Elecciones presidenciales en Guatemala: ¿cuál es el futuro de la libertad de expresión?

El domingo 16 de junio la ciudadanía guatemalteca participará en los comicios generales para elegir a su próximo presidente y representantes ante el Congreso de la República para el periodo 2020-2024. Tradicionalmente los años electorales son periodos en los que se agudizan los ataques en contra de la libertad de expresión y de prensa, especialmente en zonas remotas y con poca presencia del Estado. En el pasado proceso electoral (2015), el Observatorio de los Periodistas, organización especializada en la recopilación y análisis de ataques contra periodistas, recopiló 111 casos, incluido el asesinato de tres comunicadores.

En ese contexto, los periodistas del país se enfrentan a un escenario hostil para ejercer libremente su labor, caracterizado por la pasividad de los órganos de seguridad pública ante los casos de violencias registrados en contra de los comunicadores y la indiferencia del mandatario actual Jimmy Morales, quien durante los últimos tres años se aprovechó constantemente de sus alocuciones públicas para atacar y generar animadversión hacia la prensa.  

El momento convulso que atraviesa el país hace temer que estos actos, así como la utilización del derecho penal, las campañas de desprestigio en redes sociales y los ataques a páginas web, se repitan durante los próximos meses.

Violencia histórica contra la prensa

Funcionarios y políticos locales emplean diversas acciones para atacar a la prensa e intentar silenciar las publicaciones, críticas o investigaciones que puedan comprometer sus aspiraciones de poder. Estas acciones van desde la compra masiva de periódicos en determinadas zonas, hasta atentados contra periodistas o el cierre de noticieros en medios locales.

La censura y la autocensura continúan siendo una de las principales problemáticas para la prensa en los departamentos. Frecuentemente los comunicadores evitan indagar o publicar temas relacionados al crimen organizado, malversación de fondos o actos ilícitos en instituciones públicas debido a las repercusiones que pudieran sufrir ellos o sus familias. Los funcionarios y estructuras del crimen organizado son identificados por periodistas como los principales censores y se sospecha, en numerosos casos, la estrecha relación existente entre las estructuras delincuenciales y autoridades públicas.

Asimismo, los periodistas evitan denunciar pública o penalmente los actos en su contra por temor a sufrir una represión mayor o por la desconfianza en las instituciones del sector justicia. El poco avance en las investigaciones, el elevado nivel de impunidad, el desinterés de las autoridades y la cooptación de los representantes del sector justicia, por parte de estructuras delincuenciales o actores políticos, influyen significativamente en esa autocensura.

Programa de protección para los periodistas: una promesa engavetada

Los periodistas observaron en Morales una esperanza para finalmente implementar un programa especializado para la seguridad del gremio, cuando en marzo de 2016 dejó sin efecto el proceso que inició el anterior gobierno, que también se había caracterizado por carecer de legitimidad y haber sido encabezado por una consultora sin experiencia, que actuó de forma opaca y vedó la participación de los comunicadores.

En esa oportunidad el gobierno, a través de la Secretaría de Comunicación Social, encargó a la Alianza de Entidades de Prensa - integrada por asociaciones de prensa nacionales y departamentales que buscan la aprobación del programa -, que elaborarán una nueva propuesta para iniciar la construcción del Programa de Protección a Periodistas.

La iniciativa se presentó y en julio de 2016 recibió el aval presidencial para su implementación. Desafortunadamente, como muchas otras promesas, ésta quedó engavetada y su proceso se estancó.

“Morales no solo incumplió su promesa de crear un Programa de Protección a Periodistas, sino que durante todo su gobierno fue creando un contexto adverso hacia los periodistas al acusarlos de difundir noticias falsas para confundir a la población y dañar la imagen del gobierno”, señala Miguel Ángel Juárez, presidente de APG.

Actitud oficial negativa hacia la prensa

RSF y la APG lamentan el deterioro de la postura del gobierno de Jimmy Morales hacia la prensa, debido a la constante confrontación y ataques públicos de parte del mandatario en contra de los medios de comunicación.

“Contrario a lo que se pensaba al inicio de su gestión, con la promesa de puertas abiertas a la prensa y su apoyo manifiesto a la creación del Programa de Protección a Periodistas, Morales se convirtió en el presidente más intransigente hacia las críticas e investigaciones de la prensa independiente” declara Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de RSF .

El mandatario se caracterizó también por evadir constantemente a los reporteros y rehusarse a responder a cuestionamientos por temas polémicos. Si por un lado, el presidente evita responder a los medios, por otro aprovecha sus alocuciones públicas para victimizarse ante los cuestionamientos de la prensa y asegurarse que únicamente se trataban de “fake news” que buscaban perjudicar su imagen. Una postura que estimula que sus seguidores o funcionarios incurran en actos de violencia hacia los periodistas o pretendan limitar su labor, bajo el argumento de que éstos difunden únicamente noticias tendenciosas.

