones de la oposición estaban dirigidas por sus "jerarcas". "EFE nunca dijo eso", precisa Emilio Arrojo. El 21 de febrero de 2003, retomando un método de los partidarios del gobierno, cerca de sesenta militantes de la oposición interceptaron un vehículo de la Agencia France-Presse. Al grito de "Ustedes son franceses, ustedes son (del diario francés) Le Monde, ustedes están con Chávez", sacudieron el vehículo e impidieron salir a sus dos ocupantes. A finales de diciembre de 2002, Le Monde publicó un editorial, según el cual los partidarios de la oposición "nunca han soportado que un pequeño oficial, salido del pueblo y mestizo de indio, venga a perturbar el juego de una clase dirigente, de tradición oligárquica". Nueva ofensiva del gobierno contra la prensa
El 20 de enero de 2003, cuando el paro nacional empezaba a agotarse, tres canales de televisión fueron informados de que Ministerio de Infraestructura (Minfra), que gestiona la concesión de frecuencias, había abierto procedimientos administrativos contra ellos, por haber difundido imágenes "incitando a la rebelión" e informaciones "falsas, engañosas y tendenciosas". Al día siguiente, el gobierno instauró el control de cambios que, de hecho, le da la posibilidad de impedir que la prensa escrita se provea de papel en el extranjero. Quince días más tarde, se aprobó, en primera lectura, un proyecto de ley sobre "la responsabilidad social" de los medios de comunicación audiovisuales. Permite retirar la licencia a los canales que no respeten determinados criterios de programación, en los programas destinados a los niños. Hugo Chávez, una vez que estuvo convencido del fracaso de la huelga, lanzó una gran ofensiva contra la prensa. Como había cambiado la relación de fuerzas, el jefe del Estado se apoyó en algunos excesos de la prensa privada, para justificar varias actuaciones contra ella. El 23 de enero, marcó la pauta ante sus partidarios: "Si tuvieramos que tomar la medida más grave, lo haremos, (a los canales de televisión) les vamos a quitar la concesión para que dejen de transmitir lo que transmiten". Procedimientos administrativos contra los "cuatro jinetes del apocalipsis" Muchos antes del final del paro nacional, las autoridades buscaron el medio de presionar a la prensa privada. El 6 de enero de 2003, el Fiscal General de la República anunció que se había presentado una acción de protección contra los canales que no habían respetado los horarios dedicados a la programación infantil, a causa de su especial cobertura de la huelga. Por otra parte, entre el 12 de diciembre de 2002 y el 8 de enero de 2003, algunos simples particulares presentaron, a título personal o en calidad de representantes de asociaciones, al menos doce denuncias contra esas mismas emisoras, por motivos similares. Muy pronto se endureció el tono contra Globovisión, RCTV, Televén y Venevisión, los principales cuatro canales comerciales, apodados los "cuatro jinetes del apocalipsis" por el Presidente. El 20 de diciembre, Globovisión, RCTV y el canal regional Televisión Regional de Táchira (TRT); después Televén, el 30 de enero y, finalmente Venevisión, el 5 de febrero, fueron informados de que se les habían abierto procedimientos administrativos. Se acusó a los canales televisivos de incitar "a la rebelión o al irrespeto de las instituciones y autoridades legítimas", transmitir "informaciones falsas, engañosas y tendenciosas", atentar contra "la reputación y buen nombre de las personas o instituciones", y "subvertir el orden público o social"...También están acusados de no respetar los horarios de la programación infantil y de incitar a cometer delitos, tales como no pagar los impuestos, o manifestarse en zonas declaradas prohibidas. Los canales de televisión habrían violado el Reglamento de Radiocomunicaciones, el Reglamento Parcial sobre Transmisiones de Televisión y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Una legislación considerada por Eduardo Bertoni, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, como "contraria al libre ejercicio de la libertad de expresión". Frecuentemente, los cargos se basan en el contenido de los spots políticos de la oposición. Algunos están incriminados por haber acusado al Presidente de realizar "viajes inecesarios y ataques a la Iglesia", y de ser "el solo responsable" de "tanta impunidad, anarquía e ingobernabilidad". También se acusa a los canales de emitir declaraciones de miembros de la oposición, como las del jurista Hermann Escara, quien afirmaba: "El pueblo tiene que salir a las calles mañana (...) El llamado es al