El panorama mediático se ha diversificado enormemente desde el fin del monopolio estatal sobre el sector audiovisual, en 2002. En la actualidad, el país cuenta con un centenar de cadenas de televisión y más de 200 emisoras de radio, que juegan un papel fundamental para difundir información en una población relativamente poco alfabetizada (cerca del 60%). Multitud de diarios y de prensa de diversa periodicidad se publican en urdu, en inglés y en diferentes lenguas regionales. La prensa anglófona, reservada casi exclusivamente a las elites urbanas, goza de una tradición de independencia más arraigada y es uno de los principales atractivos de los dos grandes grupos mediáticos, Jang y Dawn. Los medios digitales están en plena expansión.

Más allá de la alternancia política, un atavismo persiste en Pakistán: cualquiera que sea su ideología, los partidos políticos defienden la libertad de prensa, pero son incapaces de defenderla cuando llegan al poder, debido al control que aplica el ejército sobre los asuntos del país. El gobierno controla directamente los órganos reguladores de los medios, que defienden sistemáticamente al ejecutivo, en detrimento del derecho a la información de los ciudadanos. A medida que el poder militar ha ido consolidando su control sobre las instituciones civiles, las injerencias del ejército y de los servicios secretos en la vida política se han transformado en un tema prohibido para los periodistas.

Bajo una apariencia protectora para con el periodismo, la ley pakistaní se instrumentaliza para imponer un régimen de censura a cualquier crítica contra el gobierno y el ejército. La Autoridad de Regulación de los Medios Electrónicos (PEMRA), creada en 2002, se preocupa menos por regular el mercado de los medios que el contenido que se publica en él. La ley sobre la prevención de ciberdelitos, adoptada en 2016, sirve más para limitar la libertad de expresión en Internet, que para reprimir la delincuencia en la red. En cuanto a la ley de protección de los periodistas y profesionales de los medios, aprobada en 2021, condiciona su amparo a la “conducta” de los reporteros. Con estos textos, cuya formulación es ambigua, los periodistas que traspasen las líneas rojas impuestas por el poder se enfrentan a severas sanciones penales y administrativas, que pueden ir, por ejemplo, hasta tres años de cárcel para supuestos delitos de “sedición”.

Aparentemente independientes, los medios privados -en especial los medios locales- dependen de la publicidad institucional para financiarse. Fruto de esta necesidad, las autoridades de Información, tanto a nivel nacional como provincial, pueden ejercer una suerte de chantaje sobre los ingresos publicitarios para influir en la línea editorial de las redacciones. Los medios que osan cruzar las líneas prohibidas se exponen a todo tipo de represalias financieras. Los salarios de los periodistas sirven casi siempre como variable de ajuste cuando las empresas atraviesan dificultades económicas, lo que favorece actitudes de autocensura en la profesión.

Fundada sobre los cimientos del islam suní, la nación pakistaní es muy diversa en términos lingüísticos, como culturales y demográficos; una diversidad que se plasma en la prensa. En las zonas rurales, los medios siguen dependiendo mucho de caciques locales, señores tribales o jefes de distrito obsesionados con la defensa del Estado. La acción de otros actores no estatales, como grupos fundamentalistas o rebeldes separatistas, también amenaza a la libertad de prensa. La persistencia de modelos tradicionalistas impide, además, la cobertura de determinados temas.

Pakistán es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, con entre tres y cuatro asesinatos al año, relacionados sobre todo con casos de corrupción y tráficos ilegales. La impunidad de estos crímenes es total. Cualquier periodista que cruce las líneas rojas impuestas por el Inter-Services Public Relations (ISPR), el órgano de prensa del ejército, se transforma en blanco potencial de una vigilancia estrecha, que puede saldarse con su secuestro y su detención, más o menos larga, en las prisiones del Estado o en mazmorras menos oficiales. Por otro lado, la Inter-Services Intelligence (ISI), principal agencia de inteligencia militar de Pakistán, está lista para acallar cualquier voz crítica de una vez por todas.