Ante el deterioro de las libertades públicas, Reporteros sin Fronteras escribe al presidente Daniel Ortega

Sr. D. Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República
Managua, Nicaragua Señor Presidente, Reporteros sin Fronteras, organización mundial de defensa de la libertad de prensa, quiere manifestarle su preocupación a raíz de los recientes acontecimientos que han afectado a organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. Una situación que refleja un serio deterioro del estado de las libertades públicas en su país. Situación que a Usted como garante de los principios constitucionales fundamentales, le incumbe resolver. En primer lugar nos sentimos indignados por la culpable pasividad mostrada por las fuerzas del orden, el 16 de octubre de 2008, cuando algunos miembros de los Comités del Poder Ciudadano (CPC), instancia coordinada por su esposa, la Señora Rosario Murillo, agredieron delante de la Fiscalía a unos representantes del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh). Vilma Núñez, presidenta ejecutiva del Cenidh, escapó por poco a los actos de violencia,aún mas intolerables tratándose de una señora de 70 años de edad. Héctor Calero, encargado de comunicación del Cenidh, y a su hermano, Camilo Calero, reportero de imágenes de la televisión privada Canal 12, fueron duramente golpeados en el suelo antes de que Dino Andino, de Canal 2, y los abogados Norwin Solano y Gonzalo Carrión, fueran agredidos a su vez al intentar interponerse. Los policías presentes ni siquiera se dignaron en responder a los pedido de auxilio de las víctimas y ninguna voz, procedente de la justicia o del gobierno, se ha alzado para condenar esas actuaciones. Este episodio se produjo cuando los miembros del Cenidh acompañaban a la señora Cecilia Millán, representante de OXFAM-Gran Bretaña en Nicaragua, a la sede de la Fiscalía donde tenía que entregar unos documentos contables de su organización. La convocatoria era consecuencia de las acusaciones de “triangulación” y “lavado de dinero” que enfrentan diecisiete ONG's y, en este caso preciso, al Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y al Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), con los que OXFAM-Gran Bretaña tiene un acuerdo de cooperación. En un comunicado, fechado del 10 de octubre de 2008, Reporteros sin Fronteras ya había manifestado su preocupación por las consecuencias de la campaña mediática de calumnias dirigida contra los periodistas Carlos Fernando Chamorro y Sofía Montenegro, directores de CINCO y MAM respectivamente. La cita en la fiscalía de esas dos personas, y el allanamiento de sus oficinas en el marco de una acción judicial emprendida a petición del Ministerio del Interior, estuvieron llenos de irregularidades y se llevaron a cabo en un clima de violencia e intimidación, inadecuado para el ejercicio sereno e imparcial de la justicia. La caza de brujas contra algunas ONG y medios de comunicación privados, a los que se acusa de querer “desestabilizar al gobierno” o “trabajar por cuenta de la CIA” -unas acusaciones peligrosas para la integridad física de las personas a quienes van dirigidas-, tiene otras preocupantes consecuencias para la libertad de expresión. Por ejemplo, han llevado al periodista y editorialista Edgar Tijerino a renunciar a sus comentarios políticos que, desde hace décadas, acompañaban la vida de los oyentes de programas deportivos en Nicaragua. Y esos ataques son aun más odiosos porque han ido dirigidos a su esposa, Auxiliadora Mercado, que siempre se ha mantenido alejada del debate público. La caza de brujas se ha puesto de manifiesto también en los actos intimidatorios por parte de militantes del CPC al diario La Prensa, que está siendo objeto de procedimientos judiciales por “injurias” y “calumnias” impulsados por tres diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN). Las “injurias” y “calumnias”, imputadas también por los mismos a Santiago Aburto, del Canal 12, y a Jaime Arellano, antiguo presentador del Canal 2, no tienen nada que envidiar a las incesantes diatribas contra esos últimos, promovidas por funcionarios a través de Canal 4, afín a su gobierno. La fiscalía citó a Jaime Arellano el 8 de octubre de 2008 por haber realizado en el pasado mes de agosto una entrevista al ex presidente mexicano Vicente Fox, que se ha considerado “ingerencia exterior los asuntos internos del país” en vísperas de las elecciones municipales del 9 de noviembre. Una acusación que pone de manifiesto la evidente voluntad de hacer que recaiga en el periodista la responsabilidad de unas declaraciones que, en el ejercicio de su trabajo, se ha limitado a transmitir. Si a Jaime Arellano le condenaran por ese motivo se habría dado un paso hacia el delito de opinión. Finalmente, la satanización del ejercicio de la profesión tiene también repercusiones en la vida cotidiana de los profesionales de los medios de comunicación, como ha ocurrido con Oliver Gómez, de El Nuevo Diario, víctima de la medida arbitraria de parte de un funcionario del Ministerio de Salud Pública, quien se negó a ponerle la vacuna que “éste representante de la oligarquía” necesitaba para poder viajar al extranjero. Un castigo que, también en este caso, es el resultado de la campaña que instiga a tomar represalias de forma individual en contra de cualquier colaborador de un medio considerado no conforme a la opinión oficial. Una práctica de ostracismo particularmente grave, en la medida que da paso a todos los abusos, en todos los niveles del poder. Y que también cuestiona seriamente el principio de igualdad de todos los ciudadanos del país, y su derecho a no verse discriminados. Por todo ello le pedimos que haga que cesen las campañas de odio y suspicacias, incluso las que se dan en el terreno judicial, que garantice la seguridad de los profesionales de los medios de comunicación y que haga todo lo necesario para garantizar el derecho a informar libremente. Esperamos también que los responsables de la violencia sean procesados y condenados, sean cuales sean sus vínculos partidistas. Reporteros sin Fronteras está en disposición de apoyar cualquier iniciativa que contribuya a restablecer la paz civil, sin la cual el ejercicio de los derechos democráticos resulta irrealizable. Agradeciéndole la atención que pueda prestar a esta carta le ruego, Señor Presidente, acepte la expresión de mi mayor consideración. Jean-François Julliard
Secretario general