En Guatemala existe una amplia diversidad de medios privados, alternativos y, en menor medida, públicos. Pero, aunque no hay trabas para la creación y operación de medios, la ausencia de una norma regulatoria para las radios comunitarias provoca que sean consideradas ilegales y clausuradas. La crisis económica de los últimos años ha promovido el nacimiento de medios digitales independientes de investigación y otras plataformas informativas. La persecución política y económica del periodismo independiente ha provocado una importante conversión de los medios impresos más importantes del país en medios digitales.

Guatemala atraviesa una crisis sociopolítica desde 2016 que conlleva que cualquier periodista crítico hacia las autoridades estatales sea víctima de represalias, provocando un grave problema de silenciamiento de la prensa. Las investigaciones sobre actos de corrupción, las violaciones de los derechos humanos o las acciones ilícitas por parte de compañías privadas han convertido a los reporteros en el blanco de múltiples ataques. 

La libertad de expresión está garantizada en la Constitución y en la Ley de Emisión del Pensamiento, de rango constitucional. En 2008, el Congreso aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, para facilitar que medios y ciudadanía fiscalicen al Estado, pero esta norma es incumplida reiteradamente por funcionarios de diversos niveles. En los últimos años, ha habido intentos de aprobar iniciativas para criminalizar las críticas en Internet y las manifestaciones públicas, pero deben ser aún debatidas en el Congreso. Además, la persecución y la censura a los periodistas mediante decisiones judiciales no ha dejado de crecer. Aunque, hasta la fecha, solo tres profesionales de la información están encarcelados, existe el temor a que esta cifra aumente, habida cuenta de las estrategias de acoso judicial en curso en el país.

La situación económica continúa repercutiendo en los medios, que en los últimos años han realizado importantes recortes de personal debido a la disminución de ingresos por publicidad, lo que también ha obligado a apostar por el contenido digital y el acceso a ciertos contenidos de pago. La pandemia ha agravado esta situación, llevando a la desaparición impresa de La Hora, el último vespertino y el medio más longevo del país, que continúa sólo en formato digital. La persecución contra el fundador de elPeriódico también provocó que este medio despidiera a la mayoría de su plantilla y dejara de publicarse en su edición impresa.

Pese a las campañas de difamación y el discurso estigmatizante de las autoridades, los periodistas tienen una alta aceptación entre la ciudadanía, principalmente por su labor fiscalizadora y sus investigaciones. Sin embargo, existen ciertos medios y periodistas que gozan de poca credibilidad por su afinidad al gobierno y otros que son blanco de críticas por su línea editorial sobre derechos de la mujer, la igualdad y la diversidad sexual, y la defensa de los derechos humanos. La cobertura mediática está cada vez más restringida, especialmente en algunos espacios públicos a los que los periodistas críticos tienen prohibida la entrada.

La seguridad de los periodistas se ha degradado en los últimos años. El nuevo gobierno de Bernardo Arévalo se ha comprometido a desarrollar una política pública de protección de los profesionales de los medios. Las campañas de difamación, el acoso policial y las agresiones físicas y verbales son los principales atropellos que sufren los periodistas en el ejercicio de su labor. Temiendo por su vida o la de sus familias, muchos se ven obligados a exiliarse. También son objeto de procesos judiciales arbitrarios, como sucede con el fundador del diario elPeriódico, Jose Rubén Zamora. Su condena a seis años de cárcel fue anulada en apelación en octubre de 2023 debido a irregularidades procesales, pero permanece en prisión a la espera de un nuevo juicio.