El panorama mediático ofrece un amplio abanico de propuestas en todos los segmentos, a nivel nacional y local. En prensa escrita, el diario más vendido es Ouest-France, mientras que las cadenas de televisión y emisoras de radio públicas de France Télévisions y Radio France compiten en el mercado con canales privados (TF1, M6, RTL, BFM TV, etc.). La concentración de los grupos de prensa privados en manos de unos pocos empresarios se está convirtiendo en una gran preocupación en el país. La expansión del grupo Bolloré (CNews, Paris Match, Europe 1, Le Journal du Dimanche), que absorbió al grupo Lagardère en 2023, inquieta al sector por los métodos brutales e intervencionistas de su accionista y la falta de pluralismo interno, lo que hace temer que la opinión triunfe sobre los hechos. El nombramiento de un director de publicación cuestionado por la redacción al frente del Journal du Dimanche, recientemente adquirido por el grupo, provocó una huelga récord de 40 días y la marcha de decenas de periodistas. 

Los medios franceses son independientes del poder político y pueden pedir a los responsables políticos que rindan cuentas en aras del interés general. Sin embargo, la independencia de la radiotelevisión pública se ha visto debilitada por la constante falta de financiación a la que se enfrenta tras la supresión del canon audiovisual en 2022. Los intentos de ejercer presión sobre los medios, tanto política como comercialmente, son cada vez más frecuentes. Anunciados por el presidente de la República y dirigidos por un comité independiente, los Estados Generales de la Información se pusieron en marcha en octubre de 2023, abriendo la perspectiva de una reflexión colectiva sobre los retos del periodismo.

El marco jurídico ampara, en general, la libertad de prensa y a los profesionales de los medios, pero persisten vacíos legales que amenazan la protección de las fuentes y de los periodistas. Estas lagunas hacen que se eludan peligrosamente las leyes de prensa y se abran procesos judiciales contra los periodistas. Así, aunque la ley francesa de medios define los derechos y deberes de la prensa (honestidad, independencia y pluralismo informativo), es insuficiente para garantizar su respeto. En particular, la autoridad reguladora de la información digital y audiovisual (Arcom) no hace lo suficiente para garantizar la ejecución de sus obligaciones. En respuesta al recurso de RSF, la decisión del Consejo de Estado de febrero de 2024 que anula la negativa de la Arcom a actuar contra una cadena de televisión - CNews - representa un punto de inflexión en la aplicación de los principios de pluralismo e independencia de la información. 

El descenso de los ingresos publicitarios durante la pandemia de Covid-19 se ha compensado en parte con el aumento de las suscripciones digitales y la ayuda del Estado. El marco legal sigue siendo insuficiente para impedir la concentración de los medios en manos de un puñado de propietarios. 

El alto nivel de desconfianza hacia los periodistas se ha traducido, durante los últimos años, en ataques, verbales o físicos, especialmente durante las manifestaciones contra las políticas del gobierno en el ámbito sanitario o social. Los periodistas también han sido el blanco de agresiones físicas y en Internet por parte de movimientos de extrema derecha, de extrema izquierda, islamistas o conspiracionistas. Los periodistas medioambientales sufren regularmente intimidaciones.

Aunque la violencia policial contra los periodistas ha descendido y se ha adoptado un nuevo modelo de mantenimiento del orden más respetuoso con la libertad de prensa, los periodistas han seguido siendo objeto de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, así como de agresiones por parte de manifestantes. Varios reporteros disponen de protección policial por las amenazas de los terroristas islamistas que masacraron a parte de la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo en 2015 y que volvieron a atentar frente a su antigua sede, en 2020.