No existen medios de comunicación libres en Arabia Saudí y los periodistas saudíes están sometidos a una estrecha vigilancia, incluso en el extrajero. Desde 2017, la cantidad de periodistas y blogueros encarcelados se ha más que triplicado.
Panorama mediático
La práctica totalidad de los medios saudíes está bajo control de las autoridades, y la autocensura, incluso en redes sociales, es una constante. Hasta los medios saudíes de capital privado siguen la línea gubernamental establecida por la Saudi Press Agency (SPA). La prensa se divide en dos tendencias principales de opinión. Los diarios Al-Watan y Okatz representan la corriente más “liberal”, mientras que otros, especialmente Al-Riyadh, representan la tendencia conservadora.
Contexto político
La autocensura en los medios pertenecientes a la familia real es de rigor. El resto, debe someterse diariamente al control de los censores del Ministerio de la Información. Los periodistas que critican el papel del país en la guerra de Yemen o que se oponen a la normalización de las relaciones con Israel son considerados como traidores. Aquellos que prefieren mantenerse neutrales y no siguen la línea oficial de elogios al príncipe heredero Mohammed Bin Salman, se convierten de facto en sospechosos.
Marco legal
El código penal, las leyes antiterroristas o de ciberdelitos permiten enviar a prisión o suspender a cualquier periodista crítico (bajo acusación de “blasfemia”, “incitación al caos”, “amenazas a la unidad nacional” o “atentado a la imagen y reputación del Rey y del Estado”). Desde 2018 , el gobierno ha estrechado aún más el cerco a las redes sociales.
Contexto económico
Los medios saudíes están financiados, en su mayor parte, por el reino o por personas afines al poder. Grupos como MBC, al que pertenece Al Arabiya, tienen importantes recursos y su influencia va más allá de las fronteras de Arabia Saudí. Muchos periodistas estrella hacen carrera en el popular periodismo deportivo o cubriendo la organización de eventos culturales.
Contexto sociocultural
Los casos de Raïf Badawi y Ali Abulohoom, condenados por la publicación online de opiniones juzgadas como delitos de apostasía, son las pruebas más fehacientes de las tensiones que existen entre la libertad de prensa y los preceptos religiosos del régimen wahabita. Los derechos de las mujeres siguen siendo un tema tabú que puede terminar con detenciones, juicios y torturas de activistas, periodistas y blogueros comprometidos con esta causa.
Seguridad
La encarcelación de la mayoría de los periodistas se produce de forma arbitraria y la tortura para los presos por delitos de opinión es sistemática. También son perseguidos y acosados por “brigadas digitales” muy activas en las redes sociales. Por otro lado, el reino utiliza técnicas de espionaje muy avanzadas para seguir el rastro de los periodistas exiliados o para la vigilancia de personalidades influyentes.