Detenciones, agresiones y amenazas contra periodistas en los Estados de Chiapas, de Morelos y de México

En una carta dirigida al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, Reporteros sin Fronteras (RSF) ha protestado contra los disparos efectuados contra la sede del semanario Páginas en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) y contra las detenciones y amenazas de que fue víctima una decena de periodistas en los Estados de México y de Morelos (sur del país). Robert Ménard, secretario general de RSF, ha denunciado "la multiplicación de los casos de agresiones, de amenazas y de detenciones de periodistas". La organización ha pedido que se abra una investigación sobre cada caso, porque, en estos casos, podrían estar implicados agentes del Estado. RSF ha pedido también al Señor Creel Miranda que ponga fin a las detenciones de periodistas. En un texto aprobado en enero de 2002, el Relator Especial para la Promoción y la Protección del Derecho, la libertad de expresión y de opinión de Naciones Unidas estableció claramente que " la pena de prisión por la expresión pacífica de una opinión vulnera gravemente los derechos humanos." Según las informaciones recogidas por RSF, algunos individuos dispararon, el 3 de abril de 2002, contra las oficinas del semanario Páginas, que se edita en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), y amenazaron al personal del periódico. Según los directivos del periódico, que presentaron una denuncia, la agresión podría estar vinculada al tono crítico del periódico con las autoridades. Recalcan que los actos de intimidación, amenazas y violencia de las autoridades de Chiapas contra los periodistas se han multiplicado en los últimos meses. El 7 de marzo de este año, Fredy Martín Pérez López, corresponsal del diario El Universal y de la agencia italiana ANSA, fue agredido por agentes de policía, en San Cristóbal de las Casas, cuando asistía a enfrentamientos entre éstos y la población indígena. El 1 de abril, fue detenida Raquel Urbán Hernández, del semanario Reporteros Informando, que se edita en la ciudad de Ecatepec (Estado de México). Quedó en libertad el mismo día, después de haber pagado una fianza de 22 000 pesos (2 800 euros). La detención se produjo como consecuencia de la denuncia presentada en enero de 2002 por Alejandro Gamiño Palacios, legislador del PAN (Partido de Acción Nacional, al poder), quien demanda a la periodista por "difamación". El 26 de noviembre de 2001, Raquel Urbán Hernández había denunciado la presunta implicación del legislador en un caso de violación de un menor.. El 11 de marzo, también fue detenida, en la ciudad de Xochitepec, María Esther Martínez, del diario La Unión de Morelos, que se edita el Estado de Morelos. Según la Comisión independiente de derechos humanos de Morelos, organización civil de defensa de los derechos humanos, la periodista, acusada de "difamación", fue detenida después de haber criticado la Procuraduría del Estado y la Policía Ministerial. Salió en libertad el mismo día. El 14 de marzo, Jesús Castillo, del mismo diario, recibió amenazas teléfonicas después de haber publicado informaciones revelando los presuntos vínculos de algunos policías con narcotraficantes y grupos de secuestradores. El 27 de febrero, Sergio Gómez Guerra, también de La Unión de Morelos, fue arrestado también y acusado por el presunto delito de "tráfico de vehículos robados". Los hechos ocurrieron una semana después de que firmara un artículo revelando los presuntos vínculos entre una persona cercana del jefe de la Policía Ministerial y un grupo de secuestradores arrestados en el Estado de México. Sergio Gómez Guerra fue liberado después de tres días de detención. En 2001, Roberto Díaz Guerrero y Fernando Ojeda, de la cadena de televisión Televisa, y Angélina Albarrán, del Diario de Morelos y de la emisora de radio Tiempo A.M, recibieron amenazas. El 19 de noviembre de 2001, RSF protestó contra las presiones sufridas por Francisco Guerrero, director de la edición de La Jornada en el Estado de Morelos, después de acusar a un funcionario del ministerio de la Justicia de estar involucrado en un asesinato y de denunciar la supuesta existencia, en el gobierno de Morelos, de un grupo encargada de vigilar a miembros de partidos de la oposición y de organizaciones no gubernamentales.