Sobre el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas – México
- Sobre el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas – México
- Sobre el mecanismo
- Cómo ingresar
- Desde la solicitud hasta la ejecución
- Desafíos
- Dudas frecuentes
- Más información
Los mecanismos de protección son programas implementados en las administraciones del Estado para responder a la violencia estructural contra determinados grupos. En la mayoría de los casos, son el resultado de presiones de la sociedad civil y organismos internacionales, que exigen medidas de protección para garantizar la integridad de las personas amenazadas como consecuencia de su actividad.
La misión de los mecanismos consiste esencialmente en recibir las denuncias de amenazas, realizar una evaluación de riesgo, decidir la necesidad y tipo de medidas a adoptar, implementar un esquema de protección y acompañar al/a la beneficiario/a, quien pasa a estar oficialmente bajo la protección del Estado. Las medidas pueden ir desde patrullas policiales regulares y el uso de escoltas, vehículos blindados y chalecos antibalas, hasta la reubicación del beneficiario en otra ciudad.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado en 2012, establece la cooperación entre el gobierno federal y las unidades de la federación mexicana para proteger la integridad psicológica, moral o económica de estos grupos, así como la de sus familias y la de organizaciones o movimientos sociales en los que participen.
Sobre el mecanismo
Según datos de agosto de 2022, 1.667 personas estaban bajo protección del Mecanismo. 555 eran periodistas y comunicadores/as. La mayoría estaba ubicada en los estados de Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz, además del Distrito Federal.
Entre las medidas ofrecidas están la provisión de teléfonos celulares, radios o teléfonos satelitales; de cámaras, cerraduras, luces, botones de pánico u otras instalaciones de seguridad en el lugar de residencia y/o trabajo; la oferta de chaleco antibalas y el uso de carros blindados.
A pesar de las contribuciones de la sociedad civil al Mecanismo durante los últimos diez años, México todavía es el país sin conflicto armado más peligroso para la prensa en todo el mundo.
En los últimos 10 años, hubo por lo menos 84 asesinatos de periodistas. Los/as reporteros/as que cubrían noticias locales sobre corrupción, narcotráfico, violencia y seguridad pública fueron las principales víctimas. La mayoría vivía en ciudades pequeñas, trabajaba para más de un medio de comunicación y contaba con canales en las redes sociales para hacer denuncias públicas.
Los asesinatos son sólo la punta del iceberg de un escenario de violencia estructural, con altos índices de impunidad. Periodistas y comunicadores/as son objeto de amenazas, agresiones físicas y digitales, uso arbitrario del sistema de Justicia, desapariciones, campañas de desprestigio, hostigamiento e intimidaciones.
El Mecanismo es reconocido por el rol que desempeña en la sociedad mexicana. Sin embargo, el aumento exponencial de su demanda en los últimos años no fue acompañado de un fortalecimiento suficiente del cuerpo técnico-operativo, revelando una importante limitación en el cumplimiento de su misión.
Cómo ingresar
Haber sufrido una amenaza o agresión por el ejercicio de su actividad es el principal requisito para incorporación al Mecanismo.
La solicitud de ingreso se puede realizar por correo electrónico, teléfono, escrito o directamente en la dirección del Mecanismo. En esta etapa, se deberán señalar las labores de defensa de derechos humanos o de libertad de expresión que se realizan, así como informar si se considera que se está en un riesgo inminente o grave.
Es recomendable describir los hechos de forma concisa y cronológica y explicar la forma en que el riesgo está relacionado con la actividad realizada.
Teléfonos: 55 3958 5629 / 52098800 ext 36127
Correo electrónico: [email protected]
Dirección: Londres, No. 102, Anexo PB, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.
Desde la solicitud hasta la ejecución
La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida es la puerta de entrada al Mecanismo. Los casos pueden llegar a solicitud del/de la propio/a periodista o por otras personas u organizaciones de su confianza.
La Junta de Gobierno es el máximo órgano del mecanismo, responsable por evaluar y decidir sobre el otorgamiento y la suspensión de las medidas.
