Del 22 al 31 de mayo de 2005, una delegación de Reporteros sin Fronteras viajó a México con el fin de investigar la situación de los periodistas en los Estados fronterizos del Norte, abandonados al narcotráfico, la corrupción y la violencia. La organización presenta hoy el resultado de esa misión: una constatación preocupante para la libertad de prensa en la región
El 22 de junio de 2004, Francisco Javier Ortiz Franco, cofundador y editorialista del semanario Zeta, era asesinado en Tijuana (Baja California, Noroeste). Ese crimen significó el punto de partida de un año negro para la prensa en México, con cinco periodistas muertos. Sin embargo, también supuso el inicio de una toma de conciencia en el medio periodístico, poco inclinado a apretarse los codos y, sobre todo, llevó al gobierno federal a hacerse cargo directamente de los investigaciones sobre los crímenes cometidos contra periodistas.
Pero, un año después del asesinato no resuelto de Francisco Javier Ortiz Franco, no ha mejorado nada la situación de los periodistas mexicanos. En particular, en los Estados costeros y fronterizos con Estados Unidos, gangrenados por el narcotráfico, la corrupción y la violencia. El año 2005 comenzó trágicamente con una desaparición y dos asesinatos de periodistas, en la primera semana de abril.
Desde la noche del 2 de abril no ha dado señales de vida Alfredo Jiménez Mota, del diario El Imparcial en Hermosillo (Sonora, Noroeste). El 5 de abril sufrió un atentado ante la sede de la emisora Stereo 91 XHNOE, en Nuevo Laredo (Tamaulipas, Noreste), la periodista Dolores Guadalupe García Escamilla. El 8 de abril, fue abatido en el Estado de Veracruz (Este) Raúl Gibb Guerrero, director del diario La Opinión. Estos tres casos elevan a dieciséis el número periodistas muertos desde 2000. Y, en todos los casos, ninguna investigación seria ha podido llegar hasta los autores intelectuales, creando así un auténtico clima de impunidad.
¿Cómo trabajan los periodistas en ese ambiente? ¿Se ven obligados a autocensurarse para sobrevivir? ¿Están igualmente expuestos al peligro los medios locales y nacionales? ¿Cómo se explica que las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas no hayan dado resultados? Para responder a todas estas preguntas una delegación de Reporteros sin Fronteras viajó, del 22 al 31 de mayo de 2005, a las ciudades fronterizas de Tijuana y Nuevo Laredo, y a México.
La delegación se entrevistó con periodistas locales, corresponsales de medios de comunicación nacionales, así como representantes de la policía y la justicia, y entre ellos el vice-Procurador General de la República, José Luis Santiago Vasconcelos. Entre otras cosas, la misión ha permitido medir las graves disfunciones que reinan en los tres niveles del poder, municipal, del Estado y federal. Una situación que no parece que vaya a tranquilizar una feroz campaña presidencial mexicana, en el horizonte de 2006.