pueblo. El llamado también es a los militares (…)." Tras la presentación de esos recursos, el Ministro de Infraestructura es quien debe decidir, antes de finales de junio. Puede pedir una multa o la suspensión de los canales, e incluso que se revoquen sus licencias. Los defensores de la libertad de prensa están muy preocupados. El Ministro de Infraestructura, Diosdado Cabello Rondón es una persona cercana al Presidente, quien sería partidario de una línea "dura" en el seno del gobierno. Andrés Cañizales, del IPYS, subraya que le nombraron para el cargo de Ministro de Infraestructura el 14 de enero de 2003, justo antes del anuncio de las denuncias administrativas. Podría haber sido designado para encabezar la represión. Los canales de televisión disponían de quince días laborables para presentar su defensa. Para Televén, el Ministro de Infraestructura no tiene competencias ni para emprender tales acciones, ni para imponer sanciones a los medios de comunicación. Según el canal, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones no le da ese poder. El servicio jurídico del canal ha pedido que se anulen los procedimientos. Igualmente, hace constar que las imágenes incriminadas eran "hechos noticiosos". Finalmente, Televén subraya que el canal no retransmitió algunas imágenes, de cuya difusión se les acusa. En Venevisión se afirma que las leyes que se pretende aplicar a la emisora fueron derogadas, y que al canal solamente se le puede denunciar en base a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, aprobada en agosto de 2000. Venevisión también pide que se reconozca la nulidad de las diligencias. La prensa escrita amenazada por el restablecimiento del control de cambios El 21 de enero de 2003, el gobierno venezolano suspendió la venta de divisas y el 5 de febrero instituyó un control de cambios. A partir de entonces, todas las operaciones de cambios tienen que ser autorizadas por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), creada por las autoridades. A su cabeza, el presidente Chávez ha nombrado a un capitán jubilado, que participó junto a él en el fallido golpe de Estado de febrero de 1992. El 4 de febrero, el jefe del Estado advirtió que no habría "ni un dólar más para los golpistas". Por su parte, el Ministro de Comercio, Ramón Rosales, afirmó que participar en un golpe de Estado y pedir divisas, "es un contrasentido". La mayor parte de los periódicos y revistas, que importan el papel, se sienten amenazados. Sobre todo porque, durante la presidencia de Jaime Lusinchi (1984-1989), el gobierno utilizó el control de cambios para controlar a la prensa. Más recientemente, Rafael Caldera, presidente de la República entre 1994 y 1999, también lo utilizó contra el diario El Impulso. Durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en Washington el 26 de febrero, Nora Uribe, Ministro de Comunicación, intentó tranquilizar afirmando que "el gobierno no negará divisas a los medios de comunicación". Sin embargo, a principios de abril, ningún periódico había recibido todavía la autorización para comprar dólares. Y el papel no figura en las listas de productos que pueden ser objeto de venta de divisas, hechas públicas por el Cadivi. Según Miguel Henrique Otero, director del diario El Nacional, teniendo en cuenta sus reservas de papel, algunos periódicos podrían verse forzados a cesar su publicación a partir del mes de mayo de 2003. La prensa escrita no es la única amenazada. Los medios audiovisuales que compran programas y material en el extranjero, también podrían verse afectados. ¿No existe nada por encima del derecho de los niños? Una semana después del establecimiento del control de cambios, la Asamblea Nacional aprobó, en primera lectura, por una corta mayoría, la Ley sobre la Responsabilidad Social en Radio y Televisión. El objetivo que persigue la ley es adaptar la programación audiovisual al público infantíl. La ley, inicialmente llamada Ley de Contenidos, estaba en estudio desde junio de 2001. Conatel, una entidad encargada de regular las licencias, que se encuentra bajo la tutela del Ministerio de Infraestructura (Minfra), elaboró una primera versión, después de consultar con la "sociedad civil". Pero el texto, sometido a aprobación en la Asamblea Nacional, sufrió varias modificaciones que parecen otras tantas respuestas al comportamiento de los medios de comunicación durante el paro nacional. En su editorial del 12 de febrero, Teodoro Petkoff, director del diario Tal Cual, denunció la aprobación de una ley "sin los necesarios grados de consenso social y político que exige