Desde la llegada de los talibanes al poder en agosto de 2021, el panorama mediático ha quedado diezmado. En tan solo tres meses, el 43% de los medios afganos habían desaparecido. Más de dos tercios de los 12.000 periodistas que había en el país en 2021 han cesado su actividad. Ocho de cada diez mujeres periodistas han abandonado la profesión. Las pocas mujeres que siguen trabajando están sometidas a todo tipo de restricciones (prohibición de acceder a fuentes oficiales, de viajar sin acompañante, etc.) y abusos (acoso, salarios muy bajos o inexistentes, etc.) Los medios de comunicación se enfrentan a severas restricciones. Las emisoras de radio y televisión afganas ya no emiten música y las presentadoras deben cubrirse el rostro.

El 7 de septiembre de 2021, los talibanes anunciaron la formación de su gobierno, el Emirato Islámico de Afganistán. Desde entonces, han aumentado las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones y encarcelamientos arbitrarios. La situación es especialmente confusa para los periodistas, que reciben numerosas directrices de muy diversos actores, entre los que destacan el ministro de Información y Cultura, pero también la Inteligencia (Istikhbarat), el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Represión del Vicio o el Centro Gubernamental de los Medios y la Información (GMIC).

Promulgadas en septiembre de 2021, las "11 reglas del periodismo" han abierto la vía a la peor clase de persecuciones. El 3 de febrero de 2022, el portavoz del gobierno y viceministro de Información y Cultura en funciones, Zabihullah Mujahid, afirmó que la ley sobre la prensa promulgada en marzo de 2015 se mantiene vigente. El único organismo encargado de gestionar las reclamaciones contra la prensa, la Comisión de Quejas y Violaciones de los Derechos de los Medios, fue suspendido tras la llegada de los talibanes al poder, y luego restablecido en agosto de 2022. La Dirección General de Inteligencia (General Directorate of Intelligence, GDI) sigue arrestando y deteniendo arbitrariamente a periodistas.  

La economía, fuertemente dependiente de la ayuda internacional, se ha desmoronado. Este contexto ha vulnerabilizado y precarizado, más si cabe, a los periodistas. Los medios independientes, que durante las dos últimas décadas sobrevivieron gracias a la financiación extranjera y a los proyectos internacionales, se han visto duramente afectados por la suspensión de la ayuda internacional.

Las críticas al régimen talibán están prohibidas y la autocensura es la norma. Muchos temas son tabú, como la religión, la situación de las mujeres, las minorías y los derechos humanos en general. La censura oficiosa se impone por diversos medios. En algunas provincias, los periodistas están obligados a enviar sus artículos al departamento local de Información y Cultura antes de su publicación. A veces, se incorpora a talibanes en la plantilla de un medio para vigilarlo, y las redes sociales están estrechamente vigiladas. Sólo unos pocos medios afganos en el exilio cubren las noticias del país de forma independiente. Para acceder a la información que no está bajo control, los afganos recurren a estos medios exiliados o a extranjeros, a los que acceden en línea si es que tienen acceso a Internet.  

La llegada al poder de los talibanes ha supuesto una huida masiva de los periodistas al extranjero. Para los que permanecen en el país, sobrevuela la amenaza constante de ser detenidos por parte de las fuerzas de seguridad talibanas y de la Dirección General de Inteligencia (GDI). La GDI lleva a cabo arrestos arbitrarios y detenciones en régimen de aislamiento, acompañadas de torturas, que pueden durar desde unos pocos días hasta varios meses. Los periodistas que trabajan con medios extranjeros o en el exilio están especialmente en el punto de mira, acusados de espionaje y de dar una imagen negativa de los talibanes. El periodista franco-afgano Mortaza Behboudi fue detenido el 5 de enero de 2023 y permaneció encarcelado durante nueve meses.