El Parlamento ha adoptado una ley antiterrorista que establece penas de hasta 10 años de cárcel, para los casos de publicación de determinadas informaciones. RSF pide al presidente de la República que intervenga y haga que se modifique el texto que, en el futuro, podría llevar a interpretaciones abusivas.
En una carta dirigida a Yoweri Museveni, presidente de la República, Reporteros Sin fronteras (RSF) ha manifestado su inquietud ante la nueva ley antiterrorista que podría llevar a que se cometieran abusos. RSF ha pedido al jefe del Estado que no promulgue el texto y que pida que se lleven a cabo modificaciones y aclaraciones sobre su contenido. "Según el texto, cualquiera podrá ser condenado a diez años de cárcel por haber publicado informaciones capaces de promover el terrorismo. Esta noción resulta muy vaga y nos tememos que se utilice para condenar a periodistas que se muestren demasiado críticos con las autoridades", explicó Robert Ménard, secretario general de RSF. "Esta ley debe ser más clara y más precisa, para evitar que en el futuro se puedan hacer interpretaciones abusivas de ella", añadió.
Según las informaciones recogidas por RSF, el parlamento ugandés aprobó, el 20 de marzo de 2002, una nueva ley antiterrorista. El texto establece penas, que pueden alcanzar hasta diez años de cárcel, para los casos de publicación "de informaciones capaces de promover el terrorismo". La ley entrará en vigor después de ser promulgada por el presidente de la República. A partir de ahora, el gobierno tiene también poder para calificar de "grupo terrorista" a cualquier movimiento u organización. La ley designa ya como terroristas a algunas organizaciones rebeldes del norte del país, en lucha armada con el gobierno desde hace varios años. Finalmente, prevé la pena capital para cualquier persona que sea reconocida culpable de actos de terrorismo o de apoyar financieramente a organizaciones terroristas.