Caso Jean Dominique

El 3 de abril de 2002 se cumplirá el segundo aniversario del asesinato de Jean Dominique, director de Radio Haití Inter. Con ese motivo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la red Damocles, asociación de lucha contra la impunidad, recuerdan cuales han sido los principales obstáculos en la investigación, y denuncian una "cultura de impunidad" llevada a cabo para amordazar a la prensa. Para presionar sobre el gobierno haitiano, ambas organizaciones han puesto en marcha una campaña de radio en la prensa, tanto haitiana como internacional. El 3 de abril, una veintena de emisoras haitianas, norteamericanas, canadienses y francesas, emitirán un spot denunciado la actitud de las autoridades en el caso de Jean Dominique. Igualmente, RSF y la red Damocles han dirigido nuevas recomendaciones al presidente Jean-Bertrand Aristide reclamando, entre otras cosas, que se devuelva el caso al juez de instrucción Claudy Gassant, cuyo mandato no se renovó a comienzos del año 2002. La impunidad: una estrategia de intimidación
El 3 de abril de 2000, Jean Dominique, el periodista y analista político haitiano más conocido del país, fue abatido en el patio de Radio Haití Inter., de la que era director. En el atentado también resulto muerto Jean-Claude Louissaint, guardia de la emisora. Jean Dominique, conocido por su talante independiente, criticaba tanto a los antiguos duvalieristas y a los militares, como a las grandes familias de la burguesía o, más recientemente a quienes, en el seno de Fanmi Lavalas (FL), el partido del presidente Jean-Bertrand Aristide, sospechaba que querían "desviar al movimiento de sus principios". En un editorial del 19 de octubre de 1999, el periodista cuestionó vivamente a Dany Toussaint, una de las figuras de FL. Para su viuda, Michéle Montas, existe una sola certeza: "A Jean le mataron porque era incontrolable". En contradicción con las declaraciones oficiales, prácticamente todas las instituciones del Estado han obstaculizado la investigación. El Ministerio de Justicia no ha garantizado nunca, de manera satisfactoria, la seguridad del juez de instrucción, que ha sido amenazado. La policía se ha negado a ejecutar órdenes de arresto. Y también es sospechosa de haber entregado a Panel Rénélus, un importante sospechoso, a una multitud de manifestantes que le mató, a machetazos, el 9 de noviembre de 2001. Rénélus es el segundo sospechoso muerto después de su detención, en el marco de este caso. En junio de 2000, Jean Wilner Lalanne, sospechoso de haber servido de intermediario entre los inductores y los ejecutantes del crimen, murió en circunstancias dudosas en el transcurso de una operación quirúrgica benigna, que le practicaron después de ser detenido. Aunque la investigación señala como principal sospechoso a Dany Toussaint, elegido senador en mayo de 2000, en varias ocasiones el Senado se ha opuesto a la buena marcha de la investigación. El 31 de enero de 2002, después de estudiar el caso durante seis meses, entre otras cosas rechazó una petición del juez para levantar la inmunidad parlamentaria de Toussaint, argumentando que la demanda era "incompleta" y que se necesitaba más información. Una decisión que se produjo una semana después de la decisión del presidente Aristide de negarse a renovar el mandato del juez Gassant, cuya seriedad y valor reconoce todo el mundo, y de entregar el caso a un colegio de tres jueces de instrucción. Convencidos de que pueden disfrutar de total impunidad, los simpatizantes de FL, agrupados en organizaciones de base llamadas "organizaciones populares" (OP), desde hace un año están multiplicando las agresiones contra periodistas que les parecen demasiado críticos con el gobierno, y a los que acusan de trabajar para la oposición. En total, cerca de cuarenta periodistas fueron amenazados y agredidos en 2001. Desde el 1 de enero de 20002, la Asociación de Periodistas Haitianos (AJH) ha censado otros quince casos. Sólo muy raramente el gobierno ha condenado esas agresiones. Al contrario, la falta de investigaciones serias demuestra que bien podría haberse elaborado, al nivel más alto del Estado, una verdadera estrategia tendente a identificar a la prensa con la oposición, para