Alemania: Preocupación en RSF por la posible aprobación final de la “Ley de Facebook”

Pese a los cambios introducidos durante el debate parlamentario que modificaron en el último minuto disposiciones problemáticas, el principal problema que plantea la ley es su forma de abordar los discursos de odio en las redes sociales que sigue sin resolverse: bajo la amenaza de elevadas multas económicas, la ley contempla la posibilidad de exigir a plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, Youtube o Twitter, que retiren contenidos “claramente ilegales” transcurridas 24 horas de la notificación inicial.

“El corto periodo de tiempo para retirar los contenidos, sumado a la amenaza de multas elevadas, llevará muy probablemente a las redes sociales a retirar muchos más contenidos de los legalmente justificados. Hasta publicaciones periodísticas pueden correr el riesgo de verse afectadas por esta medida de bloqueo sin ningún proceso justo”, advierte el director de la sección alemana de Reporteros sin Fronteras, Christian Mihr.

“Esta propuesta de ley debería ser pospuesta y únicamente decidida tras las elecciones nacionales y un debate con la sociedad civil. Especialmente porque hay que aclarar qué condiciones se tienen que dar para que los contenidos sean retirados”, añade.

La obligación de retirar contenidos en 24 horas se aplicará a los “claramente” infractores de la ley criminal alemana, como casos obvios de sedición, amenazas, insultos, difamaciones y calumnias. Para contenidos ilegales, pero no claramente difamatorios, el plazo de retirada es de siete días y puede extenderse si la respectiva red social delega la decisión de eliminar los contenidos en un -todavía no creado- cuerpo de autorregulación. El incumplimiento persistente de la ley puede suponer multas que van de los cinco a los 50 millones de euros.

La ley puede agravar el problema de las prácticas poco transparentes de retirada de contenidos

Ante el papel que juegan las redes sociales, no sólo como herramienta periodística de investigación y difusión de contenidos informativos, sino como medio para evadir la censura de países represivos como China, Turquía o Vietnam, RSF ha advertido al gobierno y a los legisladores alemanes, que este tipo de leyes pueden sentar un peligroso precedente que sirva fácilmente como excusa para nuevas censuras por parte de gobiernos autoritarios, que invocarán la ley alemana para reprimir a las voces independientes de sus respectivos países.

Al mismo tempo, la regulación de las redes sociales es peligrosa porque redes como Facebook tienen un amplio historial de retirada de contenidos periodísticos. Uno de los últimos ejemplos fue la retirada de un contenido publicado por el periódico noruego Aftenposten porque mostraba la icónica foto de la “chica de Vietnam”, desnuda, huyendo de las bombas. El pasado mes de junio, las redes bloquearon la cuenta del periodista francés experto en terrorismo, David Thomson, porque había publicado una imagen en la que se veía una bandera del ISIS. En Birmania, Facebook ha provocado recientemente una tormenta de reacciones por bloquear contenidos con la palabra “kalar”, que a menudo utilizan los nacionalistas para denominar a las minorías musulmanas, pero que también puede usarse como una expresión inocua o en artículos de prensa que critican a los nacionalistas.

Ejemplos como este muestran lo problemático de dejar que las redes sociales decidan de una forma nada transparente los contenidos que eliminan o no. RSF lleva años pidiendo a las empresas de estas redes sociales que se comprometan con un serio diálogo sobre estas prácticas. Sin embargo, la nueva ley alemana puede agravar este problema en lugar alentar el debate. Continua además sin aclararse si las empresas de las redes sociales pueden decidir sobre un marco legal complejo, que muchas veces demora mucho tiempo en ser dirimido en los tribunales.

No hay una base empírica que justifique la necesidad de esta ley

Entre las preguntas que normalmente despierta la ley es por qué se aplica a algunas ofensas criminales y a otras no. Sigue sin estar claro por qué el Gobierno considera necesario una nueva ley sobre ofensas, considerando que los datos empíricos sobre el funcionamiento de las redes sociales con respecto a los discursos de odio es virtualmente inexistente.

Reporteros sin Fronteras y casi todos los demás expertos consultados criticaron la legislación en la audiencia pública del comité legal parlamentario. La coalición en el Gobierno redujo entonces la cantidad de ofensas que incluía la propuesta de ley, excluyendo en particular las ofensas al Estado, como los insultos al Presidente. La coalición también retiró la cláusula que exigía el uso de filtros de contenidos que analizaban automáticamente cualquier contenido existente y lo eliminaban si se consideraba ilegal, haciendo imposible la publicación de contenidos incluso sin la decisión de un juez sobre su estatus legal.

Entre los pocos aspectos positivos, la ley obliga a las redes sociales a nombrar representantes que tendrán que responder ante la fiscalía en un plazo de 48 horas, con el objetivo de agilizar las investigaciones judiciales. La propuesta de ley también exige a las empresas que publiquen informes sobre sus prácticas de eliminación de contenidos, pese a ser incomprensible por qué dichos informes sólo tienen que producirse ahora cada seis meses, en lugar de cada tres, como inicialmente se pretendía.

Alemania ocupa el puesto 16 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensaelaborada anualmente por Reporteros sin Fronteras.