Cierran seis radios y dos cadenas de televisión en dos semanas

Tras 59 años al aire, la estación Radio Cosmopolita La Pantera 960 AM de Quito fue cerrada. El 11 de junio de 2012 el intendente de Policía de la provincia Pichincha, Fausto Velásquez, acompañado de quince funcionarios a su servicio, así como de representantes del Ministerio Público y de la Superintentendencia de Telecomunicaciones (Supertel), clausuraron la estación y confiscaron su equipo. Oficialmente, este cierre sanciona los retrasos en el pago del arrendamiento de frecuencia de la estación. En cuatro de los otros siete casos de cierre de medios de comunicación registrados en los últimos quince días, se menciona el mismo motivo. Para los representantes de las radios y televisiones afectadas, se trata ante todo de una represalia de tipo político. Esta clausura de emisoras nos provoca una profunda preocupación. Al día siguiente del cierre de Radio Cosmopolita, fueron clausuradas R-U Matriz Cadena Sur Ecuador 120 AM y K-Mil 89.5 FM, ambas localizadas en la provincia de El Oro. La primera, fue cerrada por carecer de permiso de transmisión (“operar sin tener la renovación del contrato de concesión de frecuencia”); la segunda, por no funcionar conforme al contrato de concesión (“operar fuera del área para la cual fue realizada la concesión”). Según cifras de la Supertel, ésta ha clausurado 14 medios de comunicación desde el inicio del año 2012. “Aún no se han agotado todos los recursos legales, tanto en el caso de Radio Cosmopolita como en los otros. Este hecho basta para sospechar de esta serie de acciones contra medios de comunicación audiovisuales, que no se limita a sacar del aire a las emisoras sino que va hasta la confiscación de su equipo. Estas operaciones son, políticamente, las de peor efecto, pues entorpecen el debate de una nueva legislación que podría equilibrar el paisaje mediático. En este contexto y cuando se efectuaron otros cierres de medios de comunicación, ya habíamos pugnado por una justa renovación del registro de frecuencias y una reforma a profundidad del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y de la Supertel, que depende de él. Esta recomendación fue formulada el 18 de mayo de 2009 por un grupo de expertos internacionales consultado por el gobierno. ¿Por qué es ahora letra muerta?”, se pregunta Reporteros sin Fronteras. Radio Cosmopolita de Quito ya había sido cerrada por las mismas razones el 16 de mayo de 2011, pero pudo reanudar sus emisiones tras presentar un recurso ante la Corte Constitucional. La jurisdicción suprema había concluido que la estación debía conservar la frecuencia que le fue otorgada hasta que el Tribunal Contencioso Administrativo –competente para juzgar en el litigio por pago de la concesión– diera a conocer su decisión. Esto no fue respetado en la operación del 11 de junio. La dirección de la radio, citada por la organización ecuatoriana de defensa de la libertad de expresión Fundamedios, ve en ella una forma de represalia, ya que hace tres semanas la estación entrevistó al ex presidente Lucio Gutiérrez. El 6 de junio pasado en Ambato, provincia de Tungurahua, la radio Net sufrió la misma suerte que la estación de Quito, por los mismos motivos. En este caso se movilizó a cincuenta policías para la requisar el equipo de transmisión de la radiodifusora. También en esta ocasión la operación se llevó a cabo sin esperar el resultado del proceso en el Tribunal Contencioso Administrativo. La Supertel, secundada por la policía, llevó a cabo el 24 de mayo dos operaciones del mismo tipo en la región amazónica de Napo: contra el canal de televisión local Lidervisión, ubicado en Tena, y contra Radio Líder, localizada en Archidona. La víspera, en la provincia de Sucumbíos, la radio El Dorado, que transmitía desde Nueva Loja, recibió la misma visita por un retraso en los pagos estimado en unos 72 dólares. La dirección del medio de comunicación decidió presentar un recurso ante la Supertel. En todos los casos, los representantes de los medios de comunicación aseguraron no haber recibido ninguna notificación previa de un riesgo de cierre. Ese mismo 23 de mayo en Macas, en la provincia de Morona Santiago, el canal de la prefectura (regional) Telesangay recibió la visita de cincuenta policías y de la Supertel. Esta vez, el litigio tenía que ver con que la frecuencia no fue instalada y puesta en funcionamiento dentro de los plazos previstos por la Ley de Radiodifusión y Televisión, lo que replica Telesangay. En este caso, la Conatel envió un aviso al prefecto de Morona Santiago, Marcelino Chumpi. Sin embargo, en el momento de la operación no se mostró ningún documento oficial a la dirección del medio de comunicación.