un tema que atañe a tan importante derecho humano, como es el de la libertad de expresión". Como él, muchos observadores denuncian un texto que constituye una medida de represalia contra los canales de televisión que, más que la prensa escrita, se mostraron parciales en la cobertura del paro. La ley cataloga el lenguaje y las imágenes de carácter violento y sexual, en varias categorías. Diferencia así las imágenes de contenido sexual "educativo", de las imágenes de carácter sexual "moderado", "fuerte" o "pornográfico". Según la clasificación, esas imágenes se emitirán en una u otra de las tres franjas horarias definidas por la ley: un horario "protegido" (entre las 6 horas y las 20 horas), durante el cual los niños deben poder mirar solos la televisión; un horario "supervisado" (entre las 5 y las 6 horas y entre las 20 y las 23 horas), durante el cual los niños están vigilados por sus padres; y un horario adulto (entre las 23 horas y las 5 de la mañana). No respetar las franjas horarias está castigado con multas, cuya importancia varía según que las infracciones sean "leves", "medianas", "graves" o "muy graves". Para Jesse Chacón, director general de la Conatel, no existe nada por encima del derecho de los niños. Entre las infracciones que se consideran "muy graves" figuran algunos elementos sin relación aparente con el objeto de la ley, tales como la difusión de imágenes que "promuevan, apologicen o inciten al incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente", o "impidan u obstaculicen la acción de los órganos de seguridad y del Poder Judicial, que sea necesaria para garantizar el derecho a la vida, la salud o la integridad de las personas". A la versión original se le añadió una disposición que prohibe la difusión de "contenidos que promuevan, apologicen o inciten al irrespeto de las instituciones y autoridades legítimas, tales como : Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional, Presidente o Presidenta de la República (...)". Esta infracción está considerada como "muy grave". Fue introducida "a petición de la sociedad civil", precisa Jesse Chacón. Este ex teniente del ejército estaba encargado de hacerse con el control del canal público VTV durante el fallido golpe de Estado militar de 1992, el segundo del año tras el de febrero, en el que participó Hugo Chávez. La ley establece multas para los medios de comunicación falibles, la suspensión de las concesiones, e incluso su revocatoria. Para vigilar su aplicación se creó un Instituto Nacional de Radio y Televisión (INRT). A la cabeza, el "Consejo Directivo" puede establecer multas, pero sigue siendo prerrogativa del Ministro de Infraestructura la suspensión o la revocatoria de la concesión a un medio de comunicación. La suspensión se produce después de tres condenas por "infracción grave" en menos de cinco años. Después de dos suspensiones, en menos de tres años, el medio arriesga la revocatoria de su concesión. En su primera versión, la mayoría de los miembros del Consejo Directivo del INRT tenía que ser designada por algunos organismos, representantes de la sociedad civil. En la versión sometida a la aprobación de la Asamblea Nacional, de once miembros, cinco son nombrados por el Presidente y el gobierno, tres por la Asamblea Nacional, y los tres últimos miembros por "comités de usuarios de radio y televisión" y "productores nacionales independientes", dos instituciones que deberían representar a la sociedad civil pero que, hasta ahora, no existían. Para los medios de comunicación, el cambio hace claramente del INRT una institución política, y ya no técnica. Tras la adopción, en primera lectura, de la Ley sobre la Responsabilidad Social en Radio y Televisión, el 13 de febrero, ahora debe ser objeto de una segunda lectura, con la aprobación de artículo por artículo. Una muestra de que los ánimos todavía no se han calmado es que Iris Valera, una diputada del MVR considerada radical, propuso a mediados a marzo que las sesiones parlamentarias sobre la cuestión se celebren en el barrio 23 de enero, un bastión de los partidarios del Presidente, situado al noroeste de Caracas. Presiones administrativas y fiscales En enero y febrero de 2003 las autoridadesadoptaron,o anunciaron,otrosactosymedidascontra los medios de comunicación. El23 de enero, fue detenido un técnico de las oficinas de Venevisión en la Isla Margarita, por haber interferido la retransmisión de una "cadena" del Presidente, durante 90 segundos. El empleado del canal, Igor Aránzazu, explicó que un error de manipulación le llevó a emitir el sonido de una manifestación