En vísperas de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 6 de octubre de 2002, Reporteros Sin Fronteras apela a los candidatos a luchar contra la impunidad que disfrutan los asesinos de periodistas. Teniendo en cuenta las conclusiones de una misión de investigación que fue enviada recientemente al Estado de Bahía (Nordeste), la organización internacional de defensa de la libertad de prensa les pide que se comprometan a aprobar un proyecto de reforma del poder judicial que ponga en manos de la policía federal las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas.
En Brasil, Tim Lopes, de TV Globo, y Savio Brandão, del diario Folha do Estado, abatidos el 2 de junio y el 30 de septiembre de 2002 respectivamente, solamente son los últimos de una lista de quince periodistas muertos en el país, desde 1991. Para entender mejor por qué casi todos esos asesinatos permanecen impunes, Reporteros Sin Fronteras ha llevado a cabo una misión en el Estado de Bahía, donde diez periodistas fueron asesinados durante los años de 1990. Esta investigación ha sido realizada junto con la Red Damoclès, asociación de lucha contra la impunidad y brazo judicial de Reporteros Sin Fronteras.
El informe, titulado "Bahía: ¿una cultura de la impunidad?", hace un balance de la investigación llevada a cabo sobre el asesinato de Manuel Leal de Oliveira (foto). Director del semanario A Regiao, publicado en Itabuna, Leal de Oliveira fue abatido el 14 de enero de 1998 tras haber criticado al alcalde de la ciudad, Fernando Gomes, aliado político de Antonio Carlos Magalhães, jefe del Partido del Frente Liberal (PFL, derecha) y antiguo gobernador del Estado.
"El caso de Manuel Leal de Oliveira pone de manifiesto, sobre todo, los límites de un sistema que entrega a una policía tutelada por los cargos locales, en este caso la policía civil del Estado de Bahía, la tarea de investigar el asesinato de un periodista que había criticado a uno de esos cargos", concluye el informe de Reporteros Sin Fronteras y la Red Damoclès.
Y ambas organizaciones se preguntan: "La ausencia de condenas, en los otros nueve casos de asesinatos de periodistas en Bahía, en los años de 1990, lleva a interrogarse sobre la existencia de un sistema político autocrático gracias al cual los elegidos del partido en el poder podían, sin demasiados problemas, "liquidar" a los periodistas que se dedicaban a desvelar sus malversaciones financieras".
Según el informe, "los primeros meses de la investigación, en manos de la policía civil del Estado de Bahía, son todo un símbolo en materia de impunidad (...). En septiembre de 1998, el caso quedó "archivado", sin que se detuviera a ningún sospechoso e incluso sin que prestara declaración Fernando Gomes". En mayo de 2000 se relanzó el proceso judicial, como consecuencia de algunas revelaciones publicadas en el diario regional A Tarde. Desde entonces, la investigación ha avanzado muy poco, a pesar de haberse pedido investigaciones suplementarias.
En sus recomendaciones, ambas organizaciones piden a los candidatos a la elección presidencial, y a las elecciones senatoriales, que se comprometan a aprobar un proyecto de modificación de la Constitución, que prevé una reforma del poder judicial. El proyecto incluye la "federalización" de la justicia en lo relativo a cualquier crimen, o violación grave de los derechos humanos, incluidos los asesinatos de periodistas, y permitiría poner esas investigaciones en manos de la policía federal. El texto, aprobado en primera lectura por los diputados de Brasilia, ahora tiene que conseguir el visto bueno del Senado.
Además, y aunque hay tres personas inculpadas en el caso, las organizaciones advierten que "si los sospechosos no fueran juzgados o quedaran en libertad, (ellas) presentarían un requerimiento ante el Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (Conselho da Defesa dos Direitos da Pessoa Humana - CDDPH) del ministerio brasileño de Justicia, para lo que están capacitadas, para que la policía federal empiece desde cero la investigación sobre el asesinato del periodista".
Finalmente, Reporteros Sin Fronteras y la Red Damoclès formulan varias recomendaciones, a la atención del fiscal Marcos Bandeira, encargado del caso, de Katia Alves, secretaria de la Seguridad Pública de Bahía (equivalente al Ministerio del Interior del Estado de Bahía), y de la policía civil.
Tim Lopes, del canal TV Globo, fue abatido en la noche del 2 al 3 de junio de 2002, cuando investigaba en Vila del Cruzeiro, un suburbio de las afueras de Río de Janeiro, sobre el recurso a la prostitución infantil de los traficantes de droga. El 30 de septiembre, Savio Brandão, propietario del diario Folha do Estado, en el Estado de Mato Grosso, fue asesinado por dos matones que circulaban en una moto. Su periódico denunciaba una red ilegal de máquinas tragaperras. Savio Brandão también era propietario de una empresa de construcción.
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