Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas: esos Estados que hacen desaparecer periodistas

Dawiit Isaak, Jean Bigirimana, Akram Raslan, Guy-André Kieffer. Estos periodistas tienen algo en común: desaparecieron de repente, dejando a su familia y amigos sumidos en la angustia. Todos fueron víctimas de “desaparición forzada”, una práctica de la que son responsables, directa o indirectamente, los gobiernos de los Estados. En ocasiones son las mismas autoridades quienes secuestran a las personas que les molestan; otras veces son individuos o grupos, que actúan con el apoyo o consentimiento del gobierno, quienes detienen y privan de su libertad a la persona a la que quieren hacer callar. La desaparición forzada, un crimen que desde 2002 es considerado de lesa humanidad, puede adquirir diversas formas. Cada vez son más los regímenes que lo cometen a discreción y con toda impunidad.

“China inventó las ‘vacaciones forzadas’; Siria se especializó en las desapariciones en masa; el continente africano siguió el camino de América Latina, triste pionera en materia de desaparición forzada. Lejos de disminuir, esta práctica bárbara se ha diversificado y expandido por todo el mundo. Cada año más periodistas y blogueros son víctimas de ella”, señaló Christophe Deloire, Secretario General de RSF, quien lamenta "la impunidad de la que a menudo gozan los autores de estos crímenes, así como la falta de compromiso de los Estados democráticos para acabar con ella”.

La macabra tradición de los “desaparecidos” se ha vuelto mundial

En las dictaduras militares de Latinoamérica de los años 60 y 70 la “desaparición” de los opositores se volvió tan común que la palabra “desaparecidos” adquirió la connotación de víctimas del terrorismo de Estado. Tan sólo en el periodo 1976-1980, durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, “desaparecieron” en Argentina 91 periodistas. Entre 1973 y 1975 desaparecieron de la misma manera más de 18 periodistas en Brasil y Chile.

Aunque el grado de violencia contra la prensa sigue siendo muy elevado en América Latina, este fenómeno se ha reducido en los países de la región, con excepción de México, donde han desaparecido al menos 23 periodistas desde el año 2000; todos los crímenes permanecen en la impunidad. La mayoría de las veces se señala a los cárteles de la droga como responsables, pero en algunos casos los allegados de las víctimas sospechan que las autoridades estuvieron implicadas en el crimen.

Esta práctica se ha expandido por todo el mundo. Existe en Argelia, los países del Golfo, Eritrea, Paquistán, Bangladesh, Irán, Turkmenistán, Chechenia, el este de Ucrania, entre muchos otros. En todos los continentes la desaparición forzada se ha convertido en un arma importante de los regímenes autoritarios para eliminar a los opositores sin tener que rendir cuentas por ello.

Desapariciones en masa en Siria

En Siria, las ejecuciones extrajudiciales ya eran una práctica común en el régimen de Bachar al Asad. Desde 2011 las desapariciones se han multiplicado de forma exorbitante: 65.000 víctimas; una buena parte de los desaparecidos eran periodistas y blogueros, según datos de la Red Siria para los Derechos humanos. La situación llegó a tal punto que, en febrero de 2014 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución que las condenaba.

Los defensores de la información son el primer blanco. Se han convertido en el objetivo tanto del régimen, como de las facciones rivales, que buscan neutralizar, incluso eliminar a los testigos del conflicto. Sistemáticamente, tras la detención sigue la tortura, que suele concluir con la ejecución. El caricaturista Akram Raslan fue detenido por las fuerzas de seguridad sirias en octubre de 2012; murió torturado un año después, tras haber sido juzgado en secreto por una corte antiterrorista, sin una defensa ni testigos. Hubo que esperar dos años para que se confirmara su fallecimiento.

Las familias de las víctimas, privadas de información y enfrentando el peligro de correr la misma suerte si presentan quejas o denuncias, se ven obligadas a hacer su propia investigación basándose en los rumores. Cuando desapareció Bassel Khartabil, un informático que defendía un Internet libre, su familia no supo nada de él durante dos años. Finalmente logró averiguar que lo habían ejecutado en 2015, poco después de que se lo llevaran a un lugar secreto.

