Los diarios independientes de Nicaragua, de nuevo abastecidos de papel. “Un respiro momentáneo”, denuncia RSF

Gracias a la mediación del representante del Vaticano en Nicaragua*, el Nuncio Apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag, el 7 de febrero de 2020 la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) accedió finalmente a que el Grupo Editorial La Prensa recogiera las materias primas que estuvieron retenidas durante 18 meses –entre ellas, más de 94 toneladas de papel.

Personal del grupo editorial realizó de inmediato inspecciones en los almacenes de la DGA para constatar que los insumos aún estuvieran en buenas condiciones. Así, descubrió que una parte del papel resultó afectado por la polilla (por lo que debe permanecer apartado del resto durante un tiempo y, probablemente, no podrá utilizarse). Finalmente, el domingo 9 de febrero La Prensa pudo recuperar todos los insumos, un gran alivio para toda la redacción.

Desde septiembre de 2018, sin dar ninguna explicación, el gobierno del presidente Daniel Ortega prohibía que la prensa privada nicaragüense se abasteciera de tinta, papel prensa y planchas para rotativa, insumos básicos para la impresión de periódicos. Esta medida provocó la desaparición de la mayoría de los diarios impresos del país, como fue el caso de El Nuevo Diario, que cerró en septiembre de 2019 tras 40 años de trabajo.

Los últimos periódicos supervivientes, los diarios La Prensa (fundado en 1926) y Hoy, ambos pertenecientes al Grupo Editorial La Prensa, tuvieron que reducir drásticamente el tamaño de sus ediciones impresas –La Prensa pasó de 36 a 8 páginas–, para ahorrar al máximo el papel que aún tenían almacenado. Asimismo, los periódicos ya sólo se distribuyen en cuatro de los 17 distritos del país. En una editorial publicada el 27 de enero de 2020, titulada “Dictadura estrangula a La Prensa”, el gerente financiero del diario señaló que debido a esta censura del gobierno, los días de La Prensa podrían estar contados.

“El que se haya permitido al Grupo Editorial La Prensa tener acceso a estas materias primas, indispensables para la elaboración de diarios, es una señal alentadora”, señaló Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF. “No obstante, esta decisión sólo ofrece un respiro momentáneo a los dos últimos periódicos del país. RSF pide al gobierno del presidente Daniel Ortega que ponga fin a todo tipo de censura administrativa, que tienen consecuencias desastrosas para toda la sociedad nicaragüense, y lo exhorta a que respete rigurosamente los compromisos internacionales adquiridos por Nicaragua, lo que implica proteger y garantizar la libertad de prensa”, agregó. 

Desde abril de 2018, cuando se agravó la crisis política, se han multiplicado los ataques a la prensa independiente nicaragüense. Las oficinas de medios de comunicación, como Confidencial, 100% Noticias, Niú y Esta Semana, fueron cercadas por agentes de la policía y están bloqueadas desde diciembre de 2018. Los periodistas nicaragüenses a menudo son víctimas de detenciones arbitrarias, campañas de acoso, incluso de amenazas de muerte, por lo que algunos de ellos han optado por exiliarse.

Frente a estas presiones, los diarios nicaragüenses intentan reorganizarse en Internet, pero en un país donde sólo 20% de la población tiene acceso a él –el índice más bajo en América Central– no es posible que los diarios sobrevivan sólo con ediciones digitales.

En la investigación “Diarios que nunca llegan a sus lectores”, publicada en 2019, RSF revela cómo los Estados, poderosos oligarcas o empresas privadas obstaculizan la distribución de la prensa impresa y una de las maneras de hacerlo es restringiendo el abastecimiento de materias primas. La orquestación de este desabasto de materias primas para perjudicar a la prensa crítica frente al poder se inspira directamente en los métodos del gobierno venezolano.

Nicaragua ocupa el lugar 114, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019 elaborada por RSF.

*En Nicaragua, tras la agravación de la crisis política registrada en 2018, la iglesia católica desempeña el papel de mediador entre el gobierno, la sociedad civil y la oposición.