Contrapropuestas de RSF a ley contra las “manipulaciones de la información”

El objetivo de evitar la circulación de contenidos manipuladores no tiene nada que ver con el periodismo. Es legítimo y comprensible, pero las soluciones propuestas pueden terminar siendo inoperantes o contraproducentes. Respondiendo a una lógica de urgencia, el texto no tiene suficientemente en cuenta los posibles efectos perversos, jurídicos y políticos, en las guerras de información que libran regímenes autoritarios. En consecuencia RSF formula sus contrapropuestas.

Una de las disposiciones clave del nuevo texto es la ampliación de poderes del Alto Consejo para la Radiodifusión, que regula las emisiones en Francia, permitiéndole rescindir la licencia de una emisora o canal de televisión si éste está “bajo la influencia” de un gobierno extranjero y “amenaza los intereses fundamentales de la nación, difundiendo mayoritariamente noticias falsas”.

Debería utilizarse un enfoque diferente. En lugar de actuar contra la “influencia extranjera”, este órgano regulador debería estar en disposición de pedir garantías de independencia editorial a todos los medios de comunicación y estar en disposición de aplicar sanciones apropiadas cuando determine que el medio en cuestión las incumple. Imponer los mismos requerimientos a todos los medios (con independencia de su origen geográfico) evitaría represalias de países que ya han emprendido guerras de información.

En lo que respecta a la creación de un mecanismo para juicios durante periodos electorales para prevenir la difusión online, mediante medios artificiales y masivos, de “noticias falsas que pueden afectar la integridad de los resultados”, RSF pide que se rechacen las enmiendas que se refieren a la “deshonestidad” y la definición de “noticias falsas”.

En una emergencia, un juez pude no estar capacitado para evaluar la honestidad de la persona que difunde una información. Y definir las noticas falsas como “cualquier alegación de un hecho desprovisto de evidencia verificable que pueda hacer que sea probable” es desvirtuar la naturaleza del trabajo periodístico y no lleva a que el juez determine si la información es de naturaleza claramente errónea.

RSF pide que se modifique también la disposición que permite eludir la jurisdicción francesa mediante el criterio de irresponsabilidad (debido al anonimato o a la difusión en el extranjero, por ejemplo). En todo caso, RSF duda de la efectividad de esta disposición y teme los efectos perversos que pueda tener en aquellos responsables de difundir deliberadamente contenidos mentirosos al permitirles argumentar que su caso no es competencia del juez.

En lo que respecta a la referencia en la ley que exige cooperación a las plataformas online y que actúen con transparencia, RSF considera que un tema tan importante debe ser objeto de una ley aparte. El impacto que estas empresas privadas tienen en la difusión de información, acceso a la información, e integridad del debate público, requiere unas garantías democráticas más fuertes.

La obligación de ser transparentes sobre los contenidos patrocinados durante las elecciones debería ser una obligación permanente. Pero es necesario hacer más. El estatus legal de las plataformas online necesita una revisión completa. Debe establecerse un nuevo régimen de responsabilidades y obligaciones, especialmente en lo que se refiere a la transparencia y la neutralidad, la promoción de contenidos honestos y el respeto a los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

El comité legal de la Asamblea Nacional francesa ha añadido una disposición a la ley, el 22 de mayo, exigiendo a las plataformas online que cooperen con “organizaciones que representan a periodistas, editores de prensa y servicios de radiodifusión” para “identificar y promover contenidos de noticias producidos por empresas de comunicación en sus espacios dedicados a los contenidos de noticas”. Esto es algo que RSF lleva tiempo recomendando.

RSF está trabajando en la actualidad con profesionales de los medios de comunicación en la “Journalism Trust Iniciative” (JTI) para definir unas medidas estándar de transparencia, independencia de los medios y respeto a la ética periodística. Los medios de comunicación que sigan esos criterios recibirán la certificación JTI que da ventajas concretas.

Francia ocupa el puesto 33 de los 180 países que conforman la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros sin Fronteras.