Brasil: una censura con mil caras

En vista de los cientos de ataques lanzados no solo por el propio presidente, sino también por sus aliados más cercanos solo durante este año, se puede asegurar que la postura abiertamente hostil hacia la prensa se ha convertido en una marca registrada del gobierno de Bolsonaro. Aparte de los ataques a periodistas y medios de comunicación, el gobierno también utiliza toda una gama de mecanismos de censura indirecta que obstaculizan seriamente el libre ejercicio del periodismo.

Tras analizar el carácter organizado y sistemático de los ataques del “sistema Bolsonaro”, RSF expone las demás facetas de la presión que ejerce el gobierno contra la libertad de prensa. Además de las agresiones, que crean un clima de desconfianza hacia los medios, están la desinformación y las restricciones del libre flujo de datos oficiales, cuyo objetivo es controlar el debate público, así como la politización de los órganos oficiales de comunicación. Dichos instrumentos hacen que el entorno laboral de los periodistas sea cada vez más adverso y complejo.

Para enriquecer esta tercera edición, RSF ha entrevistado a tres personalidades brasileñas: la directora de la organización Intervozes y miembro del Comitê Gestor da Internet no Brasil, Bia Barbosa; la escritora, periodista y activista de la Coalizão negra por direitos, Bianca Santana, y la reportera del diario Folha de São Paulo Patrícia Campos Mello. En este enlace se encuentra el video de presentación realizado por RSF.

Total de ataques del "sistema Bolsonaro" contra la prensa durante el tercer trimestre de 2020 (cifras de RSF)

En el tercer trimestre de 2020 siguieron registrándose numerosos ataques del sistema Bolsonaro contra periodistas y contra la prensa en general. Según datos de RSF, Bolsonaro los agredió en al menos 27 ocasiones, un ligero aumento respecto al segundo trimestre, en que fueron 21 casos. Una vez más, los hijos del presidente difundieron y amplificaron estos ataques. El diputado federal Eduardo Bolsonaro fue el principal predador, con 79 agresiones a la prensa en el tercer trimestre (en el segundo trimestre fueron 63), con un promedio de una diaria. Le siguen el senador Flavio Bolsonaro con 21 ataques (frente a las 47 en el segundo trimestre) y Carlos Bolsonaro, concejal de la ciudad de Río de Janeiro, con 19 agresiones (frente a 44 en el segundo trimestre).

En el gobierno, la Ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos humanos, Damares Alves, fue sin duda la más vindicativa y hostil frente a los medios de comunicación: en el tercer trimestre atacó a la prensa en 12 ocasiones (en el segundo lo había hecho en 4); la siguen el Ministro de Ciudadanía, Onyx Lorenzoni, con 7 agresiones (una en el segundo trimestre) y el Ministro de Medioambiente, Ricardo Sales, con 5 ataques (2 en el segundo trimestre).

Ver la nota metodológica (portugués)

Estigmatización, desinformación y creación de un “enemigo común”

Entre las agresiones más significativas de este trimestre podemos citar una que tuvo lugar el 23 de agosto en Brasilia. Bolsonaro, molesto por una pregunta de un periodista del grupo Globo sobre un caso de corrupción en el que está involucrada directamente su familia, respondió que le gustaría “encher a boca com uma porrada” (“romperle la boca a golpes”) al reportero. Este episodio suscitó una ola de indignación en el país, sobre todo en las redes sociales, donde numerosas personalidades y medios de comunicación reprodujeron en sus perfiles la pregunta que había hecho el periodista.

El 24 de agosto, el presidente dijo que si un bundão (imbécil) de la prensa contrae el virus de la Covid-19 su posibilidad de sobrevivir era “mucho menor”. Ese mismo día, el mandatario agredió en Twitter a la periodista Maria Júlia (Maju) Coutinho, presentadora de un programa del canal Globo, y la llamó mentirosa. Esto desencadenó una ola de amenazas e insultos misóginos y racistas en las redes sociales contra la periodista por parte de los seguidores del presidente (ver el hashtag #MajuMentirosa).

El 22 de septiembre, en su discurso en la Asamblea General de la ONU, que estuvo marcado por numerosas mentiras, Bolsonaro acusó a la prensa –como ya lo había hecho varias veces en 2020–, de “politizar el virus (Covid-19, N. de la R.), sembrar pánico entre la población y provocar caos social en el país”.

