Asesinado en Colombia un periodista que estaba bajo protección del Estado
Rafael Emiro Moreno es el tercer periodista asesinado en Colombia en 2022. Era beneficiario de las medidas de protección del Estado y aunque había solicitado refuerzos recientemente, porque temía por su vida, su petición no fue atendida a tiempo. RSF pide una investigación imparcial sobre este caso.
El mecanismo de protección de los periodistas colombianos había sido informado de las nuevas amenazas que se cernían sobre Rafael Emiro Moreno y, sin embargo, no adoptó ninguna medida diligente para reforzar su seguridad. El mecanismo debe reflexionar sobre las debilidades en el análisis de riesgo, la formulación de las medidas, los plazos de respuesta, entre otras acciones que, como en este caso, fallaron cobrando la vida de una persona y vulnerando el derecho a la información de la sociedad”, afirma el director de la Oficina de RSF en América Latina, Emmanuel Colombié. “Las autoridades locales y nacionales deben identificar y llevar ante la justicia a los autores de la cobarde ejecución de Rafael Emiro Moreno lo antes posible”, añade.
La noche del domingo 16 de octubre de 2022, en Montelibano, municipio del departamento de Córdoba (norte del país), el periodista Rafael Emiro Moreno fue asesinado por dos hombres armados que, a bordo de una moto, se acercaron y lo ejecutaron fríamente, antes de darse a la fuga.
Rafael Emiro Moreno era director del medio digital Voces de Córdoba, en el que denunciaba regularmente la corrupción local y las actividades de grupos armados ilegales. Estaba, también, muy implicado en la vida civil y asociativa del municipio de Puerto Libertador, en la que lideraba acciones ciudadanas destinadas a vigilar y acompañar la puesta en marcha de las políticas y el erario público del ámbito local.
En 2019, después de haber recibido amenazas de muerte vinculadas a sus publicaciones, había solicitado la ayuda del mecanismo nacional de protección de periodistas, UNP (Unidad Nacional de Protección), que le concedió un esquema formado por un escolta, un botón de emergencia y un chaleco antibalas. Estas medidas estaban aún vigentes cuando, el 12 de julio de 2022, solicitó una revisión de su dispositivo de protección a la UNP, a través de la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa), organización aliada de RSF en Colombia, pues había recibido nuevas amenazas y temía ser atacado. La UNP debía, tras un proceso de 90 días, tomar la decisión de reforzar o no las medidas, pero la decisión no fue tomada a tiempo.
Por otra parte, y según varias fuentes consultadas por RSF, el escolta que lo acompañaba desde 2019 no estaba presente en el lugar de los hechos, cuando Rafael Emiro Moreno fue asesinado.
En febrero de 2022, RSF publicó un informe inédito sobre los mecanismos de protección de periodistas en Honduras, Colombia, Brasil y México. El documento señala las deficiencias de la UNP y ofrece una serie de recomendaciones específicas destinadas a reforzar su eficacia.
Otros dos periodistas, Leiner Montero y Dilia Contreras han sido asesinados en Colombia en 2022, concretamente el pasado 28 de agosto, en el departamento de Magdalena. Sin embargo, los altos niveles de impunidad en el país no permiten esclarecer los móviles ni dar con los responsables.
