Cubrir la crisis política en Nicaragua es una labor cada vez más peligrosa
La lista de agresiones a periodistas en Nicaragua –país hundido en una grave crisis política desde hace casi tres meses– crece cada día un poco más. RSF denuncia las graves violaciones a la libertad de informar; también insta a las autoridades del país a garantizar la seguridad de los periodistas y que existan condiciones adecuadas para el trabajo de la prensa.
Los periodistas que intentan cubrir la ola de protestas y la grave crisis política que atraviesa Nicaragua desde hace cerca de tres meses, son blanco de ataques directos y constantes del ejército y de las fuerzas antimotines: agresiones físicas, arrestos, detenciones arbitrarias, confiscación de material, robo o destrucción del equipo de los reporteros. Acusado de nepotismo por la oposición, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha instaurado un verdadero aparato represivo y de censura, creando un ambiente en el que el trabajo de la prensa se ha vuelto muy difícil.
Los periodistas también son víctimas de la violencia generalizada que ha costado la vida a más de 350 personas en cerca de tres meses, según datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH). El 22 de abril de 2018 en la ciudad costera de Bluefields, Ángel Eduardo Gahona, director del noticiero El Meridiano y corresponsal del Canal 6 Nicaragua, fue asesinado por un disparo de arma de fuego en la cabeza cuando transmitía en vivo en Facebook Live las manifestaciones. Testigos señalaron que cuando ocurrieron los hechos se encontraban en el lugar policías y agentes antimotines armados, pero la investigación el crimen está estancada.
Periodistas sin protección
Los reporteros de los medios de comunicación independientes y de oposición no cuentan con ningún equipo de protección –por ejemplo, con chalecos antibalas para cubrir las manifestaciones– debido a la falta de recursos económicos. Estas medidas de seguridad son necesarias, ya que los periodistas sufren amenazas y agresiones directas de los partidarios del presidente Daniel Ortega, pero sobre todo de la policía y las fuerzas antimotines.
Fue el caso de un equipo de periodistas del crítico diario nacional La Prensa. El 9 de mayo de 2018, cuando cubrían las manifestaciones en la capital, Managua, policías insultaron a los reporteros y les pidieron que se fueran del lugar apuntándoles con sus armas de fuego.
Días después, las oficinas de la radio progubernamental Tu Nueva Radio Ya y el canal de televisión de oposición 100% Noticias fueron saqueados. Por otra parte, civiles y grupos paramilitares incendiaron el edificio de la Radio Darío.
La prensa extranjera no escapa a la represión. El 27 de abril pasado el periodista estadounidense Tim Rodgers, quien trabaja para el sitio web informativo Fusion, se vio obligado a dejar el país porque sufrió una campaña de acoso y amenazas en línea emprendida por grupos sandinistas (cercanos al gobierno), que lo acusaron de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
“Esta violencia y estos atentados contra la libertad de informar son inaceptables”, aseveró Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de Reporteros sin Fronteras (RSF). “El gobierno no resolverá la crisis amordazando a los periodistas. Al contrario, es responsabilidad de las autoridades garantizar la seguridad de la prensa y permitir que ésta realice una cobertura independiente de los acontecimientos que sacuden al país desde hace casi tres meses”, precisó.
La censura gana terreno
La prensa nacional y local que no se alinea al régimen de Ortega también debe enfrentar otro tipo de violencia, más insidiosa: la censura y los intentos de desestabilización.
Desde que comenzó la crisis, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicación y Correos (Telcor) ha sacado del aire varias veces –de forma arbitraria y puntal– a algunas cadenas de radio y televisión de oposición, como 100% Noticias, Canal 12, Telenorte, Canal de Noticias de Nicaragua (CDNN23), Canal 12, Canal 23 y Canal 51.
Otros medios de comunicación enfrentan grandes dificultades económicas para sobrevivir debido a que reciben una menor cantidad de publicidad oficial –y por ende, de los recursos que ésta representa–, o simple y llanamente ya no la reciben. Los criterios de atribución de la publicidad oficial siguen siendo opacos intencionalmente. Algunos medios de comunicación, como el diario La Prensa o el semanario Confidencial, han sufrido varios ciberataques en sus sitios web.
El 28 de junio, en una conferencia de prensa, miembros de la prensa independiente de Nicaragua denunciaron este clima deleznable, así como "la campaña de calumnias y difamación contra periodistas" emprendida por los representantes del Estado.
“Esta censura del gobierno, esta guerra mediática con la que se busca desacreditar las críticas y minimizar la magnitud de la crisis, constituye una gran amenaza para la libertad de prensa y la democracia en Nicaragua”, agregó Emmanuel Colombié. “Más que nunca, RSF se solidariza con los periodistas nicaragüenses que intentan hacer su trabajo informativo y pide al presidente Daniel Ortega que respete los convenios internacionales en vigor”, expresó.
Tras realizar varias misiones de observación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el 22 de junio pasado un informe detallado sobre las “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”. El documento señala la tendencia autoritaria del gobierno; la cultura del secreto del régimen sandinista y sus consecuencias en el trabajo de la prensa; que los medios de comunicación independientes tienen poco o ningún acceso a la información oficial; que la presidencia no organiza conferencias de prensa; las sanciones y represalias que enfrentan los funcionarios que aceptan hablar o responder a las solicitudes de los periodistas independientes.
En un comunicado difundido el 16 de julio pasado, cuando realizaba una visita a Costa Rica, el Secretario general de las Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió que se pusiera fin a la violencia en Nicaragua inmediatamente y recordó que la protección de los ciudadanos es una responsabilidad fundamental de los Estados.
Nicaragua ocupa el lugar 90, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2018 de RSF.