Para Bianca Santana, quien el 28 de mayo de 2020 fue blanco de una de las agresiones del presidente, “existe la clara intención de construir una narrativa para manipular la opinión pública, a fin de hacer creer que la prensa no es digna de confianza [...] Su intención es: atacando a los periodistas, animo a que se les agreda, para acabar de una vez por todas con su reputación. De esta manera, ya no habrá que responder a las preguntas y a las críticas en el espacio público”.

Este agresivo discurso afecta de forma significativa al trabajo de los periodistas. “Una parte de la población se ha vuelto abiertamente hostil hacia la prensa [...] Hay gente que se cree el discurso del gobierno, el de la ‘prensa fake news’ o la ‘prensa comunista’. En ocasiones, cuando he realizado entrevistas me han dicho: ‘Ah, ¿usted es de la prensa? Entonces es comunista’”, lamenta Patricia Campos Mello, quien también ha sufrido violentas campañas de acoso e intimidación orquestadas por el presidente y sus hijos. “Cuando se difunden memes con fotomontajes en los que aparezco, intento no salir a hacer reportajes sobre las manifestaciones. Es absurdo, no estamos en un país en guerra, debería ser normal poder cubrir manifestaciones democráticas”.

Para Bianca Santana, estas agresiones “modifican nuestro comportamiento, reducen nuestras libertades [...] Tienen un impacto directo en el trabajo y las posturas públicas de los periodistas que las sufren”.

El acceso a la información, cada vez más limitado

Como ocurrió en el primer semestre de 2020, agentes del Estado continúan bloqueando las cuentas de periodistas en las redes sociales, como lo explica un informe reciente de la Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji). Miembros del gobierno, como el ex Ministro de Educación, Abraham Weintraub, se han jactado públicamente de estos bloqueos.

La prensa afronta cada vez mayores dificultades para que las autoridades le proporcionen información. Desde que Bolsonaro llegó al poder, en enero de 2019, el gobierno ha tomado al menos 13 medidas que reducen el acceso a la información en el país, según explica Folha de Sao Paulo.

Para Patricia Campos Mello, “este gobierno es un campeón a la hora de rechazar solicitudes de acceso a la información [...] Da cientos de falsas excusas para no responder a estas peticiones. No percibe que rendir cuentas a la población es parte central de la función de un gobierno electo”.

Con la crisis sanitaria de la Covid-19, ha aumentado la opacidad de la gestión gubernamental (ver el análisis de Transparencia Internacional Brasil, que muestra de forma detallada, estado por estado, el grado de transparencia de las autoridades en la lucha contra el coronavirus).

En ocasiones no se rinden cuentas, e incluso se obstruye directamente el trabajo de la prensa sobre la pandemia. Una muestra de esto se dio en el caso surrealista de los “guardianes de Crivella”, registrado en Río de Janeiro a inicios de septiembre y revelado por el canal regional RJ2, del grupo Globo. Marcelo Crivella, alcalde de Río de Janeiro e íntimo de Bolsonaro, coordinó un sistema de grupos de WhatsApp para que empleados municipales hicieran guardias frente a los hospitales de la ciudad a fin de impedir que los periodistas hicieran entrevistas o dieran a conocer las deficiencias del sistema de salud.

Politización de los órganos oficiales de comunicación

En agosto, tras realizar una auditoría, el Tribunal de Contas da União (Tribunal de Cuentas de la Unión, TCU) denunció en un informe la falta de transparencia y de criterios técnicos en la asignación de la publicidad oficial, poniendo en evidencia el favoritismo que existe hacia los canales de televisión cercanos a la línea oficial. En primer lugar se encuentran los canales de los grupos SBT y Record.

La TCU señalaba a la Secretaría de Comunicación Social (Secom) de la Presidencia de la República –encargada de la asignación de este maná– por esta gestión desigual y opaca. En junio pasado, la Secom se integró en el nuevo Ministerio de Comunicaciones (en 2016 se suprimió este ministerio y la Secom pasó a formar parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; en junio de 2020 se anunció que el ministerio volvería a ser creado, lo que se oficializó en septiembre, N. de la R.). Otra fuente de preocupación es el nombramiento como responsable de este ministerio a Fábio Faria, yerno de Silvio Santos, propietario del grupo SBT y persona muy cercana a Bolsonaro. “El Ministerio de Comunicaciones vuelve a ser moneda de cambio político, con mucho más poder. Ahora no sólo se otorgan licencias y autorizaciones de radiodifusión para establecer relaciones políticas, también toda la publicidad del gobierno federal”, lamenta Bia Barbosa.

