Caso Julio Ernesto Alvarado: un serio revés para la libertad de información y la CIDH

RSF y PEN International condenan que la Corte Suprema de Justicia de Honduras no haya respetado las directivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que protegen el derecho de Julio Ernesto Alvarado de seguir ejerciendo el periodismo. El viernes 4 de septiembre la justicia hondureña rechazó el último recurso legal del periodista de Radio Globo y Globo TV, lo que crea un precedente funesto para la libertad de expresión en el país. La Corte Suprema de Justicia de Honduras rechazó el recurso de amparo presentado por Julio Ernesto Alvarado en octubre de 2014 –última injusticia en un largo proceso por difamación contra el periodista de Radio Globo y TV–. Esto, pese a que en noviembre de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado medidas cautelares para el periodista, así como suspender la ejecución de la sentencia condenatoria dictada por la justicia hondureña mientras que la CIDH estudiaba su caso. Es la primera vez que la CIDH solicita suspender una sentencia que prohíbe ejercer su profesión a un periodista, lo que constituye un fuerte mensaje para los gobiernos de la región. Estas medidas cautelares no fueron respetadas por la justicia hondureña, pues semanas más tarde confirmó la condena que prohíbe a Alvarado desempeñar cualquier actividad relacionada con la difusión de información durante 16 meses. No obstante, estas medidas permitían al periodista continuar desempeñando su labor profesional el tiempo que la CIDH examinaba su dossier. El hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya decidido confirmar la sentencia este 4 de septiembre constituye una nueva burla a la organización del pacto de San José. Ya no existe ningún recurso en el país para luchar contra la prohibición de que ejerza su oficio y ahora concierne a la CIDH actuar para que el gobierno hondureño respete las medidas cautelares. "Reporteros sin Fronteras (RSF) protesta contra esta decisión de la Corte Suprema de Justicia”, expresó Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de RSF. “Pedimos que se retiren todos los cargos presentados contra Julio Ernesto Alvarado. Esta decisión judicial crea un precedente funesto para la libertad de expresión en el país y va en contra de las solicitudes de la CIDH, que las autoridades hondureñas deberían respetar. Este largo proceso es una farsa y una herramienta de represión contra el periodista, que pertenece a uno de los medios de comunicación críticos con más audiencia en el país”, añadió. Desde 2013 Alvarado es juzgado por difamación debido a una denuncia presentada por Belinda Flores Mendoza, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ésta le reclama haber difundido en 2006 en su programa "Mi Nación", de Globo TV, información sobre los cargos presentados por la Corte Suprema de Justicia contra ella (por la falsificación de títulos universitarios). Este proceso legal se suma a numerosos actos de intimidación contra el periodista. Víctima de preocupantes medidas de vigilancia desde 2012, Alvarado decidió en 2013 suspender su programa “Medianoche” debido a las constantes amenazas que había padecido durante más de un año. "Seamos claros. Honduras se comprometió legalmente a tratar las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como su última corte de apelaciones. Así que debe respetar su compromiso jurídico. Por ello, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Honduras en el caso de Julio Ernesto Alvarado no es válida", aseveró John Ralston Saul, Presidente Internacional de PEN International. El encarnizamiento judicial contra Julio Alvarado refleja las presiones que padecen todos los periodistas críticos y los medios de comunicación de oposición en el país. Radio Globo y TV se encuentra en el punto de mira de las autoridades desde el golpe de Estado de 2009. Desde 2011 han sido asesinados cinco colaboradores de la radio sin que las autoridades lleven a cabo ninguna investigación a fondo. Honduras se encuentra en el lugar 132, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF publicada en febrero de 2015.