Alemania. RSF presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Servicio Federal de Inteligencia

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Las personas demandantes son en su mayoría periodistas, como la ganadora del Premio Nobel Alternativo, la azerbaiyana Khadija Ismayilova, y el periodista de investigación mexicano Raúl Olmos, que formó parte del equipo internacional que analizó los Papeles del paraíso. También ha firmado la demanda la organización internacional de Reporteros sin Fronteras, con sede en París, para hacer patente la violación del derecho a la libertad de prensa y del derecho a la protección de la información ante el Tribunal Constitucional alemán en Karlsruhe.

“Esta ley da luz verde al servicio de inteligencia alemán para vigilar prácticamente sin restricciones a periodistas en el extranjero y para compartir esa información con otros servicios secretos. Esto supone una limitación inaceptable de la libertad de prensa y es por eso que damos nuestro apoyo a las personas afectadas en su demanda ante los tribunales”, declaró Christian Mihr, director general de RSF Alemania. “Proyectos como los de los ‘papeles del paraíso’ muestran que el periodismo de investigación se realiza cada vez más mediante cooperaciones internacionales. Vigilando a periodistas extranjeros, el BND también socava el secreto de redacción en Alemania.”

La ley sobre el servicio de Inteligencia fue aprobada en el Bundestag en octubre de 2016 y está en vigor desde principios de 2017. La gran coalición emprendió una profunda reforma de la legislación después de que salieran a la luz algunas prácticas del BND extremadamente dudosas a raíz del escándalo de espionaje de la NSA. Especialmente la llamada inteligencia estratégica de señales fue usada por el servicio de Inteligencia sin base legal suficiente. Se trata de una forma de vigilancia masiva: el BND pincha grandes enlaces de transmisión de datos y los filtra usando los llamados selectores, que pueden ser palabras, números de teléfono o direcciones de correo electrónico de personas en las que el BND está interesado. Ya antes había salido a la luz en varias ocasiones que el servicio secreto también tenía a periodistas en su punto de mira. Por ejemplo, en febrero de 2017 la revista Der Spiegel reveló que el BND había estado vigilando de forma selectiva a periodistas de prestigiosos medios extranjeros, entre ellos la BBC, la agencia Reuters y el New York Times.

En lugar de poner límites al servicio de Inteligencia, el Gobierno alemán legalizó estas prácticas con la nueva ley del BND. Esta ley protege a las personas frente a la vigilancia dependiendo de su nacionalidad: el servicio secreto extranjero no puede interceptar las comunicaciones de personas con ciudadanía alemana, tiene algunas limitaciones en el caso de personas de la UE y goza de vía libre para espiar a personas de fuera de la UE, siempre que sea para proteger la “capacidad de acción de Alemania”. Esto último le da al BND casi plenos poderes para filtrar de forma masiva las comunicaciones fuera de la UE. Los derechos de protección para periodistas como en la similar “ley del artículo 10” o el Código procesal penal están totalmente ausentes.

La autorización expresa para compartir información con otros servicios secretos acentúa todavía más este problema. Con ella se legaliza un “intercambio” peligroso que podría llevar a que, por ejemplo, el BND espíe al Washington Post y dé la información al NSA a cambio de que la agencia estadounidense espíe a medios alemanes. Ante esta posibilidad, las y los periodistas tratan de defenderse mediante la demanda constitucional. Esta demanda es la única oportunidad de frustrar la ley del BND, después de que tanto el Gobierno alemán como el Bundestag hayan ignorado las numerosísimas críticas que generó. Tres relatores especiales de la ONU, entre otros, criticaron la decisión de Alemania, pues la normativa no era compatible con los estándares internacionales de derechos humanos.

Los demandantes investigan casos de corrupción y violaciones de los derecho humanos

Entre las personas que han iniciado el recurso de inconstitucionalidad se cuentan periodistas como Khadija Ismayilova (Azerbaiyán), Paul van Gageldonk (Países Bajos), Richard Norton-Taylor (Gran Bretaña), Blaz Zgaga (Eslovenia), Raúl Olmos (México) y Goran Lefkow (Macedonia). Trabajan como periodistas de investigación en sus respectivos países, la mayoría en asuntos como corrupción, evasión de impuestos, crimen organizado y violaciones de los derechos humanos; temas que abarca el llamado “mandato de información” del BND. Sin embargo, según la ley del BND, las conversaciones entre colegas o con informantes no quedan protegidas y pueden ser interceptadas. Si esos mismos Estados espían las conversaciones durante la investigación, el mandato periodístico de controlar las acciones de ese Estado cae en saco roto. Además, se desalienta a las fuentes a la hora de dirigirse a periodistas con información sensible. Otra de las personas que han interpuesto la demanda es el abogado alemán de derechos humanos Michael Mörth, que vive y trabaja en Guatemala desde hace más de veinte años, así como la organización internacional de Reporteros sin Fronteras. Con sede en París, Reporters Sans Frontières está en estrecho contacto con periodistas en todo el mundo; contacto que tampoco está protegido por la ley.

El objetivo de la demanda es constatar la inconstitucionalidad de la ley del BND. El Gobierno alemán parece considerar los derechos básicos de prensa y comunicación como derechos exclusivos de la ciudadanía alemana, cuyo cumplimiento en el extranjero no es de su incumbencia. Este razonamiento olvida, no obstante, que estas libertades están fundamentadas por los derechos humanos y que Alemania está comprometida por un pacto internacional a observar los derechos civiles y políticos. El Tribunal Constitucional alemán podría especificar en una sentencia las modificaciones necesarias para que la ley sea conforme a la Constitución y, así, que también periodistas y otras personas bajo secreto profesional queden protegidas de forma efectiva.

Para presentar esta demanda, Reporteros sin Fronteras se ha integrado en una alianza que ha trabajado durante más de un año en el proyecto. También son parte de esta alianza la Asociación Alemana de Periodistas (DJV, por sus siglas en alemán), la Unión alemana de periodistas, la red Netzwerk Recherche, la Red de Información sobre Europa del Este (n-ost), así como la Sociedad para la Libertad.

En otro proceso judicial en 2015, RSF Alemania ya presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional alemán contra la vigilancia ilegal del BND. Una parte de esa demanda está siendo analizada actualmente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mientras que en diciembre de 2017 se le dio la razón a RSF en otra parte de la demanda. Desde entonces, el BND no tiene permitido recabar datos de conexión de las conversaciones telefónicas de Reporteros sin Fronteras con su sistema de análisis de metadatos “VerAS”.

Alemania ocupa el puesto 16 de los 180 países que conforman la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.