Destrucción de vídeos de la CIA : “Es imperativo que se efectúe una investigación sobre las graves derivas de la ‘guerra contra el terrorismo'”

Las autoridades federales confirmaron, el 2 de marzo de 2009, que 92 grabaciones de vídeo, que contenían interrogatorios de los detenidos en las cárceles secretas de la CIA fueron destruidas por la Agencia en 2005. Reporteros sin Fronteras pide que la nueva administración del presidente Barack Obama abra una investigación sobre ese flagrante atentado a los principios de la Constitución, y castigue a los autores. “La importancia del número de grabaciones destruidas confirma que la Agencia ha intentado sistemáticamente esconder al público las técnicas ilegales de interrogatorio, vigentes bajo la anterior administración. Los ciudadanos tienen derecho a estar informados de las actuaciones de su gobierno y a asegurarse de que sean conformes a los principios democráticos que rigen el país”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. “Esperamos que la cultura del secretismo y la falta de transparencia que prevalecieron durante la pasada década sean substituidas por un mejor acceso a la información y una manera clara de evidenciar las prácticas gubernamentales. El gobierno tiene que abrir una investigación en profundidad sobre esa violación del acceso a la información, y castigar a los responsables. La sociedad norteamericana no puede permitirse no investigar las graves violaciones cometidas en nombre de la ‘guerra contra el terrorismo' durante los dos mandatos de George W.Bush ; una investigación cuyo principio debiera debatirse en la comisión de Asuntos Judiciales del Senado, el 4 de marzo. La credibilidad de Estados Unidos en materia de derechos humanos tiene ese precio”, ha añadido la organización. Una carta de Lev Dassin, fiscal federal del distrito de Nueva York, confirmó el 2 de marzo que se habían destruido 92 grabaciones filmadas de actos de tortura en una cárcel secreta de Tailandia. El destinatario de la carta, el juez federal de Nueva York Alvin Hellerstein, al que ha recurrido la American Civil Liberties Union (ACLU), ha dado a la CIA hasta el 6 de marzo para que prepare un informe sobre las grabaciones destruidas, y la lista de los testigos de su paso por la trituradora. La CIA no ha revelado nada acerca del contenido de los vídeos destruidos y ha admitido haberse desembarazado “de una parte” de ellos. Según el diario New York Times, contenían escenas de suplicios practicados en la bañera (“waterboarding”) a dos saudíes que ahora están detenidos en Guantánamo: Abu Zubaydah, sospechoso de pertenecer a Al Qaeda, y Abdel Rahim al-Nashiri, acusado del atentado contra el portaviones norteamericano USS Cole en 2000, en Yemen. Según el New York Times, el propio José A. Rodríguez Jr, entonces responsable de operaciones clandestinas de la CIA, fue quien ordenó la destrucción de los vídeos. La existencia de esas grabaciones se conoció en 2007, justo antes de la promulgación, el 31 de diciembre de aquel año, de la reforma de la ley de libertad de información (“Freedom of Information Act”, FOIA) cuando Michael Hayden, que entonces era director de la Central, se refirió a su destrucción para proteger a algunos agentes implicados en las torturas. El 28 de febrero terminó una investigación criminal, iniciada en la anterior administración. En el intervalo, la administración Obama ha condenado claramente el recurso a la tortura, autorizado por sus predecesores. Entre el 13 de junio de 2002 y el 1 de mayo de 2008, el periodista sudanés Sami Al-Haj, del canal qatarí Al Jazira, cuya causa defendió Reporteros sin Fronteras, permaneció en la base militar Guantánamo. Detenido sin cargos, le sometieron a más de 200 interrogatorios, algunos de ellos en el “waterboarding”.