legitimar los ataques contra ella. Una espiral de violencia que llevó, el 3 de diciembre de 2001, al asesinato de Brignol Lindor, periodista de la emisora Echo 2000 en Petit-Goâve (al suroeste de Puerto Príncipe). Según una investigación realizada por la AJH, algunos miembros de la organización popular "Domi Nan Bwa", cercana a Fanmi Lavalas, reconocieron haber asesinado a Brignol Lindor. Los asesinos continúan en libertad, a pesar de haberlo confesado. La situación de la prensa se degradó nuevamente el 17 de diciembre, durante un supuesto intento de golpe de Estado. Algunos partidarios armados del presidente Aristide, que se echaron a la calle, atacaron sistemáticamente a periodistas considerados "críticos". Aquel día, el clima de inseguridad hizo que siete radios pararan sus emisiones o suspendieran sus boletines informativos, y varios locales de la oposición fueron incendiados por los manifestantes pro-Lavalas. Desposeídos, frente a un Presidente que no desautoriza a sus partidarios, una quincena de periodistas emprendieron el camino del exilio. Una campaña de radio contra la impunidad
Con el fin de presionar al gobierno haitiano, para que termine con la "cultura de la impunidad" de que es víctima la prensa haitiana, RSF y la red Damocles han lanzado una campaña de radio contra la impunidad. Un spot denunciado la actitud de las autoridades en el caso de Jean Dominique, realizado en francés y en criollo, se emitirá en una veintena de emisoras haitianas, norteamericanas, canadienses y francesas. En Haití, ya se ha empezado a emitir en una decena de las radios más importantes de Puerto Príncipe. Para ellas, en las que varios de sus periodistas se encuentran entre las víctimas de agresiones o forman parte de los exiliados, es una ocasión de demostrar que la lucha contra la impunidad no es sólo un asunto de la familia de Jean Dominique o de Radio Haití Inter.. También emitirán el spot una decena de emisoras y programas de la comunidad haitiana de Estados Unidos y Canadá. Entre las radios internacionales, han confirmado su participación Radio France Internationale y Voice of America. Recomendaciones a las autoridades haitianas
RSF y la red Damocles apoyan las recomendaciones que, el 21 de febrero de 2002, dirigió a las autoridades haitianas la fundación Echo Voix Jean Dominique, que lucha para que se aclare completamente el asesinato del director de Radio Haití Inter. En el marco del caso de Jean Dominique, RSF y la red Damocles piden a las autoridades haitianas: - que renueven el mandato del juez Gassant, - que hagan que se ejecuten las órdenes de arresto dictadas contra Richard "Cha Cha" Salomón, considerado el brazo derecho de Dany Toussaint, y Franck Joseph, guardaespaldas del senador, que se han negado a comparecer ante el juez, - que se levante la inmunidad parlamentaria del senador Dany Toussaint, - que se relance la investigación sobre el asesinato de Panel Rénélus, que hoy parece enterrada, y sobre la muerte de Jean Wilner Lalanne. Las dos organizaciones piden igualmente a las autoridades haitianas: - que hagan que se ejecuten las órdenes de detención dictadas contra los miembros de "Domi Nan Bwa" que reconocieron ser los autores del asesinato del periodista Brignol Lindor, - que condenen firmemente cualquier atentado contra la libertad de prensa y que lleven a cabo una investigación en profundidad, sobre cada uno de ellos, que permita castigar a sus autores, cualquiera que sea su pertenencia política, - que pongan en marcha una campaña de desarme de la población, que debería empezar por las organizaciones populares. RSF y la red Damocles recuerdan que, el 11 de enero de 2002, pidieron a la Unión Europea y al Congreso de Estados Unidos que adoptaran sanciones individuales contra veinticuatro oficiales haitianos; los mismos que, por acción u omisión, obstaculizan las investigaciones destinadas a aclarar los asesinatos de dos periodistas, Jean Dominique y Brignol Lindor. Las sanciones individuales solicitadas son de dos tipos: negar, a las personas citadas y a sus familias, visados de entrada y de tránsito en los territorios de los Estados miembros de la Unión Europea y de Estados Unidos; y congelación de las cuentas que posean en el extranjero.