Elecciones presidenciales en Colombia: RSF pide que se respete el trabajo de los periodistas
Organización:
A la atención de las candidatas y los candidatos de los comicios presidenciales del 25 de mayo de 2014
Señora Clara López
Señor Enrique Peñalosa
Señora Marta Lucía Ramírez
Señor Juan Manuel Santos Calderón
Señor Óscar Iván Zuluaga
Señoras y señores,
Ante la proximidad de las elecciones presidenciales del 25 de mayo 2014, Reporteros sin Fronteras, organización internacional de defensa de la libertad de información, quiere recordarles que el trabajo de los periodistas es de importancia capital para el interés público. Por ello, queremos subrayar que debe garantizarse su seguridad en todas las circunstancias para que exista un clima de democracia pacífico. El presidente electo debe considerar la libertad de prensa y la lucha contra la impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra profesionales de la información como prioridades para Colombia, que ocupa el lugar 126, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por nuestra organización. Reporteros sin Fronteras les pide que en este delicado periodo electoral hagan de la seguridad de los periodistas un punto prioritario. Los ciudadanos colombianos acudirán a las urnas sólo unas semanas después de que agentes del escuadrón móvil antidisturbios agredieran a cuatro periodistas que cubrían las manifestaciones del 1 de mayo en Medellín. Incidente tras el cual uno de ellos, Esteban Vanegas, fue acusado de agredir a la policía. Semanas después en Buenaventura (oeste), el fotógrafo José Luis Torres, el periodista de la radio RCN Noticias Eider Marines y reportero del canal Telenoticias Jhon Fredy Ocoró, que cubrían las protestas por la falta de agua potable en la región, fueron agredidos con gas lacrimógeno por agentes de la policía antidisturbios. Ante la falta de reacción de los mandos de la policía de la ciudad, numerosos periodistas de Buenaventura decidieron detener sus actividades para hacer una protesta de "silencio informativo". Es esencial que los candidatos a la presidencia de la República se comprometan para poner fin a la impunidad de la que gozan los autores de las agresiones, amenazas o, peor, de los asesinatos de periodistas en Colombia. En doce años y tres mandatos presidenciales, Reporteros sin Fronteras ha registrado 19 asesinatos de periodistas en los que el crimen estaba relacionado con su profesión. Estos casos siguen sin ser resueltos, con excepción del Efraín Alberto Varela Noriega, asesinado en Arauca (oeste) en 2002; el autor del crimen fue condenado a trece años de prisión en 2007. Este grado de impunidad es aún más preocupante dado que los asesinatos cometidos antes del año 2000 prescriben veinte años después de que fueron cometidos. La justicia colombiana debe considerar los asesinatos de periodistas crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles de acuerdo al derecho colombiano e internacional, como lo hizo en los casos de José Eustorgio Colmenares Baptista y Guillermo Cano. El asesinato de Jesús Medina Parra, ocurrido el 28 de enero de 1994, prescribió en 2014. Si no se toman medidas, el asesinato de Abelardo Martín Pinzón (27 de mayo de 1994) y el de Martín Eduardo Múnera (3 de septiembre de1994) permanecerán para siempre en la impunidad. Reporteros sin Fronteras pide de nuevo a las autoridades que establezcan un verdadero mecanismo de protección que dote de mayor eficacia e interlocución a los programas dirigidos por la Unidad Nacional de Protección, adscrita al Ministerio del Interior, cuyos beneficiarios son los profesionales de la información y quienes ejercen tal oficio, aunque no sea de profesión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo subrayó en su Informe Anual, publicado el 23 de abril de 2014. El 19 de febrero de 2014 fue asesinado Yonni Stevens Caicedo, periodista de los canales de televisión locales TV Noticias y Más Noticias, que había sido amenazado de muerte hacía siete meses. Entonces, nuestra organización lamentó la ineficacia de las pocas medidas de protección otorgadas por la policía local. En las regiones más aisladas el peligro también puede provenir de grandes empresas industriales o agrícolas, como sucedió en el caso del periodista Exequiel Henao Guzmán, de la Radio Súper de Popoyán. El 4 de mayo de 2014 tres personas, al parecer empleados de una empresa minera de San Antonio, cerca de Santander de Quilichao (sudoeste), lo amenazaron de muerte cuando investigaba sobre la mina. La víspera, Eugenio Lucas, periodista de la estación Radio Tulúa, fue víctima de un atentado con granada en su domicilio. Reporteros sin Fronteras exhorta a las autoridades colombianas a que emprendan investigaciones con la mayor seriedad para identificar a los culpables y evitar que estas amenazas se cumplan. Aprovecho la ocasión para llamar su atención sobre el hecho de que los delitos de prensa en Colombia aún prevén penas de privación de la libertad –al igual que en otros 25 países de América Latina. Sólo Uruguay y Argentina han abolido tales sanciones por los casos de calumnia, injuria y difamación. El que en julio de 2013 la Corte Suprema de Justicia anulara la condena por “injuria” de Luis Agustín González, director del diario regional Cundinamarca Democrática alimentaba la esperanza de que se llevara a cabo una reforma. Desafortunadamente, no se ha observado ningún avance desde entonces. Agradeciendo su atención a esta carta, les envío señoras y señores candidatos mis saludos más cordiales. Atentamente,
