El periodista Luis Carlos Cervantes fue abatido después de que le retiraron su escolta

El periodista Luis Carlos Cervantes, director de radio Morena, fue asesinado el 12 de agosto de 2014 en el municipio de Tarazá, departamento de Antioquia (noroeste). Las escoltas que le habían asignado desde 2012, le fueron retiradas dos semanas antes.

Luis Carlos Cervantes tenía la fama de ser uno de los periodistas que más amenazas había recibido en el departamento de Antioquia. El director de radio Morena fue abatido por tres hombres armados cuando se dirigía en moto a realizar asuntos de familia. Según algunos de sus colegas, las bandas criminales “los Urabeños”, que surgieran del grupo paramilitar “Autodefensas Unidas de Colombia”, serían los responsables del asesinato.

El periodista había hecho numerosos reportajes en los que abordaba la corrupción en los ayuntamientos de Antoquia, sacando a la luz sobre todo, las relaciones entre funcionarios locales y el crimen organizado. Como las amenazas que recibía eran cada vez más preocupantes, la Unidad Nacional de Protección (UNP), organismo gubernamental, encargado de proteger a personas en riesgo por el ejercicio de sus actividades (periodistas, defensores de los derechos humanos, abogados) le había asignado una escolta en junio de 2012. Esta misma autoridad, hace dos semanas consideró que el periodista no se encontraba ya en situación de riesgo, por lo que decidió retirarle la escolta. Sin embargo el pasado 21 de julio Luis Carlos Cervantes alertó a la UNP sobre nuevas amenazas de muerte en su contra. En 2014, la UNP ha retirado escoltas a catorce profesionales de la información, al estimar que aquéllos ya no estaban en situación de riesgo. Estos periodistas y otros que gozan de medidas de protección actualmente temen bastante por su integridad.

“El trágico desenlace por el retiro de la escolta evidencia que el Programa de protección, junto con organismos miembros como la UNP y la policía, deben tener más rigor tanto al elaborar los estudios de riesgos como en la implementación de mecanismos de protección adecuados para los periodistas”, declaró Camille Soulier, responsable del Despacho Américas de la organización. “Reporteros sin Fronteras exhorta a las autoridades colombianas a investigar exhaustivamente el asesinato de Luis Carlos Cervantes para que este caso no engrose la larga lista de crímenes impunes, perpetrados en contra de los periodistas colombianos”.

Según la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), entre 1997 y 2012 han sido asesinado 140 periodistas en Colombia; 62 de éstas causas ya han prescrito quedando en consecuencia en una perpetua impunidad. Uno de los casos más emblemáticos es el del periodista Jaime Garzón, abatido hace 15 años, el 13 de agosto de 1999. La población colombiana le tenía en alta estima, no sólo por su trabajo en la televisión, sino por el rol que desempeñó para la liberación de algunos secuestrados. Después de diez años de investigaciones, los resultados siguen siendo escasos. Ahora bien se han obtenido nuevos avances, derivados del juicio en contra del antiguo director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) José Miguel Narváez, el arresto del coronel retirado Jorge Eliécer Plazas Acevedo y el llamado de la Fiscalía al General Rito Alejo del Río a rendir versión libre sobre su responsabilidad en el asesinato. Asimismo, el Ministerio Público de la república de Colombia ha anunciado hoy que 11 militares más serían citados a testificar.

La familia de Jaime Garzón, ha demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos del Hombre (CIDH) al gobierno colombiano por la incapacidad mostrada para juzgar y sancionar en un plazo razonable a los responsables de su asesinato. La Comisión nada ha resuelto hasta ahora.

La familia de Garzón ha solicitado igualmente a la Fiscalía General de la Nación que el asesinato sea declarado como un crimen de “lesa humanidad”, esta calificación, acordada por ejemplo en el crimen contra el famoso periodista Guillermo Cano, volvería la causa de Jaime Garzón imprescriptible. No obstante lo anterior, la fiscalía de Derechos Humanos de Colombia determinó el pasado 22 de julio que el crimen del periodista no cumplía las características para dicha clasificación. Reporteros sin Fronteras se opone a tal determinación.

“Apoyamos a la familia de Jaime Garzón en su demanda para que se reconozca que el asesinato del periodista sea considerado un crimen de lesa humanidad” agregó Camille Soulier. “Su asesinato reúne las condiciones contenidas en este estatuto, puesto que se trata de una represión sistemática, llevada a cabo por paramilitares con la connivencia del Estado y de sectores de la sociedad en contra de periodistas en el contexto de un conflicto armado”.

No hay ninguna duda del fracaso del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, siendo que éstos siguen representando la primera fuente de peligro para los periodistas de Colombia. El grupo denominado de “los Urabeños” forma parte de los predadores de la prensa de Reporteros sin Fronteras y son responsables por haber llevado a cabo verdaderas campañas de terror contra periodistas y defensores de los derechos humanos en los 337 municipios del centro y de la costa caribeña, en particular en las grandes zonas conurbadas de Cali y Medellín. Colombia se encuentra en el lugar 126, entre 180 países, de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras publicada el pasado 12 de febrero pasado.