El gobierno español prepara una ley que atenta gravemente contra la libertad de información

El Consejo de Ministros estudiará mañana viernes, 22 de noviembre, un proyecto de ley sobre seguridad pública ( Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana) que contiene una una serie de disposiciones -ya denunciadas por Reporteros Sin Fronteras en octubre de 2012- que atentan gravemente contra la libertad de información. En concreto, el proyecto prevé que la "captación o difusión de imágenes que atenten contra del honor, la imagen o la seguridad de los miembros de las fuerzas del orden" podrán ser penalizadas con multas de hasta 600.000 euros. "El ministerio del Interior español parece tener la intención de sumarse a los gobiernos que se amparan en la defensa de la "seguridad pública" para aprobar todo tipo de leyes liberticidas", lamenta RSF. "¿En qué democracia que se precie se concibe que la prensa no pueda cubrir las operaciones policiales cuando se producen en el espacio público?", se pregunta la organización, que cuestiona también cómo podrán los periodistas cubrir eficazmente, no sólo las manifestaciones sino todas las actividades relacionadas con la policía, si pesa sobre su trabajo un marco jurídico que les expone a procesos judiciales y multas exorbitantes por atentados contra un concepto tan impreciso como el derecho a la imagen o al honor de un policía. "Esta maniobra legislativa no es digna de una democracia como España. Las manifestaciones existen antes de que los periodistas informen sobre ellas. Su trabajo consiste en tomar fotos, grabar vídeos y escribir artículos sobre lo sucedido, es su misión como informadores y resulta fundamental para el funcionamiento de la democracia", añade RSF. "En lugar de tratar de silenciar a los periodistas y a los ciudadanos, el gobierno español debería reconsiderar la forma de actuar de las fuerzas del orden, culpables en los últimos años de agresiones contra manifestantes y periodistas", concluye la organización. El proyecto de ley de seguridad ciudadana, que todavía no se ha dado a conocer pero cuyas principales disposiciones han podido conocer algunos medios, comprende numerosos asuntos. Entre estos, las multas previstas para aquellos que capten o difundan imágenes que dañen el honor o la seguridad de los agentes de policía o que comprometan la buena resolución de operaciones policiales, prevé igualmente otras muchas sanciones contra las concentraciones ante edificios públicos que también estarán grabados con multas de entre 30.001 y 600. 000 euros. El Gobierno español, a través de su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha asegurado que la nueva ley de seguridad pública no afectará a la libertad de prensa y que solo pretende combatir el uso "malvado, injurioso y agresivo" de imágenes en las que aparezcan policías.