Christophe Deloire,
Secretario General de Reporteros sin Fronteras
Señor Enrique Peñalosa
Señora Marta Lucía Ramírez
Señor Juan Manuel Santos Calderón
Señor Óscar Iván Zuluaga
Señoras y señores,
Ante la proximidad de las elecciones presidenciales del 25 de mayo 2014, Reporteros sin Fronteras, organización internacional de defensa de la libertad de información, quiere recordarles que el trabajo de los periodistas es de importancia capital para el interés público. Por ello, queremos subrayar que debe garantizarse su seguridad en todas las circunstancias para que exista un clima de democracia pacífico. El presidente electo debe considerar la libertad de prensa y la lucha contra la impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra profesionales de la información como prioridades para Colombia, que ocupa el lugar 126, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por nuestra organización. Reporteros sin Fronteras les pide que en este delicado periodo electoral hagan de la seguridad de los periodistas un punto prioritario. Los ciudadanos colombianos acudirán a las urnas sólo unas semanas después de que agentes del escuadrón móvil antidisturbios agredieran a cuatro periodistas que cubrían las manifestaciones del 1 de mayo en Medellín. Incidente tras el cual uno de ellos, Esteban Vanegas, fue acusado de agredir a la policía. Semanas después en Buenaventura (oeste), el fotógrafo José Luis Torres, el periodista de la radio RCN Noticias Eider Marines y reportero del canal Telenoticias Jhon Fredy Ocoró, que cubrían las protestas por la falta de agua potable en la región, fueron agredidos con gas lacrimógeno por agentes de la policía antidisturbios. Ante la falta de reacción de los mandos de la policía de la ciudad, numerosos periodistas de Buenaventura decidieron detener sus actividades para hacer una protesta de "silencio informativo". Es esencial que los candidatos a la presidencia de la República se comprometan para poner fin a la impunidad de la que gozan los autores de las agresiones, amenazas o, peor, de los asesinatos de periodistas en Colombia. En doce años y tres mandatos presidenciales, Reporteros sin Fronteras ha registrado 19 asesinatos de periodistas en los que el crimen estaba relacionado con su profesión. Estos casos siguen sin ser resueltos, con excepción del Efraín Alberto Varela Noriega, asesinado en Arauca (oeste) en 2002; el autor del crimen fue condenado a trece años de prisión en 2007. Este grado de impunidad es aún más preocupante dado que los asesinatos cometidos antes del año 2000 prescriben veinte años después de que fueron cometidos. La justicia colombiana debe considerar los asesinatos de periodistas crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles de acuerdo al derecho colombiano e internacional, como lo hizo en los casos de José Eustorgio Colmenares Baptista y Guillermo Cano. El asesinato de Jesús Medina Parra, ocurrido el 28 de enero de 1994, prescribió en 2014. Si no se toman medidas, el asesinato de Abelardo Martín Pinzón (27 de mayo de 1994) y el de Martín Eduardo Múnera (3 de septiembre de1994) permanecerán para siempre en la impunidad. Reporteros sin Fronteras pide de nuevo a las autoridades que establezcan un verdadero mecanismo de protección que dote de mayor eficacia e interlocución a los programas dirigidos por la Unidad Nacional de Protección, adscrita al Ministerio del Interior, cuyos beneficiarios son los profesionales de la información y quienes ejercen tal oficio, aunque no sea de profesión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo subrayó en su Informe Anual, publicado el 23 de abril de 2014. El 19 de febrero de 2014 fue asesinado Yonni Stevens Caicedo, periodista de los canales de televisión locales TV Noticias y Más Noticias, que había sido amenazado de muerte hacía siete meses. Entonces, nuestra organización lamentó la ineficacia de las pocas medidas de protección otorgadas por la policía local. En las regiones más aisladas el peligro también puede provenir de grandes empresas industriales o agrícolas, como sucedió en el caso del periodista Exequiel Henao Guzmán, de la Radio Súper de Popoyán. El 4 de mayo de 2014 tres personas, al parecer empleados de una empresa minera de San Antonio, cerca de Santander de Quilichao (sudoeste), lo amenazaron de muerte cuando investigaba sobre la mina. La víspera, Eugenio Lucas, periodista de la estación Radio Tulúa, fue víctima de un atentado con granada en su domicilio. Reporteros sin Fronteras exhorta a las autoridades colombianas a que emprendan investigaciones con la mayor seriedad para identificar a los culpables y evitar que estas amenazas se cumplan. Aprovecho la ocasión para llamar su atención sobre el hecho de que los delitos de prensa en Colombia aún prevén penas de privación de la libertad –al igual que en otros 25 países de América Latina. Sólo Uruguay y Argentina han abolido tales sanciones por los casos de calumnia, injuria y difamación. El que en julio de 2013 la Corte Suprema de Justicia anulara la condena por “injuria” de Luis Agustín González, director del diario regional Cundinamarca Democrática alimentaba la esperanza de que se llevara a cabo una reforma. Desafortunadamente, no se ha observado ningún avance desde entonces. Agradeciendo su atención a esta carta, les envío señoras y señores candidatos mis saludos más cordiales. Atentamente,
Christophe Deloire,
Secretario General de Reporteros sin Fronteras
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Updated on
20.01.2016