"Secuestros de Estado” para eludir la ley

Recurrir al secuestro permite a los dirigentes eludir los dispositivos que garantizan los derechos de defensa del acusado: código procesal, información de los allegados, presencia de un abogado, examen médico, duración limitada de la detención. En China, Liu Xia, la viuda del Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, oficialmente goza de libertad de circulación. Sin embargo, las autoridades la tienen prisionera en un lugar secreto, por lo que su abogado presentó una denuncia ante la ONU por “desaparición forzada” el 3 de agosto pasado.

Desde hace mucho tiempo el régimen chino tiene la costumbre de darle “vacaciones forzadas” a ciertos opositores en la ciudad costera de Hainan (sur), sobre todo en vísperas de acontecimientos que puedan darles visibilidad: los Juegos Olímpicos, la cumbre del G20, la conmemoración de la masacre de la plaza Tiananmen, el Congreso del Partido Comunista, etc. Por desgracia, esta práctica soft sólo se emplea con personajes protegidos por su fama internacional. Para las personas poco conocidas las “vacaciones” son a la cárcel, donde son torturadas y les niegan atención médica, dejándolas irreconocibles.

Desde que el presidente Xi Jinping llegó al poder, en 2013, el secuestro de defensores de los derechos humanos y de la libertad de información se ha convertido en una práctica corriente. La pareja de periodistas ciudadanos Lu Yuyu y Li Tingyu, quienes en un blog daban cuenta de los movimientos sociales en el país y que recibieron el Premio Reporteros sin Fronteras-TV5 Monde por la Libertad de Prensa en 2016, fueron secuestrados brutalmente por hombres vestidos de civil el año pasado y estuvieron detenidos en secreto varias semanas antes de que los arrestaran oficialmente.

Asesinados para impedir que revelen información

La paranoia de ciertos dirigentes a menudo los lleva a tachar a los periodistas de espías o terroristas, lo que no es sino un pretexto para detenerlos. El 22 de julio de 2016 el periodista Jean Bigirimana, quien trabajaba para el diario Iwacu, el último medio de comunicación independiente de Burundi, desapareció cuando iba a ver a uno de sus contactos. RSF elaboró una petición para que se investigara su desaparición, que fue firmada por 13.000 personas; sin embargo, a un año de su desaparición nadie sabe si el periodista se encuentra detenido o si aún está vivo.

El que los periodistas y blogueros suelan encontrarse entre las principales víctimas de las desapariciones forzadas se debe a que quieren impedirles que difundan cierta información, molesta para el gobierno. En Costa de Marfil el periodista franco-canadiense Guy-André Kieffer, quien trabajó para Libération y La Tribune, fue secuestrado cuando investigaba las malversaciones en la filial de cacao, en abril de 2004. Se sospecha que el presidente Laurent Gbagbo ordenó que lo asesinaran para impedir que difundiera información sobre el caso, en el que estaría implicado el mandatario.

El secuestro es aún más preciado para los autócratas cuando el periodista, para proteger a sus fuentes, desarrolla sus investigaciones de manera discreta. Cuando el periodista y los documentos que había recabado desaparecen, el secreto permanece bien guardado. Con la pequeña esperanza de que su periodista aún esté vivo, las redacciones suelen concentrar sus esfuerzos en movilizaciones para que, si está detenido, sea puesto en libertad y evitan publicar sus notas, pues eso podría provocar su asesinato.

Investigaciones sumamente ineficaces

En línea con la famosa frase “sin pruebas no hay delito”, los casos de desaparición de periodistas suelen tener un punto en común: la notable ineficacia con que las autoridades desarrollan la investigación, que roza el sabotaje. Las familias de las víctimas están aún más desprotegidas, puesto que los autores del crimen pueden presionar a los testigos e investigadores, incluso hacer que simple y sencillamente se cierre caso.