En el tercer trimestre de 2020 la propia Secom agredió a los medios de comunicación en al menos en cinco ocasiones: usó expresiones como “prensa podrida” contra medios que criticaban al ejecutivo y lanzó acusaciones infundadas de publicar fake news. La Secom se ve a menudo señalada por su falta de honradez y por hacer propaganda para el gobierno.

La injerencia de los representantes del Poder Ejecutivo también es notoria en la Empresa Brasil de Comunicação (EBC), responsable de los principales canales de comunicación pública del país. En septiembre, un comité formado por empleados de EBC y por representantes de sindicatos de prensa de diferentes estados divulgaron un estudio que incluía 138 denuncias de "censura o injerencia gubernamental" en cuestiones editoriales de la empresa entre enero de 2019 y julio de 2020. El documento señala que los temas más censurados fueron de política y derechos humanos: se suprimieron coberturas relacionadas con los asesinatos de Marielle Franco y Anderson Gomes o la violación de los derechos indígenas; se prohibió utilizar como fuentes informativas a entidades como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, e incluso se protegió en exceso a los ministros y al Presidente de la República, editando sus manifestaciones para minimizar la gravedad de las declaraciones oficiales.

Para Bia Barbosa, las continuas injerencias del gobierno federal en la gestión de la EBC reducen la autonomía e independencia de este organismo. “Los reporteros de Rádio Nacional -uno de los canales de comunicación de la EBC-, que han hecho preguntas en una rueda de prensa del Ministerio de Salud, preguntas embarazosas para los empleados del Ministerio de Salud o para el propio un ministro, han sido excluidos de este tipo de coberturas. Así que tienes indicaciones muy claras, desde el punto de vista de la práctica periodística, que salen directamente del Palacio de Planalto y del gobierno federal”.

La censura judicial gana terreno

Algo que marcó el tercer trimestre de 2020 fue el incremento de los procesos judiciales abusivos contra periodistas y medios de comunicación brasileños, la mayoría de ellos emprendidos por representantes del Estado o personas cercanas al presidente.

Uno de los casos más significativos se produjo el 28 de agosto de 2020, cuando un juez del estado de Río de Janeiro ordenó al Jornal GGN y a su editor, el periodista Luis Nassif, que retiraran 11 textos de la web, so pena de ser sancionados con una multa de 10.000 reales. Estas publicaciones abordaban las irregularidades en la compra, por parte del banco BTG Pactual –que tiene entre sus fundadores al Ministro de Economía, Paulo Guedes–, de una cartera de préstamos del Banco do Brasil (del Estado). Debido a que la investigación contenía información confidencial, el juez falló a favor del demandante, BTG Pactual, y los 11 textos fueron censurados, pese al recurso presentado por Luis Nassif.

Asimismo, el 4 de septiembre pasado las autoridades judiciales de Río de Janeiro censuraron una serie de reportajes de TV Globo sobre las investigaciones en curso contra Flávio Bolsonaro, en un caso de desvío de fondos públicos y corrupción que data de cuando el hijo de Bolsonaro era diputado de este estado.

Ese mismo día, el periodista Reinaldo Azevedo, columnista de Folha de São Paulo y conductor de un programa de radio en BandNews FM, fue condenado a pagar una indemnización de 35.000 reales a Deltan Dallagnol, un ex juez que fue el principal fiscal encargado del caso Lava Jato (investigación con múltiples ramificaciones emprendida en 2014 sobre un caso corrupción y blanqueo de dinero en la que estaba implicada la empresa petrolera pública, Petrobras). A raíz de un artículo, el exfuncionario acusó al reportero de un “delito contra el honor”.

El 21 de septiembre la ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos humanos, Damares Alves, molesta por las revelaciones sobre su gestión de un polémico caso de aborto de una menor, amenazó desde su cuenta personal de Twitter al diario Folha de Sao Paulo y al portal de noticias UOL con emprender procesos judiciales contra ellos.

En este contexto, frente a estas nuevas formas de censura indirecta alimentadas por un clima de gran polarización política, la prensa brasileña tiene mucho por hacer y debe reinventarse para volver a ganar la confianza de la población. El desafío es inmenso y no es nuevo. Ciertamente, habrá que responder con más periodismo, de calidad, reforzando la independencia y el pluralismo de la prensa en el país.

Brasil se encuentra en la posición 107, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020 de Reporteros sin Fronteras.