El panorama mediático birmano se ha visto profundamente alterado por el golpe de 2021. La junta militar publicó enseguida una lista negra de medios prohibidos por su libertad editorial, como Democratic Voice of Burma, una publicación emblemática en la lucha por la libertad de prensa. Numerosos medios se han visto obligados al exilio y a trabajar con técnicas de cobertura clandestinas, que funcionaron durante las décadas anteriores bajo la dictadura militar, para seguir obteniendo información fiable dentro del país. Los medios clandestinos juegan un papel fundamental para transmitir informaciones solventes al resto del mundo. A la inversa, los medios controlados por el gobierno emiten una cascada de propaganda apenas seguida por la población birmana. Entre estos dos extremos, un puñado de medios sobrevive en la cuerda floja, entre la voluntad de informar a sus conciudadanos y la necesidad de no ofender a los generales.

El Consejo de Administración del Estado (CAE) no tolera ningún relato alternativo al suyo. Para ello, ha restablecido un sistema de censura previa e impide a los medios cubrir las numerosas violaciones de los derechos humanos de la que es responsable. En cabeza de la junta, el general Min Aung Hlaing promueve abiertamente una política del terror contra los periodistas que no siguen su línea.

Más allá de la arbitrariedad que usan constantemente, los generales invocan de forma casi sistemática la sección 505.a del código penal, un artículo extremadamente ambiguo, que castiga con tres años de cárcel la difusión de “informaciones falsas”. El artículo 66 (d) de la ley de telecomunicaciones es otro arcaísmo jurídico, que puede enviar a prisión a un periodista simplemente porque alguien refute su información.

Antes del golpe de Estado, el modelo económico de los medios era ya frágil. El periodismo de investigación, liderado por webs de información como Myanmar Now o Mizzima, tenía relativamente pocos lectores. El golpe ha redistribuido las cartas, con una prensa oficialista que ocupa el conjunto de los kioscos y de las ondas, y una prensa independiente reducida a la clandestinidad, luego a modos de financiación todavía más aleatorios. A principios de 2022, la junta instauró un sistema de imposición de los servicios de Internet, empezando por las tarjetas SIM, cuyo único objetivo es impedir que la población se informe e interactúe en la red.

Antes del golpe de 2021, bajo el gobierno de Aung San Suu Kyi, el clima de la libertad de prensa ya era difícil, con la persistencia de temas tabú, como los referentes a las minorías étnicas. Prueba de ello es el duro golpe asestado, en 2018, a dos periodistas de Reuters que habían investigado la masacre de civiles rohingyas y que fueron juzgados e indultados al final de una parodia de proceso judicial. Este hecho sirvió de aviso a toda la profesión, que entendió que había que pensárselo dos veces antes de publicar una información susceptible de molestar al ejército birmano, el “Tatmadaw”. Este caso se acompañó de una oleada de informaciones falsas y de discursos de odio en Facebook, cuya no regulación ha tenido consecuencias desastrosas en el debate público.

Torturas, encarcelamientos, asesinatos… La profesión de periodista es extremadamente peligrosa en Birmania, que se ha transformado en la segunda mayor prisión de periodistas del mundo, por detrás de China. En relación con su población es, de lejos, el país que más encarcela a sus periodistas. Los escasos testimonios que salen de las mazmorras birmanas revelan condiciones de detención extraordinariamente severas y el uso sistemático de torturas. En algunos casos, estos ataques provocan la muerte de los periodistas, que pasan a engrosar la larga lista de asesinados por la junta.