En Honduras, la compra de los grandes medios por parte de inversores internacionales, y de los pequeños medios, por parte de la clase política local, entorpece el pluralismo. Con la concentración de medios en manos de políticos, empresarios y grupos religiosos, el sesgo informativo es palpable. La actividad de los periodistas independientes tiene dificultades para sobrevivir sin publicidad o se ve amenazada por las solicitudes constantes de funcionarios al derecho de réplica. Los medios mantienen una agenda informativa dictada por los grupos económicos y políticos. Los principales diarios del país son La Prensa, El Heraldo y La Tribuna. 

Las elecciones presidenciales de 2021 dieron la victoria a la candidata de la izquierda opositora Xiomara Castro (Partido Libre), poniendo fin a una década en el poder del Partido Nacional, después de tres mandatos presidenciales. La llegada al poder de la primera mujer presidenta generó muchas expectativas por su agenda de derechos humanos. No obstante, los periodistas se enfrentan a retos similares a los encaraban con gobiernos anteriores: discursos denigrantes de los nuevos funcionarios, el rechazo al acceso a las fuentes informativas a periodistas no afines al gobierno y la falta de protección contra las amenazas. 

La tasa de impunidad, en un país gangrenado por la violencia del crimen organizado y por la corrupción, es una de las más elevadas del continente. Se emprenden regularmente acciones judiciales abusivas contra los periodistas y las penas de prisión por difamación son habituales. Algunas veces, van acompañadas de la prohibición de volver a ejercer el oficio. El nuevo Código Penal, aprobado en 2020, contiene artículos liberticidas, en especial, la penalización del derecho de manifestación y reunión. Estos cambios también afectan a toda la cadena informativa, al imponer multas y prisión no solo a periodistas, sino a quienes reproduzcan sus escritos. El código viola estándares internacionales de derechos humanos y constituye una amenaza para la libertad de prensa.

Honduras es uno de los países menos igualitarios de América Latina. La utilización de la pandemia para despedir a periodistas o bajarles el salario hasta en un 40% ha degradado aún más el bajo nivel económico que sufren los trabajadores de la prensa. No hay un control de los abusos de los medios hacia sus empleados. Aunque los medios independientes reciben recursos a través de los escasos proyectos de subvenciones internacionales, la mayoría debe llevar a cabo su labor en condiciones paupérrimas.   

El país vive un momento de polarización social. El Partido Nacional, que gobernó durante más de una década, intenta presentar al gobierno de Xiomara Castro como el peor de la historia, y para ello utiliza a los medios de comunicación y activistas políticos. Cualquier acción de la presidenta es magnificada negativamente. No obstante, el nuevo gobierno carece de condiciones económicas y de personal para avanzar en el desarrollo del país. Faltan voces diversas en el debate público, en especial de las mujeres y de las comunidades.

Los periodistas y los medios comunitarios – sobre todo los que reportan sobre narcotráfico, crimen organizado, megaproyectos, polarización social y violencia contra las mujeres – son agredidos con regularidad, y son el blanco de campañas de acoso e intimidación, persecución, amenazas de muerte o exilios forzosos. La mayoría de las veces, las agresiones y actos de violencia contra la prensa son cometidos por las fuerzas del orden, en especial por parte de la policía militar y el ejército. El país cuenta con un mecanismo de protección que carece de presupuesto y de personal con experiencia, lo que impacta en la implementación de las medidas y pone en grave vulnerabilidad a los beneficiarios.