Embargados equipos de un canal de televisión y atentado contra la CONATEL

Reporteros sin Fronteras denuncia el embargo, efectuado el 3 de octubre por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel entidad pública encargada de regular las licencias concedidas por el Estado), del material que permite al canal de información continua Globovisión transmitir informaciones en directo desde la calle. La asociación de defensa de la libertad de prensa condena con la misma fuerza el atentado con explosivo de que fue víctima la Conatel, la misma noche. "Ambos acontecimientos son extremadamente inquietantes. Demuestran la fragilidad de la libertad de prensa en Venezuela, cuando el país entra en un período electoral", ha declarado Robert Ménard, secretario general de Reporteros sin Fronteras. "Si, como usted afirma, lo que se cuestiona no es el contenido de la programación, entonces no debe sancionarse el contenido del canal", ha subrayado Robert Ménard en una carta dirigida a Diosdado Cabello, Ministro de Infraestructura, de quien depende la Conatel. Y ha añadido: "Sin pronunciarse sobre la responsabilidad, o no, de Globovisión en las infracciones que se le imputan, nuestra organización no puede más que condenar una decisión que reduce considerablemente el poder de informar de un canal de televisión". Por otra parte, la organización ha pedido a Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República, que le mantenga informada de los avances de la investigación sobre el atentado con granada, perpetrado el 3 de octubre por la noche contra la Conatel. "Reporteros sin Fronteras, que frecuentemente ha denunciado varias decisiones de la Conatel, como perjudiciales para la libertad de prensa, no puede aceptar que se recurra a la violencia para reducir al silencio a un medio de comunicación, o a una institución", ha precisado la organización. El 3 de octubre de 2003 unos agentes de la Conatel se presentaron en los locales del canal de información continua Globovisión, para embargar el material de trasmisión que les permite cubrir acontecimientos en directo. También embargaron antenas del canal, colocadas en dos ligares situados en las alturas de Caracas. "(Existen) indicios que permiten presumir que Globovisión ha hecho uso y explotación de porciones del espectro radioeléctrico en Caracas, sin permiso de Conatel", explicó el director de ésta última, Alvis Lezama, para justificar el embargo. Para Diosdado Cabello, Ministro de Infraestructura, "esto es un proceso administrativo, Globovisión está funcionando, aqui no nos hemos metido con el contenido de la programación". Por su parte, el presidente Chávez declaró: "el Chávez permisivo se acabó ; atentos estamos y estaremos a cualquier exceso, sobre todo de los medios de comunicación, para aplicar la ley cuando haya que aplicarla, y poner las cosas en su lugar". Para Alberto Federico Ravell, director de Globovisión, se trata "de un atentado contra la libertad de expresión". Ha subrayado que al no poder cubrir los acontecimientos de la calle, el canal solo funcionará a medias. Según él se trata de un paso hacia sanciones contra otros canales críticos con el Presidente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha exigido inmediatamente la suspensión de la medida, y la restitución del material al canal, como medida cautelar. En la noche del 3 al 4 de octubre se lanzó una granada contra la sede de la Conatel, provocando daños materiales aunque ninguna víctima. Según Jesse Chacón, Ministro de Información y ex director de la Conatel, "fueron dos motorizados en una moto blanca quienes se desplazaron por la avenida, lanzaron la granada, y huyeron". Para Jesse Chacón el atentado es una respuesta al embargo del material de Globovisión, la víspera, por la Conatel. Tras el embargo tuvo lugar una violenta manifestación de protesta, ante la sede del organismo público. Fue dispersada por la policía. En enero y febrero de 2003, Globovisión, RCTV, Televén y Venevisión, los cuatro principales canales comerciales, apodados "los cuatro jinetes del Apocalipsis" por el Presidente y el canal regional Televisión Regional de Táchira (TRT), fueron informados por la Conatel de que eran objeto de un procedimiento administrativo, en razón de la cobertura dada a la huelga general convocada por la oposición (diciembre 2002 / enero 2003). Corresponde pronunciarse sobre ello al Ministro de Infraestructura. A los canales podrían multarles, suspender sus programas e incluso revocarles las licencias. Entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2003, la oposición intentará recoger más de 2 millones de firmas, con el fin de conseguir un referéndum para exigir la salida del presidente Hugo Chávez.