Lo que sucedió en el caso de Ahmed Rilwan Abdulla, en las Maldivas, es un buen ejemplo de ello. Rilwan Abdulla, que colaboraba con Minivan News, un diario digital independiente, desapareció el 8 de agosto de 2014. El periodista era conocido por publicar información sobre tres temas delicados en este país insular: religión, política y medio ambiente. Cuando se informó a las autoridades de su desaparición, éstas tardaron 29 horas en llegar a su apartamento y 11 días en ir a su oficina. La policía también “olvidó” informar a la familia que en el lugar donde supuestamente desapareció el periodista había encontrado un cuchillo. Hace poco la policía finalmente admitió a regañadientes que manejaba la hipótesis de que podría haber sido secuestrado por un grupo extremista, pero no precisó nada más.

Incluso cuando las autoridades no están implicadas directamente en la desaparición de los periodistas, éstas los responsabilizan de lo que les pasó. El negarse a ayudarlos es una forma de disuadir a sus colegas para que “no metan la nariz donde no deben”. Desde hace cerca de tres años la sociedad civil y organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian la pasividad y la indiferencia de las autoridades en el caso de los periodistas tunecinos Sofiane Chourabi y Nadhir Guetari, quienes desaparecieron en Libia el 8 de septiembre de 2014. La medida principal de las autoridades de Túnez consistió en anunciar, un año después de que ocurrieron los hechos, que se conformaría una comisión mixta de investigación, que aún no ha sido creada.

En Colombia, la policía no hizo gran esfuerzo para encontrar al fotógrafo independiente español Borja Lázaro, quien desapareció la noche del 7 de enero de 2014 en una importante zona de narcotráfico, donde operan bandas criminales nacidas del movimiento paramilitar. Pese a la intervención del gobierno español, la investigación no ofreció la mínima información en cuatro años y ahora, oficialmente, está cerrada.

No dejar que las víctimas caigan en el olvido

El periodista sueco-eritreo Dawit Isaak, cofundador del diario Setit y ganador del Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO-Guillermo Cano 2017, se encuentra detenido en Eritrea en un lugar secreto desde 2001, no puede ver a su familia ni a sus abogados, al igual que otros diez periodistas acusados injustamente de “terrorismo”. Información recabada por RSF permite pensar que siete de ellos habrían muerto en reclusión. El testimonio de un guardia, recabado en 2010, la última vez que Dawit Isaak fue visto con vida, menciona las condiciones inhumanas en que se encuentran recluidos los periodistas, esposados, mantenidos en aislamiento bajo temperaturas infernales.

RSF ha llevado a cabo diversas acciones para que el caso de Dawit Isaak no caiga en el olvido, entre ellas una petición (en 2002), numerosos comunicados de prensa y varias solicitudes al Parlamento Europeo. En 2011 nuestra organización presentó un recurso ante la Corte Constitucional de Eritrea, pero no recibió ninguna respuesta. En 2012, llevó el caso ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. El año pasado RSF escribió una carta abierta al presidente Isaías Afeworki y recientemente hizo una segunda petición para que sea liberado.

En 2015 RSF hizo una petición formal al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU para que se abrieran o reactivaran investigaciones sobre casos de desaparición de periodistas en diez países. Aunque las conclusiones de esta instancia no pueden darse a conocer públicamente para garantizar la eficacia de las investigaciones y la seguridad de las víctimas, RSF subraya la importancia del trabajo que ésta realiza para centralizar los casos de desaparición y ejercer presión sobre los Estados para que los periodistas sean liberados. Subrayamos la necesidad de que los Estados colaboren con ella para que pueda realizar su labor.

RSF recuerda que es crucial que todos los Estados ratifiquen la “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, adoptada hace diez años por la Asamblea General de la ONU. Hasta la fecha, sólo ha sido firmada por la mitad de los países y únicamente ha sido ratificada por 57 de ellos. Entre los grandes ausentes se encuentran cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: China, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, países conocidos por recurrir a los secuestros extrajudiciales y que, al parecer, son reticentes a privar a sus servicios secretos de una herramienta tan cómoda.