Las leyes de emergencia de la Covid-19 dinamitan la libertad de prensa

Ante la epidemia sin precedentes, muchos gobiernos se han enfocado en quienes trabajan en la información. Incentivada por la emergencia, la propagación de la represión se ha traducido en un arsenal de leyes, reglamentos y medidas de emergencia. Los ataques a la libertad de prensa y las regulaciones especiales han proliferado en los cinco continentes. Abarcan una variedad de procedimientos restrictivos, desde impedimentos menores hasta penas de prisión firme.

"La crisis sanitaria del coronavirus ha agravado todas las demás crisis y ha tenido un impacto particular en el periodismo y el derecho a la información", explica Christophe Deloire, secretario general de Reporteros Sin Fronteras (RSF). "Para llevar su represión aún más lejos, los peores regímenes han recurrido a todos los medios a su alcance y, cuando estos resultaban insuficientes, han introducido otros nuevos con la excusa de la urgencia o de las circunstancias excepcionales. Ahora es urgente acabar con esas medidas excepcionales y desbloquear la información".     

Algunos países, como Honduras, adoptaron inmediatamente medidas para limitar la libertad de expresión; otros, como Brasil, han frenado el acceso a la información o a las publicaciones y algunos han retrocedido desde entonces, como es el caso de Hungría. El presidente Viktor Orbán presentó una ley de emergencia sobre el coronavirus que le ha permitido legislar por decreto por un período indefinido y establecer una sentencia de cinco años de prisión por publicar información falsa. Está previsto que la ley sea derogada en torno al 20 de junio.  

En El Salvador, Tailandia y Armenia, las restricciones a los movimientos de los periodistas, la imposición del toque de queda y los mecanismos de rastreo fueron un gran motivo de preocupación. Finalmente han sido eliminados. Algunos gobiernos, como el de Namibia, aprovecharon la oportunidad para restringir la asistencia a las conferencias de prensa.

En otros lugares, el acceso a la información estaba estrictamente controlado. La Universidad de Medicina Bangabandhu Sheikh Mujib de Bangladesh, la única facultad de medicina del país, publicó un memorando dirigido a los docentes, los médicos y los empleados en el que se prohibía hablar con los medios de comunicación sobre cualquier cuestión de salud sin autorización previa. En el memorando se exponía que debían abstenerse de empañar la imagen del gobierno y las universidades.  

En Grecia, el Ministerio de Sanidad publicó el 13 de abril una resolución que prohibía al personal de los hospitales hablar con los medios de comunicación y exigía a los periodistas griegos que antes de informar dentro de los hospitales, tuvieran permiso del Gobierno.

Los medios de comunicación de servicio público a menudo se han visto sometidos a una intensa presión gubernamental. En Japón, una ley de emergencia (derogada el 25 de mayo) añadió la emisora pública NHK a una lista de instituciones a las que el gobierno puede dar "instrucciones". En Ucrania, la presión sobre los proveedores de noticias de servicio público tomó un giro inquietante cuando la emisora pública PBC fue despojada de una cuarta parte de su presupuesto.

Lo más frecuente es la adopción de medidas legislativas de emergencia que permiten la censura total de información perturbadora o alarmante. En Camboya, el Gobierno se otorgó la facultad legal de prohibir la publicación de "cualquier información que pueda causar inquietud, temor o desorden". En Vanuatu, toda información sobre la Covid-19 debe ser aprobada oficialmente antes de su publicación.  

La tentación gubernamental más común ha sido, sobre todo, la de imponer la información oficial como la única fuente de información creíble y autorizada, siempre dependiendo de las tradiciones democráticas y el imperio de la ley de cada país.

En la India, Egipto, Botsuana y Somalia, por ejemplo, solo pueden publicarse las declaraciones gubernamentales sobre el tema. En Esuatini (antes conocido como Suazilandia), está prohibido utilizar medios impresos y electrónicos para obtener información sobre la Covid-19 sin la autorización previa del Ministerio de Salud.      

Junto con estas medidas represivas, se ha ampliado enormemente el arsenal de sanciones. Las armas de represión contra los periodistas individuales, así como contra los medios, se han reforzado considerablemente en muchos países: secuestros de tirada y prohibiciones de publicación (Kirguistán), fuertes multas (de hasta 25.000 euros en Rusia) y sentencias de prisión disuasorias (hasta seis meses en Sudáfrica, 18 meses en Indonesia, cinco años en Botsuana y Argelia, y hasta 20 años en Zimbabue).

En Liberia, las autoridades judiciales han amenazado con cerrar o incautar cualquier medio que publique lo que consideran información falsa. En Rumania, el comité de crisis del gobierno entró en acción y cerró 12 diarios digitales. En Birmania, se cerraron 221 webs, incluidas las páginas dirigidas especialmente a las minorías étnicas del país.       

Además de esta ola de obstáculos y sanciones, uno de los aspectos más preocupantes de la crisis de la Covid-19 ha sido sin duda el uso pernicioso de los gobiernos de la noción de desinformación y "noticias falsas".   

En Etiopía, la definición de información falsa es tan amplia que da a las autoridades el poder discrecional de declarar falsa cualquier información. En Bolivia, 37 "agentes políticos" han sido condenados de "desinformación y desestabilización" en juicios sumarios.   

En Rusia, la definición de desinformación y el daño que supuestamente causa son competencia exclusiva de los jueces. El 21 de abril, el Tribunal Supremo amplió esta definición a las redes sociales e, incluso, a simples conversaciones. En Egipto, el Consejo Supremo para la Regulación de los Medios ha pedido que los ciudadanos denuncien la publicación de "noticias falsas" sobre la Covid-19. El establecimiento de estas leyes de emergencia a menudo muestra una gran aceptación de la idea de noticias falsas. También se utilizan para disuadir críticas y silenciar la oposición.