Este archipiélago del océano índico, poblado por 500.000 habitantes, ha sido controlado durante cerca de cuatro décadas por un poder autocrático que no toleraba los principios fundamentales de la prensa libre. Con la apertura del país a la democracia, en la década de 2010, ha ido emergiendo un periodismo independiente y exigente.
Panorama mediático
Las Maldivas cuentan con una decena de medios de comunicación registrados, que publican y difunden en dhivehi, la lengua local, y en inglés. Pese a haber perdido su monopolio, el peso del Estado en el sector audiovisual sigue siendo decisivo, a través de Television Maldives (TVM) y la radio Dhivehi Raajjeyge Adu (“La Voz de Maldivas”). El crecimiento del canal Raajje TV, creado en 2010, ha permitido a la oposición expresar una voz alternativa a la propaganda gubernamental, que ha saturado las ondas durante los 30 años de reinado del presidente Maumoon Abdul Gayoom (1978-2008). El diario Mihaaru, en idioma dhivehi, domina el sector de la prensa escrita.
Contexto político
El estado del periodismo en el archipiélago depende mucho del contexto político. El país fue gobernado con mano de hierro por el presidente Abdulla Yameen desde 2013 hasta 2018, si bien su sucesor, Ibrahim Mohamed Solih, elegido en 2018, contrajo varios compromisos en materia de libertad de prensa. Cumplió al menos uno: el parlamento derogó la ley anti difamación de 2016, que había sido utilizada ampliamente por sus antecesores para presionar a los medios independientes. Sin embargo, este gobierno multiplicó los ataques contra la prensa. En el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2023, las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la violencia contra los periodistas que cubrían las manifestaciones. Elegido en 2023, Mohamed Muizzu, apoyado por el principal partido de la oposición prochina, el Partido Progresista de Maldivas (PPM), ha mantenido en vigor la Evidence Act, en virtud de la cual los tribunales pueden obligar a los periodistas a revelar sus fuentes.
Marco legal
El artículo 28 de la Constitución de Maldivas proclama la libertad de prensa y afirma que “nadie puede ser obligado a divulgar la fuente de información a la que apoye, difunda o publique”. Esta garantía constitucional se ha visto seriamente amenazada tras la entrada en vigor, en enero de 2023, de una “Ley de Pruebas” (Evidence Act), que permite la violación del secreto de las fuentes a petición de la justicia. Frente a esta amenaza, el Consejo de los Medios (MMC) y la Asociación de Periodistas de Maldivas (MJA) juegan un papel fundamental como parapeto.
Contexto económico
Los ingresos publicitarios se reparten sin ninguna transparencia ni vigilancia, lo que plantea serios problemas en cuanto a la independencia de los medios de comunicación. En varios casos, algunos medios que no contaban con audiencias destacables se han beneficiado de importantes sumas de dinero por parte de empresas del Estado. En contrapartida, los responsables de las redacciones reciben instrucciones directas para eliminar un artículo que molesta o para no cubrir un tema sensible.
Contexto sociocultural
La república de Maldivas, que reconoce al islam como religión del Estado, está sometida a la sariatu, versión local de la sharía, que tradicionalmente ha preconizado la tolerancia y la moderación. No por ello los periodistas son menos víctimas de amenazas e intimidaciones por parte de extremistas religiosos, influidos por preceptos wahabitas. En la década de 2010, el poder político explotó abiertamente esta tendencia y legitimó los ataques de medios religiosos fundamentalistas contra cualquier voz “seglar”. Ya en 2012, el periodista independiente Ismail "Hilath" Rasheed fue apuñalado en la garganta por haber denunciado las derivas islamistas que despuntaban en la sociedad maldiviana. Sobrevivió milagrosamente, pero eligió el exilio por su seguridad.
Seguridad
En 2014, el periodista Ahmed Rilwan Abdulla fue secuestrado sin que su cuerpo haya aparecido. En 2017, el bloguero Yameen Rasheed fue apuñalado salvajemente, hasta que perdió la vida. Estos dos sucesos dramáticos, por los que nadie ha pagado, podrían tener su origen en círculos ligados a Al Qaeda, con ramificaciones en el seno de la policía. Aunque se creó una comisión de investigación en 2018, sus miembros no se han pronunciado respecto al avance de las investigaciones. En noviembre de 2023, los dos principales acusados fueron absueltos. La impunidad sigue siendo total y envenena la situación de la libertad de prensa. Mientras, el tema del acoso sexual a mujeres periodistas se empieza a tratar timidamente.