Según la ley actual, el plazo máximo entre el ingreso de la persona beneficiaria y el otorgamiento de las medidas debería ser inferior a 2 meses. Este parámetro nunca se cumplió, y el gobierno estableció en el año 2022 la meta de reducir este intervalo a 4 meses.
A solicitud del/de la periodista o por indicación de organizaciones de la sociedad civil; a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y también por investigación de fuentes abiertas, realizada por los funcionarios/as.
Contacto telefónico para explicar el funcionamiento del Mecanismo y sus alcances, conocer la situación de riesgo en la que se encuentra el/la peticionario/a y si tiene alguna idea de quiénes son sus agresores. Antes de negar un pedido, el titular de la Unidad de Recepción somete la propuesta de rechazo a la votación de los miembros del equipo.
Situaciones en las que el/la solicitante declare que su vida o su integridad física corren riesgo inminente son tratadas de forma extraordinaria, exigiendo la adopción de medidas urgentes de protección o extracción del lugar en hasta 3 horas, y su implementación, en máximo, las 9 horas siguientes. Es en este momento cuando el beneficiario dice con qué autoridades y cuerpos de seguridad locales se siente seguro o no.
Si no es posible contar con la policía local, el Mecanismo contacta el Servicio de Protección Federal, ente público vinculado a la Secretaría de Seguridad que, vía contrato, atiende las demandas del órgano en todo el país.
En los casos considerados ordinarios, el equipo solicita documentos para subsidiar un análisis de riesgo futuro, otorga medidas de autoprotección y notifica a las autoridades policiales, a los ejecutivos de estados y municipios, a la Fiscalía General y a otros organismos sobre el nuevo caso en estudio.
Analistas de la Unidad de Evaluación de Riesgos realizan investigaciones sobre el tema con fuentes abiertas, visitan la casa y el lugar de trabajo, analizan el contexto local y los trayectos recorridos por el/la peticionario/a. El objetivo es identificar la intencionalidad del daño, la frecuencia y la gravedad de los incidentes y la identificación del agresor, el impacto producido, las vulnerabilidades de la persona y la inminencia de agresión. Pese al plazo de 10 días que establece la ley para esta etapa, la sobrecarga de trabajo hace que los análisis no estén listos en menos de 3 semanas.
Propuesto por el equipo y presentado por el/la analista responsable en la reunión de la Junta de Gobierno, que ocurre al final de cada mes. Participan en esta reunión, además de los órganos y entidades que integran la Junta, el/la beneficiario/a y, como invitados, representantes del Congreso, del Poder Judicial, de los estados y de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El caso es discutido con la participación de todos. Una vez aprobado el plan, el equipo de la Unidad de Seguimiento notifica a las autoridades y a la empresa contratada para su implementación.
Por 7 empleados/as y el/la titular de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis. La ley establece un plazo de hasta 30 días para implementar el plan de protección para los casos ordinarios. A los 3, 6, o 12 meses, según el riesgo evaluado, el caso pasa por un nuevo análisis y una nueva presentación en la Junta de Gobierno. Si se registra un nuevo incidente antes del período de tiempo establecido para la reevaluación, el propio equipo de seguimiento o el beneficiario/a pueden solicitar un nuevo estudio de riesgo. Cuando se concluye que ya no hay riesgo, las medidas son suspendidas.
Desafíos
México tiene graves deficiencias en la articulación institucional y la responsabilización de los agresores y enfrenta una creciente estigmatización de la actividad periodística por parte de los gobiernos.
Los desafíos comienzan en la Junta de Gobierno, donde los órganos federales tienen una participación limitada y, en opinión de las organizaciones de la sociedad civil, no demuestran un compromiso efectivo con la política pública.
El diseño institucional pensado para viabilizar la participación de Unidades Estatales de Protección o mecanismos de los estados en el proceso de atención a los/as beneficiarios/as del Mecanismo federal, simplemente no se refleja en el día a día de los equipos de trabajo, ni en la atención a los/as periodistas.
