El panorama mediático salvadoreño es relativamente diverso y se reparte entre los medios considerados como tradicionales -mayoritariamente de prensa- (El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, El Mundo), las cadenas de televisión y las radios. En los últimos años ha habido un auge de medios digitales, mayoritariamente dedicados al periodismo de investigación, como El Faro y la Revista Factum. El ejecutivo del presidente Nayib Bukele dirige el diario El Salvador, financiado con fondos públicos, y dedicado a la difusión de propaganda oficial, mientras ataca a la oposición. Lo mismo sucede con el noticiero El Salvador, transmitido por la cadena estatal Canal 10.

El gobierno contrarresta la presión constante que ejerce la oposición acusando de estar a su servicio a la prensa que investiga los gastos del Estado, para desacreditar las críticas. El presidente Nayib Bukele hostiga a los periodistas con la peligrosa táctica de presentar a los medios como enemigos del pueblo. Un reportaje de Reuters reveló, en noviembre de 2022, que existe una “granja de trolls” al servicio del presidente. También existen pruebas de acciones para amedrentar a la prensa, como visitas de agentes policiales a oficinas de medios independientes con un objetivo meramente intimidatorio.

En El Salvador, la libertad de expresión está amparada por la Constitución, lo cual no ha impedido al presidente declarar confidencial toda información sobre gasto público desde la pandemia. Desde marzo de 2022, con el apoyo de la Asamblea Legislativa y como parte de lo que llama “guerra contra las pandillas”, el gobierno mantiene el Régimen de Excepción, que limita garantías constitucionales, como la confidencialidad de la correspondencia privada. La Asamblea, además, estableció pena de prisión de 10 a 15 años a quienes, por medio del uso de las tecnologías de la información y medios de comunicación, transmitan mensajes originados o presuntamente originados por grupos criminales que pudieran generar pánico a la población.

El discurso dominante contrario a la prensa hace que los periodistas se enfrenten a ataques constantes en las redes sociales y, en algunos casos, a amenazas contra su integridad física y su equipo de trabajo. Funcionarios de alto nivel se han sumado a las agresiones y descalificaciones. La mayoría de los periodistas víctimas de agresiones han sido mujeres.

Ningún periodista ha sido asesinado en El Salvador, pero la policía ha perpetrado agresiones a profesionales de la información durante sus coberturas sin ninguna justificación legal y, peor, sin ninguna sanción. Tampoco hay avances en la investigación de la denuncia de  The Citizen Lab sobre escuchas telefónicas a periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil, mediante el software de espionaje Pegasus, ocurridas entre 2020 y 2021. En 2022, diez periodistas (siete hombres y tres mujeres) se exiliaron.