de la oposición sobre las imágenes de la alocución presidencial. Amenazado con cuatro años de cárcel por haber interrumpido, "con dolo", la prestación de un servicio de comunicación, finalmente quedó en libertad un mes más tarde. El 10 de febrero, en una carta firmada por Jesse Chacón, Globovisión recibía una conminación de la Conatel, pidiéndole que se adecuara a "la obligación (para los canales de televisión) de mantener un mínimo de tres horas diarias de programación especialmente dirigida a niños, niñas y adolescentes entre las 3.00 pm y las 8.00 pm". Hasta entonces, Globovisión, canal de información continua, nunca había emitido programas para niños, sin que las autoridades le hubieran hecho ninguna observación. Posteriormente, y después de un control fiscal iniciado en noviembre de 2001, la Conatel exigió del canal el pago de más de 150 millones de bolívares (alrededor de 96.000 euros), supuestamente por no haber regulado cerca de 51,6 millones de bolívares (32.000 euros) de impuestos. A esta suma se añaden 48,9 millones de bolívares (30.000 euros) de intereses, y una multa de 55,2 millones de bolívares (34.000 euros). "No le debemos ni un bolívar a este gobiernito", declaró, como reacción, Alberto Federico Ravell, director de Globovisión. Para él, se trata de una decisión política. Antes del inicio de la huelga, Hugo Chávez anunció que varios medios de comunicación, de los que no precisó el nombre, tenían importantes deudas tributarias. El 13 de febrero, el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat) pidió al Colegio Nacional de Periodistas (CNP) que le proporcionara el nombre, número de registro y dirección de la organización, así como algunas informaciones (nombre, número de la cédula de identidad, dirección) del conjunto de sus miembros. Era la primera vez que el CNP, que frecuentemente ha denunciado atentados a la libertad de prensa por los partidarios del gobierno, era objeto de una petición como esa. A principios de marzo, el Seniat anunció la apertura de una investigación sobre los impuestos que deberían pagar los canales, por la difusión de propagandas políticas durante el paro. Las investigaciones deberán establecer si la difusión fue gratuita. En ese caso, los canales deberán satisfacer algunos impuestos sobre las donaciones. En una conferencia de prensa, Trino Alcides Díaz negó cualquier "politización" de esta decisión, y precisó que debería ampliarse después a los periódicos y a las radios. Conclusión
La situación de la libertad de prensa se ha vuelto de lo más delicada, desde que la mayor parte de la prensa privada tomó abiertamente partido contra el gobierno. Aunque sea un derecho indiscutible, los excesos en que ha incurrido debilitan la libertad de prensa. Porque, a los ojos del Presidente y de sus partidarios, eso sirve para justificar un poco más las agresiones, sin embargo inaceptables, contra periodistas. Porque, desde el final del paro, el Presidente se apoya en el descrédito de la prensa para encabezar contra ella una ofensiva, que cuestiona gravemente la libertad de prensa. Porque ha llegado un momento en que el propio discurso de esta prensa provoca, puntualmente, agresiones contra algunos representantes de la prensa pro-gubernamental e internacional. Los legítimos llamamientos de los principales medios de comunicación al respeto de la libertad de expresión se ven desacreditados por posturas intolerantes contra algunos medios de comunicación, que no comparten sus opciones políticas, hasta el punto de que ha llegado a avalar el cierre de algunos de ellos. Hay que destacar que el canal público cayó en los mismos excesos, incluso peores. ¿Son más excusables sus derivas porque se escucha menos, y es una especie de David frente al Goliat que representan los canales privados? Su estatuto de canal público no le proporciona menos, sino al contrario más, obligaciones frente a los venezolanos. Pero la principal responsabilidad en la degradación de la situación de la libertad de prensa, corresponde al presidente Hugo Chávez, y a su gobierno. No es sólo que las declaraciones del jefe del Estado hayan podido animar las numerosas agresiones a periodistas de la prensa privada, sino que su carácter organizado viene a demostrar que se trataría incluso de una política deliberada y planificada, y no de simples desbordamientos. Hugo Chávez, en tanto que Presidente, tiene el deber de asegurar que los medios de comunicación disfrutan de protección, de vigilar que se lleven a cabo investigaciones sobre las agresiones a periodistas y que se juzgue a sus autores, sea cual