Organizaciones especializadas en el tema consideran urgente, en este sentido, aumentar el personal y reformar la legislación para la adopción de una Ley General de Protección, que establezca legalmente la corresponsabilidad entre las autoridades y dar más fuerza institucional al Mecanismo. La Ley se encuentra en fase de elaboración, a partir de diálogos con la sociedad civil en cada estado.
De los 31 estados, 24 cuentan con alguna instancia gubernamental para la protección de periodistas, pero sólo 8 tienen un presupuesto específico. La mayoría no tiene personal capacitado en temas de libertad de expresión.
No hay metodologías y protocolos específicos de atención para comunicadores/as y periodistas en el Mecanismo Federal, ni tampoco una evaluación interna de la percepción de los beneficiarios sobre las medidas recibidas – lo que acentúa y perpetúa los problemas en la adecuación y efectividad de la protección ofrecida.
Muchos planes de protección no llegan a ser completamente implementados, lo que hace que todo el esfuerzo por aprobar medidas más integrales se pierda. Además, el plazo para la implementación total del plan de protección puede ser superior a 1 año.
Entre las principales deficiencias del Mecanismo también se encuentran la falta de políticas de prevención y de inversión en el área de salud mental, y la ausencia de un adecuado seguimiento a los/as beneficiarios/as, para monitorear posibles cambios en su nivel de riesgo.
Por fin, la impunidad sigue siendo un flagelo del Estado mexicano y todavía genera desconfianza sobre el propio mecanismo.
De los/as 111 comunicadores/as y defensores/as asesinados en México en los primeros 1000 días de la administración de Andrés Manuel López Obrador, 9 estaban bajo el amparo del Estado.
Dudas frecuentes
La Junta de Gobierno está conformada por nueve miembros permanentes con derecho a voz y voto:
Un representante de la Secretaría de Gobernación;
Un representante de la Procuraduría General de la República;
Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública;
Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y
Cuatro representantes del Consejo Consultivo de la Junta de Gobierno, elegidos de entre sus miembros.
De acuerdo con el texto legal, se entiende por periodistas a todas “las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole, cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen”.
Cualquier daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Se entiende por riesgo inminente aquel que puede materializarse en un corto espacio de tiempo y causar daños graves. Entre las medidas urgentes están el retiro de la víctima del lugar de riesgo, su reubicación temporal en otro lugar y la asignación de escoltas para proteger el inmueble donde esté el/la beneficiario/a.
La inconformidad se presentará por escrito, debidamente firmada, ante la Junta de Gobierno en un plazo de hasta diez días naturales, contados a partir de la notificación del acuerdo de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida.
Esta comunicación deberá contener una descripción concreta de los agravios que se generan al peticionario o beneficiario y las pruebas con que se cuente.
La decisión de revocar o modificar la decisión de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida será informada en un plazo máximo de hasta doce horas
Más información
Entre 2021 y 2022, RSF investigó y analizó la situación de los mecanismos de protección de periodistas en los cuatro países más peligrosos para la prensa de América Latina: México, Honduras, Colombia y Brasil.
El informe “Bajo riesgo – Cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina” analiza el funcionamiento, la efectividad y el impacto de las medidas de protección adoptadas para asistir a periodistas amenazados/as que solicitan apoyo estatal.
Para la producción de este informe, publicado en febrero de 2022, RSF realizó 75 entrevistas con beneficiarios/as, responsables de implementar mecanismos de protección y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Consulte también el resumen ejecutivo del informe, que sintetiza los resultados del estudio.
Exigir al Estado que cumpla con su obligación es solo una parte del desafío para mejorar la protección de los comunicadores/as. La seguridad tampoco debe ser concebida como un compromiso individual del periodista, sino de todas las empresas, organizaciones sociales y colectivos que implicados en el proceso de la comunicación.
Para obtener más información, acceda al Manual de Seguridad para Periodistas - Guía práctica para reporteros en zonas de riesgo. El manual cuenta con información detallada sobre: cómo preparar bien el viaje, cómo garantizar tu seguridad durante la misión, el reto de la seguridad digital, buenas prácticas en las redacciones, y otros aspectos relevantes para el ejercicio de la profesión.
