Dos periodistas condenados por "injurias"

Reporteros sin Fronteras ha expresado su indignación por la posibilidad de que se condene a un año de cárcel a David Carson y a Edward Powers, director y editor respectivos del mensual gratuito The New Observer, que se edita en el estado de Kansas, por un delito de "injurias" tras el juicio celebrado el 17 de julio de 2002. La organización ha pedido, en una carta dirigida a John Ashcroft, ministro de Justicia, que no se dicte ninguna sentencia contra los dos profesionales de información. "La penalización de la expresión de periodistas constituye un atentado contra la libertad de difusión de la información garantizada por el Articulo 19 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por los Estados Unidos", declaró Robert Ménard, secretario general de Reporteros sin Fronteras. Asimismo, añadió que "la falta de proporcionalidad entre la pena y el delito posee un efecto inhibitorio sobre el periodista que atenta a su derecho de informar y al derecho de la sociedad de ser informada". La organización recordó que, en un texto adoptado en enero de 2000, el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión estableció claramente que "la pena de prisión por la expresión pacífica de una opinión vulnera gravemente los derechos humanos." También, de acuerdo con el artículo 11 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión ratificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos (…) atentan contra la libertad de expresión". Según información recogida por Reporteros sin Fronteras, David Carson y Edward Powers, del mensual The New Observer, fueron juzgados por "injurias" el 17 de julio de 2002. Los dos hombres podrían ser condenados a penas de hasta un año de cárcel. Sin embargo, el fiscal encargado del caso, David Farris, no ha decidido si los periodistas serán condenados a una pena de cárcel o a pagar una multa. David Carson y Edward Powers fueron denunciados en noviembre de 2000 por Carol Marinovitch, alcaldesa del Condado de Wyandotte (Kansas City), y su esposo, Ernest Johnson, fiscal del distrito del mismo condado. Demandaron al periodista tras la publicación de un artículo afirmando que no vivían en el Condado de Wyandotte, sino en un condado vecino, a pesar de que la ley impone al alcalde y al fiscal que residan en el condado donde ofician. El abogado de la defensa, Mark Birmingham, informó de que apelaría si el juez no cambiaba su veredicto. Una audiencia debe realizarse el 26 de agosto próximo.