“El caso de Jineth Bedoya debe mostrar el camino de la justicia para los periodistas”

Reporteros sin Fronteras recibió con satisfacción y cautela la reciente declaración del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, quien el 20 de septiembre de 2012 reconoció como “crimen de lesa humanidad” las vejaciones que sufrió la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000 a manos de paramilitares. Reporteros sin Fronteras ve en este caso un ejemplo de la represión sistemática llevada a cabo contra los periodistas durante el conflicto armado. “El Fiscal General debió rectificar sus propias declaraciones, que en un inicio contradecían la resolución –favorable para la periodista– de la Fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, Bibiana Orozco. Pedimos que se otorgue a la fiscal, así como a Jineth Bedoya, una protección proporcional a la importancia y al fuerte sentido simbólico de este caso. Lo sucedido en el proceso de Jineth Bedoya debe mostrar el camino de la justicia, a favor de todos los periodistas que fueron víctimas del conflicto armado o de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas en ese contexto, con el apoyo del aparato Estatal. Esta decisión jurídica permitiría estudiar la calificación de otros casos de asesinatos o ataques contra periodistas dentro del carácter de delito imprescriptible, por encontrarse en el marco del plan sistemático de los grupos paramilitares para silenciar a la prensa en Colombia, especialmente aquellos que ya han sido confesados por miembros del paramilitarismo”, declaró Reporteros sin Fronteras. Jineth Bedoya, Subeditora de la Sección Judicial del diario El Tiempo, entonces empleada por el diario El Espectador, investigaba los casos de tráfico de armas, desapariciones y homicidios que se registraban en la prisión El Modelo, de Bogotá. El 25 de mayo del año 2000 la periodista fue citada a la entrada del centro penitenciario por uno de los individuos que la secuestraron. Durante su cautiverio Jineth Bedoya fue víctima de torturas y agresiones sexuales. Tres paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se encuentran acusados en este caso: Mario Jaimes Mejía, alias “El Panadero”; Jesús Emiro Pereira Rivera, alias “Huevoespica”, y Alejandro Cárdenas Orozco, alias “JJ”, quien reconoció los cargos que se le imputan. El 10 de septiembre pasado Bibiana Orozco dictó una resolución que calificaba de “crimen de lesa humanidad” –y por ello imprescriptible– los actos de los que fue víctima Jineth Bedoya. La fiscal consideró que lo acontecido “hundía sus raíces en las mismas tácticas y estrategias de guerra de una organización armada al margen de la ley que profesaba una línea de conducta, una directriz, una política que alentaba, incentivaba o promovía la realización de los ilícitos en contra de la población civil”. La calificación de “crimen de lesa humanidad” excluiría a priori que los agresores de Jineth Bedoya pudieran beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz de 2005, votada durante la desmovilización de los paramilitares. Esta polémica ley prevé amnistías, rebajas, incluso indultos de penas de prisión a cambio del testimonio de los agresores y de que estos renuncien a la violencia. El 13 de septiembre el fiscal Eduardo Montealegre difundió un comunicado que puso en duda que la decisión de la fiscal estuviera bien fundada. Las protestas generadas por este giro provocaron que finalmente el fiscal se adhiriera a la decisión de Bibiana Orozco. El mismo 20 de septiembre, cuando se dio un importante paso en el caso Jineth Bedoya, el gobierno inició en Bogotá, en el marco de la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras votada en el año 2011, una serie de consultas con los periodistas que fueron víctimas del conflicto armado. Reporteros sin Fronteras quiere creer que se trata de otra fuerte señal rumbo a la justicia y la verdad. Finalmente, la organización recuerda que los paramilitares continúan siendo los principales predadores de la libertad de informar en Colombia. Foto exterior: El Espectador