El gobierno acelera su cruzada contra los medios de comunicación privados al querer modificar las leyes y las reglas

Reporteros sin Fronteras considera peligrosas las modificaciones legislativas o reglamentarias anunciadas durante las últimas semanas por el gobierno venezolano, con el único objetivo de castigar a los medios de comunicación por una línea editorial considerada como contraria a las intenciones gubernamentales. “¿En serio espera el gobierno bolivariano que su política haga unanimidad poniendo trabas o censurando una prensa insuficientemente dócil ? ¿Realmente cree que los ciudadanos no son bastante adultos para forjarse su propia opinión? Esas maniobras legislativas, reglamentarias y judiciales tienen por objetivo de ‘proteger la salud mental’ de la población. Las reglas y las leyes que un gobierno cambia o vuelve a interpretar para imponer lo que considera como la única verdad mediática posible sólo son las herramientas de una cruzada ideológica ya empezada. Exigimos que el gobierno suspenda unas medidas contrarias a los principios constitucionales fundamentales y a la jurisprudencia interamericana en materia de libertad de expresión”, declara la organización. Ya demandado en cinco procedimientos administrativos que amenazan su difusión hertzaniana, el canal privado de noticias Globovisión podría perder más rápido de lo previsto su concesión de frecuencia, válida hasta 2013. El 9 de julio, el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, - del que depende la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) - ha declarado que el Estado pretendía recuperar el 50 % de la adjudicación de la licencia del canal, al fallecer uno de sus concesionarios. No obstante, aunque se le retirase la concesión, Globovisión podría seguir su programación por cable, al igual que Radio Caracas Televisión (RCTV) cuya frecuencia hertzaniana no fue renovada en mayo de 2007. Sin embargo, esos dos canales no se salvarían de las “cadenas”, esos programas institucionales en los que el Presidente Hugo Chávez en persona toma la palabra durante un tiempo indeterminado y en ese marco requisa todas las antenas hertzianas en el mismo momento. Sometidos a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte), los canales por cable tendrían que demostrar que más del 70% de su producción es de origen extranjero para poder sustraerse a las “cadenas”. Acusado de “terrorismo mediático” por los partidarios del jefe del Estado, Globovisión es objeto de una auténtica campaña de denigración repercutada por algunos medios de comunicación públicos. Por otra parte, empezó el 17 de julio de 2009 la evaluación de la legalidad de difusión de 240 emisoras de radios. Alrededor de un 40% del paisaje radiofónico está concernido por esta amplia revisión. El posible cierre de las frecuencias consideradas ilegales por el gobierno se vería acompañado por el decomiso del material de transmisión y por la prohibición de difusión durante cinco años. A pesar de las protestas de la Cámara Venezolana de Radiodifusión, el ministro Diosdado Cabello ha excluido cualquier tipo de concertación con un paisaje radiofónico calificado de “latifundista”. Los representantes de los medios de comunicación ni siquiera han tenido la posibilidad de defender su caso públicamente y los criterios de revisión de las frecuencias no se hicieron públicos. Según el ministro, “el espacio radioeléctrico ha sido uno de los pocos sitios donde la Revolución no se ha sentido”. El pasado 3 de julio, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ha pedido que la Asamblea Nacional adopte una ley castigando los “delitos mediáticos”, cuando los medios de comunicación provoquen “angustia, zozobra y pánico” en el seno de la población. Esta declaración tuvo lugar tras la difusión de mensajes asociativos, difundidos en los canales privados Venevisión, Televen, Globovisión, Meridiano TV y en las emisoras Onda 107.9 y Fiesta 106.5, a favor de la propiedad privada. (Foto : AFP)