Dos preocupantes nuevas normativas antes de los Juegos Olímpicos, mientras se acentúan las restricciones en Sichuan

Reporteros sin Fronteras siente alarma ante la promulgación de dos nuevas normativas destinadas a reforzar el control de los "colaboradores" chinos de los periodistas extranjeros, y el de los extranjeros en general que acudan a China durante los Juegos Olímpicos. La organización denuncia el creciente control policial de los periodistas extranjeros que investigan, en Sichuan, el enfado de los padres de escolares por el hundimiento de sus colegios. "Las esperanzas de ver a China abrirse serenamente antes de los Juegos Olímpicos se desvanecen poco a poco. Las autoridades han promulgado unas normativas en contra de los extranjeros, sospechosos de pretender perturbar los JJOO, e intentan imponer más controles a los colaboradores chinos de los corresponsales extranjeros. El gobierno, bajo el impulso del Departamento de Propaganda, restringe también el trabajo de la prensa china e internacional en Sichuan", ha manifestado la organización. "A dos meses de la inauguración de los Juegos en Pekín, estas medidas que se aproximan a la xenofobia y la paranoia están muy lejos del slogan One World, One Dream. Pedimos al Comité Olímpico Internacional (COI) que presione a las autoridades Pekín para que anulen algunas disposiciones de las nuevas normativas, y la prensa internacional pueda trabajar libremente en Sichuan", ha añadido Reporteros sin Fronteras. "Por el momento, el COI no ha reaccionado ante tan arcaicas normativas; por el contrario prefiere recordar, en un memorando dirigido en mayo a los Comités Olímpicos Nacionales, que sus atletas no deben manifestarse en forma alguna en los sitios olímpicos", ha añadido la organización. Control de los colaboradores chinos Los colaboradores chinos de medios extranjeros tienen que ajustarse a una nueva normativa, que les obliga a registrarse ante las autoridades. El texto, del que Reporteros sin fronteras ha conseguido una copia, procede de un organismo estatal, el CIECCO, encargado de ayudar a las empresas extranjeras, y entre ellas a los medios de comunicación, a encontrar empleados chinos. Aunque, desde enero de 2007, el BOCOG viene insistiendo en que los medios internacionales contraten para la traducción a profesionales chinos a través de intermediarios oficiales, esta normativa pretende obligar a todos los colaboradores chinos a registrarse. Las autoridades ofrecen a los medios "seleccionar y nombrar a los candidatos adecuados". Si los periodistas extranjeros quieren presentar un candidato deben adjuntar un documento de identidad, un currículum vitae, una certificado negativo de antecedentes judiciales y un certificado médico. La regulación prevé la existencia de un contrato entre el trabajador y la empresa. Preguntado por Reporteros sin Fronteras, el Club de Corresponsales de la Prensa Extranjera (FCCC) ha asegurado que el registro de los colaboradores chinos en las agencias gubernamentales "potencialmente va a aumentar la burocracia, los gastos y el control de las autoridades". El FCCC quiere que, en el futuro, los medios de comunicación extranjeros puedan contratar a chinos como periodistas o fotógrafos, lo que de momento es imposible. Por otra parte, Reporteros sin fronteras ha tenido conocimiento de un documento, enviado por la dirección de visados del centro de medios del BOCOG, que pide a los periodistas que envíen información concreta sobre sus proyectos de cobertura en China, tales como los lugares a visitar y las personas a entrevistar, con el fin de facilitarles un visado J-2; es decir, para que lleguen la víspera o la antevíspera del 8 de agosto. El BOCOG ha pedido también una carta de recomendación, lo que de hecho excluye a los periodistas freelance. Esta nueva normativa llega en un momento en que se producen restricciones en la entrega de visados de entrada múltiple, y de lentitud para conseguir visados de turistas y de negocios, incluso desde Hong Kong. Las autoridades de Pekín se niegan a explicar esta rigidez, que parece estar relacionada con el temor a que se produzcan manifestaciones durante los JJOO. Llamada al orden a los extranjeros El 2 de junio de 2008, el Comité organizador de los JJOO de Pekín (BOCOG) hizo público un documento en chino, dirigido a los extranjeros que quieren acudir a China durante los JJOO. En forma de pregunta-respuesta, el BOCOG afirma que los extranjeros tienen que respetar a las "leyes chinas cuando están en China y no deben amenazar la seguridad nacional de China ni atacar la estabilidad social". Las autoridades prohíben el acceso al territorio a "terroristas", "trabajadores del sexo", "traficantes de dorga", enfermos de Sida o tuberculosis y "subversivos". Varios de los puntos de esta reglamentación van directamente dirigidos a quienes pretendan manifestarse durante los JJOO: "No pueden llevarse a cabo concentraciones públicas, desfiles y manifestaciones, sin autorización previa de la policía". Esta normativa pretende también restringir la libertad de opinión. Así, se prohíbe llevar documentos, discos o grabaciones de audio que critiquen a China. Obstáculos en Sichuan para la prensa Las autoridades, enfrentadas a la rabia de los padres de los niños que murieron en las escuelas de Sichuan, intentan poner obstáculos al trabajo de la prensa extranjera. El 6 de junio impidieron a dos reporteros de la Agencia France-Presse entrar en Wufu, una ciudad donde hubo manifestaciones tras el hundimiento de una escuela primaria. El 5 de junio detuvieron y expulsaron de Juyuan y Hanwang, dos ciudades en las que se derrumbaron establecimientos escolares, a unos enviados especiales extranjeros. Ya el 3 de junio habían expulsado a unos fotógrafos de la concentración de un centenar de padres en Dujiangyan. La policía detuvo durante algunas horas a un reportero y un fotógrafo de la agencia japonesa Kyodo. Según el FCCC, el 4 de junio unos policías bloquearon a dos corresponsales holandeses cuando intentaban llegar a Dujiangyan. A la prensa china le han prohibido cubrir libremente el asunto de las escuelas derrumbadas. Unos periodistas chinos han confirmado al New York Times que la orden procede de Pekín. Igualmente, el sitio China Media Project (http://cmp.hku.hk/) ha revelado que el jefe de propaganda en la provincia de Guangdong (Sur) ha ordenado a los medios locales que retiren a sus periodistas de Sichuan. El mismo sitio, que tiene la sede en Hong Kong, ha indicado que el jefe de propaganda Li Changchun ha acudido a Sichuan, sin que se sepa si lo que va a hacer es poner en marcha una política más eficaz de control. La Seguridad Pública se encarga también de poner fin a las "concentraciones ilegales" y presionar a las víctimas, para que no sigan hablando con la prensa extranjera. Y la propaganda de los medios estatales sigue alabando los esfuerzos del gobierno. El sitio del canal CCTV ha llegado incluso a decir que una manifestación en Hong Kong de homenaje a las víctimas de la masacre del 4 de junio de 1989 era una concentración por los muertos del terremoto del 12 de mayo. Finalmente, la intransigencia en materia de seguridad de los organizadores de Pekín 2008 provoca fuertes tensiones con los canales de televisión que han comprado los derechos. La agencia Associated Press reveló el 8 de junio que una reunión celebrada en Pekín a finales de mayo terminó en un enfrentamiento entre el BOCOG, el COI y los canales internacionales. En efecto, las autoridades chinas se niegan a la cobertura en directo de algunos eventos, sobre todo en la Plaza de Tiananmen y en la Ciudad Prohibida, y tardan mucho en conceder permisos para los equipos que van hacer las retransmisiones.