Además existen hechos en los que se sospecha podría haber involucramiento estatal, como el robo de equipo periodístico y pertenencias personales a miembros de Nuestro Diario y el canal Guatevisión, en julio de 2018.

También existieron, en abril de 2018, campañas de difamación en contra del periodista Henry Bin, de ConCriterio, luego que una de sus investigaciones evidenciará la relación del Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, con netcenters que operan perfiles falsos para atacar a los críticos de Morales.

Funcionarios cercanos a Morales también han utilizado sus recursos dentro del Estado para accionar en contra de periodistas y minar los esfuerzos logrados en favor de la seguridad de los periodistas. A raíz de las críticas en su contra, en julio de 2018, la Canciller Sandra Jovel demandó penalmente al presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, por supuesta violencia contra la mujer en su forma psicológica.

Por su parte, el Ministro de Gobernación, Enrique Dehengart, desde el inició de gestión en 2018 se empeñó en socavar la Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos, espacio en el que se discutían los ataques contra periodistas y se exigían acciones y rendición de cuentas a las autoridades del sector justicia.

Cambios en la Fiscalía

En mayo de 2018, Consuelo Porras tomó posesión como nueva Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, en sustitución de Thelma Aldana. Porras fue electa para el puesto un mes antes por el mandatario Morales. La solicitud realizada por la APG de que hubiera un fortalecimiento de la oficina especializada en investigar los crímenes contra periodistas, que se reiteró por medio de la Fiscalía de Derechos Humanos en octubre, no tuvo ningún tipo de respuesta de la Fiscal General ni de los demás integrantes del Despacho Superior de la institución.

Resulta más preocupante que Porras prohibió a los fiscales de delitos contra periodistas y a la jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos participar en una presentación organizada por la APG a finales de noviembre.

Desde que se creó la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas es la primera ocasión en que se prohíbe a sus fiscales participar en actividades organizadas por el Observatorio de los Periodistas y la APG; hechos como este no ocurrieron ni siquiera en el momento convulso que atravesó el país en 2015.

RSF y la APG lamentan la actitud mostrada por la Fiscal General hacia las organizaciones de prensa y esperan que pueda rectificar su decisión en los próximos meses y no evadir las demandas de los periodistas.

Recomendaciones al próximo presidente

Ante el inicio de la campaña electoral en Guatemala, RSF y la APG exhortan a los distintos candidatos presidenciales a que:

• Se comprometan públicamente a respetar la libertad de expresión de los periodistas y medios de comunicación y eviten pronunciar discursos que puedan exacerbar la violencia contra la prensa. Esperamos que este compromiso con la prensa guatemalteca no quede únicamente en el discurso político, sino se convierta en una de las prioridades de la siguiente administración.

RSF y la APG exhortan a los distintos partidos políticos y comités cívicos a que:

• Durante la realización de la campaña electoral instruyan a sus colaboradores, candidatos, correligionarios o cualquier persona que tenga relación con estas agrupaciones, a que respeten la labor de los periodistas y medios de comunicación, para evitar cualquier incidente, como ha ocurrido en años anteriores.
• Desde la máxima dirigencia de estas organizaciones debe existir una postura clara y firme de rechazo a cualquier acto de sus integrantes que pueda comprometer la seguridad o el acceso libre a las fuentes de información de los reporteros.

RSF y la APG exhortan además al próximo gobernante a que:

• No emplee de manera arbitraria los recursos públicos destinados a la publicidad oficial para castigar o favorecer a ciertos medios de comunicación debido a sus críticas o publicaciones en contra del gobierno central o políticos del partido oficial. La pauta oficial no debe utilizarse como chantaje para buscar modificar la línea editorial de los medios.
• Evite el discurso confrontativo, los ataques públicos y la difamación en contra de los medios de comunicación y comunicadores sociales, y por el contrario, condenar públicamente cualquier acción que comprometa la seguridad de los periodistas o vulnere su derecho a la libertad de expresión, evitando cualquier mala práctica en contra de la prensa como ocurrió con la gestión de Morales.
• Se garantice desde la Presidencia la implementación del Programa de Protección a Periodistas, evitando errores cometidos en el pasado, reconocer los avances alcanzados en los últimos años y respetando el trabajo de la alianza de Entidades de Prensa en esta iniciativa.
• Se fortalezcan las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia encargadas de la seguridad de los periodistas e investigación de los hechos en su contra. No basta con aumentar el presupuesto de las entidades o sus recursos materiales, sino debe garantizarse el aumento del personal de la Fiscalía y los investigadores de Gobernación, procurar su profesionalización y estabilidad laboral, además de garantizar su independencia ante cualquier intento de presiones por actores políticos, poderes económicos o autoridades superiores.

El 3 de mayo pasado, en conmemoración del Día Mundial de Libertad de Prensa, la APG emitió un informe sobre la situación de la Libertad de Expresión del primer trimestre del 2019.

Guatemala se encuentra en el lugar 116, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por RSF en abril de 2019.