RSF condena la acusación a la web Rappler y su presidenta, Maria Ressa, de evadir impuestos

Rappler y Ressa están acusados de evasión de impuestos y de haber hecho una declaración de ingresos errónea en 2015, según la denuncia presentada el 9 de noviembre por el Departament de Justicia que será llevada a juicio esta semana. Ressa se enfrenta por ello a una posible pensa de diez años de cárcel en aplicación del artículo 255 del código penal filipino. 

Es la primera vez que Maria Ressa es denunciada personalmente en esta guerra que mantiene la administración del Presidente Duterte contra la web de noticias independientes líder del país.

El anuncio se produce tras una muestra más de reconocimiento internacional a Ressa durante su visita el paso fin de semana a París, cuando 12 jefes de Estado y de Gobierno han firmando las bases de una declaración sobre "información y democracia" elaborada por un grupo de 25 miembros -del que Ressa forma parte- a iniciativa de Reporteros sin Fronteras.

"Estos métodos de las autoridades filipinas empleados contra Rappler podrían ser ignorados por rozar el absurdo si no fueran una seria amenaza a este símbolo de la libertad de prensa", afirma Daniel Bastard, responsable de la oficina de Asia - Pacífico de Reporteros sin Fronteras.

"Este acoso está claramente diseñado a acabar con los medios que se atreven a investigar las políticas del Presidente Duterte. El Gobierno considera a su fundadora, Maria Tessa, un blanco a batir por su determinada defensa de la libertad de información. Esta persecución es inaceptable y debe acabar", añade.

El Departamento de Justicia Filipino basa su denuncia en los datos de 2015 del Certificado de Depósitos Filipinos de Rappler Holding Corporation, la empresa propietaria de la web. Según estos datos, Rappler abtuvo en fondos 2,7 millones de euros que no declaró. En realidad, el Certificado de Depósitos no tiene nada que ver con acciones y por lo tanto, no está sujeto a impuestos. Al reclamar una declaración a la baja de menos del 844%, el gobierno reclama hoy una obligación tributaria de 108 millones de pesos (1,8 millones de euros).

Ataques repetidos

Rappler lleva más de un año siendo blanco de repetidos ataques destinados a intimidar a sus periodistas. La Comisión de Seguridad e Intercambio anunció en enero que le revocaba la licencia por haber violado una prohibición a medios de comunicación con propietarios extranjeros por haber usado el Certificado de Depósitos para recaudar fondos, y por ello haber vendido parte de su propiedad a inversores extranjeros.

RSF denunció estas acciones inmediatamente ante Naciones Unidas, la UNESCO y la Asociación de Naciones del Sureste Asiático como un ataque a la independencia de la prensa. En julio, ante la reclamación de Rappler para recuperar su licencia, un tribunal decidió que la web debía tener un "tiempo razonable" para resolver cualquier disputa sobre su estructura financiera. 

Además, en febrero, cumpliendo órdenes directas de Duterte, se prohibió la cobertura de las actividades del palacio presidencial a los reporteros de Rappler, y en marzo las autoridades anunciaron que revisaban una denuncia anteriormente desestimada sobre difamación y que preparaban otra sobre evasión de impuestos.

Filipinas ocupa el puesto 133 de los 180 países que conforman la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros sin Fronteras.