sea el campo político al que pertenezcan. En realidad, el jefe del Estado se comporta como un jefe de clan. El frecuente recurso a las "cadenas" ha transformado ese procedimiento- completamente legítimo, que permite a un Presidente dirigirse a la Nación, en caso de circunstancias excepcionales- en una herramienta de comunicación en manos de un político. La adopción de un proyecto de ley sobre la responsabilidad social de los medios de comunicación debe ser objeto de un amplio consenso. Al hacer del gobierno el juez de su aplicación, el proyecto propuesto puede transformarse en un medio para controlar a la prensa, sobre todo si establece el cierre de los medios de comunicación, en caso de infracción. Condenables en sí mismas, tales disposiciones parecen tanto más peligrosas en un contexto de extremada polarización, entre medios de comunicación y gobierno. Recomendaciones
Reporteros sin Fronteras recomienda al Estado venezolano: Respecto a las agresiones a periodistas:
que condene, sin equívoco, cualquier agresión a periodistas,
- que haga todo lo que esté en su mano para que se efectúen investigaciones sobre esas agresiones, con el fin de identificar y juzgar a sus autores. Sólo la condena de los agresores de periodistas demostrará la voluntad política del gobierno, de no tolerar tales actuaciones,
- que aplique las medidas solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de una treintena de periodistas y directores de los medios de comunicación; a saber, investigar sobre las agresiones de que fueron víctimas y/o darles protección. Respecto a la Ley sobre la Responsabilidad Social en Radio y Televisión :
que dé marcha atrás en la posibilidad revocar de forma temporal, o definitiva, la concesión a los medios de comunicación, salvo en caso de apelación al asesinato,
- que reequilibre la composición del Instituto Nacional de Radio y televisión (INRT), de forma que sean minoritarios los miembros nombrados por el poder ejecutivo y legislativo,
- que elimine el artículo sobre el desacato al jefe del Estado y a las instituciones del Estado, contrario al artículo 11 de la Declaración de principios sobre la libertad de expresión, adoptada por la CIDH, que establece que "las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.",
- que continue las consultas con los diferentes protagonistas de la sociedad concernidos, con el fin de llegar al consenso que requiere la adopción de una ley que proteja los derechos de los niños, sin cuestionar la libertad de prensa. Respecto al control de cambios:
- que garantice el acceso de los medios de comunicación a las divisas, de acuerdo con sus necesidades, de conformidad con el artículo 13 de la Declaración de principios sobre la libertad de expresión adoptada por la CIDH, que establece que "la utilización del poder del Estado (...) con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley." Respecto a los procedimientos administrativos y las denuncias fiscales:
- que abandone las denuncias contra los cinco canales de televisión porque la institución encargada de pronunciarse sobre sus faltas, a saber el Ministro de Infraestructura, es juez y parte ya que debe pronunciarse sobre declaraciones referidas al gobierno, al que pertenece,
- que efectúe los controles fiscales con la mayor trasparencia, y que no los instrumentalice con fines partidarios. Respecto a la utilización de las "cadenas":
- que utilice de forma responsable ese sistema de embargo de antena, limitando su recurso a las circunstancias excepcionales que justifican que el Presidente, o un miembro del gobierno, se dirija a la Nación. Reporteros sin Fronteras recomienda a los responsables de los medios de comunicación: - que condenen, sin equívoco, cualquier agresión a periodistas, incluso naturalmente cuando las víctimas trabajen para medios de comunicación favorables al presidente Chávez,
- que respeten la deontología profesional. La carta de Munich (un texto elaborado en 1971, por organizaciones internacionales de periodistas), establece que el periodista debe: "respetar la verdad, cualesquiera que puedan ser las consecuencias para él, en razón del derecho - que tiene el público a estar informado" (artículo 1); "publicar solamente las informaciones cuyo origen se conozca y acompañarlas, si fuera necesario, de las reservas que se imponen; no suprimir las informaciones esenciales y no alterar los textos y documentos" (artículo 3); "no confundir jamás el oficio de periodista con el publicitario o propagandista" (artículo 9). - Descargar el informe en .pdf :
Publié le
Updated on
20.01.2016
Venezuela
